Miguel Ángel García Molina
Expediente 1025/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel García Molina
- Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 6, del equipo de Investigación y Litigio III
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 1025/2022-I, promovido por Miguel Ángel García Molina, contra actos de la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y turnado en la misma fecha a este juzgado por razón de turno, Miguel Ángel García Molina, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, consistente en la orden de aprehensión y/o detención girada en su contra. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 1025/2022-I-B; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien presentó pedimento; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público adscrita; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad judicial del Distrito Judicial Bravos, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del quejoso y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro es: 1 2 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." 1 Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Así, del examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: La orden de aprehensión emitida el diecisiete de octubre de dos mil veintidós y ejecutada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, así como la orden de levantar la suspensión y reanudar el procedimiento contenidos en la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el cuadernillo de ejecución penal 673/2021, del índice de la ordenadora. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, del Distrito Judicial Bravos (en su denominación correcta), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la emisión de una orden de aprehensión librada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós y ejecutada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, así como la orden de levantar la suspensión y reanudar el procedimiento contenidos en la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el cuadernillo de ejecución penal 673/2021, del índice de la ordenadora. En apoyo a su informe, envió copia autorizada de las constancias en que apoya su comunicación, contra la parte quejosa por los ilícitos que ahí se tratan y disco compacto con la audiencia respectiva. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen e impugnan de inconstitucionales. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:3 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. 3 Visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:4 "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente asunto, no se advierte de oficio la existencia de alguna causal de improcedencia ni fue invocada alguna causal por las partes, por lo que se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis constitucional de la determinación reclamada. Los conceptos de violación son infundados, aún suplidos en su beneficio. La parte quejosa señala que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales, ya que dicha orden que se tilda de ilegal, es totalmente arbitraria e ilegal, ya que la responsable, sin fundamento y sin razonamiento suficiente, está ordenando que el quejoso sea privado de su libertad, y además, ejecutó en su perjuicio las sanciones que fueron suspendidas por medio de la condena condicional. Considerando que la responsable realizó una correcta valoración y ponderación de los datos en los que 4 Visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común. apoyó su determinación, ya que dicha orden fue incumplida por el aquí quejoso al no residir obligatoriamente en domicilio determinado, sin embargo, exterioriza el quejoso que la responsable no sustenta con datos suficientes, que él no residía en lugar determinado por lo que continua manifestando que no incumplió con la obligación de residir en domicilio determinado faltando e incumpliendo la responsable al debido razonamiento y motivación que como autoridad tiene la obligación, y más aún cuando la libertad se encuentra en tela de juicio. Como se dijo, resulta infundado este argumento en virtud de que el sentenciado, aquí quejoso, incumplió con las obligaciones contempladas en la fracción II, inciso b) y fracción IX del Código Penal Federal, consistentes en residir en determinado domicilio y comparecer a todas las citaciones que le hicieran por parte de la autoridad responsable ordenadora; ello, no obstante de estar debidamente notificado de las prevenciones ahí establecidas, tal como se pudo advertir de la constancia de notificación realizada vía telefónica el quince de febrero de dos mil veintidós, y por medio de lista en fecha veintiocho de abril, diecisiete de mayo y veinte de mayo, todos de dos mil veintidós; sin que a la fecha se tenga conocimiento que haya dado cumplimiento a las obligaciones consistentes en residir en determinado domicilio durante el cumplimiento de la pena en libertad; y comparecer a todas las citaciones que ese órgano jurisdiccional realizó. Quedando evidenciado el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado, aquí quejoso, al acogerse al beneficio que le fue otorgado en sentencia, mismas que se encuentran contempladas en el artículo 90 del Código Penal Federal, dado que la actitud adoptada por él, impide que la sentencia dictada en su contra, sea ejecutada en sus términos, pues las penas se encontraban suspendidas sin que a cambio el