Miguel Ángel Silva Martínez
Expediente 930/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel Silva Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 930/2023-I-2, promovido por *** y; Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintinueve de septiembre del actual y turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, se recibió la demanda promovida por ***, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó las órdenes de aprehensión, detención, localización, citación y búsqueda, libradas en su contra, así como su ejecución. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió la demanda de amparo; se admitió a trámite la demanda, registrándose con el número 930/2023-I, del índice de este Juzgado de Distrito; asimismo, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Señala denominación correcta de autoridad. Mediante proveído de tres de octubre del año en curso, se requirió a la parte quejosa a fin de que corrigiera o aclarara el nombre de la autoridad que designó como responsable bajo la denominación Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, que indicó en la demanda. Atento a lo anterior, en auto de nueve del citado mes, la parte quejosa desahogo dicho requerimiento, precisando que el nombre correcto de la autoridad responsable es Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Zona Norte, por lo que en la misma fecha, le fue solicitado su informe justificado. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado tiene lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, la Jueza debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables las órdenes de aprehensión, detención, localización, citación y búsqueda, libradas en su contra, así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, los que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables la Jueza del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, Distrito Judicial Bravos, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplementación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Coordinadora Regional de la Fiscal Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, todas en esta ciudad y en sus denominaciones correctas, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron los actos consistentes en las órdenes de aprehensión, detención, localización, citación y búsqueda, libradas en su contra, así como su ejecución. Misma determinación debe realizarse en relación a la autoridad omisa en rendir su informe justificado Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Zona Norte, no obstante que fue debidamente requerido para ello, tal y como se desprende del acuse de recibo que obra a foja 58 del sumario, pues dicha autoridad tiene el carácter de ejecutora, por lo tanto si la señalada como ordenadora negó la existencia de las órdenes de aprehensión, detención, localización, citación y búsqueda, libradas en su contra, resulta material y jurídicamente imposible ejecutar un acto inexistente. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 90, visible en la página 71, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS.- Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquéllas a quienes se atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no pueda ejecutar una orden inexistente, y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149, de la Ley de Amparo. En consecuencia, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 930/2023-I-2 promovido por ***, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables y por las razones expresadas en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***/2023-I-2, y; Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el veintinueve de septiembre del año en curso, **** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó las órdenes de aprehensión, detención, localización, citación y búsqueda, libradas en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. En auto de veintinueve de septiembre del presente año, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo el seis del actual, ello a excepción de lo que corresponde a la autoridad que el quejoso denominó como Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Chihuahua, y en proveído de nueve del mes y año en curso, se tuvo a la parte quejosa precisando que la denominación correcta es Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Zona Norte, señalándose el día de hoy para la celebración de la audiencia incidental la cual se llevó al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión respecto de las órdenes de aprehensión, detención, localización, citación y búsqueda, libradas en su contra, así como su ejecución. Entonces, para los efectos de la presente medida cautelar tal acto será materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De la demanda de amparo, se desprende que el quejoso señaló como autoridad ordenadora a la Jueza del Tribunal de Primera Instancia del Sistema penal Acusatorio, Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, quien al rendir su informe previo negó los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión, detención, localización, citación y búsqueda, libradas en contra del quejoso, así como su ejecución. Al respecto, la parte quejosa omitió aportar prueba tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que en interlocutoria emitida el seis de octubre del año en curso, se tuvo por inexistente los actos endilgados a las autoridades ahí precisadas. Misma consideración debe hacerse respecto de los actos reclamados a la autoridad que se denominó como Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Zona Norte, con residencia en esta ciudad, en su carácter de ejecutora, quien no rindió su respectivo informe previo, pese a que existe constancia en autos de que fue debidamente requerida para ello, pues tal omisión no acarrea la presunción de certeza del acto que se le reclama, dada la negativa formulada por la autoridad señalada en su carácter de ordenadora, pues no es factible que dicha autoridad omisa, ejecute una orden que resulta inexistente, siendo procedente negar la suspensión definitiva de dicho acto, con apoyo en el artículo 146 de la Ley de Amparo. Entonces, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos y autoridad que en este considerando se precisan. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el accionante de amparo ****, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado electrónicamente por la autorizada en amplios términos de la parte quejosa, licenciada ******, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento realizado mediante auto de tres del mes y año en curso, informa que la denominación correcta de la autoridad que señaló como Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Chihuahua es Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Zona Norte. Solicitud de informe justificado Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase al autoridad responsable Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Zona Norte, que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que los justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto, del artículo 117, de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirán ciertos los actos reclamados. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Información reservada o confidencial En caso de que la responsable de mérito remita físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable de mérito, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifieste a esta juzgadora y de ser posible acompañe las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.20). Fecha audiencia constitucional Finalmente, infórmese a la responsable señalada en el presente auto que se encuentra señaladas las diez horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable referida en el presente auto. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Hecho notorio Visto el acuerdo emitido dentro del expediente principal del cual deriva la presente incidencia, el cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que la parte quejosa, en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado, hizo del conocimiento de esta juzgadora que la denominación correcta de la autoridad que señaló como Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Chihuahua es Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Zona Norte. Audiencia Incidental En consecuencia, toda vez que en resolución interlocutoria de seis del mes y año en curso, esta juzgadora se reservó señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental en relación con la responsable referida en el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con quince minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. De la audiencia incidental se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Jueza y la secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten en línea, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que si es solicitado o este juzgador lo estima pertinente se pueda ordenar que la celebración de la audiencia se lleve a cabo a través de videoconferencia, si se trata de un caso que se encuentre debidamente justificado, conforme al artículo 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Solicitud de informe previo Por otro lado, de conformidad con la fracción III del numeral 138 de la ley de la materia, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberá remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrá indicar las razones que estime sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar y aducirá el o los delitos de que se trate, la disposición legal en que quede comprendido para su penalidad y, en su caso, el monto del daño causado o el beneficio económico obtenido por el quejoso, lo anterior, con fundamento en el artículo 140, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe se presumirán ciertos los actos que se le endilgan; además, se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Información reservada o confidencial En caso de que la autoridad responsable remita físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Conocimiento suspensión provisional Finalmente, a fin de que la responsable Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Zona Norte, tenga conocimiento de la suspensión provisional decretada en la presente incidencia, remítasele copia con firmas electrónicas del auto de veintinueve de septiembre de la presente anualidad. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable referida en el presente auto. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
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