Miguel Ángel Sánchez Domínguez

Expediente 656/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
656/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Sánchez Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de junio de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo indirecto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que en el juicio se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. De igual forma, como lo dispone el artículo 21, párrafo tercero del acuerdo en comento, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto en el que se desechó la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Desechamiento. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por **** contra actos del Juez Segundo Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 656/2021-IX; asimismo se advierten los siguientes datos. Parte quejosa. **** Tercera interesada. No existe. Autoridades responsables: Juez Segundo Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Actos reclamados. El proveído del veinte de abril de dos mil veintiuno, por el que se determinó la no admisión del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en contra de la notificación de doce de mayo de dos mil veintiuno, realizada en el juicio de reconocimiento de paternidad 240/2018. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo presentada vía electrónica que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho consistente en que la tramitación electrónica no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXIII y 3° de la ley de la materia. Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 3°, 6°, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" De los preceptos reproducidos se advierte, en lo que interesa, que el artículo 3° de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, siempre que se haga uso de la denomina firma electrónica avanzada (FIREL), cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden, el Consejo de la Judicatura Federal, actuando en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidieron el Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el propio Consejo emitió el diverso Acuerdo General 12/2020, que en esencia refieren lo siguiente: A) El Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y, B) El Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece las reglas para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia material de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, del artículo 3º de la Ley de Amparo y de los Acuerdos Generales 1/2013 y 12/2020, se desprende, en esencia lo siguiente: 1. Que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. 2. Que a través de la Firma Electrónica Certificada es posible presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente, conviene destacar el contenido de los artículos 3, fracciones I y V, y 45, del referido Acuerdo General 12/2020, que establecen lo siguiente: "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios; (.) V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa." "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." De los preceptos transcritos se desprende que todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica, la cual producirá los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Este requisito encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben cumplir las demandas de amparo indirecto y que, en algunos casos, exige su cumplimiento mediante una narración o señalamiento de hechos o abstenciones, bajo protesta de decir verdad, pues de incurrirse en falsedad, el promovente podría hacerse acreedor a las sanciones previstas en el diverso numeral 261, fracción I, de la propia Ley de Amparo. Con base en lo anterior y de acuerdo con el principio previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo indirecto se sigue a instancia de parte agraviada; es decir, a solicitud de aquella persona física o moral que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; solicitud que podrá realizar por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la citada ley. En efecto, para promover el juicio de amparo, el quejoso debe presentar por escrito su voluntad de excitar a los órganos jurisdiccionales encargados de llevar a cabo el control de constitucionalidad de los actos que señala como reclamados, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica, en cuyo caso deberá plasmar su voluntad a través de la Firma Autógrafa de la persona que suscriba el escrito de demanda de amparo (quejoso, representante legal, apoderado o cualquier persona en los casos especialmente previstos); o bien, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), documento de identidad que produce los mismos efectos que la referida firma autógrafa. Todo lo anterior, conduce a este órgano jurisdiccional a concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando no obra en el escrito de demanda -ordinario o electrónico- la manifestación expresa del quejoso que permita advertir que es su voluntad promover la acción constitucional, en términos de los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. Ahora, es menester precisar que la posibilidad de promover por vía electrónica el juicio de amparo no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL, con los mismos efectos jurídicos que las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando un quejoso presenta una demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pero ésta carece de su firma electrónica (FIREL), no se corrobora la voluntad del impetrante de promover; toda vez que la falta de su firma electrónica indica que no hay instancia de parte del quejoso y, por ende, el Juez está facultado para desecharla de plano. Caso concreto. En el caso concreto, la demanda presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación carece de firma electrónica del impetrante, por lo cual no es posible constatar la voluntad de la parte quejosa de promover el presente juicio de amparo. Lo anterior, en tanto que ninguna persona ajena al agraviado o a su representante legal, tiene la facultad de presentar la demanda de amparo a través de la modalidad "en línea", puesto que el ejercicio de instaurar la acción de amparo se reserva al impetrante o quien ostente legalmente su representación. De esa manera, debido a que en la especie la demanda de amparo presentada en línea, no contienen la firma electrónica avanzada (FIREL) del quejoso, es indudable que no existe evidencia de la expresión del promovente para accionar el presente sumario constitucional. No se soslaya que en la última hoja de la demanda relativa al juicio de amparo 656/2021-IX se aprecie que se digitalizó una firma autógrafa que se atribuye al quejoso Miguel Ángel Sánchez Domínguez; sin embargo, debe recordarse que al ser enviada vía electrónica, ésta debe contener una firma electrónica avanzada para considerar que el promovente expresó su voluntad de instaurar la acción constitucional. Ahora, debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º de la Ley de Amparo, la presentación del escrito de demanda puede presentarse tanto de manera impresa como electrónica; empero, si la promovente opta por hacerlo en la modalidad de "juicio en línea", el requisito que en todo momento debe observar es el empleo de su propia firma electrónica o la de su representante legal, lo que en el caso no acontece. Máxime que la demanda no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción a que hace referencie el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3° y 6° del mismo ordenamiento legal y del diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es DESECHARLA DE PLANO. Sirve de fundamento, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." .... Por otro lado, este órgano jurisdiccional no es indiferente ante la problemática que se ha suscitado para la obtención de la FIREL, en el sentido de que las citas para tal efecto se encuentren suspendidas; sin embargo, del artículo 71 del referido Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En esa virtud, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria y el Poder Judicial de la Federación celebraron un convenio el ocho de diciembre de dos mil catorce, en el que se estableció la opción de acceder al Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal mediante la FIEL expedida por el SAT, se estima que la justiciable pudiera encontrarse en aptitud de presentar su demanda en línea a través de la firma electrónica de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunado a lo anterior, se hace del conocimiento a la parte quejosa que en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible la aplicación web (App) denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, la cual tiene por finalidad tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual necesitará iniciar el proceso desde el portal wwww.firel.pjf.gob.mx; y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU. Por tanto, se estima que la parte quejosa no se ubica en un estado de indefensión o de imposibilidad para promover en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Domicilio. Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio que precisa el quejoso en su demanda de amparo. Autorizados: Se tiene como autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Ramón López González, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Álvaro Segovia Cruz, Luis Ricardo Velázquez Fernández, Erick Roberto Limón Mejía, Paul Jhonatan Varillas Tepanecatl, Jonathan Morales Flores y Marco Antonio Huerta Martinez, al no existir registro de su cédula profesional en el referido sistema. Mejora de comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma conocimiento del teléfono que proporciona la promovente, a fin de mejorar la comunicación -no procesal-. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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