quejoso haya cumplido con la totalidad de las obligaciones que contrajo. Por lo que el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la notificadora de la adscripción levantó acta circunstanciada con la que dio cuenta a la Juez responsable, que al constituirse en el domicilio señalado por el quejoso, se entrevistó con una persona que habitaba ese domicilio, quien informó que ahí no residía, por lo que se ordenó notificársele por lista concluyendo la responsable que fue cierto y verídico el dato que el quejoso tilda de incompleto; por lo que éste ostenta que nunca se enteró de forma fehaciente de ninguna audiencia o notificación, agregando el inconforme de amparo que a él se le podía localizar fácilmente, tan así es, que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós se emitió orden de captura y en fecha veinticinco de octubre del mismo año, fue detenido en su lugar de trabajo, es decir, casi ocho días después de librar dicha orden, por lo que fue capturado en su lugar de empleo, motivo por el cual estima que si se encontraba fácil de localizar. Resulta infundado dicho argumento defensivo, en virtud de que como lo estableció la representación social que ante la renuencia del sentenciado Miguel Ángel García Molina de cumplir con las obligaciones que contrajo al serle otorgada la condena condicional en sentencia, al cual se acogió el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, debían hacerse efectivas las penas suspendidas, esto es, la actualización de los supuestos que prevé la norma, no exonera al justiciable de cumplir con la sanción, pues condiciona la extinción de la misma al cumplimiento de ciertas obligaciones, de las que se deduce la intención del legislador de otorgar al enjuiciado la posibilidad de alcanzar la reinserción social por cuenta propia, a través de la reflexión sobre sus actos, dado que se le exige un cierto comportamiento, como lo es, residir en un lugar determinado, tener un modo honesto de vivir, no usar drogas ni abusar de las bebidas embriagantes, no dar lugar a una nueva condena por delito doloso y someterse a la vigilancia de la autoridad del Ejecutivo Federal, creada para ese fin a cambio de no permanecer interno y sujeto a las actividades de reinserción social, sobre las cuales se organiza el Sistema Penitenciario Nacional. En ese mismo orden de ideas y como lo expuso la Fiscal Federal, el sentenciado incumplió con las obligaciones contempladas en la fracción II, inciso b) y fracción IX del Código Penal Federal, consistentes en residir en determinado domicilio y comparecer a todas las citaciones que le fueron formuladas por la autoridad responsable; ello, no obstante estar debidamente notificado de las prevenciones ahí establecidas, tal como se pudo advertir de la constancia de notificación realizada vía telefónica el quince de febrero de dos mil veintidós y por medio de lista en fechas veintiocho de abril, diecisiete de mayo y veinte de mayo, todas de dos mil veintidós. Precisando la autoridad responsable, que a la fecha no dio cumplimiento a las obligaciones consistentes en residir en determinado domicilio, durante el cumplimiento de la pena en libertad y comparecer a todas las citaciones que el órgano jurisdiccional responsable realice. De lo que se puede concluir que quedó evidenciado el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado, Miguel Ángel García Molina, al acogerse al beneficio que le fue otorgado en sentencia, mismas que se encuentran contempladas en el artículo 90, del Código Penal Federal, dado que la actitud adoptada impide que la sentencia dictada en su contra, sea ejecutada en sus términos, pues las penas ya no se encuentran suspendidas. Por lo que es de concluirse que dicha persona se sustrajo de la acción de la justicia, para evitar la ejecución de las penas de prisión y multa que se encontraban suspendidas. Siendo correcto que la autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 90 del Código Penal Federal, y ante la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el quejoso, se determina hacer efectivas las sanciones suspendidas; esto es, que el sentenciado, compurgara la pena de prisión que tiene pendiente de cumplir, así mismo, para que pagara la multa impuesta por la juez responsable, motivo por el cual se hizo necesario que se ingresara al Centro Penitenciario más cercano al lugar de su detención. Resultando procedente ordenar la aprehensión de Miguel Ángel García Molina, lo que le fue comunicado únicamente a la Agente del Ministerio Público de la federación, en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además de lo expuesto debe decirse que la Fiscalía Federal debió informar de inmediato a la autoridad judicial de ejecución a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que fuera cumplida la orden de reaprehensión que fue emitida por la autoridad responsable sobre la captura del sentenciado Miguel Ángel García Molina; por lo que la juez responsable, consideró correcto que en tanto se lograra la captura del aquí quejoso o bien, operara la prescripción de las sanciones impuestas, ordenó suspender el procedimiento de ejecución con apoyo en la fracción I del artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria en materia de ejecución y por lo que ve a la multa, conforme a la fracción IX del artículo 90 del Código Penal Federal, se ordenó hacerla efectiva; sin embargo, se reservó hacer pronunciamiento hasta en tanto se lograra