Miguel Angel Montañez Villa
Expediente 156/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Angel Montañez Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo en el presente expediente, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvanse al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la región de La Piedad, Michoacán, los dos discos compactos que allegó al presente asunto, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado en vía de alegatos, toda vez que el ocho de los actuales, se resolvió en definitiva el presente asunto. En relación con la solicitud para que se le expida copias en los términos que señala, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídansele a su costa las copias que refiere dicha representación social, previa identificación y recibo que se deje en el presente asunto para debida constancia legal. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Monse
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 156/2021, sin la comparecencia de las partes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable y hace constar que no existen más pendientes por admitir o desahogar. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: En atención a la cuenta, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Miguel Ángel Montañez Villa, por conducto de su defensora particular, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de La Piedad, Michoacán, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa 204/2020, el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas en agravio de Aurelio Mosqueda Hernández. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda y trámite. En auto de once de marzo de dos mil veintiuno (foja 5) este juzgado al que por razón de turno correspondió recibir la demanda de amparo, la tuvo por recibida, ordenó su registro con el número 156/2021, la admitió a trámite, solicitó a la responsable su informe justificado y otorgó a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Luego, en auto de seis de abril del año en curso (foja 20 reverso) se reconoció el carácter de terceros interesados a. Aurelio Mosqueda Hernández, víctima del delito; Dante René Vieyra Castro y María Cristina Higareda Cabezas, en su calidad de Agentes del Ministerio Público que formularon la imputación en la causa penal de la que deriva el acto reclamado; y, Luis Alejandro Madrigal Munguía, en su carácter de asesor jurídico adscrito a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, con adscripción en La Piedad. Por último, en auto de trece de abril de dos mil veintiuno (foja 29) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó en esta propia fecha, por lo cual ahora se procede a emitir la sentencia definitiva, conforme a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 51/2015, del mismo órgano, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por el quejoso consiste en: Auto de vinculación a proceso dictado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno dentro de la causa 204/2020, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de lesiones calificadas en agravio de Aurelio Mosqueda Hernández. El cual atribuyó al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, con sede en La Piedad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado (foja 17). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe justificado, consistente en un disco que contiene la videograbación de la audiencia mediante la cual se vinculó al quejoso al proceso de origen y las constancias digitalizadas que integran la carpeta administrativa relativa a la causa penal de origen. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el caso ninguna de las partes hizo valer causas de improcedencia y este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno dentro de la causa 204/2020, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de lesiones calificadas en agravio de Aurelio Mosqueda Hernández. Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos, en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental, de modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa, pues dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que, se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, de manera que, para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; elementos que se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Se agrega, que bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por el juez responsable al emitir la determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno dictada dentro de la causa 204/2020, que vinculó a proceso al quejoso por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas en agravio de Aurelio Mosqueda Hernández. Lo anterior, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en los conceptos de violación que formuló el promovente del amparo, respecto del acto reclamado materia de estudio en este apartado, aduce lo siguiente: Que la resolución reclamada es ilegal porque en los hechos expuestos en la audiencia inicial de vinculación, el representante social no aportó datos de prueba suficientes, idóneos, pertinentes y de calidad para tener por acreditados los hechos con apariencia de delito en su modalidad de lesiones calificadas; Que al emitir la resolución reclamada, el juez responsable sólo se basó en el dicho subjetivo de los testigos, quienes se dieron cuenta del hecho delictivo por meras instrucciones