Miguel Antonio Nieves Pedraza

Expediente 615/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
615/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Miguel Antonio Nieves Pedraza

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por Miguel Antonio Nieves Pedraza; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número II-615/2023 en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Antonio Nieves Pedraza, por propio derecho, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo en vigor, SE DESECHA DE PLANO la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, acorde a lo que se expondrá a continuación. En efecto, en su demanda de amparo, la parte quejosa reclama los actos siguientes: En consecuencia, se procede a proveer: El artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, el artículo 113, de la citada ley, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda promovida por Miguel Antonio Nieves Pedraza, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se desprenden los siguientes antecedentes: I) El quejoso, presentó Denuncia por Incumplimiento de Declaratoria General de Inconstitucional, reclamando el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, derivado de la negativa a autorizar el uso lúdico de la marihuana y sus derivados; denuncia que por razón de turno, le correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, donde quedó registrada con el número 36/2022. II) Una vez llevado el trámite de la denuncia de mérito el veintiocho de febrero del año en curso, el Juez federal resolvió lo siguiente: III) En relación con la determinación antes precisada, el nueve de marzo del año en curso, el quejoso presentó solicitud de aclaración, con el fin de evitar interponer el recurso de inconformidad en contra de aquella resolución; sin embargo, refiere que el juez federal no se pronunció al respecto, sino que fue hasta el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, que resolvió sobre la aclaración formulada y declaró ejecutoriado el juicio de denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad; estimando que con ello se vulnera su derecho al acceso a un recurso eficaz en contra de la resolución. Reseñado lo anterior, se estima que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones VIII, IX y XXIII, de la Ley de la Materia, por las razones que a continuación se expondrán: El artículo 61, fracciones VIII, IX y XXIII, de la Ley de Amparo, disponen: "El juicio de amparo es improcedente: "VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El quejoso intenta promover una demanda de amparo en contra de una actuación emitida dentro de una denuncia de declaratoria general de inconstitucionalidad donde reclamó el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, derivado de la negativa a autorizar el uso lúdico de la marihuana y sus derivados. Empero, el artículo 61, fracciones VIII, IX y XXIII, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo, establecen la inejercitabilidad de la acción constitucional en contra de actos en los que se hubieran aplicado normas generales, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI del título cuarto de la Ley de Amparo, o en términos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como la improcedencia del juicio de amparo contra actos emitidos dentro de un diverso juicio de garantías. Bajo ese contexto, es necesario señalar que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, constituye un procedimiento sumario especial de naturaleza constitucional, que tiene por objeto proteger al particular de actos que se fundamenten en normas generales respecto de las cuales existe una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es decir, se trata de un procedimiento especialmente diseñado para dejar insubsistente un acto evidentemente transgresor de derechos fundamentales, lo que no se lograría con el sistema común de recursabilidad que representa mayor tiempo de resolución y ejecución. Luego, de aceptar la procedencia del amparo contra actos emitidos en dicho procedimiento, sería tanto como admitirla para que a través de un medio de protección constitucional se enjuicien actos emitidos en uno diverso. Lo que podría generar una cadena interminable de juicios de amparo. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión al denunciante o a las autoridades denunciadas, ya que el artículo 210 de la Ley de Amparo establece que en contra de la resolución emitida dentro del procedimiento de que se trata procede el recurso de inconformidad, previsto en la fracción IV del precepto 201 de la ley referida, cuyo objeto es constatar la certeza del pronunciamiento consistente en la calificativa del juzgador en relación con que si la autoridad de que se trata atendió o no a la declaratoria general de inconstitucionalidad y, por ende, si se actualizó o no algún agravio contra el denunciante. Asimismo, en necesario puntualizar que el vocablo "podrá" contenido en el primer párrafo del artículo 210 de la Ley de Amparo, no implica la posibilidad de elegir entre denunciar la aplicación de las normas de observancia general objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad, o promover el juicio de amparo indirecto en contra de tal aplicación, sino que solamente significa la opción de conformarse o no con la aplicación de las normas expulsadas del orden jurídico nacional, pero de inconformarse sólo podrá hacerlo a través del procedimiento idóneo para ello, que es el especial previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. De