Miguel Ángel Reyes Delgado
Expediente 504/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel Reyes Delgado
- Miguel Ángel Reyes Delgado y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual señala: [.] Al acudir ante la Junta Especial número 55 de la federal de conciliación y Arbitraje, me percate que con fecha 2 de Agosto de 2017, declinó su Jurisdicción y Competencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, misma que por oficio que le remitió la responsable el día 24 de Agosto de 2017 a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por tanto el juicio laboral ya no se tramita ante su potestad. Es por lo que de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Amparo, solicito se me tenga por no designado como autoridad responsable a la H Junta Especial No. 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y en su lugar se me tenga ahora designando como autoridad responsable a las JUNTAS ESPECIALES NUMERO DOS, TRES Y CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE que serían las que asumirían jurisdicción y competencia para resolver el juicio laboral generador, sin embargo como hasta este día no tenemos noticia de la radicación por parte de la junta local, del número de expediente y fecha de la audiencia de conciliación, Demanda y Excepciones, por lo que al haber sustituido una autoridad por la otra del orden local, pido queden vigentes los restantes elementos de la demanda de garantías a que se refiere el artículo 108 de la Ley de amparo, así mismo, cabe precisar que el día de hoy se acudió a la Junta local, sin tener noticia de la demanda y su trámite lo que está provocando que el juicio siga en suspenso. Para acreditar lo aseverado anexo las actuaciones de fecha 2 de agosto de 2017, que contiene la declinatoria a la Junta Local de conciliación y Arbitraje y copia del oficio con sello de recibido en la Junta local de conciliación y Arbitraje, la cual pido se vincule a la presente queja de derechos Humanos. [.] Como se aprecia de esta transcripción, el autorizado de la parte quejosa solicita que se tenga "por no designado como autoridad responsable a la H Junta Especial No. 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje" (sic) y, en su lugar, se tengan como nueva autoridades a las Juntas Especiales Número Dos, Tres y Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, a quienes les atribuye los mismos hechos. Al respecto, conviene precisar que lo que materialmente intenta el referido autorizado es ampliar la demanda de amparo respecto de autoridades que se desconocía que eran responsables al momento de promover la demanda de amparo, pues su nueva designación parte de la existencia de hechos novedosos que guardan autonomía con los que se señalaron en la demanda inicial. En esta tesitura, con fundamento en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener por ampliada la demanda de amparo solicitada, respecto de las Juntas Especiales Número Dos, Tres y Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior es así, porque el promovente pretende que los mismos hechos que fueron narrados en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad por el directo quejoso, se atribuyan a autoridades distintas, lo que no es lógico ni jurídico, porque ello implicaría atribuir actuaciones procesales u omisiones a autoridades que se desconocía su intervención al promover la demanda inicial, respecto de hechos de los que tuvo conocimiento con posterioridad a su presentación y ello equivaldría a que el autorizado del quejoso se sustituyera en la voluntad del directo quejoso, sobre la expresión de antecedentes del acto reclamado, los cuales deben expresarse bajo protesta de decir verdad, en virtud de que se imputan a autoridades que no fueron designadas en la demanda y cuya existencia se conoció con posterioridad a la presentación de la misma, según del dicho del autorizado. En esta tesitura, dado que la ampliación de la demanda parte de la existencia de hechos novedosos, que guardan autonomía con los que se señalaron en la demanda inicial, tales circunstancias correspondía afirmarlas al quejoso, bajo protesta de decir verdad y no a su abogado autorizado, por lo que al no haber ocurrido de esa manera, resulta improcedente la solicitud formulada en el ocurso de cuenta. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, materia común, página 210, del siguiente tenor: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Asimismo, es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, de Julio de 2006, materia común, página 348, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Conviene establecer que esta determinación no causa perjuicio a la parte quejosa, porque en el caso de la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo, el directo quejoso tiene la posibilidad de presentar una nueva demanda de amparo, pues este acuerdo no prejuzga sobre la constitucionalidad de las eventuales omisiones en que hayan incurrido las autoridades por las que se pretende ampliar la demanda. En otro contexto, agréguese a los autos el informe justificado y anexos rendido por parte de la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje; en el cual remite el auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, emitido en el expediente 709/2016, en el