o dichos de terceras personas y no por medio de sus sentidos, como es la vista, olfato, tacto gusto u oído, que por ello, no debieron ser tomados en cuenta; Que no es suficiente para vincular a proceso al quejoso, el certificado médico, en virtud que en él, el perito médico de la fiscalía sólo describió el tipo de lesiones que presentó la víctima, sin determinar el tipo de instrumento con el que pudieron ser provocadas; de la misma forma, que tampoco es apta para dictar la vinculación, la prueba de inspección del lugar, porque con ella sólo se acreditó la existencia de un lugar determinado; Que es ilegal que el juez responsable haya dictado la vinculación a proceso manifestando que los datos de prueba allegados eran suficientes y que sólo se requiere un mínimo estándar probatorio, ya que ello no lo comparte la defensa; y, Que el juez responsable no tomó en cuenta los argumentos expresados por la defensa para aplicar la medida cautelar y que no debió aplicársele ninguna al quejoso, en virtud de que no existe peligro de que se sustraiga de la acción de la justicia. Conceptos de violación los anteriores que son infundados en una parte, e inoperantes en otra, como a continuación se precisará. Así, a efecto de dar sustento a esa calificación, se procederá en primer término a verificar, de acuerdo al análisis de los elementos previstos en el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de término constitucional, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito, se obtiene que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como se aprecia de lo anterior, la trascendencia que tiene el auto de plazo constitucional en el sistema penal oral es palmaria, porque somete al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializa la investigación) o bien, porque lo libera de esa sujeción, si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para permitir la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso comparece al amparo como imputado, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. De las constancias que obran en autos se aprecia que a las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se vinculó a proceso al quejoso Miguel Ángel Montañez Villa, por su probable intervención en el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II y 135, fracción I, inciso a), en relación con los 19, fracción I, 20 fracción I y 24, fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán. Los cuales disponen: Artículo 125. Lesiones simples A quien cause a otra persona un daño o alteración en su salud se le impondrá: (.) II. De seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, cuando las lesiones impidan al ofendido dedicarse a sus actividades habituales más de quince días, o la enfermedad dure un lapso mayor de ese tiempo, siempre que esas circunstancias sean temporales; (.) Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: a) Cuando el sujeto activo es superior en fuerza física al sujeto pasivo y éste no se encuentra armado; (.) Artículo 19. Delito instantáneo, permanente y continuado Atendiendo al momento de la consumación del resultado típico, el delito puede ser: I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos del tipo penal; (.) Artículo 20. Principio de imputación subjetiva Las acciones u omisiones delictivas únicamente pueden cometerse dolosa o culposamente, así: I. Actúa dolosamente quien, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización o este es consecuencia necesaria de la conducta realizada; y, (.) Artículo 24. Autores o participes del delito Son autores o partícipes del delito: (.) II. Los que lo realicen por sí; (.)" De la misma forma, se determinó como medida cautelar (min. 00:47:50) de conformidad con lo establecido en el artículo 155, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentación periódica cada mes, en concreto cada día último de mes. También se aprecia que se fijó como plazo para cierre de investigación tres meses, por lo que su conclusión sería el dieciséis de mayo de dos mil veintiuno (min. 00:50:53). Conforme a lo expuesto, se advierte que fue legal el auto de vinculación a proceso, dictado en la audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dado que en la misma se determinó que los hechos imputados al aquí quejoso eran por el delito arriba señalado. Ello, conforme al cuadro fáctico que el juez responsable estableció de acuerdo a la mecánica de los hechos y a los datos de prueba allegados por el ministerio público, el cual toralmente se hizo consistir en lo siguiente: Min. 00:08.52 de la audiencia de imputación de doce de febrero de dos mil veintiuno: El día siete de marzo de dos mil veinte, ya por la tarde, la víctima llegó hasta el domicilio del quejoso Miguel Ángel Montañez Villa, con la finalidad de darle la queja a su padre de nombre Aurelio, respecto de un problema previo que tuvo con el quejoso ese mismo día, por fuera de una tienda, en la cual el quejoso retó a golpes a la víctima del delito; sin embargo, en ese momento Miguel Ángel Montañez Villa salió del domicilio portando una barra de metal, con la cual agredió a la víctima, golpeándolo al menos en dos ocasiones, en la cavidad cefálica, dejándolo inconsciente. Pues bien, conforme a las circunstancias de tiempo, lugar y modo, precisadas anteriormente, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso al quejoso atendiendo a las consideraciones