ahí que al existir una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VIII, IX y XXIII, en relación con el precepto 210, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la impugnación de normas declaradas inconstitucionales con efectos generales, y prever el legislador un procedimiento especial para el caso de que con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria respectiva se apliquen las normas invalidadas, dicho procedimiento especial sí es excluyente del juicio de amparo indirecto. Ello, porque las disposiciones objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad pierden su validez por su expulsión del orden jurídico nacional, es decir, la decisión en estos casos tiene efectos derogatorios y, por tanto, resulta congruente que en atención a la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, el legislador previera en beneficio de las personas afectadas un diverso procedimiento especial y de mayor agilidad, para denunciar, sin límite de tiempo para promover ante un Juez de Distrito, a la autoridad que aplique normas que fueron materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que esa denuncia es el único medio para reclamar la violación a una declaratoria general de inconstitucionalidad, donde deben agotarse los medios de impugnación ahí previstos para combatir lo resuelto; mas no así un nuevo juicio de amparo indirecto contra actos emanados de la propia declaratoria. En conclusión, al existir una prohibición legal para ejercitar el juicio de amparo como medio de control constitucional, en contra de aquellas normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, por consecuencia lógico-jurídica, esa improcedencia de hace extensiva en contra de actuaciones derivadas de la denuncia de declaratoria general de inconstitucionalidad, su trámite o resolución; máxime que, la propia Ley de Amparo, en su artículo 210, prevé un recurso idóneo para combatir la resolución que se emita en esa denuncia. Orienta a lo anterior, el siguiente criterio: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024834 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: I.23o.A.1 K (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, página 6248 Tipo: Aislada "DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO A UNA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, QUE ES EL IDÓNEO, EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES EXPULSADAS DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud y de su acto de aplicación, con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulsó del orden jurídico nacional dichas normas generales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen la inejercitabilidad de la acción constitucional en contra de actos en los que se hubieran aplicado normas generales, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI del título cuarto de la Ley de Amparo, o en términos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: Lo anterior, porque el vocablo "podrá" contenido en el primer párrafo del artículo 210 de la Ley de Amparo, no implica la posibilidad de elegir entre denunciar la aplicación de las normas de observancia general objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad, o promover el juicio de amparo indirecto en contra de tal aplicación, sino que solamente significa la opción de conformarse o no con la aplicación de las normas expulsadas del orden jurídico nacional, pero de inconformarse sólo podrá hacerlo a través del procedimiento idóneo para ello, que es el especial previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. De ahí que al existir una causal de improcedencia expresa prevista en el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el precepto 210, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la impugnación de normas declaradas inconstitucionales con efectos generales, y prever el legislador un procedimiento especial para el caso de que con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria respectiva se apliquen las normas invalidadas, dicho procedimiento especial sí es excluyente del juicio de amparo indirecto. Ello, porque las disposiciones objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad pierden su validez por su expulsión del orden jurídico nacional, es decir, la decisión en estos casos tiene efectos derogatorios y, por tanto, resulta congruente que en atención a la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, el legislador previera en beneficio de las personas afectadas un diverso procedimiento especial y de mayor agilidad, para denunciar, sin límite de tiempo para promover ante un Juez de Distrito, a la autoridad que aplique normas que fueron materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que esa denuncia es el único medio para reclamar la violación a una declaratoria general de inconstitucionalidad, no así un nuevo juicio de amparo indirecto." SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Miguel Antonio Nieves Pedraza, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, para recibir las notificaciones personales a Berta Deyanira Aceves García SIN la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no existe registro de la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, por lo que sólo se le autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto acredite estar facultado para ejercer la profesión de derecho, para los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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