Miguel Ángel Román Ramos y Otros.

Expediente 332/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
332/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Román Ramos y Otros.
  • Miguel Ángel Román Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 332/2018-II. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo a este juzgado, la demanda promovida por **, ** y **. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quien reclamaron: a) la negativa a declarar cerrado el plazo de investigación por ministerio de ley conforme al último párrafo del artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales a pesar de haber transcurrido el plazo máximo de 6 meses ya que el plazo de investigación el 17 (sic) de noviembre del 2018 y feneció el día 17 de mayo del 2018 conforme a los artículos 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales (Fecha en que la autoridad responsable se negó a declarar cerrado el plazo de investigación en audiencia de fecha 23 de mayo del 2018). B) La ampliación del plazo de investigación concedida al Ministerio Publico excediendo el plazo de seis meses contemplado en los artículos 312, segundo párrafo y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales por un plazo incierto ya que concedió una prórroga de dos meses más a partir de que se resuelva un amparo que no se sabe la fecha cierta de cuándo se resolverá dejando abierta la investigación por todo el tiempo que dure en resolverse el amparo y dos meses más después de que se resuelva el juicio de amparo. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, apartado B, fracción VII y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 332/2018 y se previno a la parte quejosa para que la aclarara; enseguida, el cinco de junio siguiente, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos: El acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal 2776/2017, del índice de la responsable, en el que la Juez de Control autorizó la ampliación del plazo de investigación concedida al Ministerio Público, por dos meses adicionales, contados a partir de que se resolviera -en definitiva- diverso juicio de amparo, que también fue promovido por los aquí quejosos. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que se emitió en la causa penal 2776/2017. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió transcripción certificada del auto impugnado, así como registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de la audiencia respectiva, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado determina que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Respecto de esta causal de improcedencia que se invoca de oficio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y expuso que en la diversa jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno se había concluido que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por tanto, estimó el Máximo Tribunal, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Amén de que, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación la dedujo el Pleno de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos". Lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, el Máximo Tribunal concluyó que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no podía seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debía prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los cuales: "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se hace referencia, es del rubro siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que, como lo estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J.6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. En la especie, de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad en el ocurso de demanda, los conceptos de violación, así como del contenido del informe justificado, se advierte que los hoy quejosos fueron vinculados a proceso, en el juicio de origen, por su probable participación en hechos constitutivos del delito de homicidio (agravado y calificado); que se fijó un plazo para la investigación de seis meses; que dentro de las pruebas que se admitieron en la causa penal, se encuentra la pericial en genética que se practicará en la persona de los quejosos; que el diecisiete de mayo del actual, la Juez citó a las partes a la audiencia en la que se debatiría sobre la prórroga del plazo de cierre de investigación complementaria; asimismo, que el veintitrés de mayo inmediato siguiente, la Juez otorgó una prórroga de dos meses -contado a partir de que se resolviera el juicio de amparo en el que se impugnó la admisibilidad de esa probatura- para desahogar el aludido medio de prueba; siendo el aludido acuerdo el acto reclamado en el presente juicio, el cual tuvo por efecto la ampliación del plazo de investigación y, por efecto natural, la abstención de cerrar esa etapa. De esta manera, el acuerdo reclamado no puede considerarse como de aquellos cometidos dentro de juicio, que sean susceptibles de causar en las personas o sus cosas un efecto que sea de imposible reparación, ya que no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo, sobre los ahora quejosos. Esto es así, porque el acto que por esta vía se pretende combatir, se refiere a cuestiones eminentemente procesales, que se ejecutaron dentro del proceso penal que se les instruye. De esta manera, el acto reclamado no debe ser considerado como de aquellos dictados en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyas secuelas no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; antes bien, la ampliación del plazo de investigación para que se recabe una de las pruebas que se pretende desahogar en juicio, se refiere a una cuestión