siguientes: "(.) Min. 00:15:22 Declaro cerrado el debate y voy a emitir la resolución correspondiente, en primer término, soy competente para conocer y resolver conforme a lo mandado por los numerales 21, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 37, fracción V y 47, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Conforme a los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los requisitos para vincular a proceso son los siguientes: Que se haya formulado imputación; Que se haya otorgado oportunidad a declarar o abstenerse de hacerlo al imputado; Que de los antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público se tengan datos que permitan establecer razonablemente que se cometió un hecho que la ley señala como delito; y, La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La dos primeras exigencias están satisfechas toda vez que se formuló imputación al señor Miguel Ángel Montañez Villa, por el ilícito o por el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas, previsto en los artículos 125, fracción II y 135, fracción I, inciso a), del Código Penal del Estado. También se otorgó la oportunidad de declarar al señor Miguel Ángel y debidamente asesorado por sus defensores, decidió no declarar. Las últimas dos exigencias las voy a analizar a continuación. De acuerdo con los antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público se obtiene que el hecho fáctico se hace consistir en que el día siete de marzo de dos mil veinte por la tarde, la víctima llegó hasta el domicilio del señor Miguel Ángel con la finalidad de darle la queja a su señor padre que responde al nombre de Marciano Montañez Mosqueda, respecto a un problema previo que tuvo o que tuvieron ambos, lo retó a golpes; sin embargo, mientras esto ocurría, el señor Miguel Ángel salió de ese mismo domicilio portando una barra de metal con la cual agredió al señor Aurelio, golpeándolo al menos dos veces, en la cavidad encefálica, ocasionándole lesiones y dejándolo inconsciente. Previo a determinar si es factible establecer este hecho, es decir, si es plausible determinar si este cuadro fáctico que imputa el Ministerio Público, es factible establecerlo, voy a hacer algunas precisiones. La norma constitucional y adjetiva establecen que para vincular a proceso a una persona únicamente se requiere de datos y estos datos no constituyen prueba, porque la prueba solamente nace en juicio, por tanto, la resolución que se dicta en esta etapa implica un estudio de tipo sintético y no analítico, es decir, se consideran en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos por la representación social sin que deba verificarse el alcance probatorio, incluso formal de los mismos, únicamente debe satisfacerse la idoneidad, pertinencia y suficiente. De esta manera tampoco es necesario realizar un examen de un juicio de tipicidad que es propio de una sentencia definitiva, sino que solo se trata de verificar que los datos de prueba razonablemente nos permiten establecer la existencia de un hecho que reviste las características de delito y que sea plausible establecer que el mismo ocurrió y que objetivamente pudo ser ejecutado por la persona a la que se le imputa. En esas condiciones los datos de prueba expuestos por el ministerio público se consideran idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer el cuadro fáctico propuesto esto es así, toda vez que el señor Aurelio Mosqueda Hernández, denunció el hecho y de acuerdo a los datos expuestos de su entrevista, que no es necesario repetirlos aquí porque ya fueron expuestos por el ministerio público, esos datos los advierto lógicos, consistentes y además, tienen sustento objetivo en los diversos datos de prueba que también expuso el ministerio público, como es el certificado de lesiones y las entrevistas que precisó la representación social, en consecuencia, en este sentido, es razonable establecer que el hecho descrito por el ministerio público ocurrió en la realidad. Ahora comprende establecer, si razonablemente ese hecho que el ministerio público imputa al señor Miguel Ángel es o se corresponde con el que la ley señala como delito. Lesionar a una persona en las circunstancias especificadas, es decir, golpearlo con un objeto en la cabeza, constituye un hecho que se corresponde como lesiones calificadas, previstas en el artículo fracción II y 135, fracción I, inciso a), esto es así, toda vez que esas alteraciones en su salud de la víctima como fueron una herida contusa, suturada con puntos, localizada en la región parietal izquierda, de 5 por .05 centímetros y una escoriación localizada en región de comisura de labio, de lado izquierdo de 2.5 por 0.5 centímetros, así como una hemorragia intraparenquimatosa en el lóbulo frontal derecho; estos daños corporales no, no existe la posibilidad de que la víctima se los haya ocasionado por sí mismo, sino que necesariamente le fueron ocasionadas por otra persona al menos así se infiere hasta este momento. Además, entre esos daños corporales y la conducta imputada existe una relación de causalidad, es decir, esos daños se corresponden con la conducta que el ministerio publico atribuye al señor Miguel Ángel Montañez Villa, por lo tanto, es factible establecer el hecho que la ley señala como el delito de lesiones calificadas. Asimismo, es por igual razonable concluir que existe la probabilidad de que el imputado cometió ese hecho, esto es