Miguel Angel Solis Esparza
Expediente 1043/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Angel Solis Esparza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 263/2021 signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 11049/2021-V-B, así como del anexo consistente en los autos originales del toca ***de su índice. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el dieciséis de abril del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en las constancias originales del toca 99/2020, que la Magistrada Tercera y Presidente de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió junto con su informe justificado; por tanto, devuélvase el mismo a la nombrada autoridad responsable, y pídasele el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con nueve minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con el informe justificado rendido por la Magistrada Tercera y Presidente de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mismo que se puso a la vista con conocimiento de las partes. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos y por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la responsable. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta al Juez con las pruebas documentales remitidas por la Magistrada Tercera y Presidente de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, junto con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara CERRADO ESTE PERÍODO. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS se da cuenta con el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintiuno signado por David Malpica Vázquez, apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral tercera interesada "FINANCIERA ARSESA", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, cuya promoción fue registrada con el número 4143, con el cual formuló diversas manifestaciones en vía de alegatos. A lo que el Juez acuerda: ténganse por presentados los alegatos de cuenta de la parte tercera interesada, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver; con lo anterior, el Juez declara CERRADO EL PERÍODO DE ALEGATOS. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar ni pedimento formulado por la representación social, el Juez da por concluida y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1043/2020-V-B, promovido por MIGUEL ÁNGEL SOLÍS ESPARZA, contra los actos que reclama a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, la cual por razón de turno correspondió conocer el día cinco de noviembre siguiente, a este Órgano de Control Constitucional, compareció MIGUEL ÁNGEL SOLÍS ESPARZA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento al requerimiento de seis de noviembre de dos mil veinte, por auto de veintitrés de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó previamente registrada bajo el número 1043/2020-V-B; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se precisan de la siguiente manera: En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de veintiuno de septiembre de año dos mil veinte dictada por la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en los autos del toca marcado con el número 99/2020, relativo a la Excepción de Incompetencia por Declinatoria de Jurisdicción, opuesta en su escrito de contestación de demanda. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó, por conducto de su Magistrado Presidente, al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, motivo por el cual deberá negárse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. Que Munir Alejandro García Farías, apoderado del tercero interesado Financiera Arsesa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Investigaciones MKT, Sociedad Anónima de Capital Variable, Mariel Jesús Camelo y Miguel Ángel Solís Esparza, de quienes reclamó el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, (fojas 1 a 53 del anexo). 2. Por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite la demanda de referencia, misma que registro bajo el número de expediente 611/2018, de su índice, (fojas 54 y 55 del anexo). 3. Mediante escrito de dieciocho de febrero de dos mil veinte, el demandado aquí quejoso Miguel Ángel Solís Esparza, dio contestación a la demanda interpuesta en su contra e hizo valer las excepciones que en su escrito indicó, (fojas 199 a 212 del anexo). 4. Por auto de dos de marzo de dos mil veinte, la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, tuvo a la demandada contestando en tiempo la demanda, y en virtud de que había hecho valer la excepción de incompetencia por declinatoria, ordenó remitir al Tribunal Superior de Justicia del Estado, copia certificada del juicio de origen, para su substanciación, (fojas 214 y 125 del anexo). 5. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veinte, la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo por recibidas las copias certificadas del expediente 611/2018; siendo que el dos de septiembre siguiente, citó a las partes para oír la sentencia definitiva, respecto a la excepción de incompetencia citada, (fojas 217 a 219, del anexo). 