la localización y reaprehensión del mismo, dada la suspensión del procedimiento decretado en la resolución reclamada. De ahí que devengan infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. En este mismo orden de ideas, se cumplimentó orden de aprehensión emitida contra Miguel Ángel García Molina, para el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno en la causa penal 762/2021, por su responsabilidad en la comisión del delito de Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la que se le impuso una pena de dos años, once meses de prisión y cincuenta veces el valor diario vigente en la época de los hechos de la Unidad de Medida y Actualización equivalente a $4,481.00, misma que causó ejecutoria el día de su pronunciamiento, en consecuencia con fundamento en el artículo 332 del Código Nacional de Procedimientos Penales y artículo 102 de la Ley de Ejecución Penal, se levantó la suspensión y reanudó el procedimiento en el expediente de ejecución de penas. Asimismo, la autoridad responsable consideró que dicho sentenciado, se sustrajo de la acción de la justicia, para evitar la ejecución de las penas de prisión y multa que se encontraban suspendidas, por lo que resulta infundado el argumento defensivo del quejoso, incluso también es infundado el hecho de que cumplió con la obligación de asistir a cualquier audiencia que le fuera notificada, aunque en su defensa expuso que nunca le notificaron audiencia alguna, siendo la causa real de su inasistencia. Ahora bien, con la emisión del acto reclamado en este juicio, el tribunal del conocimiento no vulneró ningún derecho fundamental en perjuicio del quejoso, pues se tiene presente que la restricción a la libertad personal que conlleva una orden de captura está constitucional y legalmente justificada, precisamente, porque un acto de dicha índole es uno de los establecidos tanto por nuestra carta magna como por la ley de la materia, para limitar el derecho a la libertad de cualquier gobernado al que se atribuya un hecho delictuoso materia de un procedimiento penal acusatorio. En efecto, ese derecho fundamental, como cualquier otro, no es irrestricto, pues lo cierto es que encuentra sus límites en los casos y las condiciones expresamente establecidas en nuestra carta magna, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que, por ser un derecho humano o fundamental contemplado a rango constitucional, sólo puede ser una disposición de dicha naturaleza la que prevea los límites y los términos de las restricciones correspondientes. Al efecto, cabe citar la tesis 1a. LXVI/2008, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página cuatrocientos sesenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, relativo a julio de dos mil ocho, que es del tenor siguiente: "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática." En esas condiciones, como la norma fundamental y la ley de la materia prevén la orden de aprehensión o recaptura, como una de las excepciones del derecho atinente a la libertad personal de todo gobernado, no hay duda que la afectación que recibe el impetrante con el acto atacado en este juicio, está constitucional y legalmente justificada en el caso que nos ocupa. Asimismo, no se vulneran los derechos del quejoso atingentes a una defensa adecuada y a las formalidades del procedimiento, pues en la especie se tiene que el procedimiento es acusatorio y oral, pues hay acusación por parte del Ministerio Público y la orden persigue como propósito la detención del quejoso para presentarlo ante la autoridad judicial y, así, continuar el procedimiento seguido en su contra. Esto no es todo. La orden fue precedida por la falta de comparecencia del quejoso ante la Jueza de Ejecución de Penas responsable que llevaría a cabo en la etapa de ejecución de sentencia, no obstante de haber sido notificado por medio de lista, de la audiencia que se llevaría a cabo en el procedimiento de ejecución 673/2021, de su índice. Destacando que en el acuerdo combatido, el juzgador expuso y justificó la necesidad y objeto de la medida cautelar que hoy se analiza. Como corolario se tiene que la propia orden consta en una resolución que contiene una relación sucinta de los hechos que la motivaron, en la que, desde luego, se invocaron los fundamentos legales. Con esto queda claro que, contra lo dicho por el quejoso, se respetaron las formalidades del procedimiento relativo, básicamente porque se pretende su sometimiento al cumplimiento de la pena de prisión impuesta por un tribunal previamente establecido y conforme a las disposiciones expedidas con anterioridad a los hechos delictivos materia de la causa penal natural. Sobre ese particular, cabe citarse las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:5 6 "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que 5 Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Debido proceso. Tesis: 210. Página: 1156. 6 Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 3, Febrero de 2014, Tomo I. Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.). Página: 396. impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Asimismo, la jueza responsable, no perdió de vista que la orden es una medida cautelar que no trae consigo una privación definitiva de sus derechos, por lo cual para su emisión no rige el derecho de previa audiencia. Para explicar lo anterior, conviene destacar que el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, que el quejoso manifiesta como infringido por la responsable, es el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a los actos de autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como lo son la vida, la libertad y sus propiedades o posesiones, y dispone: "Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El acto de privación regido por el artículo 14 constitucional, es aquel que es un fin por sí mismo con existencia independiente, y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el objeto perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo. En cambio, en el segundo la privación no es la intención teleológica del acto, sino una medida de carácter provisional y accesoria para el logro de un fin diverso. Así, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional, pues, atento a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por el contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, sino sólo un conducto para lograr un propósito diverso, es innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Luego, si esa afectación tiene como fin privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, consistente en la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto en forma previa al acto el derecho de audiencia. En cambio, cuando el fin del acto no estriba en dicha privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente, se brinde al sujeto el derecho de audiencia. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad, y dicha diferenciación deriva de la naturaleza propia del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 de la Constitución General de la República, como aquellos a que se contrae el numeral 16 constitucional, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una privación en la esfera jurídica del gobernado al causarle una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, o por la imposición de una carga u obligación, que de no existir el acto no tendría que cumplir o soportar, de ahí que si se atendiera solamente a los efectos del acto, sería carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, pues ambos pueden generar esa privación y, en dicha medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera legal o jurídica de un gobernado no podría realizarse sin el previo derecho de audiencia, motivo por el cual, se insiste, la distinción establecida en los artículos 14 y 16 constitucionales deriva de la naturaleza del acto y no, en primer término, de los efectos a que pueden dar lugar. En el caso, debe recordarse que el acto controvertido en el juicio que hoy nos ocupa, por su naturaleza jurídica, contenido y alcance, tiene como propósito lograr la comparecencia del quejoso ante la autoridad judicial para la continuación del procedimiento de ejecución penal correspondiente. En tal virtud, es indudable que el acto controvertido, por su propia naturaleza, no produce privación en los derechos contemplados en el artículo 14 de la carta magna, por lo que su constitucionalidad no depende de que aisladamente se cumpla, en el propio acto, con la exigencia del derecho de previa audiencia al gobernado. Por todo lo anterior aun cuando la orden, como la que aquí nos ocupa, es un acto de molestia al gobernado, su emisión no vulnera lo previsto por el artículo 14 constitucional. Sobre ese particular, cabe citarse la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil trescientos setenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVI, del rubro: "ORDEN DE APREHENSION, NO SE NECESITA DE LA GARANTIA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA." De ahí que, el mandamiento de aprehensión está fundado y motivado; en efecto, para fundar ese acto el tribunal responsable citó el artículo 16 constitucional. Igualmente, para motivar el propio acto la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, declaró la sustracción a la acción de la justicia de parte del sentenciado -hoy quejosopor su incomparecencia injustificada a una citación en el juicio penal respectivo, sin embargo, no compareció a dicha audiencia, lo que motivó la petición de la Agente de la Ministerio Público de la causa penal, estando presente el defensor particular del quejoso, así la Juez suspendió la audiencia hasta en tanto, se lograra la detención del quejoso, declarándolo sustraído de la acción de la justicia, no obstante de haberse citado a las partes en la audiencia, sino que, además, se hallaba justificada la necesidad de la cautela. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la responsable para sustentar la decisión asumida en el acto que nos ocupa, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuró la hipótesis jurídica, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la Carta Magna. En ese orden, se concluye que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las razones de derecho en que fundó su determinación, es decir, la autoridad responsable se apoyó en los numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión, asimismo, expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por su aplicación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia doscientos sesenta y ocho, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cuarenta y uno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección, que dice así: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Ya sentenciado el quejoso, por los efectos y alcances de una determinación así, que no son otros