así, toda vez que existe la imputación de la víctima en contra del señor Miguel Ángel; esta imputación no se encuentra aislada, sino que está corroborada por las entrevistas de los testigos, que si bien no fueron presenciales, sí aportan datos objetivos respecto a que lo vieron con lesiones, lo vieron sentado en una banca y lesionado, además como indicio anterior al hecho imputado se tiene que, existió una discusión previa entre el imputado y la víctima, de este dato, de este indicio razonable, discusión previa entre el imputado y la víctima, se infiere razonablemente que el imputado tenía razones para agredir al señor Aurelio Mosqueda, además estos datos tienen sustento objetivo en las lesiones que ya quedaron precisadas, en los daños corporales que ya quedaron precisados, toda vez que se corresponden con la forma en que el señor Aurelio Mosqueda Hernández, precisó que le fueron ocasionadas. Por tanto, es factible establecer con estos indicios razonables que el señor Miguel Ángel Montañez Villa, intervino en el hecho que el ministerio público le imputa. Con relación a lo que refiere la defensa, en el sentido de que no existe un testigo presencial en esta causa penal, cabe establecer que no son testigos los que comparecen a esta audiencia inicial, es decir, los datos de prueba son referencias expuestas por el ministerio público, no comparece la fuente de prueba, solamente las referencias que hace el ministerio publico respecto de las entrevistas o antecedentes de investigación que recabó en su carpeta de investigación y únicamente debe de establecerse respecto de esos antecedentes si son idóneos, pertinentes y suficientes. La defensa refiere que no son idóneos, pertinentes y suficientes pero no explica por qué, no destaca por qué; ahora, de acuerdo al estándar probatorio que se exige en esta etapa procesal, es de una probabilidad preponderante, es decir, no se exige la certeza respecto del hecho, esta certeza solamente se exige en el dictado de una sentencia definitiva. Por lo tanto, bastan solamente datos de prueba o indicios razonables que permitan suponer que el hecho acaeció en la realidad y que existe la probabilidad de que el imputado intervino en ese hecho y como ya lo dejé establecido, los datos de prueba expuestos por el agente del ministerio público son suficientes hasta este momento, hasta este momento constituyen indicios razonables que permiten suponer que el señor Miguel Ángel Montañez Villa intervino en el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas. Refiere la defensa también en sus alegatos, que no se acreditó la responsabilidad, que no se comprueba la responsabilidad, en el dictado de una vinculación a proceso tampoco es exigible acreditar la responsabilidad penal, la responsabilidad penal es una exigencia constitucional para la emisión de una sentencia definitiva, para la vinculación a proceso como ya lo establecí, solamente se requiere la probabilidad de intervención, es decir, es un estándar mucho menor que el que la defensa sugiere en esta audiencia, como es la responsabilidad, pues para acreditar la responsabilidad se exige certeza más allá de toda duda razonable. También precisa la defensa que no se tiene el instrumento con el que fue golpeado el señor Aurelio Mosqueda Hernández, ante esto se establece que ello no es necesario, esto no es necesario, toda vez que, pues sólo se emiten referencias de los datos, o referencias de las fuentes o antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público. Por último, la defensa manifiesta que existe una alternativa plausible respecto de las lesiones que presenta el señor Aurelio Mosqueda Hernández, porque aduce que se las pudo haber ocasionado con una piedra al caerse de la bicicleta, sin embargo, esta es una apreciación subjetiva de la defensa, toda vez que no tiene sustento en ningún dato de prueba, ósea solamente hace esa referencia, tampoco precisa si existe algún indicio razonable que permita inferir esa circunstancia. Por todo lo anterior, se declaran infundados los alegatos expresados por la defensa y para concluir determino que existe entonces la probabilidad de que el indiciado cometió el hecho imputado. De las exposiciones de las partes no advierto la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, por tanto siendo las nueve horas con treinta y seis minutos del día de hoy, dicto auto de vinculación a proceso al señor Miguel Ángel Montañez Villa, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas, previsto en el artículo 125, fracción II y 135, fracción I, inciso a), en agravio del señor Aurelio Mosqueda Hernández. De acuerdo a lo expuesto, quien resuelve estima correcta la vinculación a proceso del quejoso Miguel Ángel Montañez Villa, por su probable intervención en el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II y 135, fracción I, inciso a), del Código Penal del Estado de Michoacán, ya que como lo refirió el juez responsable, el certificado médico del perito adscrito a la fiscalía, revela que la víctima presentó una herida contusa, suturada con puntos, localizada en la región parietal izquierda, de 5 por .05 centímetros y una escoriación localizada en región de comisura de labio, de lado izquierdo de 2.5 por 0.5 centímetros, así como una hemorragia intraparenquimatosa en el lóbulo frontal derecho. De la misma forma, quien resuelve estima correcta la calificación otorgada al hecho con apariencia del