Miguel Angel Peralta Betanzos

Expediente 722/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 34 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
722/2015
Año
2015
Actuaciones
34
Última actuación
23/02/2016

Partes del expediente

  • Miguel Angel Peralta Betanzos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    Mesa IV-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, se dictó un auto en el que se decretó que causó ejecutoria la resolución dictada el tres de febrero del año en curso, en la que se sobreseyó en ese juicio de amparo, promovido por Miguel ángel Peralta Betanzos; asimismo, que por auto de veintiséis de mayo de dos mil quince e interlocutoria de once de junio siguiente, se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, pues que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Asimismo, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Notifíquese...

  2. Principal

    Mesa IV-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante resolución de tres de febrero del año en curso, se sobreseyó en este juicio de amparo, promovido por Miguel Ángel Peralta Betanzos (fojas 396 a 399) y que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la citada resolución, transcurrió del nueve al veintidós de febrero de dos mil dieciséis, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no se recurrió, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que, por una parte se reclamó la orden de aprehensión dictada contra el quejoso y su ejecución material y por otra se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  3. Principal

    Mesa IV-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio 59/2016, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la adscripción de este juzgado; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación analógica y supletoria de la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2º, expídasele a su costa copia certificada de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Peralta Betanzos, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    MESA IVA] Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo número 722/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. De la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil quince, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, con residencia en esta ciudad y recibido en este juzgado el veinticinco siguiente, Miguel Ángel Peralta Betanzos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la detención arbitraria por falta del trámite administrativo y de colaboración para poder ejecutar una orden de aprehensión en su contra fuera del territorio oaxaqueño al titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Huautla de Jiménez, Oaxaca; la tortura y las violaciones a la jurisdicción de actuación y de colaboración entre procuradurías, para ejecutar esa orden de captura al procurador General de Justicia del Estado, coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en esta ciudad y encargado de control de procesos del Tribunal Superior de Justicia del Estado; actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de veintiséis de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional registró la demanda en el libro de gobierno con el número 722/2015, la admitió a trámite, solicitó informe justificado a las responsables, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y al adscrito al juzgado Mixto de Primera Instancia en Huautla de Jiménez, Oaxaca. En diverso proveído de siete de octubre de dos mil quince, se tuvo como nueva autoridades responsables a los agentes estatales de investigación Dionisio de la Cruz Carlos y Guzmán Rosado Ricardo; a quienes el quejoso atribuyó la detención material arbitraria fuera de territorio oaxaqueño atribuida. TERCERO. Acta de audiencia constitucional. Previos los trámites del juicio, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se trata de un asunto en materia penal; su tramitación corresponde a la primera instancia, y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como, a la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así del análisis integral de la demanda de amparo, como de su escrito de ampliación y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que el quejoso Miguel Ángel Peralta Betanzos reclamó: 1. Al titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Huautla de Jiménez, Oaxaca: La detención arbitraria por falta del trámite administrativo y de colaboración para poder ejecutar una orden de aprehensión en su contra fuera del territorio oaxaqueño. 2. Al procurador General de Justicia del Estado. 3. Al coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en esta ciudad. 4. Encargado de control de procesos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y; 5. Agentes estatales de investigación Dionisio de la Cruz Carlos y Guzmán Rosado Ricardo: b) La detención material arbitraria, fuera de territorio oaxaqueño. TERCERO. Una autoridad inexistente. En la audiencia de ley, se dejó de tener como autoridad responsable en este juicio de amparo, al encargado de control de procesos del Tribunal Superior de Justicia del Estado; por lo que con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en este juicio, ya que al no existir tal autoridad menos puede existir el acto que se le atribuye (foja 13). CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Huautla de Jiménez, Oaxaca, agregó lo siguiente (foja 25): ". POR INEXISTENCIA NIEGO EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO MIGUEL ÁNGEL PERALTA BETANZOS, TODA VEZ QUE ESTA AUTORIDAD EN NINGÚN MOMENTO ORDENÓ SU DETENCIÓN DE FORMA ARBITRARIA, MÁS BIEN SU APREHENSIÓN OBEDECIÓ AL MANDATO DE CAPTURA LIBRADA EN SU CONTRA PRECISAMENTE EN LA CAUSA PENAL 02/2015, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, COMO PROBABLE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE HOMICIDIO CALIFICADO CON LA AGRAVANTE DE VENTAJA, EL PRIMERO COMETIDO EN AGRAVIO DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE MANUEL ZEPEDA LAGUNAS Y EL SEGUNDO COMETIDO EN AGRAVIO DE ELISA ZEPEDA LAGUNAS. AHORA BIEN RESPECTO A LA FALTA DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACIÓN PARA EJECUTAR DICHA ORDEN DE APREHENSIÓN HAGO SABER QUE TAL CIRCUNSTANCIA NO ES UN HECHO PROPIO DE ESTA AUTORIDAD PUES AL TRANSCRIBIRLA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA EFECTOS DE SU EJECUCIÓN MATERIAL, SE DIO CUMPLIMENTO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EL ARTÍCULO 227 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO.". Por su parte, el director de asuntos jurídicos en representación del procurador General de Justicia del Estado y la jefa de la unidad administrativa de carrera policial por orden del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones en esta ciudad, Carlos Dionisio de la Cruz, agente estatal de Investigaciones encargado de la comandancia general de la Cañada, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y Ricardo Guzmán Rosado, agente estatal de Investigaciones en Río Grande, Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos reclamados, sin que dichas negativas fueran desvirtuadas con prueba alguna (fojas 15, 19, 359, 375 y 376); máxime que acreditaron estar legitimadas para ejecutar una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. Sin que pase inadvertido para quien resuelve que existe dictamen médico de uno de mayo de dos mil quince (fojas 371 y 372) emitido por el perito médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se hace constar las lesiones que presentaba el hoy quejoso en esa fecha; sin embargo, no existe prueba alguna que permita arribar a la conclusión que dichas lesiones fueron causadas por los elementos Carlos Dionisio de la Cruz, agente estatal de Investigaciones encargado de la comandancia general de la Cañada, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y Ricardo Guzmán Rosado, agente estatal de Investigaciones en Río Grande, Oaxaca, al momento de detenerlo y trasladarlo a esta ciudad de Oaxaca, con motivo de la orden de aprehensión dictada en su contra. Razón por la cual, por inexistencia de esos actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. QUINTO. Vista a la agente del Ministerio Público dela Federación adscrita. Toda vez que el quejoso en su demanda reclamó posibles actos de tortura por parte de Carlos Dionisio de la Cruz, agente estatal de Investigaciones encargado de la comandancia general de la Cañada, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y Ricardo Guzmán Rosado, agente estatal de Investigaciones en Río Grande, Oaxaca, de conformidad con la Propuesta de inclusión de rubros a verificar durante la práctica de visitas ordinarias de inspección, aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el siete de octubre de esta anualidad, se ordena dar vista al agente del ministerio público federal de la adscripción, para que ejerza las atribuciones que a su representación correspondan. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Miguel Peralta Betanzos o Miguel Ángel Peralta Betanzos, contra la detención arbitraria por falta del trámite administrativo y de colaboración para poder ejecutar una orden de aprehensión en su contra fuera del territorio oaxaqueño al titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Huautla de Jiménez, Oaxaca; la tortura y las violaciones a la jurisdicción de actuación y de colaboración entre procuradurías, para ejecutar esa orden de captura al procurador General de Justicia del Estado, coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en esta ciudad y encargado de control de procesos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

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