Miguel Angel Mundo Morales
Expediente 592/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Angel Mundo Morales
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de seis de julio del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que el justiciable haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se tuvo por no presentado el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como en el proveído de seis de julio pasado, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al procedimiento con la cual se dio por concluido el presente juicio constitucional, sin decirlo en cuanto al fondo; en ese sentido, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción II, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del multicitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que se pretende dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en los autos de quince y de veintidós, ambas fechas de junio del año en curso. Al respecto, dado que la firma que calza ese ocurso difiere notablemente de la estampada en la demanda de amparo, con fundamento en lo previsto por los artículos 204 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su normativo 2, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido, requiérase a ******************** para que dentro del plazo de tres días siguiente al en el que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al despacho de este Juzgado Federal y en la diligencia relativa ante la presencia judicial manifieste bajo protesta de decir verdad sí reconoce como suya la firma puesta en la promoción de cuenta, apercibido que de no cumplir lo anterior se tendrá por no presentado dicho libelo. En otro punto, comuníquese a ******************** que la Ley de Amparo, en su arábigo 261, fracción I, prevé que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda o en algún acto procesal afirmen hechos falsos; además, se precisa que este órgano jurisdiccional está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y el desahogo de la pericial en las materias de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza el ocurso de cuenta en el caso de que advierta que esa rúbrica con la diversa que en su caso se plasme durante la diligencia relativa sean notoriamente diferentes. En la especie, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." También se apercibe al promovente que en el caso de que afirme hechos falsos se dará vista a la Agente del Ministerio Público adscrita para que en el ejercicio de sus atribuciones investigue si se actualiza alguna de las conductas típicas especiales previstas por el normativo 261 de la Ley de Amparo. En tal sentido, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 45, Agosto de 2017, del Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que se pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en el auto de quince de junio del año en curso. Al respecto, dado que la firma que calza ese ocurso difiere notablemente de la estampada en la demanda de amparo, con fundamento en lo previsto por los artículos 204 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su normativo 2, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido, requiérase a ******************** para que dentro del plazo de tres días siguiente al en el que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al despacho de este Juzgado Federal y en la diligencia relativa ante la presencia judicial manifieste bajo protesta de decir verdad sí reconoce como suya la firma puesta en la promoción de cuenta, apercibido que de no cumplir lo anterior se tendrá por no presentado dicho libelo. En otro punto, comuníquese a ******************** que la Ley de Amparo, en su arábigo 261, fracción I, prevé que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda o en algún acto procesal afirmen hechos falsos; además, se precisa que este órgano jurisdiccional está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y el desahogo de la pericial en las materias de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza el ocurso de cuenta en el caso de que advierta que esa rúbrica con la diversa que en su caso se plasme durante la diligencia relativa sean notoriamente diferentes. En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." También se apercibe al promovente que en el caso de que afirme hechos falsos se dará vista a la Agente del Ministerio Público adscrita para que en el ejercicio de sus atribuciones investigue si se actualiza alguna de las conductas típicas especiales previstas por el normativo 261 de la Ley de Amparo. En tal sentido, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 45, Agosto de 2017, del Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Notifíquese.
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"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 592/2023. Por otra parte, acúsese recibo al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca de la demanda de amparo presentada por ******, de la boleta de turno de ese ocurso y de veintitrés ejemplares de traslado del propio libelo. Ahora, dado que se comparte en esencia las razones que ese Juzgado Federal expuso en el auto inserto en la comunicación ***/**** que se envía, ya que este órgano jurisdiccional es competente legalmente para conocer del presente asunto; en consecuencia, este Tribunal de amparo acepta la competencia legal declinada y se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. Solicitud de registro y compensación. En otro punto, como la demanda de amparo señalada se remitió directamente a este órgano de control constitucional, gírese oficio con inserción de este acuerdo a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicada en esta localidad, a efecto de que realice el registro correspondiente de este juicio constitucional para la compensación respectiva, por lo que al comunicado relativo deberán anexarse copias certificadas de la boleta de turno, del escrito inicial que dio origen al juicio constitucional 588/2023 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca y del oficio de cuenta para que esté en aptitud de atender la solicitud formulada. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existen diversas irregularidades en el escrito relativo que necesitan enmendarse. El artículo 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) en el caso de que haya alguna irregularidad en ese escrito; b) cuando se hubiera omitido alguno de los requisitos que el normativo 108 de ese ordenamiento establece; y, c) en el supuesto que no se haya expresado con precisión el acto reclamado. Por otro lado, el ordinal 108, fracciones IV y V de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán señalarse, entre otros aspectos, a) la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame; y, b) manifestarse bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como actos reclamados las órdenes de investigación, de presentación, de detención, de aprehensión y para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación que reprocha a las autoridades responsables siguientes: Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Decimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Juez de Control del Distrito Judicial de Valladolid del Estado de Yucatán y Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, pero omitió manifestar bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, el motivo por el que señaló como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, con excepción de este Juez Quinto de Distrito en esta entidad federativa. Lo anterior es necesario que se indique por el justiciable, porque se tiene en cuenta que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales regula el turno de los asuntos nuevos mediante el sistema de asignación aleatoria con el objeto de evitar que las partes no elijan a su voluntad al Juzgado de Distrito que deba conocer del juicio de amparo indirecto que promueven, lo cual lleva implícita la tutela al principio de imparcialidad judicial, en la medida en la que el turno, fuera de los casos en los que se actualiza algún supuesto de relación por