Miguel Ángel Venegas Fuentes
Expediente 795/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Venegas Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de diez de abril del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Miguel Ángel Venegas Fuentes; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número I-795/2018, ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que los actos reclamados consisten en: La aprobación, expedición y aplicación de: La Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2014, en particular el artículo 4, contenido en la Sección II, del Capítulo II, del Título Segundo, relativo a la renovación, refrendo anual de concesiones de servicio público autotransporte urbano y foráneo urbano, auto de alquiler grupo 1, la fracción II, inciso B) número 1 auto de alquiler de su artículo 10, relativo al Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos, la fracción II, inciso A), de su artículo 11, contenido en la Sección III del Capítulo I, del Título Cuarto, relativo a los derechos por servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular y el artículo 26, contenido en el Capítulo II, del Título Cuarto, relativo a los accesorios de derecho. La aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2015, en lo relativo a la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público autotransporte urbano y foráneo urbano, auto de alquiler grupo 1, de su artículo 15, fracción II, inciso B), número 1 auto de alquiler contenido en la Sección II, del Capítulo I del Título Cuarto, relativo a los derechos por servicios de transporte público, la fracción II, inciso A), de su artículo 16, contenido en la Sección III del Capítulo I, del Título Cuarto, relativo a los derechos por servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular y el artículo 32, contenido en el Capítulo II, del Título Cuarto, relativo a los accesorios de derecho. La aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2016, en particular lo relativo a la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público autotransporte urbano y foráneo urbano, auto de alquiler grupo 1 de su artículo 14, fracción II, inciso D), número 1 auto de alquiler contenido en la Sección II, del Capítulo I, del Título Cuarto, relativo a los derechos por servicios de transporte público, y fracción II, inciso A) de su artículo 15, contenido en la Sección III del Capítulo I, del Título Cuarto, relativo a los derechos por servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular y el artículo 32, contenido en el Capítulo II, del Título Cuarto, relativo a los accesorios de derecho. La aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2017, en lo relativo a la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público autotransporte urbano y foráneo urbano, auto de alquiler grupo 1 de su artículo 14, la fracción II, inciso B) número 1 auto de alquiler contenido en la Sección II del Capítulo I, del Título Cuarto, relativo a los derechos por servicios de transporte público y fracción II, inciso A) de su artículo 15, contenido en la Sección III, del Capítulo I, del Título Cuarto, relativo a los derechos por servicios de registro y control vehicular de transporte particular y el artículo 32, contenido en el Capítulo II, del Título Cuarto, relativo a los accesorios de derecho. La aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2018, en lo relativo a la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público autotransporte urbano y foráneo, urbano, auto de alquiler grupo 1 de su artículo 14, la fracción II, inciso B), número 1 auto de alquiler contenido en la Sección II del Capítulo I del Título Cuarto, relativo a los derechos por servicios de transporte público y fracción II, inciso A) de su artículo 15, contenido en la Sección II del Capítulo I del Título Cuarto, relativo a los derechos por servicios de registro y control vehicular de transporte particular y el artículo 32, contenido en el Capítulo II, del Título Cuarto, relativo a los accesorios de derecho. TERCERO.- No es cierto el acto atribuido al Secretario de Fianzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, consistente en la aplicación y ejecución de las Leyes de Ingresos tildadas de inconstitucionales y que ya fueron precisadas en el considerando que antecede, toda vez que al rendir su informe justificado negó la ejecución del acto que se atribuye. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para demostrar lo contrario, máxime que la aducida autoaplicación de la contribución constituye un acto de aplicación de la ley y no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el gobernado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 171860 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Página: 367 "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Contradicción de tesis 91/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. Tesis de jurisprudencia 153/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete.". Además, no debe perderse de vista que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 413/2008, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, entre otras cosas, que el pago de un tributo no constituye propiamente un acto de autoridad, aun cuando resulte apto para promover el juicio de amparo indirecto, puesto que el sistema fiscal mexicano es "autodeclarativo", de tal forma que corresponde a los contribuyentes liquidar y determinar los tributos a su cargo, con independencia de la mera propuesta que realicen las autoridades o los terceros auxiliares al expedir los documentos o recibos respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, que dice: "Época: Novena Época Registro: 168248 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 182/2008 Página: 294 "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Contradicción de tesis 143/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 182/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de 2008.". Cabe destacar, que la cuestión que nos ocupa, no se analiza respecto a la improcedencia del juicio de amparo ya que ésta presupone la existencia del acto reclamado; sin embargo, atento a las consideraciones contenidas en la jurisprudencia invocada, válidamente puede concluirse que no existen los actos atribuidos al Secretario de Finanzas responsable, puesto que la aducida aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales en su caso provino de una posible autoaplicación del propio gobernado. En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto del acto atribuido al Secretario de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado y al Gobernador del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones dentro del proceso legislativo. Además de que la notoria existencia de los actos legislativos no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil". También apoya la tesis pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 233090 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 65, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 15 "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Amparo en revisión 2529/73. David Garza Garza y otros. 