Miguel Antonio Lazo Tuyu
Expediente 524/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Antonio Lazo Tuyu
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veintidós de agosto del año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Por otra parte, se dispone desglosar de los cuadernos auxiliares uno y dos de este juicio de amparo el legajo de copia certificada relativa a la causa penal 456/2006 que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, oportunamente remitió como justificación de sus actos, para devolverlo a dicha autoridad, dejando constancia alusiva al respecto en autos. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe. En la misma fecha se libraron los oficios 17209, 17210, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17216, 17217, 17218, 17219, 17220 y 17221, en los términos de la minuta que al efecto se anexa. Conste. Jard&.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas con diez minutos del veintidós de agosto de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 524/2018-VII-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con las constancias que anexó la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, a su informe justificado consistente en copias certificadas conducentes de la causa penal 456/2006, a lo que el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales de cuenta y se tienen por desahogadas, por su propia y especial naturaleza. Con lo que se cierra el periodo de pruebas. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 348/2018 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo o se sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 524/2018-VII-I promovido por Miguel Antonio Lazo Tuyu contra actos al Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: I. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Miguel Antonio Lazo Tuyu solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, los cuales hizo consistir en: "De las autoridades señaladas como ordenadoras, reclamo las órdenes de reaprehensión y/o aprehensión y/o detención y/o localización dictadas en mi contra y de las autoridades ejecutoras reclamo el cumplimiento de dichas órdenes." II. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciocho; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclama un acto cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que la parte quejosa reclama: a) La orden de reaprehensión de veintitrés de enero de dos mil doce, dictada por el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 456/206 instruida en su contra por el delito de fraude, denunciado por Víctor Edmundo Puerto Cámara. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos. Las siguientes autoridades rindieron sus informes justificados en estos términos: Número de Orden Autoridad Sentido del informe Foja 1 Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Niega 35 2 Juez en turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Niega 29 3 Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Niega 21 4 Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado Niega 30 5 Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado Niega 31 6 Magistrado Tercero y Presidente de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado Niega 32 7 Juez Primero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado. Niega 22 8 Juez Segundo de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado. Niega 23 9 Juez Tercero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado. Niega 24 10 Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos en suplencia del Fiscal General del Estado. Niega 38 Ahora bien, toda vez que las autoridades antes relacionadas manifestaron en sus respectivos informes justificados, que no son ciertos los actos que les reclaman, sin prueba en contrario de parte de ellos, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial, encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y el titular de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, todas del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, (fojas 42-43 y 93, 115 y 94), al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron que es cierto el acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión y su ejecución, emitida en contra del aquí quejoso, el veintitrés de enero de dos mil doce, en la causa penal 456/2006, como probable responsable de la comisión del delito de fraude, lo que se corrobora con las constancias remitidas, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que se tiene por cierto el acto reclamado. Quinto. Sobreseimiento por actualizarse una causal de improcedencia respecto de la orden de reaprehensión dictada en la causa penal 456/2006 del índice del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61, en relación con la fracción X de la Ley de Amparo aplicable. El artículo 61 de la citada ley de la materia, en sus fracciones X y XI, establece que el juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Del contenido de las fracciones X y XI del citado precepto legal, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las hipótesis siguientes: a). Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo; b). Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Establecido lo anterior, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo, pues la cosa juzgada es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar examen alguno relacionado con las cuestiones que ya fueron debatidas, pues ello atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En la especie se estima que se actualizan dichas causales de improcedencia pues del informe justificado rendido por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, se evidencia que con antelación a este juicio de amparo, el quejoso solicitó ante este propio Juzgado de Distrito en el Estado, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la orden de reaprehensión de veintitrés de enero de dos mil doce, dictada en su contra en autos de la referida causa penal número 456/2006. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio de amparo 257/2012, que remitió la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que mediante sentencia firmada el dieciocho de abril de dos mil doce, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa en contra de la orden de reaprehensión dictada en la causa penal 456/2006 del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado; determinación que fue confirmada mediante resolución de siete de junio de dos mil doce, dictada en el toca penal 206/2012 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito. En consecuencia, como los actos reclamados por Miguel Antonio Lazo Tuyu (o) Miguel A. Lazo Tuyu (o) Miguel Lazo Tuyu (o) Miguel Lazo, ya fueron sometidos a la consideración de un órgano de control constitucional en diverso juicio en el que se resolvió no amparar a la parte quejosa respecto de la orden de reaprehensión dictada en la causa penal 456/2006, por tanto, el presente juicio de amparo que promueve contra el mismo acto reclamado pronunciado por la misma autoridad responsable, resulta improcedente dado que se pretende someter al análisis constitucional una cuestión resuelta con antelación y por ende este juzgador federal no se encuentra en posibilidad legal de hacer un nuevo pronunciamiento sobre temas que ya fueron resueltos por la Justicia Federal y que han quedado firmes. Esto es así, como ya se adelantó, en virtud que los actos reclamados en estos autos, constituyen los mismos actos de autoridad, que ya fueron analizados en el citado juicio de amparo 257/2012-II del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y respecto de los cuales ya existe un pronunciamiento. Por tanto, existiendo identidad en este juicio de amparo con el diverso 257/2012-II del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en cuanto a que fue promovido por el mismo quejoso y que los actos reclamados fueron dictados por las mismas autoridades responsables, la orden de reaprehensión reclamada no puede ser considerada nuevo acto de autoridad desde el punto de vista material, que haga procedente el amparo, pues ya fue materia de estudio por sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo antes citado, de tal manera que dichos extremos no pueden nuevamente ser materia de estudio, por constituir cosa juzgada; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO SU LEGALIDAD YA FUE ANALIZADA EN DIVERSA EJECUTORIA, AUNQUE FORMALMENTE NO SE TRATE DEL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El hecho de que el auto de formal prisión reclamado en un juicio de garantías, constituya un nuevo acto de autoridad desde el punto de vista formal, y por ello diverso al dictado con fecha anterior, por la misma autoridad responsable, por el mismo delito y en contra del mismo quejoso, no es obstáculo para que se actualice la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que, la finalidad de dicho precepto legal es proteger la institución jurídica de la cosa juzgada, y por ello basta que exista identidad del quejoso (sujeto activo), de la autoridad responsable (sujeto pasivo) y de la causa de pedir en ambos juicios de amparo. Ahora bien, si el quejoso en su demanda de garantías reclama el nuevo auto de formal prisión por considerar, en esencia, que no se encuentran demostrados los elementos del cuerpo del delito ni su probable responsabilidad, y ello fue materia de estudio en diversa ejecutoria, en la que el Tribunal Colegiado, al conocer en revisión, revocó la sentencia constitucional, y en parte negó la protección federal solicitada respecto del aludido auto de formal prisión, al estimar que las pruebas aportadas al proceso penal eran suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, y en otra, concedió el amparo por falta de fundamentación y motivación de la orden de identificación administrativa también reclamada, debe concluirse que el pronunciamiento del nuevo auto constitutivo del acto ahora reclamado fue emitido en cumplimiento de la mencionada ejecutoria de amparo, al dejar intocado lo relativo a la formal prisión inicialmente pronunciada, dada la negativa de la protección constitucional decretada, omitiendo ordenar la identificación administrativa del inculpado, reparando con ello las garantías individuales violadas al quejoso; y por ello, de ninguna manera puede considerarse como un acto nuevo desde el punto de vista material, que haga procedente el juicio de amparo promovido en su contra, dado que en observancia de los principios procesales de congruencia, exhaustividad y continencia de la causa, el Juez responsable al dictar dicho auto de plazo constitucional reiteró las consideraciones que se expresaron en la mencionada ejecutoria, relativas a la demostración de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, dado que, desde el punto de vista jurídico, en un proceso penal no pueden coexistir dos autos de formal prisión, respecto de los mismos hechos imputados a la misma persona, ya que el análisis de aquellos aspectos debe realizarse en un solo acto jurisdiccional y de manera integral." Asimismo sirve de apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 225, Tomo XII, julio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". También sirve de orientación la Jurisprudencia I.6o.T.J/86, visible en la página 1532, Tomo XXVI, de Diciembre de 2007, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual en su rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA". Asimismo, sirve de sustento a la presente resolución en lo que interesa, la jurisprudencia 131, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 107, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, Año 2000, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que refiere: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Y la tesis aislada XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." En las narradas consideraciones, y toda vez que en el caso concreto se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI con relación a la fracción X de la Ley de Amparo, respecto de la orden de reaprehensión dictada por el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra del aquí quejoso Miguel Antonio Lazo Tuyu, en la causa penal 456/2006, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se reclama al Secretario de Seguridad Pública y al Director de la Policía Estatal de Investigación, ambas del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, por no haberse reclamado por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de reaprehensión atribuida. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 647 del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, parte TCC, página 434, Séptima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, según lo dispone la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página 335 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya ordenado el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada en este asunto, toda vez que atendiendo al sentido de esta determinación no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Antonio Lazo Tuyu, en contra de los actos que reclama a las autoridades que han quedado relacionadas y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rectificado rendido por el encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe justificado antes mencionado a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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