Miguel Ángel Flores Flores

Expediente 852/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
852/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos
  • R.L.M.R.R. . .
  • Miguel Ángel Flores Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintidós de febrero del presente año, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó el amparo de la Justicia de la Unión, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. En tal sentido, se ordena el archivo del presente juicio de garantías como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, atento a la resolución que puso fin al presente juicio, y a lo dispuesto en los numerales 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es depurable, por lo que se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, así como la de la fecha de archivo. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    quejoso: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 852/2021-VI, promovido por Miguel Ángel Flores Flores, contra el acto que reclama de la Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y fue turnada ese mismo día a este Juzgado por razón de turno, Miguel Ángel Flores Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto que reclamó de la Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. El acto reclamado se hizo consistir en: La resolución emitida el trece de octubre de dos mil veintiuno, dentro de los autos de la carpeta de ejecución 56/2014, derivada de la causa penal 258/2011, en la que se negó el beneficio de la libertad condicionada. Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 14, 16, 18, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, la que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó registrar con el número 852/2021, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito y al adscrito al juzgado señalado como responsable, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en sus fases de pruebas y alegatos en el acta que antecede, en tanto su etapa de sentencia se desarrolla en esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente por cuestión de materia, territorio y turno para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 33, fracción VII, 35, 37 y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; fracción I, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de un acto de naturaleza penal, que afecta un derecho sustantivo, emitido por una autoridad que reside en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74 fracción I, en relación con el diverso 76, de la Ley de Amparo en vigor, con la finalidad de dilucidar la cuestión efectivamente planteada, se procede a fijar la litis en este juicio de amparo; para ello, se armonizan los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente de este juicio de amparo, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte inconforme. Fijación de la litis que se sustenta en la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya tenor literal es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Del mismo modo, es aplicable la jurisprudencia 40/2000, del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En tal sentido, el acto reclamado efectivamente planteado es el siguiente: La resolución del 13 de octubre de 2021, dictada en la carpeta del auto de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento de ejecución SIPE 40/2019, derivado de la causa penal 133/2018, en el que se determinó improcedente la solicitud del sentenciado de acogerse al sustitutivo penal de tratamiento en libertad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado, ya que el trece de octubre de dos mil veintiuno, en audiencia emitió la resolución en la que se negó el beneficio de la remisión parcial de la pena previsto en el artículo 76 de la Ley de Ejecución de Penas y Medias Judiciales y el de la LIBERTAD CONDICIONADA, previsto en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Manifestación que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que resulta suficiente para tener por demostrada la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que la existencia de la determinación reclamada, se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. Por razón de técnica jurídica en el dictado de las sentencias de amparo, previo al análisis de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Lo expuesto tiene sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Sin embargo, en el caso, esta juzgadora no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia y las partes tampoco las hicieron valer, por lo que procede analizar el fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. 1.En sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil trece, al resolveré el juicio oral 114/2012, derivado de la causa penal 258/2011, se le consideró penalmente responsable del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de quien en vida fue Juan Carlos Obed Mendoza Villalobos, por tal motivo se le condenó a VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, se le condenó al pago de la reparación del daño por la cantidad de $47,257.80 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 80/100 MONEDA NACIONAL), y se le negó el beneficio de la condena condicional. Debiendo tomar en cuenta que se encuentra privado de su libertad desde el diecisiete de febrero de dos mil once. 2. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, se radicó ante la autoridad responsable la carpeta de ejecución 56/2014, en la que se determinó que la pena impuesta al sentenciado se cumpliría probablemente el DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL TREINTA Y UNO. 3. Mediante acuerdo del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, fue remitida a la autoridad responsable copia certificada del plan de actividades y su cumplimiento elaborado a la persona privada de su libertad, aquí quejoso, motivo por el cual se convocó a la audiencia a efecto de debatir sobre la concesión o no de algún beneficio preliberacional la que tuvo verificativo el trece de octubre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con treinta minutos, en la cual se negó entre otro el beneficio de la LIBERTAD CONDICIONADA, previsto en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación son los expuestos por el quejoso en su escrito inicial, mismos que no se transcriben al no existir precepto alguno en la Ley de Amparo que así lo imponga, pues los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias, se satisfacen cuando al efectuar el estudio de fondo del asunto se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, además esta circunstancia no deja en estado de indefensión al agraviado, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia VI.2º. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno- que establezca su obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Son infundados los motivos de disenso aducidos por el quejoso, sin que observen deficiencias que justifiquen la aplicación de la institución de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como se explica en las siguientes consideraciones. Al respecto, resulta necesario establecer que el numeral 14, párrafo segundo, de la Carta Magna, establece: "Artículo 14.[.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]." En el segundo párrafo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, descansan las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, las cuales nuestro máximo tribunal del país ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia". En ese sentido, la jurisprudencia ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14, de la Constitución General de la República, son las que otorgan al indiciado la prerrogativa de ser oído en la causa penal instruida en su contra, que comprende la observancia de los requisitos procesales siguientes: a) El derecho de ser llamado e informado de la materia de la afectación b) El derecho de alegar; c) La oportunidad de aportar pruebas; y d) El derecho de obtener una sentencia. Sobre esa base, a criterio de quien resuelve, la determinación que constituye el acto reclamado, ninguna afectación produjo al derecho fundamental de debido proceso del peticionario de amparo, ya que de las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado deriva del procedimiento de ejecución 56/2014, derivado de la causa penal 258/2011, por lo que es dable afirmar que la petición planteada por el quejoso, se tramitó y resolvió ante un tribunal previamente establecido. Asimismo, se aprecia que el acto reclamado fue emitido conforme a las leyes exactamente aplicables al caso y expedidas con anterioridad. Con lo cual queda patente, no sólo que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, sino que además, en todo momento se respetó el derecho de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo previsto en el artículo 17 Constitucional, pues su pretensión se atendió de manera oportuna y en su integridad dentro de los términos establecidos en la ley, sin que se advierta que haya existido parcialidad del juzgador al momento de resolver y tampoco se advierte que el acceso a la justicia se hubiera condicionado al pago de alguna remuneración económica. De donde se sigue que en modo alguno se vulneró el debido proceso en perjuicio del impetrante, en razón de que la autoridad judicial responsable, no dejó al hoy quejoso en estado de indefensión, tampoco se incumplieron en su perjuicio las formalidades del procedimiento y como consecuencia su derecho de audiencia, ya que se atendió oportunamente su petición, aun cuando el sentido de la respuesta de la responsable haya sido desfavorable para el disconforme, satisfaciéndose los derechos fundamentales previstos por el artículo 14 de la Constitución Federal. Por otra parte, dicho acto reclamado cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación; ello es así, toda vez que de la lectura de dicho acto se advierte que atendió lo previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal. En efecto, el referido dispositivo constitucional establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)". El referido precepto constitucional contiene la garantía de legalidad, la cual se refiere a que todo acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto y, por lo segundo, que se señalen con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Es aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 450, Tomo XIV, Noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. En este contexto, se considera que la determinación emitida el trece de octubre de dos mil veintiuno, por la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en el procedimiento de ejecución 56/2019, derivado de la causa penal 258/2011, mediante la cual la autoridad responsable estimó negar entre otro, el beneficio de la LIBERTAD CONDICIONADA, previsto en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que fuera planteado por el hoy quejoso, por contener los requisitos de forma y fondo necesarios para su emisión. Lo anterior, porque se invocó el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que su determinación la sustentó en los artículos 24, 25, 76 y 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; se expresaron los motivos, causas particulares, circunstancias especiales y razonamientos lógico jurídicos por los cuales se estimó aplicable tales dispositivos, en razón de que se negó entre otro el