delito realizada en términos de la fracción I, inciso a), del artículo 135, del código punitivo del estado, en la medida que los datos de prueba revelan hasta este momento, que el quejoso infirió los golpes a la víctima con una barra de metal y bajo ese contexto, las lesiones provocadas por aquel se produjeron con ventaja, porque éste no se encontraba en condiciones de defenderse de la misma forma, ya que a diferencia del quejoso que portaba la barra de metal, la víctima no llevaba ningún objeto con el cual hubiera podido repeler la agresión. Asimismo, se comparte la apreciación del juez natural, en el sentido que, los datos de prueba expuestos por el ministerio público son aptos hasta este momento para acreditar el cuadro fáctico propuesto, ya que se cuenta con la denuncia de Aurelio Mosqueda Hernández, con el certificado de lesiones y las entrevistas de los testigos, que aunque no fueron presenciales, sí aportaron datos objetivos respecto a que vieron la víctima con lesiones, sentado en una banca y, además con el indicio anterior al hecho imputado, en el sentido que existió una discusión previa entre el imputado y la víctima. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos arriba señalados. Esto, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron tres meses en la audiencia inicial- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por tanto, fue legal la determinación del juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación, aunado a que dio contestación a los argumentos y objeciones hechas valer por la defensa y fundó y motivó su determinación. Más porque -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada su responsabilidad en los hechos que se le imputaron, sino sólo tiene como consecuencia hacer del conocimiento del imputado los motivos por los que se sigue la investigación en su contra. Y como también se estableció en los párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan acreditados en la especie, al tenor de los datos de prueba referidos anteriormente. Rebasado el aspecto anterior, en este apartado corresponde que el suscrito juzgador establezca las razones por las que calificó de infundados e inoperantes, los conceptos de violación esgrimidos por el promovente del amparo. Así, son inoperantes los conceptos de violación en los que el quejoso expone que: Que la resolución reclamada es ilegal porque en los hechos expuestos en la audiencia inicial de vinculación, el representante social no aportó datos de prueba suficientes, idóneos, pertinentes y de calidad para tener por acreditados los hechos con apariencia de delito en su modalidad de lesiones calificadas; Que al emitir la resolución reclamada, el juez responsable sólo se basó en el dicho subjetivo de los testigos, quienes se dieron cuenta del hecho delictivo por meras instrucciones o dichos de terceras personas y no por medio de sus sentidos, como es la vista, olfato, tacto gusto u oído, que por ello, no debieron ser tomados en cuenta; Que no es suficiente para vincular a proceso al quejoso, el certificado médico, en virtud que en él, el perito médico de la fiscalía sólo describió el tipo de lesiones que presentó la víctima, sin determinar el tipo de instrumento con el que pudieron ser provocadas; de la misma forma, que tampoco es apta para dictar la vinculación, la prueba de inspección del lugar, porque con ella sólo se acreditó la existencia de un lugar determinado; y, Que es ilegal que el juez responsable haya dictado la vinculación a proceso manifestando que los datos de prueba allegados eran suficientes y que sólo se requiere un mínimo estándar probatorio, ya que ello no lo comparte la defensa. Lo anterior, porque en ellos, la promovente del amparo se limita a reiterar aspectos que el juez de la causa determinó infundados al emitir la vinculación a proceso en contra del quejoso, tal y como se aprecia de la resolución emitida en forma oral, en la parte que indicó: "(.) Con relación a lo que refiere la defensa, en el sentido de que no existe un testigo presencial en esta causa penal, cabe establecer que no son testigos los que comparecen a esta audiencia inicial, es decir, los datos de prueba son referencias expuestas por el ministerio público, no comparece la fuente de prueba, solamente las referencias que hace el ministerio publico respecto de las entrevistas o antecedentes de investigación que recabó en su carpeta de investigación y únicamente debe de establecerse respecto de esos antecedentes si son idóneos, pertinentes y suficientes. La defensa refiere que no son idóneos, pertinentes y suficientes pero no explica por qué, no destaca por qué; ahora, de acuerdo al estándar probatorio que se exige en esta etapa procesal, es de una probabilidad preponderante, es decir, no se exige la certeza respecto del hecho, esta certeza solamente se exige en el dictado de una sentencia definitiva. Por lo tanto, bastan solamente datos de prueba o indicios razonables que permitan suponer que el hecho acaeció en la realidad y que existe la probabilidad de que el imputado intervino en ese hecho y como ya lo dejé establecido, los datos de prueba expuestos por el agente del ministerio público son suficientes hasta este momento, hasta este momento constituyen indicios razonables que permiten suponer que el señor Miguel Ángel Montañez Villa intervino en el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas. Refiere la defensa