conocimiento previo para que determinado órgano judicial conozca directamente, encuentra un respaldo legal que garantiza la tramitación y decisión del caso, sin ningún tipo de obstáculo. Por otro lado, se detecta que el quejoso por un lado reclama de manera genérica a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Decimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, al Juez de Control del Distrito Judicial de Valladolid del Estado de Yucatán, al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, al Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía Investigadora, con sede en Valladolid, Yucatán, al Fiscal General de Yucatán, a la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Yucatán, de la Fiscalía de Investigación Especializada de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General de Yucatán, de la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Yucatán, del encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en Oaxaca, del Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca y del Coordinador General de la Policía de Investigación de Yucatán las órdenes de investigación, de presentación, de detención y de aprehensión y, por otro, reprocha a los órganos jurisdiccionales señalados los mandamientos de captura que combate y la orden para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación en su contra, a los órganos técnicos de investigación recrimina también las solicitudes para que se dicten mandamientos de captura en su contra y para que formulen imputación en su contra y al resto de las autoridades la ejecución de esos actos. Tal situación provoca que no se tenga la certeza del acto o los actos que en realidad reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables, lo cual es necesario saber para estar en aptitud de identificar la litis constitucional que se plantea en este asunto. Por otro lado, de los antecedentes de los actos reclamados no se advierte que el justiciable haya señalado que figura como imputado en alguna carpeta de investigación o en alguna indagatoria, ni proporciona el número de expediente que identifica a esos asuntos, por lo que la ausencia de tal información impide conocer el origen de los actos que atribuye a los fiscales que designa como responsables. Los aspectos destacados denotan la existencia de diversas irregularidades en la demanda de amparo, lo cual da pauta a prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído por escrito realice lo siguiente: 1. Deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, el motivo por el que señaló como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, con excepción de este Juez Quinto de Distrito en esta entidad federativa. En el caso que no existiera algún impedimento legal y/o material para designar como autoridad responsable a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca deberá señalarlo con tal carácter a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de actuar conforme a lo dispuesto por el numeral 38 de la Ley de Amparo. En el entendido que de insistir en no señalar como responsable a este Juzgado Federal de encontrar algún motivo que pudiera comprometer la imparcialidad judicial se procederá en términos de lo prescrito por el normativo 51 de la Ley de Amparo, o bien, de no existir motivo alguno que pudiera comprometer la citada imparcialidad se hará el pronunciamiento respectivo en cuanto a la admisión de la presente demanda. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis XVII.1o.P.A.1 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Materia Común, en la página 2342, que expone: "COMPETENCIA POR TURNO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DETECTA QUE SE REALIZARON ACCIONES PARA ELUDIR EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN ALEATORIA PREVISTO EN EL ACUERDO GENERAL 48/2008, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CON EL OBJETO DE QUE FUERA ÉL QUIEN CONOCIERA DE LA DEMANDA, DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE LA ACLARE Y, DE ENCONTRAR ALGÚN MOTIVO QUE COMPROMETA LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL, PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaura el turno de asuntos mediante el sistema de asignación aleatoria, con el objeto de que las partes no elijan a su voluntad el Juzgado de Distrito que deba conocer del juicio de amparo que promueven, el cual lleva implícita la tutela al principio de imparcialidad judicial, en la medida en que el turno, fuera de los casos en los que se actualiza algún supuesto de prevención para que determinado órgano judicial conozca directamente, encuentra un respaldo legal que garantiza la tramitación y decisión del caso, sin ningún tipo de obstáculo. De ahí que, fuera de los supuestos de remisión automática por razón de turno a un determinado órgano judicial, que contempla dicho acuerdo, no es dable para quien instó la acción constitucional, realizar acciones con el fin de eludir dicho sistema y conseguir que la demanda sea remitida a un Juzgado de Distrito en específico, lo cual es posible que ocurra, si señala como autoridades responsables a todos los órganos jurisdiccionales, con excepción de uno, pues en términos de los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, será competente para conocer de un asunto promovido contra actos de un Juzgado de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo distrito si lo hubiere, o el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez. Por lo que si el asunto por razón de turno es remitido a cualquiera de los Jueces señalados como autoridades responsables, estarán imposibilitados para conocer de la demanda, forzando al aparato judicial a que sea analizada por el único Juez de Distrito que no fue indicado con esa calidad por el quejoso; por tanto, cuando el Juez de Distrito detecte que la demanda de amparo eludió el mencionado sistema de turno aleatorio por cualquier razón, entre éstas, el haber sido el único que no figura o es asignado como autoridad responsable, es inconcuso que al producirse un indicio de que el quejoso pretende que sea éste quien decida el caso, es necesario realizar un ejercicio sobre los principios de ética judicial, y prevenirlo a efecto de que aclare la razón por la cual redactó su demanda en los términos señalados y, en caso de encontrar algún motivo que comprometa la imparcialidad judicial, proceder en términos del artículo 51 de la Ley de Amparo." 2. Deberá señalar con precisión el acto o los actos que en realidad reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables para estar en aptitud de identificar la litis constitucional que se plantea en este asunto. 3. Tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, si figura como imputado, inculpado o procesado en alguna carpeta de investigación, indagatoria o proceso penal que substancian los entes públicos que señala como responsables ordenadoras, así como el número o los números de expedientes que identifica a esos asuntos para conocer el origen de los actos que atribuye a los entes responsables. Infórmese a la parte quejosa que el requerimiento formulado en este auto deberá ser atendido por sí, por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por la persona que designada como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la citada legislación, porque las facultades de las que gozan esta última no son equiparables a las de un mandato; en ese sentido, se apercibe al disidente que de hacerlo la persona que señaló como autorizada no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio y autorizado de la parte quejosa. Dado que el disidente señaló para recibir notificaciones las listas de acuerdos que este órgano jurisdiccional publica, con fundamento en lo establecido por los arábigos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un diverso domicilio procesal. Se tiene como autorizado del quejoso en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Julián Cisneros Contreras con cédula profesional 3472201 que se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese."
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