Miguel Angel Rodriguez

Expediente 1100/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1100/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de tres de agosto de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Escrito de la parte quejosa sin mayor acuerdo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ***a través del cual formula alegatos y ofrece pruebas; sin que resulte oportuno realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós, se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de agosto de dos mil veintidós. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del contenido de la contestación que recayó a su petición, es decir, por el oficio DPSH/0855/2022 de veintisiete de junio de dos mil veintidós. En ese sentido, tomando en consideración que el aludido acuerdo le fue notificado personalmente a la parte quejosa el seis de julio de dos mil veintidós y surtió sus efectos el siete siguiente, el plazo para desahogar el citado requerimiento transcurrió del ocho al veintiocho de julio de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna respecto a la vista ordenada; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, por lo que no se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto del referido oficio DPSH/0855/2022. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Bajo esa perspectiva, resulta oportuno precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte la siguiente litis: Parte quejosa. Miguel Ángel Rodríguez, por derecho propio. Tercero interesado. No existe. Autoridad responsable. Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Estado de Puebla. Acto reclamado: La omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, por el que se solicitó el motivo, justificación, causas y fundamento legal de la negativa de otorgamiento de pensión por viudez derivado del fallecimiento de su cónyuge, Sandra Aguilera Arriaga. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En ese entendido, es necesario reiterar que la parte quejosa reclama la omisión de acordar la petición presentada el veintisiete de abril del año en curso ante la autoridad responsable. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que mediante oficio DPSH/0855/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio contestación a la petición planteada por la parte quejosa. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de acordar la petición presentada por la parte quejosa el veintisiete de abril de dos mil veintidós, es claro que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Además, es preciso destacar que la parte quejosa optó por no controvertir vía ampliación de demanda el oficio DPSH/0855/2022, a pesar de que se le requirió expresamente para tal efecto. Bajo ese panorama, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído dictado el dieciséis de junio de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio federal en la que se concedió la protección constitucional solicitada para los siguientes efectos: Que las autoridades responsables gestionen y ordenen que le sea aplicado a la menor I.L.O el esquema completo de vacunación contra la COVID19 de la marca Pfizer-BioNtec, en las fechas respectivas de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna o, de ser el caso, de cualquier otro biológico, siempre y cuando cuente en ese momento con autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para su aplicación al grupo etario al que pertenece la solicitante del amparo; en el entendido que el sitio designado deberá contar con todas las medidas sanitarias que sean necesarias para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2. Lo anterior, previo consentimiento informado sobre la existencia de algún riesgo colateral que eventualmente pudiera derivar de la aplicación de la vacuna, los cuales deberán ser informados por la autoridad sanitaria que corresponda; todo lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de quien promovió en favor del menor la demanda de amparo. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo, se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio." Por lo tanto, por medio del auto en mención se requirió a las autoridades responsables para dar cumplimiento a los efectos precitados; sin embargo de autos se advierte que no se han pronunciado al respecto a pesar del apercibimiento decretado por este juzgado federal. Requerimiento. Atento a lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, Secretario de Salud del Gobierno Federal y al Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud, para que: En el plazo de tres días, remita las constancias que acrediten que se encuentran realizando las gestiones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria del presente asunto. Apercibimiento. En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en el auto en que se declaró firme la sentencia y se inició la etapa de ejecución. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

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