Miguel Angel Soto Sosa
Expediente 1473/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1473/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Angel Soto Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio número 2534, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de la recepción del oficio 31019/2021 de cuatro de noviembre del año en curso, con el que se le devolvió el toca original 470/2021 de su índice, así como las copias certificadas del expediente de primera instancia 216/2020. Por otro lado, la autoridad de mérito solicita se le proporcione copia de la sentencia de catorce de octubre del presente año, dictada en este asunto; atento a lo anterior y no existiendo impedimento legal alguno, mediante oficio con inserción de este acuerdo, remítase a la oficiante una impresión con evidencia criptográfica de la aludida ejecutoria solicitada, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, por cuanto no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos recibidos en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; por lo consiguiente, devuélvanse el toca original número 470/2021 y la copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil 216/2020, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio que al efecto se le dirija, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se precisa de la siguiente manera: La parte quejosa reclama de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La resolución emitida en el Toca 470/2021, dictada el nueve de junio de dos mil veintiuno, notificado mediante publicación en el Diario Oficial del Estado, el quince de julio siguiente. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Sala Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó, por conducto de su Magistrado Presidente, al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que acompañó con su informe. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por las responsables, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. Que ********************promovió juicio ordinario civil para la venta en pública subasta del predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, de la colonia ******************** de esta ciudad. 2. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite la demanda de referencia, misma que registro bajo el número de expediente ********************, de su índice. 3. Mediante escrito recibido en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el demandado aquí quejoso ********************, dio contestación a la demanda interpuesta en su contra e hizo valer las excepciones que en su escrito indicó. 4. Por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, la Juez Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, tuvo al demandado contestando en tiempo la demanda, y en virtud de que había hecho valer la excepción de incompetencia por declinatoria, ordenó remitir a la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el juicio de origen, para su substanciación. 5. Mediante proveído de treinta de abril del año en curso, la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo por recibido el expediente original ********************, y señaló las ocho horas con cincuenta minutos del doce de mayo del año en curso, para la audiencia respecto a la excepción de incompetencia citada 6. Mediante acuerdo de dos de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se señaló el nueve de junio de dos mil veintiuno, a las ocho horas con treinta minutos, para que tenga verificativo la audiencia que resolvería la excepción opuesta. 7. Por resolución de nueve de junio del año en curso, la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por el demandado aquí quejoso, declarándola improcedente, lo anterior, constituye el acto reclamado. Ahora bien, en su concepto de violación el quejoso alega que la responsable viola en su perjuicio sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, comprendidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que, indebidamente resolvió la competencia del Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, donde se conoce del juicio ordinario civil instado en su contra, por los motivos que expuso en los considerandos de la misma y mediante la cual consideró como competente a dicho Juzgador. Tales argumentos son inoperantes por las consideraciones siguientes. Cabe señalar que los conceptos de violación deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o "petitum" al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas. La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida. Por tal motivo, si el quejoso se limitó a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas, o sin sustento o fundamento, es evidente que tales conceptos de violación a la postre, resultan inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir. Además, si bien es cierto que nuestro Tribunal Supremo ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el motivo por el cual estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. De ahí que el suscrito califique como inoperantes esos conceptos de violación hechos valer por el promovente, ya que con tales argumentos no ataca frontalmente los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse, pues los mismos son ambiguos y superficiales, ya que no realiza razonamiento alguno que controvierta lo decidido por la responsable, capaz de ser analizado. Es decir, no combatió todas las consideraciones torales que sirvieron de sustento a la autoridad responsable para emitir la resolución que constituye el acto reclamado, como son: - Que si bien el excepcionista pidió que el Juez de primera instancia se abstuviera de conocer del asunto, ya que a su parecer debía conocerlo preferentemente un juez federal, fue omiso en formular argumento jurídico alguno que justifique su petición. - Sin embargo, se tomaría en consideración para determinar la competencia, la naturaleza de la acción intentada y la ubicación del inmueble, ya que no existe documento en el que constara el sometimiento expreso de las partes a alguna jurisdicción; - Que atendiendo a que la acción es de carácter real, ya que deriva de un juicio ordinario civil en el que se exige la venta en pública subasta del predio ********************, de la calle ********************, de la colonia ******************** de esta ciudad, copropiedad de ******************** y ********************; - Y que dicho predio se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, tal como consta en la inscripción vigente del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Mismo que establece: "Sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro Juez: IV.