Miguel Ángel Sánchez Domínguez
Expediente 1639/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1639/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 05/12/2019
Partes del expediente
- Miguel Ángel Sánchez Domínguez
- Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Se declara cumplida la sentencia. Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la tercera interesada -en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-, se le tiene dando cumplimiento a la vista otorgada en auto del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, y atendiendo a que el resto de las partes no realizó manifestación alguna respecto a la aludida vista, este órgano de control constitucional procede al análisis del cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en este juicio con base en los elementos que obran en el mismo; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. *** En relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Juez responsable dejara insubsistente la interlocutoria del siete de agosto de dos mil diecinueve, y en su lugar emitiera otra en la que reiterara la necesidad de desahogar oficiosamente la prueba pericial en genética, y modificara el auto del veintitrés de mayo del presente año, a fin de que de que se otorgara el plazo de tres días al quejoso para que manifestara su voluntad o no de someterse a la toma de muestras, apercibiéndole que de negarse operaría la presunción de certeza prevista en el artículo 701 de la ley adjetiva civil, la cual también aplicaría para el caso de que aceptara realizar la prueba y no se presentare para su desahogo, y la Juez responsable dictó la resolución del veintidós de noviembre de este año en la que precisamente realizó lo anterior, es evidente que acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia amparadora, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. *** Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la tercera interesada -en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-, se le tiene dando cumplimiento a la vista otorgada en auto del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, y atendiendo a que el resto de las partes no realizó manifestación alguna respecto a la aludida vista, este órgano de control constitucional procede al análisis del cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en este juicio con base en los elementos que obran en el mismo; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. .96. Por otra parte, ante lo fundado del concepto de violación señalado en la parte final del punto considerativo que antecede, se impone conceder la protección constitucional para los efectos siguientes: 1) Que la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente la interlocutoria del siete de agosto del dos mil diecinueve, dictada en el juicio de reconocimiento de paternidad ***; 2) En su lugar, emita otra en la que reitere la necesidad de desahogar la prueba pericial en genética, dada la naturaleza de la acción que se intenta en el juicio de origen, pero modifique el auto recurrido del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, a fin de ordenar dar vista al demandado quejoso por el plazo genérico de tres días con notificación personal, a fin de que se pronuncie sobre su voluntad de someterse o no a la toma de muestras necesarias para el desahogo de dicha prueba, haciendo de su conocimiento la prevención que establece el artículo 701, párrafo último, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, esto es, que si su respuesta es en sentido negativo operará la presunción legal de ser ciertos los hechos que se pretenden demostrar con esa prueba. 97. En la inteligencia que, como se dijo en la parte final del punto considerativo que precede, la juez responsable podrá hacer efectivo dicho apercibimiento aun cuando el demandado hubiera aceptado someterse a la toma de muestras, pero deje de asistir injustificadamente a la diligencia relativa, pues dicha conducta procesal también evidencia una negativa y obstaculización para su desahogo, que de manera evidente, puede ser sancionable con la presunción de ser ciertos los hechos que se le atribuyen. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio 6230, recibido en este juzgado el veinticinco de noviembre del presente año, la Juez Segundo de lo Familiar del distrito Judicial de Puebla remitió copia certificada de la interlocutoria del veintidós de noviembre siguiente, de la que se desprende lo siguiente: 1. Se dejó insubsistente la resolución del siete de agosto de dos mil diecinueve, referente al recurso de reclamación interpuesto por el quejoso en contra del auto del veintitrés de mayo del año en curso, dictado en el juicio de reconocimiento de paternidad ***, y procedió a dictar una nueva interlocutoria. 2. En ese contexto, en primer término la autoirdad estableció que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, 229, 243, 293, 677, fracción VI, del código procesal civil aplicable -los cuales transcribe- se desprende la facultad legal oficiosa del juzgador para allegarse de los medios de prueba necesarios para resolver la controversia que se susciten en materia familiar, por lo que era factible que se decretara el desahogo de la prueba pericial en genética al ser un método idóneo para establecer las relaciones de paternidad y filiación, pues considerar lo contrario haría nugatorio el derecho a la identidad del menor. 3. Además, que la suplencia en la gestión de la prueba tiene como sustento el interés superior del menor, por lo que no le puede deparar perjuicio al recurrente la orden de desahogar la prueba de referencia. 4. Que la incorrecta denominación de la prueba sólo se trata de un error mecanográfico, aunado a que en el propio acuerdo se precisó su denominación correcta ácido desoxirribonucleico, entre paréntesis. 5. Finalmente, expuso que el acuerdo controvertido carecía de una debida fundamentación, ya que si bien la prueba en genética era idónea para conocer la verdad sobre el tema de la paternidad, el recurrente contaba con el derecho de negarse a que se le tomaran las muestras de sangre respectivas, por tratarse de un ejercicio de su derecho a la privacidad y libre determinación de su cuerpo, y de optar por esa opción operaría la presunción de certeza de la paternidad, en términos del artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, la cual también se actualizaría si aceptara realizarse la prueba y al final no se presentara a la toma de muestras. 