Miguel Ángel Hernández Olivas
Expediente 974/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel Hernández Olivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A: Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 974/2023-I-A, promovido por ********************, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en este Juzgado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la parte promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quienes reclama la orden de aprehensión y/o detención, librada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitándose a las autoridades responsables sus informes previos; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, al rendir su informe previo, convino en la existencia del acto reclamado. Así, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, señala que con fecha diez de julio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, de su índice, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por los hechos que la ley señala como delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, previsto y sancionado por los artículos 188 y 191 del Código Penal Estatal. SEGUNDO. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que no se le prive de su libertad. Así, en principio, por lo que hace a la orden de aprehensión de diez de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ********************, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, se niega la suspensión definitiva que se solicita, por tratarse de actos consumados. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1090, que aparece publicada en la página 156, del tomo VI relativo a la Materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Ahora bien, por cuanto a la petición que hace la parte quejosa para que le sea concedida la suspensión definitiva de los actos que reclama, es pertinente rememorar el contenido de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, que prevén los requisitos que deben concurrir para el otorgamiento de la suspensión, que señala: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." De tal manera, se estima que se encuentran reunidos los requisitos que establece el precepto legal antes trascrito, para conceder a la parte quejosa la suspensión solicitada. Ello, en atención a que lo solicita la parte agraviada, y no se sigue perjuicio al interés social ni, se contravienen disposiciones de orden público, además no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129 de la ley de la materia, ni algún otro similar. De tal forma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 139 y 166 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión definitiva, para el efecto de que el quejoso ********************, no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva sobre el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia, siempre y cuando los delitos de que se trate, no prevean pena privativa de libertad oficiosa, ya que en caso contrario, la autoridad responsable queda en aptitud de ejecutar la orden de aprehensión reclamada. La suspensión aquí decretada, surte efectos de inmediato, como lo ordena el primer párrafo del numeral 136 de la ley de la materia, empero, con apoyo en el diverso 162, en relación con el 168 del mismo cuerpo normativo, a efecto de asegurar que el quejoso ********************, no evada la acción de la justicia, para que la suspensión continúe surtiendo efectos, se impone al quejoso como medidas de aseguramiento las siguientes: 1. Deberá comparecer ante la autoridad responsable, para el desahogo de las diligencias que se decreten en la misma, debiendo el quejoso acreditar ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento; 2. Deberá comparecer también ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido. Los anteriores requisitos para que surta efectos la suspensión definitiva, serán exigibles hasta en tanto se le haga de su conocimiento al quejoso de la presente determinación. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que el quejoso es omiso en precisar las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el suscrito, estima prudente fijar al agraviado una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de su legal notificación. Además dicha garantía deberá contener los siguientes requisitos: la autoridad federal a quien va dirigida, el número de expediente a que corresponda y el concepto de exhibición. Asimismo, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito"; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 879 del referido Acuerdo General, la parte quejosa deberá cerciorarse de que la institución depositaria que emita el documento, haga constar el monto de la cantidad depositada, y que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. En el entendido que si el quejoso opta por exhibir la póliza de fianza, ésta deberá contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Resultan aplicables al caso, en lo conducente y por las razones que informan la jurisprudencia P./J.43/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 268, del Tomo XIII, de abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que aparece publicada bajo el rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA." Así como la diversa jurisprudencia III.3o.C.42 K, visible en la página: 1079, Tomo IX, del mes de mayo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece publicada bajo el rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJARÁ DE HACERLO SI NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD FIJADOS POR EL JUZGADOR." La presente medida suspensional no surtirá efectos si el quejoso no cumple con todas y cada una de las obligaciones impuestas, y para el caso en que haya exhibido la garantía fijada, se mandará hacer efectiva a favor del fisco federal, quedando expeditas las facultades de la autoridad señalada como responsable para llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con el considerando segundo de esta interlocutoria, se concede la suspensión definitiva al quejoso ********************. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, se tiene al Actuario Judicial adscrito, informando a este órgano jurisdiccional, que no fue posible notificar el oficio 25394/2023, de diecisiete de octubre del año en curso, a la autoridad que señaló en su escrito inicial de demanda como "COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICIA ESTATAL UNICA DIVISION INVESTIGACION DE LA ZONA NORTE, con residencia en esta ciudad, toda vez que por informes de la Secretaria del Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación, informó que la autoridad señalada en el oficio, no existe en el organigrama de la secretaria, por lo que no fue posible hacer entrega del oficio de mérito. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que su interés legal convenga en relación a lo antes dicho, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el plazo otorgado se tendrá como inexistente dicha autoridad. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, se tiene al Actuario Judicial adscrito, informando a este órgano jurisdiccional, que no fue posible notificar el oficio 25405/2023, de diecisiete de octubre del año en curso, a la autoridad que señaló en su escrito inicial de demanda como "COORDINADOR REIONAL DE LA POLICIA ESTATAL UNICA DIVISION INVESTIGACION DE LA ZONA NORTE, con residencia en esta ciudad, toda vez que por informes de la Secretaria del Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación, informó que la autoridad señalada en el oficio, no existe en el organigrama de la secretaria, por lo que no fue posible hacer entrega del oficio de mérito. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que su interés legal convenga en relación a lo antes dicho, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el plazo otorgado se tendrá como inexistente dicha autoridad. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de diecisiete de octubre del año en curso, se requirió a las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, con sede en esta ciudad, para que en el término de quince días, rindieran su informe justificado, temporalidad que a la fecha se encuentra transcurriendo. Por lo tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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