Miguel Angel Ortiz Rosas

Expediente 289/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
289/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Miguel Angel Ortiz Rosas
  • Secretario de Educación en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 18 de marzo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 289/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por la parte quejosa. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Miguel Ángel Ortiz Rosas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Educación y del Director de Profesiones, ambos del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 5°, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, la cual registró bajo expediente 289/2020 y en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte la admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Sin embargo, el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia por el virus COVID-19. Sexto. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19; se fijó hora y fecha para la celebración y se requirió nuevamente a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado. Séptimo. Suspensión de labores y reanudación de términos. El procedimiento se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia generada por el virus COVID-19. En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 así como al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19, este juzgado de distrito emitió el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el que se levantó la suspensión de labores ordinarias y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este órgano jurisdiccional; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a fojas 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, Materia Común, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por el quejoso al Secretario de Educación y al Director de Profesiones, ambos del Estado de Michoacán, consisten en: La negativa de renovar su autorización de médico forense y perito en criminalística, la cual fue otorgada en Morelia el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, por los entonces Jefa y Secretario del Departamento de Profesiones. Tercero. Inexistencia del acto reclamado al Secretario de Educación en el Estado de Michoacán. El Secretario de Educación en el Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que le atribuyó el quejoso de forma lisa y llana, por lo que no se generó motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a la mencionada autoridad a probar su dicho, en este caso, la negativa de renovar su autorización de médico forense y perito en criminalística. Asimismo, la referida aseveración liberó a la Secretaría de Educación en el Estado de la carga probatoria y la trasladó al inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos por parte de dicha autoridad, por eso le correspondía la acreditación de sus argumentos sin que lo hubiere hecho. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido a la Secretaría de Educación en el Estado, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Presunción de certeza del acto reclamado al Director de Profesiones del Estado de Michoacán. La autoridad responsable Director de Profesiones del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe con justificación, no obstante encontrarse debidamente notificado para ello y haber transcurrido el plazo que se le otorgó, como se advierte del acuse de recibo de veinte de noviembre de dos mil veinte; por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 106, volumen 193-198, Primera Parte, registro 232226, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Si embargo, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso señala que conforme a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas que rigen nuestro sistema jurídico, los actos de molestia para ser legales deben ser emitidos por autoridad competente, legítima, debiendo expresar el carácter con que lo suscribió y el artículo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, lo cual en la especie no aconteció por lo que se le deja en estado de indefensión. Ello -manifiesta- ya que al no conocer el apoyo legal que le otorga tal facultad que en esencia revocó su autoridad de perito práctico, ni el carácter con que lo emitió, es inconcuso que no se le da la oportunidad de examinar de manera exhaustiva si su actuar se encuentra o no dentro de su ámbito competencial respectivo y si éste es o no se encuentra ajustado a derecho, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque con la consiguiente violación en perjuicio de sus derecho fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Como sustento de sus argumentos, citó la tesis 260, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 175 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Séptima Época, registro 394216, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Conceptos de violación que son infundados. Esto es así, ante la imposibilidad jurídica y material que tiene el que ahora resuelve para determinar si el acto reclamado es o no inconstitucional; y, para sustentar esta afirmación se trae a glosa el contenido del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 117. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. [.]" El precepto transcrito establece un principio de distribución probatoria en el juicio de amparo, conforme al cual, en aquellos supuestos en que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado, la carga procesal de acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso, siempre y cuando dicho acto no sea violatorio, en sí mismo, de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe señalar que un acto de autoridad es, en sí mismo, violatorio de los derechos humanos y de las garantías para su protección, cuando la Constitución Federal o los tratados internacionales prohíban la realización del acto impugnado o no prevea la facultad de la autoridad para emitirlo, o bien, cuando por su propia naturaleza sea contrario a los principios constitucionales o convencionales. En cambio, el acto reclamado no será violatorio, en sí mismo, de los derechos humanos y de las garantías para su protección, cuando pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos y cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto. Es