MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MIRELES y Otros.
Expediente 1143/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MIRELES y Otros.
- Edgar César Valerio
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1143/2022-III Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica de la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el cual solicita se informe el acuerdo que recayó al diverso, girado con motivo de la separación de juicios decretada en auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, derivado dentro del juicio de amparo de su índice. Estado procesal. En consecuencia, se hace saber al homologo federal que del estado procesal de las actuaciones, se advierte que en proveído de veinticinco de octubre del año en curso, se tuvo por recibo el oficio en cuestión y se desechó de plano la demanda de amparo respecto al acto reclamado por el cual se decretó la separación de juicios dentro del expediente antes precisado. Se ordena remitir copia de auto. Pese a lo anterior, se ordena remitir al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, copia autorizada con evidencia criptográfica del auto dictado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a fin de que surta los efectos legales conducentes dentro del juicio de amparo de su índice. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1143/2022-III Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el referido proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Se recibe el oficio del Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla -con firma electrónica- por el cual remite copia digitilizada de diversas actuaciones que obran dentro del juicio de amparo xxx, de su índice, que inició con la demanda de protección de derechos fundamentales suscrita por xxx por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla (xxx). Esas copias ordenó remitirlas el titular del citado órgano, por la separación de juicios que decretó en el referido expediente, y en el cual precisó los actos correspondientes al nuevo asunto. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). MATERIA DEL JUICIO. De la lectura del capítulo de actos reclamados de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y del acuerdo dictado el veinte de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo xxxx, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se advierte que la materia de este juicio corresponde a: todo lo actuado en la audiencia inicial celebrada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dentro de los autos de la carpeta judicial administrativa xxx; así como su continuación celebrada el dos de abril de dos mil veintiuno, en la que se resolvió lo conducente al control de detención, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación complementaria respecto de los quejosos xxx Tal acto, atribuido al Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla xxx. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo,establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. de las manifestaciones realizadas por los quejosos en la demanda de amparo, así como en el escrito aclaratorio de catorce de octubre de dos mil veintidós, sobre las fechas cuando fueron emitidos los actos reclamados, permite visualizar que es improcedente la acción de derechos fundamentales. Lo anterior, porque la demanda de este juicio fue presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de tutela constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que pueden definirse de la forma siguiente: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de este dispone un plazo de quince días. De lo anterior se obtiene que el juicio de protección de derechos, será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda y escrito aclaratorio contienen la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que los quejosos participaron y estuvieron asistidos por un defensor particular, en las audiencias de veintinueve de marzo y dos de abril, ambos de dos mil veintiuno, donde el juez responsable calificó su detención, les impuso una medida cautelar, les decretó vinculación a proceso y fijó el plazo de cierre de investigación complementaria respecto de los quejoso xxxx, en la causa penal. Entonces, las fechas que deben utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación, son las que corresponden a las audiencias en que se calificó su detención, se les impuso una medida cautelar, les fue dictado un auto de vinculación a proceso y se fijó el plazo de cierre de investigación complementaria, dentro de la causa penal de origen. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se consideran las fechas cuando fueron notificados de los mencionados actos. Ello, de la forma siguiente: la calificación a la detención y la medida cautelar fueron notificadas a los quejosos el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, y surtió efectos el treinta siguiente, en términos de los artículos 63 y 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras el auto de vinculación a proceso y plazo de investigación complementaria, fueron notificados a los quejosos el dos de abril de dos mil veintiuno, y surtió efectos el cinco del referido mes y año, también conforme a los artículos 63 y 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que el plazo de quince días que tenían los quejosos para ejercer la acción de tutela constitucional para la calificación a su detención, la medida cautelar, el auto de vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria feneció el veintitrés y veintiséis de abril de dos mil veintiuno, respectivamente. Lo anterior implica que la demanda recibida, está fuera del plazo de quince días previsto en el invocado numeral 17. Máximo que los quejosos presentaron su demanda de amparo, hasta el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, como se desprende del acuerdo inicial de prevención, esto es, más de un año después de que se emitieran los actos reclamados. Situación que implica una presentación extemporánea de la demanda, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación, respecto de los actos combatidos en el presente juicio. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la causal de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos los actos de marras, porque la demanda de amparo fue presentada después de terminado el plazo de quince días. Por tanto, se concluye que los actos reclamados por los quejosos en la demanda de este juicio y escrito aclaratorio, deben subsumirse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando aquéllos no se ubican en los supuestos de excepción relatados. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por xxxx, por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla (xxxx), porque los actos delimitados en el escrito de demanda y escrito aclaratorio pretenden combatirlos después de haber terminado el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la legislación.
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