6. Mediante resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por el demandado aquí quejoso, declarándola improcedente, (fojas 221 a 226 del anexo). Dicha resolución, constituye el acto reclamado. Ahora bien, en sus conceptos de violación el quejoso alega que la responsable viola en su perjuicio sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, comprendidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, puesto que indebidamente declara improcedente la excepción de incompetencia planteada, sin tomar en consideración lo establecido en los artículos 1092, 1093 y 1094 fracción III del Código de Comercio, de donde se desprende claramente que la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, no es competente para conocer del procedimiento, por no encontrarse en alguno de los supuestos descritos en dichos numerales, pues no hubo sometimiento expreso de designar a Juez alguno para conocer de las controversias que se suscitaran con el crédito concedido. Tales argumentos se estiman inoperantes por las consideraciones siguientes. Cabe señalar que los conceptos de violación deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o "petitum" al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas. La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida. Por tal motivo, si el quejoso se limitó a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas, o sin sustento o fundamento, es evidente que tales conceptos de violación a la postre, resultan inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir. Además, si bien es cierto que nuestro Tribunal Supremo ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. Pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el motivo por el cual estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. De ahí que el suscrito califique como inoperantes esos conceptos de violación hechos valer por el promovente, ya que con tales argumentos no ataca frontalmente los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse, pues los mismos son ambiguos y superficiales, ya que no realiza razonamiento alguno que controvierta lo decidio por la responsable, capaz de ser analizado. Es decir, no combatió todas las consideraciones torales que sirvieron de sustento a la autoridad responsable para emitir la resolución que constituye el acto reclamado, como son: Que si bien el litigio de que se trata se rige por leyes de carácter federal, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 53 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene que cuando en los asuntos sólo se afecten intereses particulares, quedará a elección del actor someter su controversia a un Juez Federal o bien a los jueces y tribunales del orden común de los Estados, esto es, como "jurisdicción concurrente". Que en el caso, al tratarse de un juicio ejecutivo mercantil en el que figura, como parte actora la persona moral "Financiera Arsesa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, también conocida como "Financiera Arsesa", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, igualmente conocida como "Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; y como parte demandada, la persona moral "Investigaciones MKT", Sociedad Anónima de Capital Variable, como deudora principal y Mariel Jesús Camelo y Miguel Ángel Solís Esparza como avales; los cuales no representan a los intereses del Estado, sino los suyos propios, entonces, sólo afectan intereses particulares. Por tanto resulta ser de jurisdicción concurrente, por lo que se actualizaba la facultad del actor de elegir a los jueces locales para dirimir su reclamo. Que si en el título de crédito de base, las partes convinieron como lugar de pago esta ciudad de Mérida y la parte actora acudió ante la oficialía departes de esta ciudad, resultaba evidente que eligió a la autoridad del orden común con sede en esta ciudad para dirimir la controversia. Que la facultad para elegir al órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto, es exclusiva de la parte actora y no de la demandada, tal y como fue expresado por la norma constitucional y que además así fue pactado expresamente en el pagaré base de la acción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XVI, Diciembre de dos mil dos, tesis 1a./J. 81/2002, en la página sesenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185425, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." De ahí que las consideraciones hechas por la responsable deben subsistir sosteniendo el fallo combatido, con independencia de su legalidad o ilegalidad, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no darse alguna de las hipótesis del numeral 79 de la ley de materia. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página veintisiete, Cuarta Parte, Volumen CXXVI, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, con número de registro 269435, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MIGUEL ÁNGEL SOLÍS ESPARZA, contra los actos que reclama a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que de una revisión de las constancias que integran el presente asunto se advierte que por proveído de veinticinco de marzo pasado, compareció */**, apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral "*** ", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en su carácter de parte tercera interesada en este asunto; sin embargo, de autos se desprendió que la citada parte tercera interesada aún no se encontraba emplazada a juicio, por lo que, se comisionó al actuario de la adscripción a efecto de que procediera a su emplazamiento, sin que a la presente fecha obre en autos la constancia de notificación relativa. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan las once horas con nueve minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Miguel Angel Sanguino Pech1280/2018
- Miguel Angel Santana Medina252/2018
- Miguel Angel Sarabia Martin960/2017
- Miguel Angel Sarabia Martin819/2018
- Miguel Angel Sarlat Flores8/2019
- Miguel Angel Sebastián Hernández1515/2019
- Miguel Angel Soto Sosa1473/2021
- Miguel Angel Tamayo Poot1310/2021
- Miguel Angel Tapia Brito452/2019
- Miguel Angel Toraya Diaz2564/2022
- Miguel Angel Toraya Ponce908/2021
- Miguel Angel Torres Javier753/2019