7 de mayo de 1974. Unanimidad de quince votos. Ponente: Ernesto Solís López. Secretario: Raúl Solís Solís." QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa refirió que las leyes tildadas de inconstitucionales, lo hace en su carácter de heteroaplicativas, es decir, a partir de su primer acto de aplicación, que fue cuando afirma realizó el pago del refrendo o renovación de control vehicular de los años relativos a cada uno de las Leyes que impugna, cuyo pago afirmó, bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, lo efectuó el cuatro de septiembre del dos mil dieciocho; por tanto, el término para la interposición del medio extraordinario inicio el cinco de septiembre del pasado año y concluyó el veintiséis del mismo mes y año, sin contar los días inhábiles correspondientes. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto debe analizarse la procedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente y así establecerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En ese sentido, respecto de los referidos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En principio, resulta importante puntualizar que el interés jurídico es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, toda vez que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio o menoscabo en sus derechos con motivo de un acto de autoridad o por la ley, entendiendo como tal la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. El derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, el interés jurídico es el derecho que tiene el justiciable para reclamar algún acto de autoridad que le cause perjuicio. En ese sentido, un acto de autoridad causa un perjuicio real y actual a una persona física o moral cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, en su integridad o en su patrimonio; es entonces cuando nace la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamable en juicio. Sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo a la persona física o moral que se estime afectada, por lo que, de no ser así, habrá de actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto, se deduce que es improcedente el juicio en lo relativo a cada uno de los preceptos legales de las Leyes de Ingresos del Estado de Michoacán, para los Ejercicios Fiscales de los años del dos mil catorce, al dos mil dieciocho, que tilda de inconstitucionales y que en este apartado se tienen por reproducidos, por economía procesal. Tal afirmación atiende al hecho de que los artículos reclamados no generan por sí mismos un menoscabo en la esfera jurídica del promovente. Mientras que, respecto a las porciones normativas expresamente indicadas, no se encuentra corroborado un acto concreto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, que la legitime para promover el juicio de amparo. En ese contexto, no se acreditó que las normativas impugnadas ya referidas, generan por sí mismas un perjuicio a la parte quejosa, pues en dichos numerales se establece lo relativo al pago de la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público autotransporte urbano y foráneo urbano, auto de alquiler grupo 1; al Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos; lo relativo a los derechos por servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular y lo relativo a los accesorios de derecho, para los años dos mil catorce a dos mil dieciocho, respectivamente. De tal manera, las normas que contienen la obligación de pago por los conceptos referidos, no afectan el interés jurídico del promovente, habida cuenta que, por sí mismas, no les acarrea un perjuicio directo con su emisión. Ciertamente, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional por propio derecho, reclamando como primer acto de aplicación de las normativas ya referidas en el considerando segundo, el pago que por cada uno de los referidos derechos, afirma efectuó el cuatro de septiembre del pasado año. Sin embargo, es el caso que al instar el juicio de origen, no exhibió documento alguno con el cual acreditara ser sujeto obligado al pago de renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público autotransporte urbano y foráneo urbano, auto de alquiler grupo 1; al Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos; a los derechos por servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular y lo relativo a los accesorios de derecho, que prevén cada uno de los artículos relativos a cada una de las Leyes de Ingresos de los años dos mil catorce a dos mil dieciocho, que impugna, ni que haya realizado el pago de cada uno de dichos conceptos. Sin que puedan considerarse probados tales hechos, las imágenes de varios supuestos recibos de pago, insertadas a fojas de la 20 a la 23 de su libelo constitucional, pues al no ser las impresiones correspondientes, sino en su caso una mera imagen manipulada para ser insertada en el texto de la demanda, eventualmente, sólo podrían ser consideradas como copias simples, dada la facilidad con la cual pueden ser confeccionadas y manipuladas electrónicamente,, por lo que al no haberse exhibido en original la impresión directa, o en copia certificada por funcionario público, dichas imágenes insertas, por sí solas no son suficientes para demostrar el interés jurídico del ahora quejoso dentro del presente juicio de amparo, pues ni siquiera son aptos para probar que dicho amparista realizó los pagos por los conceptos específicos que refiere en la data señalada en su demanda, pues incluso de tales imágenes no se advierte particularmente el pago por los refrendos correspondientes a los años dos mil catorce a dos mil dieciocho. Es aplicable, la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 218041 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 58, Octubre de 1992 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/216 Página: 55 COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR, CARECEN DE VALOR. Las copias fotostáticas sin certificar resultan insuficientes para acreditar cuando menos en forma presuntiva el interés jurídico, ya que tales documentos carecen de valor legal alguno, por ser necesario que se encuentren autorizados por el funcionario respectivo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 204/88. Gilberto López Zamora. 