Miguel Angel Ramírez Granados

Expediente 399/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
399/2015
Año
2015
Actuaciones
26
Última actuación
03/02/2016

Partes del expediente

  • Miguel Angel Ramírez Granados
  • Juez Cuadragésimo Octavo Penal del Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    MESA V.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieran inconformado contra el auto de cuatro de enero del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio -fojas 296 a 298-. En consecuencia, de conformidad con lo ordenado en dicho proveído, remítase el presente sumario al archivo definitivo de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la determinación anterior, para los efectos legales correspondientes. En otro orden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse al Juez Cuadragésimo Octavo Penal del Distrito Federal, los dos Tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su conservación en este órgano jurisdiccional.

  2. Incidental

    MESA V.Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa (fojas 15 a 19 y 33 a 36); por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA V. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, en acuerdo de veintidós de diciembre pasado (foja 283), para que hicieran manifestaciones respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, transcurrió siendo la parte quejosa la única en desahogar dicha prevención. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia a la parte tercera interesada y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia terminada de engrosar el veintitrés de julio del año en curso (fojas 80 a 103), se concedió a la parte impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con esa determinación, la Agente del Ministerio Público, adscrita al juzgado responsable y la parte tercera interesada, interpusieron recurso de revisión (fojas 120 a 124 y 130 a 136), del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito. Mediante sesión de siete de este mes, la superioridad resolvió el recurso de revisión (fojas 173 a 204), consignándose los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se limitan los efectos del amparo. En consecuencia, la justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Ramírez Granados, contra el auto de formal prisión de veinticuatro de abril de dos mil quince, dictado por la Juez Cuadragésimo Octavo Penal del Distrito Federal, en la causa penal 59/2015 y su ejecución a cargo del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Cuadragésimo Octavo Penal del Distrito Federal deje insubsistente la resolución reclamada; dicte otra en la que determine que la detención del quejoso fue ilegal; anule las pruebas que tengan algún vínculo u origen con la detención; y, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del quejoso, con el restante material probatorio. TERCERO. Es infundada la revisión adhesiva interpuesta por el quejoso Miguel Ángel Ramírez Granados, por conducto de su autorizada." En ese tenor, mediante auto de catorce de diciembre pasado (fojas 205 y 206), se requirió a la Juez Cuadragésima Octava Penal del Distrito Federal, para que hiciera lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada. Dicte otra en la que determine que la detención del quejoso fue ilegal; anule las pruebas que tengan algún vínculo u origen con la detención; y, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del quejoso, con el restante material probatorio. Ahora bien, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el dieciocho de diciembre del año pasado, la Juez Cuadragésimo Octavo Penal en esta ciudad, remitió copia del auto de plazo constitucional de diecisiete de diciembre de dos mil quince, por medio del cual: a) Dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de abril de dos mil quince. b) Consideró que la detención del ahora quejoso Miguel Ángel Ramírez Granados, por parte del Ministerio Público fue ilegal, ya que fue privado de su libertad en contraposición a las reglas establecidas en el artículo 16, Constitucional; asimismo, no tomó en consideración los medios de convicción que estimó que tienen un vínculo con la detención, a saber: Declaraciones Ministeriales del quejoso Miguel Ángel Ramírez Granados, en sus calidades de testigo y probable responsable. Los certificados de estado físico que le fueron practicados el dieciocho de abril de dos mil quince. Los dictámenes en materia de identificación de metabolitos (orina), de drogas, de alcohol, de dieciocho de abril de dos mil quince. Diligencia de confrontación con el denunciante Jorge Padilla Benavides. c) El diecisiete de ese mes y año, con libertad de jurisdicción apreció el resto del material probatorio y dictó auto de formal prisión en contra de Miguel Ángel Ramírez Granados, como probable responsable de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, (hipótesis de, Lugar Habitado, Violencia Física y Moral y Pandilla). Por tanto, puede concluirse que la autoridad mencionada acató la sentencia concesoria, en los términos expuestos en términos del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales correspondientes, por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA la resolución que otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa de mérito. Sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto, atento a que emitió su resolución siguiendo los lineamientos especificados en el fallo amparador. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes, y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Atento al sentido de la presente determinación, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto en el que se concedió la protección de la Justicia Federal; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Acuérdese lo correspondiente en los cuadernos incidentales. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.

  4. Incidental

    MESA V Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa (fojas 15 a 19 y 33 a 36); por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

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