que se declaró incompetente para conocer del conflicto laboral, planteado por el ahora quejoso, en el que declinó la competencia para conocer del conflicto laboral a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez. La resolución remitida por la autoridad responsable actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, los actos reclamados se hicieron consistir, en lo esencial, en la omisión de radicar la demanda laboral interpuesta por el ahora quejoso ante la responsable y de señalar fecha para la celebración de la audiencia de Ley. Ahora de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que el dos de agosto de dos mil dieciséis, la Junta responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del conflicto laboral planteado por el quejoso y declinó la competencia para conocer del mismo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, a quien remitió los autos, como consta en el oficio J.E.55/LEVS/1775/2016 de diez de agosto de dos mil dieciséis, recibido por la citada Junta local el veinticuatro de agosto siguiente, según el sello que obra en aquél. Lo anterior conduce a estimar que los actos reclamados han quedado consumados para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con motivo del dictado de la auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se notificó al autorizado del quejoso el "4 ago 2017" (sic), pues es la que ahora rige la situación jurídica del impetrante del amparo frente a las omisiones que atribuyó a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al declarase incompetente para conocer el conflicto laboral que ser le planteó. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional de las omisiones reclamadas en el escrito inicial de demanda, pues con la declinación de competencia, la Junta Federal dejó de tener jurisdicción en el asunto génesis, lo cual implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual señala: [.] Al acudir ante la Junta Especial número 55 de la federal de conciliación y Arbitraje, me percate que con fecha 2 de Agosto de 2017, declinó su Jurisdicción y Competencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, misma que por oficio que le remitió la responsable el día 24 de Agosto de 2017 a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por tanto el juicio laboral ya no se tramita ante su potestad. Es por lo que de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Amparo, solicito se me tenga por no designado como autoridad responsable a la H Junta Especial No. 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y en su lugar se me tenga ahora designando como autoridad responsable a las JUNTAS ESPECIALES NUMERO DOS, TRES Y CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE que serían las que asumirían jurisdicción y competencia para resolver el juicio laboral generador, sin embargo como hasta este día no tenemos noticia de la radicación por parte de la junta local, del número de expediente y fecha de la audiencia de conciliación, Demanda y Excepciones, por lo que al haber sustituido una autoridad por la otra del orden local, pido queden vigentes los restantes elementos de la demanda de garantías a que se refiere el artículo 108 de la Ley de amparo, así mismo, cabe precisar que el día de hoy se acudió a la Junta local, sin tener noticia de la demanda y su trámite lo que está provocando que el juicio siga en suspenso. Para acreditar lo aseverado anexo las actuaciones de fecha 2 de agosto de 2017, que contiene la declinatoria a la Junta Local de conciliación y Arbitraje y copia del oficio con sello de recibido en la Junta local de conciliación y Arbitraje, la cual pido se vincule a la presente queja de derechos Humanos. [.] Como se aprecia de esta transcripción, el autorizado de la parte quejosa solicita que se tenga "por no designado como autoridad responsable a la H Junta Especial No. 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje" (sic) y, en su lugar, se tengan como nueva autoridades a las Juntas Especiales Número Dos, Tres y Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, a quienes les atribuye los mismos hechos. Al respecto, conviene precisar que lo que materialmente intenta el referido autorizado es ampliar la demanda de amparo respecto de autoridades que se desconocía que eran responsables al momento de promover la demanda de amparo, pues su nueva designación parte de la existencia de hechos novedosos que guardan autonomía con los que se señalaron en la demanda inicial. En esta tesitura, con fundamento en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener por ampliada la demanda de amparo solicitada, respecto de las Juntas Especiales Número Dos, Tres y Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior es así, porque el promovente pretende que los mismos hechos que fueron narrados en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad por el directo quejoso, se atribuyan a autoridades distintas, lo que no es lógico ni jurídico, porque ello implicaría atribuir actuaciones procesales u omisiones a autoridades que se desconocía su intervención al promover la demanda inicial, respecto de hechos de los que tuvo conocimiento con posterioridad a su presentación y ello equivaldría a que el autorizado del quejoso se sustituyera en la voluntad del directo quejoso, sobre la expresión de antecedentes del acto reclamado, los cuales deben expresarse bajo protesta de decir verdad, en virtud de que se imputan a autoridades que no fueron designadas en la demanda y cuya existencia se conoció con posterioridad a la presentación de la misma, según del dicho del autorizado. En esta tesitura, dado que la ampliación de la demanda parte de la existencia de hechos novedosos, que guardan autonomía con los que se señalaron en la demanda inicial, tales circunstancias correspondía afirmarlas al quejoso, bajo protesta de decir verdad y no a su abogado autorizado, por lo que al no haber ocurrido de esa manera, resulta improcedente la solicitud formulada en el ocurso de cuenta. