Miguel Ángel Ontiveros Delgado

Expediente 105/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
105/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2017

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ontiveros Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil diecisiete. En el oficio que se atiende, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 66/2017 y origen 23/2017; encomendado para notificar al aquí promovente Miguel Ángel Ontiveros Delgado, el proveído de treinta de enero de dos mil diecisiete, lo que se llevó a cabo el dieciséis de marzo del año que transcurre; en consecuencia, regístrese la baja en el libro respectivo y acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el treinta de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Ontiveros Delgado, se realizó en términos de la certificación de cuenta; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    Mesa V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil diecisiete. Agréguese la copia simple del oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria Auxiliar de Acuerdos Adscrita a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remite el original de la demanda de amparo promovida por ************, dos anexos y cinco copias de la misma, contra el acto reclamado al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, consistente en obligarlo a jubilarse hasta que cumpla sesenta y cinco años de edad o cuarenta de servicio, conforme a la modificación del Contrato Colectivo de Trabajo, mismo que entró en vigor el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 105/2017. Ahora bien, la Suprema Corte declinante, se declaró incompetente para conocer de la referida demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los numerales 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, acepta la competencia declinada; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional emprende el examen para determinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 1º, párrafo último, de la ley de la materia, dice: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." A su vez, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dice: "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Por otra parte, es conveniente distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; las de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que en primer lugar no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o supra subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación, al colocarse el gobernado como titular de los derechos reconocidos en la Constitución Federal frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es claro concluir que, concretamente, el acto que se reclama de la autoridad señalada como responsable consistente en obligarlo a jubilarse hasta que cumpla sesenta y cinco años de edad o cuarenta de servicio, conforme a la modificación del Contrato Colectivo de Trabajo, mismo que entró en vigor el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; o de actos de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios, así como determinados por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstractas y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad se entiende aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, de manera unilateral, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En el caso concreto, la circunstancia de que en la elaboración del contrato colectivo se conjunten exclusivamente las voluntades del sindicato de trabajadores y el de la parte patronal obliga a sostener que dicho convenio no puede tener la naturaleza de ley ni tampoco de acto de autoridad para fines del juicio de amparo, pues dado su carácter de convenio entre partes, no colma las características que todo acto de autoridad ha de tener para ser impugnado como acto reclamado en el juicio de amparo, ya que en su emisión no participa un ente que posea la naturaleza de autoridad -sino únicamente las partes contratantes, que se obligan en los términos de su texto- y que, por ende, incida en la esfera jurídica de los contratantes en forma unilateral Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia : 2a./J. 95/2009, con número de registro 166703, sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República (de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional), de rubro y texto: "CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD SUSCEPTIBLE DE SER SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO, PERO SÍ PUEDE SER PLANTEADA LA ILEGALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS A TRAVÉS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA PLANTEADO SU NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. De los artículos 33, 386, 387, 391, 396 y 400 a 403 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el contrato colectivo de trabajo es un acuerdo entre un grupo de trabajadores representados por una organización sindical, con un patrono o un grupo de patronos, con una empresa o una industria, en su carácter de unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, para establecer las condiciones de trabajo según las cuales aquéllos prestarán un servicio subordinado y éstos aceptarán obligaciones de naturaleza individual y social, mediante la consignación de beneficios y compromisos recíprocos, ajustados a la índole de los servicios a desarrollar por los trabajadores; y si bien del contenido de dichos numerales se infiere que en la elaboración del contrato colectivo imperan los principios de libertad contractual y de autonomía de la voluntad de las partes, esa libertad no es absoluta, pues está condicionada a que no se estipulen derechos inferiores a los consignados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a que no se vulneren garantías individuales. Por otra parte, si bien desde el punto de vista material el contrato colectivo de trabajo posee naturaleza normativa, esa circunstancia no es bastante para otorgarle el rango de ley, pues no posee las características formales ni los efectos materiales propios del acto legislativo, ni puede considerarse como un acto de autoridad susceptible de impugnación en el juicio de amparo, ya que no colma las características que todo acto de autoridad debe tener para ser impugnado como acto reclamado en el juicio de garantías, ya que en su emisión no participa un ente que posea la naturaleza de autoridad -sino únicamente las partes contratantes, que se obligan en los términos de su texto- y que, por ende, incida en forma unilateral en la esfera jurídica de los contratantes. No obstante, esto no significa que su contenido escape al control de constitucionalidad, pues tratándose del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 44, 46, 158 y 166, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es posible que, al señalar como acto reclamado el laudo donde se haya interpretado y aplicado un contrato de esa naturaleza, se verifique la inconstitucionalidad de sus cláusulas, siempre y cuando se haya planteado su nulidad en el juicio laboral de origen y la Junta de Conciliación y Arbitraje haya hecho el pronunciamiento, pues de estimar lo contrario, se permitiría la existencia de un pacto que pudiera ser violatorio en sí mismo de derechos fundamentales, protegidos en la Constitución General de la República, lo que pugna con los principios constitucionales referidos". Por esa razón, el acto que aquí se reclama, no puede considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo, porque la relación que se genera entre esa Comisión y los gobernados es de coordinación y no de supra a subordinación, porque las obligaciones que se producen entre ellos, conforme a la prestación de ese servicio, como lo señala el quejoso bajo formal protesta de decir verdad en su libelo de amparo, deriva de un Contrato Colectivo de Trabajo; motivo por el cual, la Comisión Federal de Electricidad no se encuentra en un plano de autoridad frente a la particular, ya que se reitera el acto que a ésta se atribuye es de coordinación en un vínculo laboral, que tampoco puede considerarse como imperativo, pues el afectado por esa omisión tiene la posibilidad de acudir ante un tribunal laboral, a fin de que decida lo correspondiente, además que dicha prestación tiene como propósito cumplir con una obligación contractual regida por la Constitución Federal y las leyes secundarias en materia laboral; es decir, lo que se cuestiona es un acuerdo entre el patrón y sindicato, en el que se establecen ciertas bases conforme a las cuales se habrán de jubilarse los trabajadores de la citada comisión, aspecto que es inminentemente de naturaleza laboral. Por tanto, el juicio de amparo contra el acto aquí reclamado resulta improcedente. En ese orden de ideas, no se satisface la hipótesis jurídica contemplada en el artículo 5° fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y resulta notoriamente improcedente en términos de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, quien resuelve considera existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Domicilio y autorizados. Con fundamento en los numerales 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en turno en el Estado de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez), para que en auxilio de las funciones de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique este proveído al quejoso Miguel Ángel Ontiveros Delgado, quien señaló en su escrito inicial de demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Carretera ciento noventa, kilometro setenta y siete (Panamericana-Internacional), mil quinientos ochenta y cinco, en la ciudad de Cintalapa, Chiapas; asimismo, lo requiera para que en el momento de la notificación o en el plazo de tres días contados a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia al aquí quejoso, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia . Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese...

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