beneficio de la libertad condicionada a que aluden los artículos 136 y 137de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con motivo de que para acceder a cualquiera de los beneficios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales contempla como Libertad Condicionada y Libertad Anticipada, se requiere estén colmados entre otros requisitos, la reparación del daño de manera íntegra, lo que en el caso en particular no sucede. Como se puede ver, se expresaron con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en disposiciones normativas de carácter general, se hizo referencia a los motivos particulares, causas inmediatas, circunstancias especiales y razonamientos lógico jurídicos por los que se declaró la negativa de conceder al sentenciado el beneficio de la Libertad Condicionada; de ahí que se arriba a la conclusión de que el acto reclamado está fundado y motivado adecuadamente. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como la de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emiten deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan las hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Expuesto lo anterior, procede el estudio de fondo del asunto. Conviene recordar que el acto reclamado que en el presente considerando se analiza consiste en la determinación emitida el trece de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de ejecución 56/2014, en la que negó el beneficio de la libertad condicionada a Miguel Ángel Flores Flores, en virtud de que el antes mencionado no cumplía con lo estipulado en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución, en su fracción V. Al respecto, debe decirse que la libertad condicionada representa un beneficio en relación con el sentenciado y una facultad respecto de la autoridad judicial, toda vez que constituye una renuncia a la potestad punitiva del Estado; cuya finalidad es otorgar al enjuiciado la oportunidad de regenerarse sin necesidad de pasar el tiempo de la pena en prisión. Dicho beneficio se encuentra previsto en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual dispone: "Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; Haber tenido buena conducta durante su internamiento; Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra." (Lo destacado es nuestro). De la transcripción del citado artículo, se advierte que la libertad condicionada es un beneficio que suspende la ejecución de la sentencia y establece los requisitos para que los sentenciados que se encuentran privados de su libertad puedan alcanzar el mencionado beneficio. Requisitos que son acumulativos, esto es, no basta que se cumplan unos y otros no, sino que es necesario satisfacerlos en su totalidad, lo que no ocurre en el asunto en estudio y, por ende, el quejoso no está en condiciones de reinsertarse a la sociedad de manera condicionada. Ahora bien, en el caso concreto, la autoridad responsable determino que no se encontraban acreditados la totalidad de los requisitos previstos en el mencionado numeral, concretamente el de la fracción V. Al efecto, este órgano de control constitucional considera acertados los argumentos expuestos por la autoridad judicial responsable al considerar que no se acreditaron la totalidad de los requisitos estipulados en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de lo siguiente: El quinto de los requisitos plasmado en el dispositivo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se encuentra colmado, en virtud de que el sentenciado no realizó el pago de la multa que se le impuso en la sentencia condenatoria dentro del proceso penal 258/2011, pues el mismo debió de cubrirse al momento en que se solicitó la controversia planteada; y, a la fecha en que se llevó a cabo la audiencia respectiva, no se encontraba satisfecho dicho pago. Además, de que esté último a través de su defensor particular no allegó prueba fehaciente para garantizar que se pagaría la misma. En ese sentido y por todo lo antes expuesto, debe considerarse acertada la determinación emitida por la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas on funciones de sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, pues al no acreditarse todos y cada uno de los requisitos establecidos por dicho numeral, la autoridad responsable no estaba en condición de decretar favorable y/o procedente la solitud planteada por el patrocinador jurídico de Miguel Ángel Flores Flores (controversia sobre la concesión del beneficio de la libertad condicionada); además, de que la autoridad judicial fundamentó y motivó debidamente su fallo, tomando como base toral lo dispuesto por el aludido artículo. Así las cosas, se considera constitucional y legal la resolución que niega el beneficio de libertad condicionada al quejoso. Consecuentemente, la autoridad jurisdiccional no puede dejar de aplicar el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la parte que restringen el otorgamiento del beneficio ahí contenido, mediante un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Asimismo, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley. Además, las autoridades mexicanas deben organizar un sistema penal orientado a la reincorporación social del delincuente, mediante instituciones y medidas que orientan la política criminal y penitenciaria del Estado al objetivo de la reinserción social del delincuente, lo que deriva en ciertos beneficios que pueden o deben otorgarse, según sea el caso, cuando ello sea procedente, a fin de dar una oportunidad más al individuo que ha incurrido en una infracción penal para que recapacite sobre su conducta sobre las consecuencias que tuvo el delito que cometió, y lo motive a abstenerse de ejecutar nuevos actos criminales. Aunado