Miguel Angel Pamatz

Expediente 604/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
604/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Pamatz
  • Sandy Alva Ornelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 604/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental allegada con las exhibidas por la parte quejosa y con las allegadas por la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzan referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Miguel Ángel Pamatz, Sandy Alva Ornelas y Hilario Pureco Rodríguez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17; y, Delegado del Registro Agrario Nacional. Ambos con sede en esta ciudad. Actos reclamados. Al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad: La sentencia definitiva en la que se tenga como controversia el juicio agrario sobre nulidad de documentos y acta de asamblea ejidal de veinte de mayo de dos mil veintidós. Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad La cancelación de la expedición de los nombramientos de autoridades ejidales a nombre de J. Jesús Infante Duran y/o Mariana Castro Chávez y Rutilio Castro Ortega, pertenecientes a la comunidad indígena de Villa Escalante, municipio de Santa Clara, Michoacán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de dos de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 604/2022, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; y se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de naturaleza positiva y la demanda se presentó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, los actos reclamados consistes en: Al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad: La sentencia definitiva en la que se tenga como controversia el juicio agrario sobre nulidad de documentos y acta de asamblea ejidal de veinte de mayo de dos mil veintidós. Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad La cancelación de la expedición de los nombramientos de autoridades ejidales a nombre de J. Jesús Infante Duran y/o Mariana Castro Chávez y Rutilio Castro Ortega, pertenecientes a la comunidad indígena de Villa Escalante, municipio de Santa Clara, Michoacán. Tercera. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes manifestaron que no son ciertos los actos reclamados que se les atribuyen. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, sin que haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado precisado en esta consideración, es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Pamatz, Sandy Alva Ornelas y Hilario Pureco Rodríguez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el resultando primero. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el encargado de despacho de la delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene a Jose Antonmio Rebollar Loyola, como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tiene registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública. Quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por habérselas otorgado expresamente. Ahora bien, y como lo solita el promovente, y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que se deje en autos; por tanto, y toda vez la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, se le informa al citado autorizado que deberá generar, su respectivo código QR, en los términos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que le sean entregadas las mismas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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