Miguel Angel Sarabia Martin
Expediente 960/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Angel Sarabia Martin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veinticinco de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a ambas partes el veintiséis de enero siguiente; posteriormente, el tercero interesado Ariel Jesús Vales Son y el quejoso Miguel Ángel Sarabia Martín, mediante proveídos de treinta de enero y uno de febrero del año actual, respectivamente, se tuvieron por presentados sus escritos con los que desahogaron la vista que se les dio, respecto al cumplimiento de la autoridad responsable. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones de la parte quejosa y tercero interesada, y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se sobreseyó respecto al acto reclamado a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mientras que en el segundo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente: "... que el Fiscal Investigador Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad... agote todas las diligencias que estime necesarias para la investigación de los hechos denunciados, a fin de calificar si se está en presencia o no de un hecho previsto en la ley como delito, y resuelva lo procedente con libertad de jurisdicción en la carpeta de investigación número M3/310/2015." Posteriormente, por auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la fiscal responsable, mediante oficio de veintitrés de enero del año en curso, informó que el veintidós del propio mes y año, dictó resolución en la carpeta de investigación M3/310/2015, decretando el no ejercicio de la acción penal a favor de Ariel Jesús Vales Son, por la comisión de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad y falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada, a agotar todas las diligencias que estimara necesarias para la investigación de los hechos denunciados, calificar si se estaba en presencia o no de un delito, y con libertad de jurisdicción, resolviera lo procedente en la carpeta de investigación en cita. Lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones a las que se contraen la parte tercero interesada y quejosa en sus escritos, con los que desahogaron la vista de cumplimiento que se les dio por auto de veinticinco de enero del año en curso. Pues en cuanto a la primera de las citadas, expone su conformidad con el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria e indica que no tiene oposición respecto del mismo. Y por lo que hace a la segunda, resultan inatendibles las manifestaciones que hace en torno a la ilegalidad de la determinación de no ejercicio de la acción penal, ya que a su parecer no se realizaron todas las diligencias necesarias, pues como ya quedó precisado en líneas precedentes, los efectos por los que se concedió el amparo fueron: 1. Para que el órgano investigador responsable, agotara todas las diligencias que estimara necesarias para la investigación de los hechos denunciados; y, 2. Con libertad de jurisdicción, resolviera lo conducente. Lo que así realizó, por lo que resulta suficiente para considerar cumplida la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente asunto. Ahora bien, la circunstancia de que lo resuelto por la autoridad investigadora responsable en dicha resolución pudiera resultar antijurídico por una indebida aplicación o interpretación de la ley, por no haberse aplicado una disposición normativa cuando era necesario aplicarla o porque se aplicó sin serlo, tampoco podría dar lugar a no tener por cumplida la sentencia ejecutoria, pues no podría ser materia de análisis al resolver sobre esto, por no ser la vía conducente para ello. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario civil 862/2014, que la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... MÉRIDA, YUCATÁN, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veinticinco de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a ambas partes el veintiséis de enero siguiente; posteriormente, el tercero interesado Ariel Jesús Vales Son y el quejoso Miguel Ángel Sarabia Martín, mediante proveídos de treinta de enero y uno de febrero del año actual, respectivamente, se tuvieron por presentados sus escritos con los que desahogaron la vista que se les dio, respecto al cumplimiento de la autoridad responsable. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones de la parte quejosa y tercero interesada, y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se sobreseyó respecto al acto reclamado a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mientras que en el segundo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente: "... que el Fiscal Investigador Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad... agote todas las diligencias que estime necesarias para la investigación de los hechos denunciados, a fin de calificar si se está en presencia o no de un hecho previsto en la ley como delito, y resuelva lo procedente con libertad de jurisdicción en la carpeta de investigación número M3/310/2015." Posteriormente, por auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la fiscal responsable, mediante oficio de veintitrés de enero del año en curso, informó que el veintidós del propio mes y año, dictó resolución en la carpeta de investigación M3/310/2015, decretando el no ejercicio de la acción penal a favor de Ariel Jesús Vales Son, por la comisión de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad y falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada, a agotar todas las diligencias que estimara necesarias para la investigación de los hechos denunciados, calificar si se estaba en presencia o no de un delito, y con libertad de jurisdicción, resolviera lo procedente en la carpeta de investigación en cita. Lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones a las que se contraen la parte tercero interesada y quejosa en sus escritos, con los que desahogaron la vista de cumplimiento que se les dio por auto de veinticinco de enero del año en curso. Pues en cuanto a la primera de las citadas, expone su conformidad con el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria e indica que no tiene oposición respecto del mismo. Y por lo que hace a la segunda, resultan inatendibles las manifestaciones que hace en torno a la ilegalidad de la determinación de no ejercicio de la acción penal, ya que a su parecer no se realizaron todas las diligencias necesarias, pues como ya quedó precisado en líneas precedentes, los efectos por los que se concedió el amparo fueron: 1. Para que el órgano investigador responsable, agotara todas las diligencias que estimara necesarias para la investigación de los hechos denunciados; y, 2. Con libertad de jurisdicción, resolviera lo conducente. Lo que así realizó, por lo que resulta suficiente para considerar cumplida la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente asunto. Ahora bien, la circunstancia de que lo resuelto por la autoridad investigadora responsable en dicha resolución pudiera resultar antijurídico por una indebida aplicación o interpretación de la ley, por no haberse aplicado una disposición normativa cuando era necesario aplicarla o porque se aplicó sin serlo, tampoco podría dar lugar a no tener por cumplida la sentencia ejecutoria, pues no podría ser materia de análisis al resolver sobre esto, por no ser la vía conducente para ello. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario civil 862/2014, que la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese al presente expediente el escrito signado por el quejoso **********, con el que desahoga la vista que se le dio mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. Al respecto, resérvese dicho escrito para ser valorado y tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese al presente expediente el escrito signado por el tercero interesado Ariel Jesús Vales Son, con el que desahoga la vista que se le dio mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. Al respecto, resérvese dicho escrito para ser valorado y tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase.
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