6. En consecuencia, determinó modificar el auto del veintitrés del mayo de dos mil diecinueve, reiterando la parte relativa al desahogo oficioso de la prueba pericial el genética, pero requiriendo al quejoso para que en el plazo de tres días manifestara si era su voluntad o no de colaborar con la toma de muestras para el desahogo de la prueba en comento, apercibiéndolo que de ser negativa su respuesta o de no comparecer a la diligencia respectiva para el desahogo, se tendrían por ciertos los hechos que se pretenden acreditar. A la documental anterior se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Juez responsable dejara insubsistente la interlocutoria del siete de agosto de dos mil diecinueve, y en su lugar emitiera otra en la que reiterara la necesidad de desahogar oficiosamente la prueba pericial en genética, y modificara el auto del veintitrés de mayo del presente año, a fin de que de que se otorgara el plazo de tres días al quejoso para que manifestara su voluntad o no de someterse a la toma de muestras, apercibiéndole que de negarse operaría la presunción de certeza prevista en el artículo 701 de la ley adjetiva civil, la cual también aplicaría para el caso de que aceptara realizar la prueba y no se presentare para su desahogo, y la Juez responsable dictó la resolución del veintidós de noviembre de este año en la que precisamente realizó lo anterior, es evidente que acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia amparadora, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. No es obstáculo para llegar a la conclusión anterior las manifestaciones de la tercera interesada formuladas en su escrito de cuenta, en donde expresa que al modificar el ato del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en la parte relativa al desahogo de la prueba pericial el genética, se hizo referencia a su menor hijo con las iniciales I.A.O.Z. siendo las correctas L.A.O.Z, aunado a que no se plasmó correctamente el nombre de la dependencia encargada de desahogar la prueba; sin embargo, en primer término debe destacarse que lo relativo al desahogo oficiosa de la prueba en comento no fue materia de modificación en la sentencia de amparo, pues incluso se determinó reiterar esa cuestión, por lo que no pueden ser un tema que impida declarar cumplido el fallo protector. Además, las divergencias que se aducen constituyen un mero error mecanográfico que no afectan el la legalidad del proveído. En efecto, para determinar si en alguna actuación se está en presencia de un error mecanográfico es menester atender a las reglas de la lógica, la sana crítica, las experiencias y las peculiaridades del caso concreto, para así determinar si existen elementos suficientes que así permitan concluirlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.4o.A.16 A, sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 2012, tomo XXV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2007, que dice: ACTA DE VISITA DOMICILIARIA. LA CITA EN ÉSTA DE UN NÚMERO DIFERENTE DE LA FINCA DONDE SE UBICA EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE NO GENERA SU NULIDAD, SI EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ESTABLECER QUE SE TRATA DE UN ERROR MECANOGRÁFICO. Es posible que el juzgador ejerza su facultad para determinar si un dato mal asentado en una actuación de autoridad fiscal se trata de un error mecanográfico, siempre y cuando, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a las máximas de la experiencia, tomando en cuenta las peculiaridades de cada caso, pueda determinarse que existen elementos para concluirlo cuidando, sobre todo, que el dato mal asentado no sea un elemento esencial que pueda afectar las defensas del contribuyente. En esa medida, el error en la cita del número de finca donde se ubica el domicilio del contribuyente, asentado en el cuerpo del acta de visita respectiva (verbigracia haber puesto 4027 en lugar de 2047) no genera la nulidad de esa actuación, si existen elementos suficientes para determinar que se trata de un mero error mecanográfico, como puede ser la cita correcta del domicilio respectivo en el encabezado de la propia acta o en diversas actuaciones, tales como la orden de visita y actas levantadas con posterioridad pero relativas a la misma visita o inclusive si la visita se entendió personalmente con el contribuyente, quien firmó de conformidad. Ahora, en el caso que nos ocupa se aprecia que la quejosa expresa que el nombre de su menor hijo tiene las iniciales L.A.O.Z., pero en el auto que se modificó en el juicio natural derivado de la concesión del amparo se plasmaron las iniciales I.A.O.Z., entonces, como puede verse la divergencia únicamente estriba en la primera letra, pero se desconoce si la diferencia es relativa al cambio de una letra mayúscula por minúscula o de una L por una i, por lo de que de primera mano no puede afirmarse que se haya cambiado el nombre del menor, pero más allá de esa circunstancia en las actuaciones del juicio de origen obra el nombre correcto del niño, por lo que si se hubiera cambiado una letra del nombre en el acuerdo se podría advertir fácilmente que se trata de un error mecanográfico. Asimismo, en cuando a la variación del nombre de la dependencia encargada del desahogo de la prueba pericial, únicamente diverge en la frase "Directora General", pues en el acuerdo solo se denominó Instituto de Ciencias forenses de la Fiscalía General de Estado, por lo que no puede estimarse que se traten de autoridades distintas, aunado a que en el oficio que se elabore se podría detallar esa cuestión. Entonces, las alegaciones la tercera interesada se considera que se refieren a meros errores mecanográficos que no afectan la legalidad del acuerdo del veintitrés de mayo del presente año ni del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Es aplicable, por analogía, la diversa tesis XLVIII/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 69, tomo VII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 1998, que dice: ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto." Finalmente, no se soslaya que la tercera interesada también manifiesta que para evitar confusiones debe precisarse que subsiste del desahogo del resto de los medios probatorios en el juicio natural; sin embargo, ese tema no se dilucidó en el juicio de amparo, pues en este solo se combatió la interlocutoria referente a la reclamación interpuesta en contra de la parte del auto del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve en que se ordenó el desahogo de una prueba pericial en genética, por lo que no es posible integrar temas al cumplimiento de la sentencia de amparo que no fueron parte de la litis constitucional. Entonces dado que los argumentos de la tercera interesada no impiden declarar el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la presente determinación para que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación, puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el que remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la resolución pronunciada el veintidós de noviembre de la presente anualidad, en el juicio de reconocimiento de paternidad *** de su índice, de lo que éste juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista con cumplimiento. Agréguese el oficio y anexo remitidos por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el cual manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y al efecto remite copia certificada de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve emitida en el juicio ordinario de reconocimiento de paternidad 240/2018 de su índice. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, en el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio registrado con el folio 27028 y anexo, consistente en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve dictada en el juicio ordinario de reconocimiento de paternidad 240/2018 del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como a la parte tercera interesada y por oficio al representante especial del menor.
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