Miguel Ängel Villanueva Gutiérrez
Expediente 487/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Ängel Villanueva Gutiérrez
- Miguel Ängel Villanueva Gutiérrez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ha transcurrido el término señalado en la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el once de diciembre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido. El presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las trece horas con cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 487/2020-VII-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Seguidamente, se abre el período de pruebas en el que la secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana; así como las documentales que adjuntaron a sus informes justificados las responsables y en alcance al mismo. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, cerrándose dicho periodo. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 311/2020 de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo o se sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 487/2020-VII-I promovido por ********************, por su propio y personal derecho y en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad ********************, contra el acto del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 5, 14, 16 Y 123 Constitucionales; y R e s u l t a n d o: I. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ********************, por su propio y personal derecho y en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otra autoridad, los cuales hizo consistir en: "Bajo protesta de decir verdad se reclama el acuerdo emitido en el oficio número SSP/DJ/7024/2020 de fecha 21(veintiuno) de febrero del año dos 2020 (dos mil veinte) suscrito por el C. Comandante Pedro Edmundo González Esquivel, quien supuestamente firma en ausencia del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, supuestamente fundándose en lo establecido en el artículo 268 del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el siete de julio del año dos mil ocho, oficio en el cual se ordena la suspensión por dieciocho meses de la licencia de conducir vehículo de motor del suscrito amparista ********************. Dicho acto reclamado para mayor claridad procedo a insertar una imagen declarando bajo protesta de decir verdad que es fiel y exacta al original que me fue notificado y entregado. II. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Posteriormente, por acuerdo de veintiséis de octubre de esta anualidad, este Juzgado advirtió la participación de una diversa autoridad responsable, siendo ésta el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues en términos del artículo 263, fracción XIV, del Reglamento del Código de la Administración Pública, corresponde a dicha autoridad calificar la sanción administrativa contenida en el oficio que aquí se reclama; por tanto, se requirió a la parte quejosa a quien le fue impuesta dicha sanción, para que en términos de los artículos 111 en relación al 17 de la Ley de Amparo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo por el citado Director, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna el presente asunto se resolvería únicamente por lo que hace al acto reclamado y autoridades precisados de manera primigenia. IV. Efectivo apercibimiento. La parte quejosa no amplió su demanda de amparo respecto del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien fue la autoridad que emitió el acto reclamado que aquí combate, en el término que se le concedió de conformidad con el artículo 111, en relación con el 17 ambos de la Ley de Amparo, por lo que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintiséis de octubre del presente año y, en consecuencia, no se tuvo por ampliada la demanda respecto de la citada autoridad. V. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos a autoridades, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: 1. El acuerdo contenido en el oficio número SSP/DJ/7024/2020 de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veinte, suscrito por el Comandante de cuartel en turno, Pedro Edmundo González Esquivel, quien firma en ausencia incidental del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que se le hizo de su conocimiento que de los hechos manifestados en el informe policial homologado de veintiuno de febrero de esta anualidad, se pudo apreciar la infracción flagrante a diversas disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán; así como a su reglamento, como es la conducción de un vehículo en estado de ebriedad, violentando así el contenido del numeral 328, primer párrafo del citado Reglamento, la cual es considerada como falta muy grave, de conformidad a lo dispuesto al Anexo I, del Catálogo de Sanciones, grupo 4-A, por lo que se le suspendió a ********************, la licencia para conducir vehículos de motor por el término de dieciocho meses. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, quien lo rinde por el Secretario y por el Jefe de Departamento Vehicular del Registro de Control Vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, al rendir su informe justificado aceptaron la certeza de ese acto reclamado, al manifestar que se realizó la suspensión de licencia para conducir vehículos de motor a ********************, derivado de una falta administrativa que cometió, por lo que se tiene por cierto el mismo, lo que se corrobora con las constancias que remitió en alcance a su informe con justificación, las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Sirve de apoyo, el contenido de la jurisprudencia 305, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página doscientos seis, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Actualización de causal de improcedencia. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la emisión del acuerdo contenido en el oficio SSP/DJ/7024/2020 de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, suscrito por el Comandante de cuartel en turno, Pedro Edmundo González Esquivel, quien firma en ausencia incidental del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que le suspendió a ********************, la licencia para conducir vehículos de motor por el término de dieciocho meses, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la referida parte quejosa fue omisa en señalar como responsable a la autoridad que lo emitió. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado por la parte quejosa consistente en el acuerdo contenido en el oficio SSP/DJ/7024/2020 de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veinte, suscrito por el Comandante de cuartel en turno, Pedro Edmundo González Esquivel, quien firma en ausencia incidental del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que se le suspendió a ********************, la licencia para conducir vehículos de motor por el término de dieciocho meses. En efecto, de las constancias que en copias certificadas obran en autos, remitidas por las autoridades responsables, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que emitió el acuerdo contenido en el oficio SSP/DJ/7024/2020 de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veinte, en el que se le suspendió a ********************, la licencia para conducir vehículos de motor por el término de dieciocho meses; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, le dio vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda de amparo por dicha autoridad, misma que se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que se tuvo por precluido su derecho para hacerlo en acuerdo de ocho de diciembre de esta anualidad. Consecuentemente, tal actuación no puede ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputada a la autoridad que realmente la emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, se emitió el acuerdo contenido en el oficio SSP/DJ/7024/2020 de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veinte, en el que se le suspendió a ********************, la licencia para conducir vehículos de motor por el término de dieciocho meses; también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como autoridad responsable el funcionario que emitió esa disposición. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. No pasa inadvertido para esta autoridad que el quejoso ********************, en su demanda de amparo hizo referencia que el acto reclamado, también vulnera de los derechos de su hijo menor de edad ********************, sin embargo, lo cierto es que se le dio la oportunidad a la parte quejosa de nombrar como autoridad responsable a la autoridad que emitió el acto de molestia, por lo que el hecho de que no se pueda analizar la constitucionalidad de tal acto, dada a esa circunstancia, solo a él le es reprochable. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio y personal derecho y en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad ********************, contra el acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede y el estado procesal que guarda este expediente, de donde se aprecia que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa por proveído de veintiséis de octubre del año en curso, notificado el cinco de noviembre de ese año, sin que hubiese hecho manifestación alguna, respecto de la prevención formulada en dicho auto. En atención a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso, por lo que este Juzgado no tiene como autoridad responsable en este asunto, al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, por lo que el presente juicio de amparo se resolverá únicamente por lo que respecta a las autoridades señaladas inicialmente en su demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y fi
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Atento el estado procesal que guarda este expediente y a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le concedió a la parte quejosa por acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso, notificado el cinco de noviembre acabado de transcurrir, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en su lugar se fijan las trece horas con cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil veinte, para su celebración. (...)
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