a ello, si bien en la ley se establecen beneficios a favor de los sentenciados, ello tiene por objeto evitar los efectos nocivos de los encarcelamientos por periodos breves, sea una vez impuesta la pena o incluso, antes de ello; se trata de evitar el perjuicio que en mayoría de los casos representa el cumplimiento de las penas cortas privativas de la libertad, por parte, de los delincuentes primarios o que cometieron delitos por imprudencia, haciendo énfasis en el mal que entraña (efecto negativo), para esos sujetos la reclusión en convivencia con individuos habituales al delito, cuyo ejemplo influye desfavorablemente en el ánimo de los autores de infracciones más o menos leves y que no tienen el carácter de reincidentes. Como corolario de lo anterior, cabe precisar que la resolución impugnada no involucra el estudio o definición del contenido y alcance de derechos humanos, ello, en razón de que el cumplimiento de la pena de prisión a la que se le condenó a la parte quejosa en el juicio de origen, la misma se trata de un medio o mecanismo para generar los resultados y fines que el artículo 18, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, los cuales son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, de ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, que se encuentra en la página 951, de la Primera Sala, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo I, Tesis 1ª/J. 16/2016 (10ª), que es del contenido siguiente: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador tiene una finalidad eminentemente instrumental, ya que éstos constituyen los medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Desde esta óptica, no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para obtener el beneficio de tratamiento preliberacional, pues el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento sea incondicional ni que deban considerarse un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que si bien es cierto que el artículo 18, párrafo segundo, constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será en la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución General de la República. Por tanto, el hecho de que el legislador establezca condiciones de concurrencia necesaria para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, conceda o no dichos beneficios, no es contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, pues sólo denota la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales." Bajo este contexto, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados, respecto al acto reclamado, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se concluye que la resolución reclamada se encuentra apegada a derecho. En consecuencia, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión al disconforme. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Flores Flores, contra el acto que reclamó de la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por las razones vertidas en el considerando séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la Secretaria VERÓNICA URANGA LUVIANO, que autoriza y da fe, hasta hoy, veintidós de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado así lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesado la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintidós, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 852/2021-VI, promovido por Miguel Ángel Flores Flores, contra el acto que reclama de la Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y fue turnada ese mismo día a este Juzgado por razón de turno, Miguel Ángel Flores Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto que reclamó de la Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. El acto reclamado se hizo consistir en: La resolución emitida el trece de octubre de dos mil veintiuno, dentro de los autos de la carpeta de ejecución 56/2014, derivada de la causa penal 258/2011, en la que se negó el beneficio de la libertad condicionada. Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 14, 16, 18, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, la que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó registrar con el número 852/2021, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito y al adscrito al juzgado señalado como responsable, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en sus fases de pruebas y alegatos en el acta que antecede, en tanto su etapa de sentencia se desarrolla en esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente por cuestión de materia, territorio y turno para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 33, fracción VII, 35, 37 y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; fracción I, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de un acto de naturaleza penal, que afecta un derecho sustantivo, emitido por una autoridad que reside en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74 fracción I, en relación con el diverso 76, de la Ley de Amparo en vigor, con la finalidad de dilucidar la cuestión efectivamente planteada, se procede a fijar la litis en este juicio de amparo; para ello, se armonizan los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente de este juicio de amparo, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte inconforme. Fijación de la litis que se sustenta en la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya tenor literal es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Del mismo modo, es aplicable la jurisprudencia 40/2000, del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En tal sentido, el acto reclamado efectivamente planteado es el siguiente: La resolución del 13 de octubre de 2021, dictada en la