Miguel Ángel Rodríguez Ontiveros
Expediente 1014/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Rodríguez Ontiveros
Actuaciones
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 61, fracción XX, 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como a continuación se expone. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el oficio SSP/DJ/18135/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual revocó de manera definitiva al quejoso su licencia de conducir vehículos de motor de transporte público, así como su ejecución. Así, a juicio de quien acuerda en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo aplicable. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. [.]" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo los peticionarios del amparo deben agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. En tales condiciones, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que se acompañaron a la misma, se llega a la conclusión de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza por cuanto se refiere al citado acto reclamado. Asimismo, como se analiza a continuación, no se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad. Aquellas excepciones reconocidas jurisprudencialmente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que podrían estar relacionadas con un asunto de carácter administrativo, son las siguientes: Tercero extraño a juicio; en el caso, al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño, pues el acto reclamado consiste en la expedición del oficio en la cual se le revocó de manera definitiva su licencia para conducir vehículos de motor de transporte público. En la demanda de amparo no fue impugnada alguna norma general. En el oficio reclamado SSP/DJ/18135/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se observa que se fundamentó en los artículos 263, fracciones XXIV y XXVII y 328, párrafo primero, del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado, así como en los artículos 34 Ter, fracción III y 137, fracción III, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, por lo cual es evidente que el peticionario de amparo no quedó en estado de indefensión, pues conoce los fundamentos legales que rigen el acto reclamado, y con lo cual el oficio no carece de fundamentos para que fuera una excepción al principio de definitividad. El demandante no se duele sólo de violaciones directas a la Carta Magna. En consecuencia, la parte quejosa estaba obligada a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto acuerda, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo aplicable, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Téngase por autorizado en los términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************, y en los términos restringidos que señala el citado numeral, a las demás personas que menciona, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Asimismo, aún cuando el promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, lo cierto es que solicitó expresamente la realización de las notificaciones por la vía electrónica; por lo tanto, atendiendo a la situación de salud que impera en el país y las medidas decretadas con motivo de la contingencia sanitaria por el virus Sars-Cov2019; debe privilegiarse el uso de las notificaciones por la vía electrónica; por lo tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que las notificaciones a realizarse a la parte quejosa en este asunto, se hagan de manera electrónica, en los términos solicitados en el escrito de cuenta. Asimismo, se tiene por señalado correo electrónico de la parte quejosa, mismo que únicamente se utilizará con fines de localización, en caso de que no se puedan realizar las notificaciones por la vía ordinaria. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.
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