eminentemente de carácter procesal, contra la que resulta improcedente el juicio de amparo. Así se sostiene, cuenta habida que la afectación que, en su caso, pudiera tener verificativo, se materializará hasta el momento en que el Juez Penal resuelva de manera definitiva el juicio del cual deriva el acto reclamado, a través del procedimiento abreviado -si es que se opta por él-; o bien, cuando se ordene la apertura del juicio oral, y una vez substanciados dichos procedimientos se advierta si la autorización de prorrogar el plazo del cierre de la investigación dentro de la causa penal génesis de este asunto, a fin de recabar el medio de convicción que se comenta, afectó las defensas de los quejosos y trascendió al resultado del fallo, caso en el cual y de ser procedente, estará en aptitud de hacer valer los recursos que establezca la ley del acto o los extraordinarios como el juicio de amparo. Por tanto, mientras lo anterior no suceda, el acto aquí reclamado -consistente en la ampliación del plazo del cierre de la investigación dentro de la causa penal aludida, con el propósito de desahogar la prueba pericial que implica la toma de muestra de fluido de saliva de la cavidad bucal de los imputados, la cual fue impugnada en diverso juicio de amparo- sólo produce efectos de carácter procesal, que no genera una afectación de imposible reparación al momento de su emisión para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues como se advierte, en el presente asunto, aun no se dicta el auto de apertura a juicio oral o sentencia definitiva en el procedimiento abreviado, lo que impide a este Juzgado de Distrito el estudio de posibles violaciones procesales, máxime que en contra de esta última, podrá agotarse el recurso de apelación y ahí hacer valer las violaciones procesales de las cuales aquí se duele; y de persistir dichas violaciones, impugnarlo en la vía que corresponda, en términos de las reglas procesales que prevé la Ley de Amparo. Con ello, se procura que se continúe con el procedimiento penal, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimaran se hubieran cometido. Además, no debe soslayarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas, en el entendido que tales etapas persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones procesales, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la ampliación del plazo para el cierre de la investigación autorizada por la Juez de control, en la especie, sólo produce efectos procesales, pues sólo podría afectar el derecho a la defensa adecuada, si se realizan actos de investigación y/o en la audiencia intermedia se admiten pruebas que, a la postre, puedan llevar a concluir que el juicio se resuelva en forma desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, en este momento procesal, que el acto reclamado sea de imposible reparación. Este Juzgador no soslaya que, de las constancias de autos, se advierte que los quejosos se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, esa sola circunstancia no tiene por efecto hacer procedente el presente juicio. Esto es así, porque el plazo para el cierre de la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, dilucidado desde el principio de igualdad, es común tanto para el Ministerio Público como para el imputado y su defensor, al contar con las mismas posibilidades de allegarse de los datos (documentales, periciales, testigos, etcétera); por tanto, la ampliación del citado plazo tiene como propósito el esclarecimiento de la verdad, como una de las finalidades del proceso penal y, por esa razón, el transcurso del tiempo en el que se desarrolla no afecta en forma directa e inmediata la libertad de los quejosos, quienes se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, la cual se sujeta a disposiciones ajenas e independientes. En efecto, de conformidad con lo que establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público debe concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser, en la especie, mayor de seis meses, el cual se puede prorrogar, observándose los mismos límites máximos; mientras que, tratándose de la prisión preventiva, en ningún caso deberá ser superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado; de ahí que, en la especie, la ampliación del plazo de investigación no incide ni afecta en la libertad de los quejosos y, por ende, no es dable considerar que se esté afectando un derecho sustantivo con la emisión del acto reclamado. Sostener lo contrario y estimar que el sólo hecho de que los quejosos se encuentren bajo la medida cautelar de prisión preventiva, implicaría hacer procedente el juicio de amparo en contra de cualquier acto dictado en el proceso, por el simple hecho de que se encuentran privados de su libertad deambulatoria, lo que no es jurídicamente sostenible, conforme a las reglas que rigen la procedencia del juicio de amparo. En las apuntadas condiciones, la determinación reclamada se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento penal, que no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues el mismo es relativo a cuestiones netamente procesales, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; lo que impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, de Mayo de 2016, Tomo II, materias constitucional y común, página 1086, del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 332/2018, promovido por **, ** y **. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario es hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, que a la letra dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 332/2018-II. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo a este juzgado, la demanda promovida por **, ** y **. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quien reclamaron: a) la negativa a declarar cerrado el plazo de investigación por ministerio de ley conforme al último párrafo del artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales a pesar de haber transcurrido el plazo máximo de 6 meses ya que el plazo de investigación el 17 (sic) de noviembre del 2018 y feneció el día 17 de mayo del 2018 conforme a los artículos 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales (Fecha en que la autoridad responsable se negó a declarar cerrado el plazo de investigación en audiencia de fecha 23 de mayo del 2018). B) La ampliación del plazo de investigación concedida al Ministerio Publico excediendo el plazo de seis meses contemplado en los artículos 312, segundo párrafo y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales por un plazo incierto ya que concedió una prórroga de dos meses más a partir de que se resuelva un amparo que no se sabe la fecha cierta de cuándo se resolverá dejando abierta la investigación por todo el tiempo que dure en resolverse el amparo y dos meses más después de que se resuelva el juicio de amparo. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, apartado B, fracción VII y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 332/2018 y se previno a la parte quejosa para que la aclarara; enseguida, el cinco de junio siguiente, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos: El acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal 2776/2017, del índice de la responsable, en el que la Juez de Control autorizó la ampliación del plazo de investigación concedida al Ministerio Público, por dos meses adicionales, contados a partir de que se resolviera -en definitiva- diverso juicio de amparo, que también fue promovido por los aquí quejosos. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que se emitió en la causa penal 2776/2017. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió transcripción certificada del auto impugnado, así como registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de la audiencia respectiva, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado determina que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Respecto de esta causal de improcedencia que se invoca de oficio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y expuso que en la diversa jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno se había concluido que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por tanto, estimó el Máximo Tribunal, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Amén de que, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación la dedujo el Pleno de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos". Lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, el Máximo Tribunal concluyó que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no podía seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debía prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los cuales: "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se hace referencia, es del rubro siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que, como lo estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J.6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. En la especie, de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad en el ocurso de demanda, los conceptos de violación, así como del contenido del informe justificado, se advierte que los hoy quejosos fueron vinculados a proceso, en el juicio de origen, por su probable participación en hechos constitutivos del delito de homicidio (agravado y calificado); que se fijó un plazo para la investigación de seis meses; que dentro de las pruebas que se admitieron en la causa penal, se encuentra la pericial en genética que se practicará en la persona de los quejosos; que el diecisiete de mayo del actual, la Juez citó a las partes a la audiencia en la que se debatiría sobre la prórroga del plazo de cierre de investigación complementaria; asimismo, que el veintitrés de mayo inmediato siguiente, la Juez otorgó una prórroga de dos meses -contado a partir de que se resolviera el juicio de amparo en el que se impugnó la admisibilidad de esa probatura- para desahogar el aludido medio de prueba; siendo el aludido acuerdo el acto reclamado en el presente juicio, el cual tuvo por efecto la ampliación del plazo de investigación y, por efecto natural, la abstención de cerrar esa etapa. De esta manera, el acuerdo reclamado no puede considerarse como de aquellos cometidos dentro de juicio, que sean susceptibles de causar en las personas o sus cosas un efecto que sea de imposible reparación, ya que no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo, sobre los ahora quejosos. Esto es así, porque el acto que por esta vía se pretende combatir, se refiere a cuestiones eminentemente procesales, que se ejecutaron dentro del proceso penal que se les instruye. De esta manera, el acto reclamado no debe ser considerado como de aquellos dictados en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyas secuelas no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; antes bien, la ampliación del plazo de investigación para que se recabe una de las pruebas que se pretende desahogar en juicio, se refiere a una cuestión eminentemente de carácter procesal, contra la que resulta improcedente el juicio de amparo. Así se sostiene, cuenta habida que la afectación que, en su caso, pudiera tener verificativo, se materializará hasta el momento en que el Juez Penal resuelva de manera definitiva el juicio del cual deriva el acto reclamado, a través del procedimiento abreviado -si es que