carpeta del auto de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento de ejecución SIPE 40/2019, derivado de la causa penal 133/2018, en el que se determinó improcedente la solicitud del sentenciado de acogerse al sustitutivo penal de tratamiento en libertad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado, ya que el trece de octubre de dos mil veintiuno, en audiencia emitió la resolución en la que se negó el beneficio de la remisión parcial de la pena previsto en el artículo 76 de la Ley de Ejecución de Penas y Medias Judiciales y el de la LIBERTAD CONDICIONADA, previsto en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Manifestación que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que resulta suficiente para tener por demostrada la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que la existencia de la determinación reclamada, se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. Por razón de técnica jurídica en el dictado de las sentencias de amparo, previo al análisis de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Lo expuesto tiene sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Sin embargo, en el caso, esta juzgadora no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia y las partes tampoco las hicieron valer, por lo que procede analizar el fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. 1.En sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil trece, al resolveré el juicio oral 114/2012, derivado de la causa penal 258/2011, se le consideró penalmente responsable del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de quien en vida fue Juan Carlos Obed Mendoza Villalobos, por tal motivo se le condenó a VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, se le condenó al pago de la reparación del daño por la cantidad de $47,257.80 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 80/100 MONEDA NACIONAL), y se le negó el beneficio de la condena condicional. Debiendo tomar en cuenta que se encuentra privado de su libertad desde el diecisiete de febrero de dos mil once. 2. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, se radicó ante la autoridad responsable la carpeta de ejecución 56/2014, en la que se determinó que la pena impuesta al sentenciado se cumpliría probablemente el DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL TREINTA Y UNO. 3. Mediante acuerdo del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, fue remitida a la autoridad responsable copia certificada del plan de actividades y su cumplimiento elaborado a la persona privada de su libertad, aquí quejoso, motivo por el cual se convocó a la audiencia a efecto de debatir sobre la concesión o no de algún beneficio preliberacional la que tuvo verificativo el trece de octubre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con treinta minutos, en la cual se negó entre otro el beneficio de la LIBERTAD CONDICIONADA, previsto en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación son los expuestos por el quejoso en su escrito inicial, mismos que no se transcriben al no existir precepto alguno en la Ley de Amparo que así lo imponga, pues los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias, se satisfacen cuando al efectuar el estudio de fondo del asunto se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, además esta circunstancia no deja en estado de indefensión al agraviado, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia VI.2º. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno- que establezca su obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Son infundados los motivos de disenso aducidos por el quejoso, sin que observen deficiencias que justifiquen la aplicación de la institución de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como se explica en las siguientes consideraciones. Al respecto, resulta necesario establecer que el numeral 14, párrafo segundo, de la Carta Magna, establece: "Artículo 14.[.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]." En el segundo párrafo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, descansan las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, las cuales nuestro máximo tribunal del país ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia". En ese sentido, la jurisprudencia ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14, de la Constitución General de la República, son las que otorgan al indiciado la prerrogativa de ser oído en la causa penal instruida en su contra, que comprende la observancia de los requisitos procesales siguientes: a) El derecho de ser llamado e informado de la materia de la afectación b) El derecho de alegar; c) La oportunidad de aportar pruebas; y d) El derecho de obtener una sentencia. Sobre esa base, a criterio de quien resuelve, la determinación que constituye el acto reclamado, ninguna afectación produjo al derecho fundamental de debido proceso del peticionario de amparo, ya que de las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado deriva del procedimiento de ejecución 56/2014, derivado de la causa penal 258/2011, por lo que es dable afirmar que la petición planteada por el quejoso, se tramitó y resolvió ante un tribunal previamente establecido. Asimismo, se aprecia que el acto reclamado fue emitido conforme a las leyes exactamente aplicables al caso y expedidas con anterioridad. Con lo cual queda patente, no sólo que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, sino que además, en todo momento se respetó el derecho de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo previsto en el artículo 17 Constitucional, pues su pretensión se atendió de manera oportuna y en su integridad dentro de los términos establecidos