que sujetar al sentenciado hasta la culminación del procedimiento penal respectivo, el sentenciado queda constreñido a comparecer a cualquier cita judicial relacionada con el procedimiento, lo que es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que, así, ya está colocado en una situación ineludible de obediencia ante todo mandato judicial, requiriéndose su presencia en el procedimiento, a final de cuentas porque su libertad personal está restringida y a disposición de la autoridad judicial, sin duda, para seguir y concluir con el procedimiento de que se trata. Luego, en el caso de que el sentenciado no comparezca a una citación judicial, sin duda, sin causa o motivo justificado al efecto, surge a la vida jurídico-penal la figura atinente a la sustracción de la justicia, cuya declaración corre a cargo de la autoridad judicial, previa pretensión externada al efecto por la autoridad ministerial relativa, con la calidad de parte que le asiste en el juicio penal respectivo, cuyos efectos no son otros que la suspensión del proceso, en términos del artículo 331, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con este marco jurídico queda patente la naturaleza de una orden de aprehensión o recaptura en el procedimiento penal, que no es más que una figura prevista en la ley procesal penal, que deriva, esencialmente de la sustracción de la acción de la justicia por parte del sentenciado en el procedimiento penal -aquí parte quejosa- y, contenido, efectos y alcance, constituye una medida cautelar o provisional pronunciada por la autoridad judicial con el propósito de privar de la libertad al sentenciado, como consecuencia de la actividad del Ministerio Público, para continuar y concluir con el procedimiento penal. A partir de este marco jurídico es fácil concluir que, en este caso, se colman los lineamientos jurídicos para el dictado de una orden de captura. Así, se tiene que al quejoso se le dictó sentencia condenatoria en su contra, acogiéndose al beneficio de condena condicional concedido, por lo cual, su libertad personal quedó restringida y a disposición de la autoridad judicial, para continuar con la culminación del proceso penal, pues debe concluir con el compurgamiento de la sentencia. Importa destacar que en las constancias del juicio de origen no se advierte que tal notificación se haya declarado ilegal o nula, por lo cual resulta apta y suficiente para surtir los efectos legales condignos frente al proceso penal que nos ocupa, de ahí que, sin duda, el hoy parte impetrante tuvo conocimiento de la hora y fecha designadas para la audiencia ya citada. Por último, ante la petición de la fiscalía, la autoridad judicial decretó orden de aprehensión en contra del sentenciado -hoy quejoso-, no sólo por la declaratoria de sustracción respectiva ante la incomparecencia injustificada a una citación en el juicio penal, sino también al encontrarse justificada la necesidad de la cautela respectiva, en términos de los artículos 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 16 Constitucional. Con esto es por demás claro que la orden de que se trata, cumple con las directrices jurídicas exigidas para un acto de ese género, pues, aparte de que deriva, esencialmente, de la sustracción de la acción de la justicia del sentenciado -hoy quejoso-, debe tenerse presente que es una medida idónea para el fin pretendido con ella, que no es otro más que buscar la detención del sentenciado con el objeto de lograr su comparecencia ante la autoridad judicial, para la continuación y culminación del procedimiento penal respectivo. En las relatadas condiciones, al no haberse conculcado derechos fundamentales en perjuicio del sentenciado Miguel Ángel García Molina, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa del acto que se hace extensiva a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios. Sobre ese particular, cabe citarse la tesis de jurisprudencia noventa y uno, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página setenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, que dice así: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel García Molina, en términos del considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario que autoriza las actuaciones y da fe, y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta el día de hoy, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Atento al contenido del escrito signado por el autorizado de la parte quejosa se le tiene expresando alegatos, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vistos el oficio de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulando alegato ministerial, el cual, será tomado en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y en relación a la copia que solicita, expídanse la misma una vez que se emita la resolución relativa, de conformidad con el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su artículo 2. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vistos el oficio de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulando alegato ministerial, el cual, será tomado en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y en relación a la copia que solicita, expídanse la misma una vez que se emita la resolución relativa, de conformidad con el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su artículo 2. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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