también en sus alegatos, que no se acreditó la responsabilidad, que no se comprueba la responsabilidad, en el dictado de una vinculación a proceso tampoco es exigible acreditar la responsabilidad penal, la responsabilidad penal es una exigencia constitucional para la emisión de una sentencia definitiva, para la vinculación a proceso como ya lo establecí, solamente se requiere la probabilidad de intervención, es decir, es un estándar mucho menor que el que la defensa sugiere en esta audiencia, como es la responsabilidad, pues para acreditar la responsabilidad se exige certeza más allá de toda duda razonable. También precisa la defensa que no se tiene el instrumento con el que fue golpeado el señor Aurelio Mosqueda Hernández, ante esto se establece que ello no es necesario, esto no es necesario, toda vez que, pues sólo se emiten referencias de los datos, o referencias de las fuentes o antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público. Por último, la defensa manifiesta que existe una alternativa plausible respecto de las lesiones que presenta el señor Aurelio Mosqueda Hernández, porque aduce que se las pudo haber ocasionado con una piedra al caerse de la bicicleta, sin embargo, esta es una apreciación subjetiva de la defensa, toda vez que no tiene sustento en ningún dato de prueba, ósea solamente hace esa referencia, tampoco precisa si existe algún indicio razonable que permita inferir esa circunstancia. Por todo lo anterior, se declaran infundados los alegatos expresados por la defensa y para concluir determino que existe entonces la probabilidad de que el indiciado cometió el hecho imputado.(.)" De la misma forma, es infundado el concepto de violación en el que se argumenta: Que el juez responsable no tomó en cuenta los argumentos expresados por la defensa para aplicar la medida cautelar al quejoso y que no debió aplicársele ninguna, en virtud de que no existe peligro de que se sustraiga de la acción de la justicia. Lo anterior, ya que la intelección sistemática de los artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer que, cuando se emita la vinculación a proceso al imputado y además, exista solicitud del Ministerio Público, como en el caso, deberá emitirse una medida cautelar por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, tal y como se observa: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación precisados y sin que se advierta queja deficiente que proceda suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa 204/2020, el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas en agravio de Aurelio Mosqueda Hernández. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en la consideración quinta, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Montañez Villa, contra el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa 204/2020, el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas en agravio de Aurelio Mosqueda Hernández. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración sexta de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el correo electrónico de cuenta, del que se advierte que el siete de mayo de dos mil veintiuno, se remitió correo a las direcciones de correo: m_madrigal_@hotmail.com y ceeav.piedad@gmail.com, mismas que fueron proporcionadas por la Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, con el propósito de emplazar a juicio al asesor jurídico Luis Alejandro Madrigal Munguía. Luego, de la promoción de cuenta, se advierte que el citado asesor acusó el diez de mayo de dos mil veintiuno la recepción del correo electrónico enviado el siete de este mismo mes y año. Asimismo, adjuntó una copia del auto de once de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se advierte que obra el sello de la Comisión de Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, así como el nombre y firma del señalado asesor. Lo anterior, debido a que en tres ocasiones se enviaron oficios a la dirección calle Tulipanes, número 100, interior Mercado Mixto Benito Juárez, colonia Obrera en La Piedad, Michoacán, lugar donde guarda asiento la oficina del señalado asesor, sin que haya sido posible la entrega de los comunicados. En consecuencia, se tiene por emplazado al presente juicio de amparo a Luis Alejandro Madrigal Munguía en su carácter de asesor jurídico, adscrito a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, en La Piedad, quien interviene en el proceso penal 204/2020, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la región de La Piedad, Michoacán. Por lo cual se ordena que en lo subsecuente, se realicen las notificaciones dirigidas a éste a las oficinas centrales que se encuentran en esta ciudad capital. En consecuencia, gírese oficio a la Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, para que tenga conocimiento de lo acordado en el presente juicio de amparo y que por su conducto haga llegar los oficios que en un futuro se giren. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Miguel Angel Gonzalez Olivos1196/2017
- Miguel Angel Guerra Lupian530/2023
- Miguel Angel Ibarra Valencia1168/2023
- Miguel Angel Lemus Anguiano633/2022
- Miguel Angel Lemus Anguiano941/2020
- Miguel Ángel Miranda Pacindo326/2018
- Miguel Angel Montañez Villa155/2021
- Miguel Ángel Morelos Santoyo129/2018
- Miguel Angel Moreno Alanis417/2019
- Miguel Angel Ortiz Rosas289/2020
- Miguel Angel Pamatz604/2022
- Miguel Angel Pimentel Villegas226/2019