en la ley, sin que se advierta que haya existido parcialidad del juzgador al momento de resolver y tampoco se advierte que el acceso a la justicia se hubiera condicionado al pago de alguna remuneración económica. De donde se sigue que en modo alguno se vulneró el debido proceso en perjuicio del impetrante, en razón de que la autoridad judicial responsable, no dejó al hoy quejoso en estado de indefensión, tampoco se incumplieron en su perjuicio las formalidades del procedimiento y como consecuencia su derecho de audiencia, ya que se atendió oportunamente su petición, aun cuando el sentido de la respuesta de la responsable haya sido desfavorable para el disconforme, satisfaciéndose los derechos fundamentales previstos por el artículo 14 de la Constitución Federal. Por otra parte, dicho acto reclamado cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación; ello es así, toda vez que de la lectura de dicho acto se advierte que atendió lo previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal. En efecto, el referido dispositivo constitucional establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)". El referido precepto constitucional contiene la garantía de legalidad, la cual se refiere a que todo acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto y, por lo segundo, que se señalen con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Es aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 450, Tomo XIV, Noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. En este contexto, se considera que la determinación emitida el trece de octubre de dos mil veintiuno, por la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en el procedimiento de ejecución 56/2019, derivado de la causa penal 258/2011, mediante la cual la autoridad responsable estimó negar entre otro, el beneficio de la LIBERTAD CONDICIONADA, previsto en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que fuera planteado por el hoy quejoso, por contener los requisitos de forma y fondo necesarios para su emisión. Lo anterior, porque se invocó el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que su determinación la sustentó en los artículos 24, 25, 76 y 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; se expresaron los motivos, causas particulares, circunstancias especiales y razonamientos lógico jurídicos por los cuales se estimó aplicable tales dispositivos, en razón de que se negó entre otro el beneficio de la libertad condicionada a que aluden los artículos 136 y 137de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con motivo de que para acceder a cualquiera de los beneficios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales contempla como Libertad Condicionada y Libertad Anticipada, se requiere estén colmados entre otros requisitos, la reparación del daño de manera íntegra, lo que en el caso en particular no sucede. Como se puede ver, se expresaron con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en disposiciones normativas de carácter general, se hizo referencia a los motivos particulares, causas inmediatas, circunstancias especiales y razonamientos lógico jurídicos por los que se declaró la negativa de conceder al sentenciado el beneficio de la Libertad Condicionada; de ahí que se arriba a la conclusión de que el acto reclamado está fundado y motivado adecuadamente. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como la de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emiten deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan las hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Expuesto lo anterior, procede el estudio de fondo del asunto. Conviene recordar que el acto reclamado que en el presente considerando se analiza consiste en la determinación emitida el trece de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de ejecución 56/2014, en la que negó el beneficio de la libertad condicionada a Miguel Ángel Flores Flores, en virtud de que el antes mencionado no cumplía con lo estipulado en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución, en su fracción V. Al respecto, debe decirse que la libertad condicionada representa un beneficio en relación con el sentenciado y una facultad respecto de la autoridad judicial, toda vez que constituye una renuncia a la potestad punitiva del Estado; cuya finalidad es otorgar al enjuiciado la oportunidad de regenerarse sin necesidad de pasar el tiempo de la pena en prisión. Dicho beneficio se encuentra previsto en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual dispone: "Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; Haber tenido buena conducta durante su internamiento; Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra." (Lo destacado es nuestro). De la transcripción del citado artículo, se advierte que la libertad condicionada es un beneficio que suspende la ejecución de la sentencia y establece los requisitos para que los sentenciados que se encuentran privados de su libertad puedan alcanzar el mencionado beneficio. Requisitos que son acumulativos, esto es, no basta que se cumplan unos y otros no, sino que es necesario satisfacerlos en su totalidad, lo que no ocurre en el asunto en estudio y, por ende, el quejoso no está en condiciones de reinsertarse a la sociedad de manera condicionada. Ahora bien, en el caso concreto, la autoridad responsable determino que no se encontraban acreditados la totalidad de los requisitos previstos en el mencionado numeral, concretamente el de la fracción V. Al efecto, este órgano de control constitucional considera acertados los argumentos expuestos por la autoridad judicial responsable al considerar que no se acreditaron la totalidad de los requisitos estipulados