se opta por él-; o bien, cuando se ordene la apertura del juicio oral, y una vez substanciados dichos procedimientos se advierta si la autorización de prorrogar el plazo del cierre de la investigación dentro de la causa penal génesis de este asunto, a fin de recabar el medio de convicción que se comenta, afectó las defensas de los quejosos y trascendió al resultado del fallo, caso en el cual y de ser procedente, estará en aptitud de hacer valer los recursos que establezca la ley del acto o los extraordinarios como el juicio de amparo. Por tanto, mientras lo anterior no suceda, el acto aquí reclamado -consistente en la ampliación del plazo del cierre de la investigación dentro de la causa penal aludida, con el propósito de desahogar la prueba pericial que implica la toma de muestra de fluido de saliva de la cavidad bucal de los imputados, la cual fue impugnada en diverso juicio de amparo- sólo produce efectos de carácter procesal, que no genera una afectación de imposible reparación al momento de su emisión para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues como se advierte, en el presente asunto, aun no se dicta el auto de apertura a juicio oral o sentencia definitiva en el procedimiento abreviado, lo que impide a este Juzgado de Distrito el estudio de posibles violaciones procesales, máxime que en contra de esta última, podrá agotarse el recurso de apelación y ahí hacer valer las violaciones procesales de las cuales aquí se duele; y de persistir dichas violaciones, impugnarlo en la vía que corresponda, en términos de las reglas procesales que prevé la Ley de Amparo. Con ello, se procura que se continúe con el procedimiento penal, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimaran se hubieran cometido. Además, no debe soslayarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas, en el entendido que tales etapas persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones procesales, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la ampliación del plazo para el cierre de la investigación autorizada por la Juez de control, en la especie, sólo produce efectos procesales, pues sólo podría afectar el derecho a la defensa adecuada, si se realizan actos de investigación y/o en la audiencia intermedia se admiten pruebas que, a la postre, puedan llevar a concluir que el juicio se resuelva en forma desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, en este momento procesal, que el acto reclamado sea de imposible reparación. Este Juzgador no soslaya que, de las constancias de autos, se advierte que los quejosos se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, esa sola circunstancia no tiene por efecto hacer procedente el presente juicio. Esto es así, porque el plazo para el cierre de la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, dilucidado desde el principio de igualdad, es común tanto para el Ministerio Público como para el imputado y su defensor, al contar con las mismas posibilidades de allegarse de los datos (documentales, periciales, testigos, etcétera); por tanto, la ampliación del citado plazo tiene como propósito el esclarecimiento de la verdad, como una de las finalidades del proceso penal y, por esa razón, el transcurso del tiempo en el que se desarrolla no afecta en forma directa e inmediata la libertad de los quejosos, quienes se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, la cual se sujeta a disposiciones ajenas e independientes. En efecto, de conformidad con lo que establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público debe concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser, en la especie, mayor de seis meses, el cual se puede prorrogar, observándose los mismos límites máximos; mientras que, tratándose de la prisión preventiva, en ningún caso deberá ser superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado; de ahí que, en la especie, la ampliación del plazo de investigación no incide ni afecta en la libertad de los quejosos y, por ende, no es dable considerar que se esté afectando un derecho sustantivo con la emisión del acto reclamado. Sostener lo contrario y estimar que el sólo hecho de que los quejosos se encuentren bajo la medida cautelar de prisión preventiva, implicaría hacer procedente el juicio de amparo en contra de cualquier acto dictado en el proceso, por el simple hecho de que se encuentran privados de su libertad deambulatoria, lo que no es jurídicamente sostenible, conforme a las reglas que rigen la procedencia del juicio de amparo. En las apuntadas condiciones, la determinación reclamada se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento penal, que no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues el mismo es relativo a cuestiones netamente procesales, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; lo que impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, de Mayo de 2016, Tomo II, materias constitucional y común, página 1086, del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 332/2018, promovido por **, ** y **. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la que suscribe, Secretaria Encargada del Despacho, no está facultada para fallar en definitiva, de conformidad con el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las nueve horas con diez minutos del veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre el emplazamiento a la parte tercero interesada y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el treinta de julio pasado, se emplazó a juicio a los terceros interesados, tal como consta en el cuaderno de sigilo respectivo. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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