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, materia común, página 210, del siguiente tenor: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Asimismo, es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, de Julio de 2006, materia común, página 348, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Conviene establecer que esta determinación no causa perjuicio a la parte quejosa, porque en el caso de la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo, el directo quejoso tiene la posibilidad de presentar una nueva demanda de amparo, pues este acuerdo no prejuzga sobre la constitucionalidad de las eventuales omisiones en que hayan incurrido las autoridades por las que se pretende ampliar la demanda. En otro contexto, agréguese a los autos el informe justificado y anexos rendido por parte de la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje; en el cual remite el auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, emitido en el expediente 709/2016, en el que se declaró incompetente para conocer del conflicto laboral, planteado por el ahora quejoso, en el que declinó la competencia para conocer del conflicto laboral a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez. La resolución remitida por la autoridad responsable actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, los actos reclamados se hicieron consistir, en lo esencial, en la omisión de radicar la demanda laboral interpuesta por el ahora quejoso ante la responsable y de señalar fecha para la celebración de la audiencia de Ley. Ahora de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que el dos de agosto de dos mil dieciséis, la Junta responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del conflicto laboral planteado por el quejoso y declinó la competencia para conocer del mismo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, a quien remitió los autos, como consta en el oficio J.E.55/LEVS/1775/2016 de diez de agosto de dos mil dieciséis, recibido por la citada Junta local el veinticuatro de agosto siguiente, según el sello que obra en aquél. Lo anterior conduce a estimar que los actos reclamados han quedado consumados para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con motivo del dictado de la auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se notificó al autorizado del quejoso el "4 ago 2017" (sic), pues es la que ahora rige la situación jurídica del impetrante del amparo frente a las omisiones que atribuyó a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al declarase incompetente para conocer el conflicto laboral que ser le planteó. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional de las omisiones reclamadas en el escrito inicial de demanda, pues con la declinación de competencia, la Junta Federal dejó de tener jurisdicción en el asunto génesis, lo cual implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. De igual forma, como lo solicita, expídasele copia autorizada de la resolución que se emita dentro del presente expediente, conforme a lo establecido por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.rmi
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que lo justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el Actuario hará del conocimiento dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, párrafo segundo, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional ($7,549.00), previstas en los artículos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional ($7,549.00), previstas en los numerales 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo vigente, se les impondrá como sanción, multa de treinta unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos con setenta centavos moneda nacional ($2,264.70), previstas en los numerales 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En atención a la certificación que antecede, se tiene a la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, al licenciado Javier Antonio Carnero Hernández, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones, a los demás profesionistas que refiere en razón de no estar registrados en dicho sistema. Por otro lado, se reserva ordenar el emplazamiento al presente juicio a los terceros interesados que menciona la parte quejosa en su demanda, hasta que la responsable rinda su informe con justificación y pueda advertirse si ya fueron emplazados al juicio de origen. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario *******, licenciado que autoriza y da fe. Doy Fe.
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