decir, el artículo 117 de la Ley de Amparo, en la parte que nos interesa, prevé dos aspectos distintos, a saber: La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. Cuando se da la presunción de certeza por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A fin de estar en aptitud de conocer el contenido exacto de los citados puntos, se procede a precisar los siguientes aspectos. La presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de las circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Por tanto, al producirse la presunción prevista en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que se debe tener por cierto es el acto reclamado; no obstante, tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, pues no hay precepto que así lo establezca. Establecido lo anterior, se procede al examen de la segunda parte del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. El citado artículo establece, como regla general, que corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. El propio numeral prevé sólo una excepción a lo anterior, consistente en que el peticionario de amparo queda relevado de la carga probatoria cuando el acto reclamado sea, en sí mismo, violatorio de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, lo que determina si la carga probatoria recae en el quejoso es la circunstancia de que el acto sea o no inconstitucional en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y de las garantías para su protección, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental o los tratados internacionales, entonces no es en sí mismo violatorio. De ahí, que el artículo 117 cuarto párrafo de la Ley de Amparo, establezca que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de los derechos humanos y de las garantías para su protección; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios de los derechos humanos en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a la existencia del acto. Al respecto es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6531 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXXII, registro 326936, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, esto es, el quejoso no queda relevado de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito nunca pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, por dicho quejoso." Ahora bien, en el caso, el quejoso reclama la negativa de renovar su autorización de médico forense y perito en criminalística, la cual fue otorgada en Morelia el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, por los entonces Jefa y Secretario del Departamento de Profesiones, el cual no es inconstitucional en sí mismo ya que su inconstitucionalidad sólo puede depender de los motivos, datos o pruebas en que la responsable lo haya fundado; aspectos que no fueron aportados al sumario, ni por la autoridad responsable -a quien le correspondía en principio- ni por el quejoso, a quien le correspondía ante la omisión de aquella. Luego, es inconcuso que el acto reclamado no puede ser inconstitucional o violatorio de derechos humanos en sí mismo, sino que en todo caso, ello depende de las circunstancias particulares imperantes en la especie, las cuales se desconocen. En efecto, ante la omisión de la responsable de rendir su informe con justificación, era el quejoso a quien le correspondía allegar al presente juicio los motivos, datos o pruebas, para que éste Juzgador estuviera en aptitud de determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, no se cumplió con tal carga procesal. Lo anterior es así, porque el quejoso ni siquiera acreditó que efectivamente el Director de Profesiones del Estado se hubiere negado a renovar su autorización de médico forense y perito criminalista; menos aún que dicha respuesta fuera inconstitucional. Y si bien mencionó que el siete de febrero de dos mil veinte, solicitó ante dicha autoridad la mencionada renovación y mediante oficio SE/SEMS y S/DP/092/2020, de veintisiete de febrero del mismo año, el Director de Profesiones le contestó que no había lugar a renovar la multicitada autorización, debió haber ofrecido dichos oficios al presente juicio de amparo; y, únicamente exhibió copia certificada de su autorización como "médico forense y perito en criminalística", de su cédula y de su "certificado de especialista en medicina legal y forense". Consecuentemente, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, conforme a lo dispuesto en cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 4/92, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 6/90 [Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito], publicada en la página 13 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, Materias Común, Octava Época, registro digital 206153 de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO PARA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si bien es cierto que el artículo 78 de la Ley de Amparo faculta al juzgador para que de oficio recabe discrecionalmente las pruebas que fueron rendidas ante las autoridades responsables, que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto, de este precepto no se puede desprender la facultad de obligar a la responsable omisa a rendir su informe cuando expresamente hay una sanción por esa omisión, conforme al tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo". También es aplicable la tesis V.2o. J/16, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 69 Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, Materias Común-Constitucional, registro digital 220366 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme". Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto, autoridad y motivos contenidos en el considerando tercero de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Ortiz Rosas, en contra del acto, autoridad y por las razones expuestas en el considerando sexto. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

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Notifíquese********************por********************lista********************y********************mediante********************oficio********************a********************las********************autoridades********************responsables. 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