en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de lo siguiente: El quinto de los requisitos plasmado en el dispositivo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se encuentra colmado, en virtud de que el sentenciado no realizó el pago de la multa que se le impuso en la sentencia condenatoria dentro del proceso penal 258/2011, pues el mismo debió de cubrirse al momento en que se solicitó la controversia planteada; y, a la fecha en que se llevó a cabo la audiencia respectiva, no se encontraba satisfecho dicho pago. Además, de que esté último a través de su defensor particular no allegó prueba fehaciente para garantizar que se pagaría la misma. En ese sentido y por todo lo antes expuesto, debe considerarse acertada la determinación emitida por la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas on funciones de sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, pues al no acreditarse todos y cada uno de los requisitos establecidos por dicho numeral, la autoridad responsable no estaba en condición de decretar favorable y/o procedente la solitud planteada por el patrocinador jurídico de Miguel Ángel Flores Flores (controversia sobre la concesión del beneficio de la libertad condicionada); además, de que la autoridad judicial fundamentó y motivó debidamente su fallo, tomando como base toral lo dispuesto por el aludido artículo. Así las cosas, se considera constitucional y legal la resolución que niega el beneficio de libertad condicionada al quejoso. Consecuentemente, la autoridad jurisdiccional no puede dejar de aplicar el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la parte que restringen el otorgamiento del beneficio ahí contenido, mediante un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Asimismo, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley. Además, las autoridades mexicanas deben organizar un sistema penal orientado a la reincorporación social del delincuente, mediante instituciones y medidas que orientan la política criminal y penitenciaria del Estado al objetivo de la reinserción social del delincuente, lo que deriva en ciertos beneficios que pueden o deben otorgarse, según sea el caso, cuando ello sea procedente, a fin de dar una oportunidad más al individuo que ha incurrido en una infracción penal para que recapacite sobre su conducta sobre las consecuencias que tuvo el delito que cometió, y lo motive a abstenerse de ejecutar nuevos actos criminales. Aunado a ello, si bien en la ley se establecen beneficios a favor de los sentenciados, ello tiene por objeto evitar los efectos nocivos de los encarcelamientos por periodos breves, sea una vez impuesta la pena o incluso, antes de ello; se trata de evitar el perjuicio que en mayoría de los casos representa el cumplimiento de las penas cortas privativas de la libertad, por parte, de los delincuentes primarios o que cometieron delitos por imprudencia, haciendo énfasis en el mal que entraña (efecto negativo), para esos sujetos la reclusión en convivencia con individuos habituales al delito, cuyo ejemplo influye desfavorablemente en el ánimo de los autores de infracciones más o menos leves y que no tienen el carácter de reincidentes. Como corolario de lo anterior, cabe precisar que la resolución impugnada no involucra el estudio o definición del contenido y alcance de derechos humanos, ello, en razón de que el cumplimiento de la pena de prisión a la que se le condenó a la parte quejosa en el juicio de origen, la misma se trata de un medio o mecanismo para generar los resultados y fines que el artículo 18, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, los cuales son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, de ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, que se encuentra en la página 951, de la Primera Sala, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo I, Tesis 1ª/J. 16/2016 (10ª), que es del contenido siguiente: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador tiene una finalidad eminentemente instrumental, ya que éstos constituyen los medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Desde esta óptica, no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para obtener el beneficio de tratamiento preliberacional, pues el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento sea incondicional ni que deban considerarse un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que si bien es cierto que el artículo 18, párrafo segundo, constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será en la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución General de la República. Por tanto, el hecho de que el legislador establezca condiciones de concurrencia necesaria para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, conceda o no dichos beneficios, no es contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, pues sólo denota la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales." Bajo este contexto, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados, respecto al acto reclamado, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se concluye que la resolución reclamada se encuentra apegada a derecho. En consecuencia, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión al disconforme. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Flores Flores, contra el acto que reclamó de la Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por las razones vertidas en el considerando séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la Secretaria VERÓNICA URANGA LUVIANO, que autoriza y da fe, hasta hoy, veintidós de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado así lo permitieron. Doy fe.

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