13 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 114/91. Consuelo Rull Cruz. 19 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo directo 174/91. Murko, S.A., Almacenes Anfora. 3 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 82/91. Joel Viveros Rodríguez. 5 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 286/92. Elodia Márquez Cabrera. 25 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Guillermo Báez Pérez. De igual forma es de invocarse la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". En ese sentido, debe destacarse que el artículo 103, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . . .". Lo anterior también es acogido por el artículo 1°, de la Ley de Amparo, por cuanto establece: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . . .". Por su parte el artículo 107, fracción I, Constitucional, dice: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.." En tanto que el artículo 6°, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" Lo preceptos constitucionales y legales transcritos, permiten establecer como ya se estableció, que en el presente caso y en torno del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1° y 6°, de la Ley de Amparo, este último numeral aplicado a contrario sensu. Al respecto es pertinente hacer una breve referencia a lo que por principio de agravio personal y directo que rige en nuestro Juicio Constitucional, tutelado por la fracción I, del artículo 107, de la Carta Magna, y 6o., de la Ley de Amparo, debe entenderse. El juicio de amparo únicamente puede ser promovido por la persona que esté legitimada para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, aquel gobernado en cuya esfera jurídica se cause un perjuicio a consecuencia directa del acto de autoridad; por lo que para estimar procedente la vía de amparo intentada por el quejoso, éste debe, en todo caso, estar legitimado, esto es, demostrar su interés jurídico para acudir a la acción constitucional, pues de lo contrario, el Juzgador Federal no puede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado por no afectar la esfera jurídica del promovente. Lo anterior significa que si un acto de autoridad no lesiona ninguna situación concreta que se haya establecido conforme a una situación determinada, de manera abstracta y previamente tutelada por la ley, contra dicho acto no es procedente la acción de amparo, aunque tal acto pueda perjudicar material o económicamente al promovente, pues si la ley no prevé esta obligación específicamente determinada, no existirá derecho subjetivo, considerado éste como una facultad que la norma jurídica objetiva concede a cualquier sujeto, de donde deriva su denominación, es decir, la facultad o potestad de exigencia que tienen los individuos cuya institución deriva o consigna la norma objetiva. Bajo ese tenor, al principio de agravio personal y directo, en términos de lo que establece la fracción I, del artículo 107, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o, de la Ley de la Materia, se le debe entender como aquél que impone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le perjudique la ley o el acto que se reclama y por agravio a todo menoscabo patrimonial o no, u ofensa física o moral, siempre que tal menoscabo sea apreciable objetivamente, esto es, la afectación debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo o simple, dicho de otra forma, el principio que se analiza, implica que la acción de amparo sólo será promovida por la persona (física o moral) que se vea afectada en su esfera jurídica por el acto de autoridad y que exista una inmediatez entre la emisión del acto y el surtimiento de sus consecuencias en la esfera jurídica del gobernado. De lo antes narrado, se colige, que al no existir medio de convicción alguno con el cual se demuestre que el quejoso se encuentra dentro de alguno de los supuestos de las leyes tildadas de inconstitucionales, no afecta en los intereses jurídicos o legítimos de mismo, esto es, no incide en su esfera jurídica. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número 849, en la página 578, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la federación de 1917-1995, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4° de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas" Por tanto, debe concluirse que la parte quejosa NO acreditó el acto de aplicación de las leyes de referencia, pues no se advierte documento alguno con el que compruebe que realizó el pago de los derechos fiscales regulados por dichas leyes; por ende, no se ubica en la hipótesis de causación a que se refiere el artículo y fracción tildados de inconstitucionales, por lo cual resulta improcedente reclamar en este medio extraordinario la inconstitucionalidad de dichas porciones normativas, con el carácter de heteroaplicativas y con motivo de su primer acto de aplicación, pues se insiste, NO demuestra su interés jurídico en el presente juicio. Apoya lo anteriormente expuesto, la tesis número 1794, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente.". En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por las autoridades señaladas como responsables, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría el sentido del presente fallo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MIGUEL ÁNGEL VENEGAS FUENTES, por su propio derecho, en contra del acto reclamado al Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, por las razones contenidas en el último considerando de esta sentencia. ...
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.*lsm.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por la Subdirectora de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado en representación del Gobernador, y Congreso, ambos del Estado del Estado de Michoacán, mediante el cual rinden informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALAN DELEGADOS. Se tiene a las autoridades en cita designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refieren en los ocursos que se acuerdan. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.*lsm.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Miguel Ángel Oropeza Gutiérrez y Otros.650/2022
- Miguel Ángel Pérez Saucedo476/2018
- Miguel Angel Quiroz y Otros.1063/2018
- Miguel Ángel Solorio Pineda1470/2023
- Miguel Ángel Tapia Andrade541/2022
- Miguel Ángel Valdéz Garfias469/2023
- Miguel Angel Venegas Hueramo y Otros.484/2020
- Miguel Ángel Villanueva Valencia451/2020
- Miguel Ángel Zacarías López1157/2019
- Miguel Angel Zafra Gomez421/2020
- Miguel Antonio Nieves Pedraza615/2023
- Miguel Ariel García Orozco611/2018