Miguel Angel Venegas Hueramo y Otros.

Expediente 484/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
484/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • José Luis Pacheco Aguilar
  • Miguel Angel Venegas Hueramo y Otros.
  • Miguel Angel Venegas Hueramo
  • Antonio Hernández Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los quejosos interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto I-484/2020, promovido por SAUL CRISTÓBAL CUEVAS Y OTROS, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades. RESULTANDOS PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, la demanda de amparo indirecto por SAUL CRISTÓBAL CUEVAS y otros, recibida por el Oficial de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito, en esa misma data, tal como se desprende de la papeleta de turno correspondiente a este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha. Lo derechos fundamentales que considera violados son los artículos 1, 14, 16, 31, fracción IV, 115, fracción IV y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, admitió la aludida demanda, registrándose con el número de expediente I-484/2020 se solicitaron los respectivos informes justificados; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado; se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y: CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna una norma general expedida y aplicable dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, los cuales, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que reclama al Congreso, Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial del Gobierno todos del Estado de Michoacán, en sus respectivas competencias, lo siguiente: "1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DEOCAMPO, la iniciativa, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto número 342, en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 202, por el que se reforman diversos artículos de la Legislación del Estado de Michoacán, Ley del Notariado, Código Familiar, Ley Orgánica del Registro Civil, Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa y Código de Procedimientos Civiles, trastocando los artículos 1°, 5°, 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite a los fedatarios públicos invadir las funciones y atribuciones jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, cuya modificación del procedimiento judicial, lo altera, y consecuentemente, vulnera las formalidades esenciales del procedimiento convirtiendo en nulo todo lo actuado, creando de facto subespecies de tribunales especiales-privados, que eliminarán el principio de publicidad del derecho y gratuidad de acceso a la justicia, delegando, concentrando y monopolizando al mismo tiempo la actividad profesional del litigio, la función de mediación del registro civil y jurisdiccional en la figura del notario público. 2. DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, la iniciativa, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto número 342, en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2020, por el que se reforman diversos artículos de la Legislación del Estado de Michoacán, Ley del Notariado, Código Familiar, Ley Orgánica del Registro Civil, Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa y Código de Procedimientos Civiles, trastocando los artículos 1°, 5°, 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. DEL SECRETARIO DE GOBIERNO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, por haber firmado el Decreto número 342, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2020, en los términos impugnados. EN CUANTO EJECUTORAS: DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, por ser la autoridad ejecutora del Decreto número 342, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2020, al actualizarse la aplicación de los preceptos que se reforman de la Legislación del Estado de Michoacán, Ley de Notariado, Código Familiar, Ley Orgánica del Registro Civil, Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa y Código de Procedimientos Civiles, trastocando los artículos 1°, 5°, 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permitiéndose así la invasión en sus funciones y atribuciones jurisdiccionales, cuya modificación del procedimiento judicial, lo altera, y consecuentemente, vulnera las formalidades esenciales del procedimiento convirtiendo en nulo todo lo actuado. EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, por ser la autoridad ejecutora del Decreto número 342 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2020, al actualizarse la aplicación de los preceptos que se reforman de la Legislación del Estado de Michoacán, Ley del Notariado, Código Familiar, Ley Orgánica del Registro Civil, Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa y Código de Procedimientos Civiles, trastocando los artículos 1°, 5°, 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permitiéndose así la invasión de sus funciones y atribuciones jurisdiccionales, cuya modificación del procedimiento judicial, lo altera, y consecuentemente, vulnera las formalidades esenciales del procedimiento convirtiendo en nulo todo lo actuado".. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Colegio de Notarios del Estado de Michoacán, Asociación Civil, se advierte que niegan la existencia de los actos que se les atribuyen. Las referidas negativas se corroboran, pues de las constancias de autos no se advierte que dicho Colegio de Notarios haya ejecutado alguna de las normas reformadas a través del Decreto tildado de inconstitucional. En mérito de lo anterior, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio, respecto del acto atribuido a dicha autoridad, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte el Congreso y Poder Judicial ambos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en sus respectivas esferas de competencia, consistentes en el proceso legislativo que culminó con la expedición del Decreto número 342, a través del cual se reformaron las leyes tildadas de inconstitucionales, aceptaron la existencia de los actos reclamados. De igual forma, en virtud de que el Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, fueron omisos en rendir su respectivo informe justificado, se presumen ciertos los actos atribuidos a éstos en términos del artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo. Además, se determina la anterior certeza en el actuar de las autoridades responsables, pues se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes, puesto que para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En ese sentido, este juzgador advierte que respecto de las leyes reclamadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 y la fracción I del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, pues como se demostrará a continuación, el quejoso no demostró que se hubieren aplicado las mismas en perjuicio de la parte quejosa. Para una mejor comprensión de la causal de mérito, se transcriben los numerales antes citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De dichos preceptos legales se obtiene que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). La autoaplicación de las leyes, se actualiza cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna y, en tal virtud, el juicio podrá ser promovido desde ese instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer, no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso de aplicación que condicione su aplicación, por lo que será hasta ese momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 55/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En estrecha relación con lo anterior, cabe señalar que en diversos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla (por regla general) con las condiciones siguientes: 1. La existencia del acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de amparo. Congruente con ello, si no existe el acto de aplicación, el quejoso estará imposibilitado para combatir la ley con ese motivo, por ser requisito indispensable que demuestre la existencia de la aplicación de la norma en su perjuicio, ya que ese acto es lo que le otorga la posibilidad para combatirla en el juicio. Bajo ese contexto, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del Decreto número 342, a través del cual se reformaron las leyes tildadas de inconstitucionales Sin embargo, de las constancias de autos, no se advierte que se hayan aplicado las leyes reformadas a través del Decreto que la parte quejosa reclama de inconstitucional, ni del contenido integral de su libelo se observa que haya manifestado a través de qué acto se aplicaron dichas normas, ni en qué consistió la afectación que con ello se hubiere ocasionado a la esfera jurídica de los peticionarios del amparo. En ese orden, al no desprenderse claramente la aplicación material de las normas en cita, se concluye que la parte quejosa no está legitimada para combatir las mismas, pues para ello era necesario que se demostrara, fehacientemente, la aplicación de los referidos artículos en su perjuicio, lo cual no puede derivar de presunciones o afirmaciones contenidas en la demanda, sino del contenido del supuesto acto de aplicación. Asimismo, se estima aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196641 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Marzo de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 12/98 Página: 323 LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. Amparo en revisión 2412/96. José María Samper y Porta y otro. 24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 291/96. Estela Aguilar Peña. 4 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 481/97. Eréndira López López. 9 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 853/97. Ricardo Margain Berlanga. 10 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Tesis de jurisprudencia 12/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano.". Entonces, de todo lo expuesto con anterioridad, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por SAÚL CRISTOBAL CUEVAS, MIGUEL ÁNGEL VENEGAS HUERAMO, JOSÉ DANIEL GOVEA HERNÁNDEZ, ANTONIO HERNÁNDEZ ESQUIVEL, NABOR RUBIO MILLÁN, PABLO VILCHIS VÁZQUEZ, JOSÉ LUIS PACHECO AGUILAR, JUAN ABARCA CASTILLO, MIGUEL ÁNGEL MEDINA BARAJAS, LUIS AGUIRRE GUTIÉRREZ, NOÉ BALLESTEROS LÓPEZ, YONAC CATALÁN MALDONADO, FIDEL COLOR LÓPEZ, AGUSTÍN ZEPEDA RUÍZ, MELQUIADES GRANO NOLASCO y MARÍA SALPID MOLINA MERCADO, por los razonamientos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. NOTIFIQUESE.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veinte. PRUEBAS Y ALEGATOS. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Presidente y Secretario del Consejo de Colegio de Notarios del Estado de Michoacán, A.C., atento a su contenido, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que refiere en su ocurso, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; además, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que vierte a guisa de alegatos; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. DESIGNA DELEGADO. Se tiene a la autoridad en cita designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veinte. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg

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