- Si el deudor no tuviere domicilio fijo, el del lugar en que se celebró el contrato, si la acción fuere personal, o el de la ubicación de la cosa, si la acción fuere real."- - Que por consiguiente, al haber optado la parte actora por presentar su escrito de demanda ante los Juzgados Civiles del Primer Departamento Judicial del Estado, por ubicarse el inmueble en la ciudad de Mérida, Yucatán, existe razón suficiente para afirmar que el Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, es competente para conocer del asunto; - Que teniendo en consideración que la Oficialía de Partes, adscrita a los Juzgados Civiles y de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, es la encargada de distribuir los negocios que deben iniciarse, ya sean de carácter contencioso, mixto o voluntario, turnó el juicio ordinario civil de que se trata al Juzgado Cuarto Civil, de conformidad con el Acuerdo General Número OR05-090506-01, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de trece de mayo de dos mil nueve, que establece la especialización por materia de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Primer Departamento Judicial del Estado, lo que conlleva a determinar que su titular sí resulta competente para conocer del mismo, y dar como resultado la improcedencia de la excepción de incompetencia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XVI, Diciembre de 2002, tesis 1a./J. 81/2002, en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185425, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." De ahí que las consideraciones hechas por la responsable deben subsistir sosteniendo el fallo combatido, con independencia de su legalidad o ilegalidad, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no darse alguna de las hipótesis del numeral 79 de la ley de materia. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página veintisiete, Cuarta Parte, Volumen CXXVI, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, con número de registro 269435, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto que reclama a la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil veintiuno. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por el quejoso Miguel Ángel Soto Sosa, con el cual da cumplimiento a la prevención efectuada por proveído de veinticuatro de agosto del presente año. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Soto Sosa, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La resolución del Toca 470/2021, dictado el nueve de junio del dos mil veintiuno, notificado mediante publicación en el Diario Oficial del Estado el quince de julio siguiente. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo, que de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, en términos del precepto 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por el similar 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 en relación al periodo de vigencia; se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General, durante la vigencia del mismo. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberá cumplir la autoridad responsable a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando el informe ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como la Circular CAP/3/2020; de tal manera que de hacerlo de manera distintas se tendrá por no rendido. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Por otra parte, tal y como lo establece el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesada a María Gabriela Soto Sosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la citada Ley de la materia, por conducto de uno de los actuarios judiciales de este tribunal, emplácesele en el domicilio señalado para tal efecto, entregándole copia simple del escrito de demanda y escrito aclaratorio, así como copia autorizada de los autos de prevención y del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio, si así le conviniere. Exhortando a la parte tercero interesada a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que en el presente acuerdo se señalan en la parte final del mismo, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del mismo. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda, autos de prevención, escrito aclaratorio y del presente acuerdo. CONOCIMIENTO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos, con sesenta centavos, moneda nacional). DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Por otra parte, téngase como su autorizado con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Malpica Vázquez, asimismo, se le tiene señalando como correo electrónico y número telefónico, los que menciona en su escrito aclaratorio, con la finalidad de establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario por esa vía, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por el similar 92021, con relación al periodo de vigencia. Sin embargo, no ha lugar a acceder a la petición relativa a la remisión de notificaciones del presente expediente, al correo electrónico que refiere, pues como ya se dijo, la finalidad de tener por señalado dicho correo es únicamente para establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario por esa vía. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese personalmente a la tercero interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y cúmplase.
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