Miguel Ángel Orozco Hernández

Expediente 135/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
135/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
27/07/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Orozco Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA III. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refieren los artículos 201 y 202, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercero interesada, se hubieren inconformado contra el auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho (fojas 97 a 99), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio. En tales condiciones, de conformidad con lo ordenado en acuerdo de veintisiete del mes pasado, remítase el presente sumario al archivo definitivo de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la determinación anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se ordena devolver los Tomos de Pruebas al Juez Trigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México y a la Sexta Sala Penal de esta ciudad, que remitieron en apoyo a su informe justificado, toda vez que resulta innecesaria su retención en este juzgado.

  2. Incidental

    MESA III.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica |en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que en proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa y en cinco de marzo siguiente se negó y concedió la definitiva; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA III.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, DEL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, en proveído de catorce de junio del año en curso, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, feneció sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ****; misma que causó ejecutoria en acuerdo de once de junio de este año. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se otorgó al quejoso, para que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación U-328/2017. 2. Dictara una nueva resolución, en la que declarara inoperantes los agravios del Agente del Ministerio Público inconforme en los términos precisados en la sentencia de amparo, y confirmara la determinación del juez de primer grado, con las consecuencias que ello implicara respecto de la libertad del quejoso. Concesión que se hizo extensiva a las autoridades ejecutoras al no haberse impugnado por vicios propios los actos de ejecución sino en vía de consecuencia. En esa tesitura, en auto de once de junio del año que transcurre, se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En vista de ello, mediante comunicación recibida en este juzgado el trece de junio de este año, la Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que remitió en copia certificada, la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado adscrito a dicha Sala (fojas 80 a 85). Asimismo, mediante oficios recibidos en la misma data, el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, informaron el acatamiento al fallo de amparo, por lo que dicho director envió copia certificada boleta de libertad B481150 (fojas 85 a 89). Ahora, del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que las citadas autoridades hicieron lo siguiente: En estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante determinación de trece de junio de dos mil dieciocho, la Sexta Sala Penal dejó insubsistente la resolución reclamada, de doce de septiembre de dos mil dieciocho. El trece de junio de este año, la Sala responsable, declaró inoperantes los agravios hechos valer por el agente del Ministerio Público inconforme, y confirmó la resolución del Juez Trigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, con las consecuencias respecto de la libertad del quejoso. En cuanto a la concesión protectora que se hizo extensiva al acto de ejecución del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, el primero de ellos, manifestó abstenerse de ejecutar el acto reclamado; asimismo, el Director del referido centro carcelario, en su informe respecto al acatamiento de la sentencia de amparo, señaló dio cumplimiento a la orden del juez responsable, de inmediata libertad del quejoso, por boleta de libertad B 481150. En tales circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.

  4. Incidental

    MESA I. Visto el estado de autos, y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica |en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que en proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa y en cinco de marzo siguiente se negó y concedió la definitiva; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

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