Miguel Ángel Ramírez Granados
Expediente 911/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 911/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Ángel Ramírez Granados
- G. C. H.
- R. R. V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
MESA I.- Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron contra el auto de nueve de junio de la presente anualidad, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de quince días, previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Se ordena devolver a las responsables, los tomos de pruebas que remitieron en apoyo a su informe justificado. Por lo expuesto, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I. Visto, del estado de autos se advierte que el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados en proveído de veinticinco de mayo del año que transcurre, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, ha fenecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 105 a 130), se concedió el amparo y protección al quejoso Miguel Ángel Ramírez Granados, confirmándola el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en ejecutoria de ocho de mayo de este año (fojas 188 a 213), por lo que en auto de veintidós de mayo del actual (fojas 214 y 215) se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El amparo y protección constitucional fue para que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciséis, decretada en el toca de apelación 815/2016, en la que se confirmó el auto de formal prisión contra Miguel Ángel Ramírez Granados, por su probable responsabilidad penal en el delito robo agravado diversos dos. b) Dictara otra en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en esa ejecutoria, determinara que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad de aquél en el delito que se le imputa, por lo que debería decretar la libertad condigna, únicamente por lo que a ese proceso se refiere. c) Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución que se atribuyeron al Juez Cuadragésimo Octavo Penal en esta Ciudad, al no reclamarse por vicios propios. En vista de ello, por oficio recibido en este juzgado el veinticuatro de mayo del actual, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal 815/2016 y del oficio dirigido al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Así, del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que la Sala responsable, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de seis de septiembre de dos mil dieciséis, decretada en el toca de apelación 815/2016. Determinó que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal de Miguel Ángel Ramírez Granados en la comisión de los delitos de robo agravado diversos dos, por lo que procedió a revocar el auto de plazo constitucional de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Interino Cuadragésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, en la causa penal 98/2015. Ordenando la libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso Miguel Ángel Ramírez Granados. Asimismo, por oficio dirigido al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, ordenó la excarcelación inmediata del aludido promovente. Mediante oficios recibidos en este órgano de control constitucional el veinticuatro y treinta de mayo, ambos de este año, el Juez Cuadragésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de veintitrés de mayo del actual, del que se aprecia que: Al haber sido puesto en libertad el quejoso Miguel Ángel Ramírez Granados, en fecha veintidós del citado mes y año, ordenó girar cédula de notificación en el domicilio que proporcionó en su declaración preparatoria, lo anterior, a fin de que se le hiciera entrega de su boleta. Quedando notificado el veinticuatro siguiente, como se advierte de la cédula de notificación. En esas condiciones, las autoridades responsables al haber dejado sin efectos el acto tildado de inconstitucional y subsanar los vicios formales destacados, es incuestionable que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento, dado que la Sala responsable ciñe su actuar a lo indicado en la sentencia de amparo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.
- Incidental
MESA I.Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que en proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, se otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa y en resolución interlocutoria de trece de octubre del año próximo pasado, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA I. SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS R.P.V y G.C.H, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN O AUTO DE .... DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA I. Visto, del estado de autos se advierte que el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados en proveído de veinticinco de mayo del año que transcurre, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, ha fenecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 105 a 130), se concedió el amparo y protección al quejoso Miguel Ángel Ramírez Granados, confirmándola el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en ejecutoria de ocho de mayo de este año (fojas 188 a 213), por lo que en auto de veintidós de mayo del actual (fojas 214 y 215) se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El amparo y protección constitucional fue para que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciséis, decretada en el toca de apelación 815/2016, en la que se confirmó el auto de formal prisión contra Miguel Ángel Ramírez Granados, por su probable responsabilidad penal en el delito robo agravado diversos dos. b) Dictara otra en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en esa ejecutoria, determinara que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad de aquél en el delito que se le imputa, por lo que debería decretar la libertad condigna, únicamente por lo que a ese proceso se refiere. c) Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución que se atribuyeron al Juez Cuadragésimo Octavo Penal en esta Ciudad, al no reclamarse por vicios propios. En vista de ello, por oficio recibido en este juzgado el veinticuatro de mayo del actual, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal 815/2016 y del oficio dirigido al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Así, del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que la Sala responsable, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de seis de septiembre de dos mil dieciséis, decretada en el toca de apelación 815/2016. Determinó que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal de Miguel Ángel Ramírez Granados en la comisión de los delitos de robo agravado diversos dos, por lo que procedió a revocar el auto de plazo constitucional de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Interino Cuadragésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, en la causa penal 98/2015. Ordenando la libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso Miguel Ángel Ramírez Granados. Asimismo, por oficio dirigido al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, ordenó la excarcelación inmediata del aludido promovente. Mediante oficios recibidos en este órgano de control constitucional el veinticuatro y treinta de mayo, ambos de este año, el Juez Cuadragésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de veintitrés de mayo del actual, del que se aprecia que: Al haber sido puesto en libertad el quejoso Miguel Ángel Ramírez Granados, en fecha veintidós del citado mes y año, ordenó girar cédula de notificación en el domicilio que proporcionó en su declaración preparatoria, lo anterior, a fin de que se le hiciera entrega de su boleta. Quedando notificado el veinticuatro siguiente, como se advierte de la cédula de notificación. En esas condiciones, las autoridades responsables al haber dejado sin efectos el acto tildado de inconstitucional y subsanar los vicios formales destacados, es incuestionable que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento, dado que la Sala responsable ciñe su actuar a lo indicado en la sentencia de amparo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.
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