Miguel Ángel García Lara

Expediente 180/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
180/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel García Lara

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA PRAL 180/2019 MESA 7-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintisiete de febrero de este año (fojas 9 a 20), en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio. Se declara que ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho acuerdo. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento a la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. En otro orden de ideas, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se deja documento a disposición de la parte quejosa. Finalmente, se deja a disposición de la parte quejosa a) el original del formato de asesoría simple de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, b) original de disposición de recursos de catorce de febrero de dos mil diecinueve y c) copia certificada del laudo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 0296/2018, del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos, que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo (fojas 5 a 8); ello, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; dentro del cual, si no se presenta para tal fin, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de no comparecer, serán destruidas junto con el expediente. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA +Pral. 180/2019 7-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada el veinticinco de este mes y año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, y turnada a este Juzgado el día siguiente, promovida por Miguel Ángel García Lara, por propio derecho, contra actos del jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de otra autoridad; a la que acompaña a) original del formato de asesoría simple de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, b) original de disposición de recursos de catorce de febrero de dos mil diecinueve y c) copia certificada del auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 0296/2018, del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro respectivo con el número 180/2019. Integración del expediente (instrucción al secretario). Se instruye al secretario de Juzgado adscrito, que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que se reclama de la autoridad responsable delegado en Oaxaca de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esencialmente (foja 2):  La omisión de pago, como beneficiario de la fallecida Demetria Margarita Castro Ramírez, de las aportaciones laborales del SAR ISSSTE y FOVISSSTE. Y su ejecución al jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo VIII Agosto de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, Registro 195745, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Ahora, tal como lo dispone el diverso 113 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe examinarse en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se advertirá de las consideraciones que enseguida se realizan. El precepto 113 de la citada ley establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se advierte que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia número I.6°.C.J/19, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." . Se invoca el anterior criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, el cual establece: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.". Las causas de improcedencia son una cuestión que debe analizarse de oficio, debido a que son de orden público, según lo establece el numeral 62 de la Ley de Amparo. Ahora, a efecto de verificar tal afirmación, del análisis integral de la demanda, en relación con el acto atribuible al delegado en Oaxaca de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la omisión de pago de las aportaciones laborales del "SAR ISSSTE y FOVISSSTE", se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Dicha causa de improcedencia analizada se concreta, dado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -señalado como autoridad responsable-, es un organismo de orden público, y sus funciones son de interés social; empero, esas características no le determinan la naturaleza de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en el caso concreto, porque entre él y la parte quejosa se entabla una relación de igualdad y de coordinación, pues actúa en un nivel equiparado al de patrón, al subrogarse a éste en el otorgamiento de una asistencia derivada, precisamente, de la prestación de servicios laborales (SAR ISSSTE y FOVISSSTE), respecto de la cual si bien puede resolver su procedencia o no, carece de las facultades de imperio que caracteriza a los actos de autoridad. Al respecto se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J. 134/2011 sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." En el caso, la parte quejosa se duele de la omisión de pago de las aportaciones laborales del SAR ISSSTE y FOVISSSTE; de ello resulta claro que le atribuye el carácter de ente asegurador (beneficiario), a cuyo cargo tiene el otorgamiento de prestaciones contempladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en esas condiciones, se evidencia que se trata de un conflicto entre partes: asegurado y asegurador, que se traduce en una relación de coordinación, donde dicho Instituto, se reitera, no actúa como autoridad. Dicho criterio lo confirmó el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, al resolver por unanimidad de votos el recurso de queja 107/2017, en sesión de uno de junio de dos mil diecisiete. Sin que sea óbice que el acto reclamado tenga como antecedente el laudo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 0296/2018, del índice de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje (fojas 7 y 8), pues, incluso, en la ejecución de los laudos la responsable actúa en una relación jurídica de coordinación con los trabajadores; es decir, en un plano de igualdad, por lo que aún en este supuesto no constituye un acto de autoridad. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 116/2014, estableció lo siguiente: "[.] 35. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 112/2008-SS, en sesión de diez de septiembre de dos mil ocho, esta Segunda Sala interpretó el contenido de los artículos 147, 148, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el sentido de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa. 36. El anterior criterio se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia: 'LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN (Se transcribe).' 37. Conforme al criterio indicado y teniendo en cuenta que las legislaciones burocráticas estatales de Quintana Roo y de Yucatán contienen, en esencia, normas jurídicas similares a efecto de conseguir el cumplimiento de los laudos, como la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. 38. Entonces, puede concluirse que los tribunales burocráticos estatales de Quintana Roo y de Yucatán, al igual que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y conforme a la normativa que los rige, cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos y no únicamente la multa. 39. Siendo esa la lógica de las normativas del Estado de Quintana Roo y de Yucatán, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. 40. Es decir, que desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. 41. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de los Ayuntamientos de los Estados de Quintana Roo y de Yucatán a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece [.].". De lo transcrito se tiene que el Máximo Tribunal ya estableció que el incumplimiento por parte de las dependencias administrativas a un laudo dictado en su contra, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que no actúan en un esquema de supra a subordinación -como condición para la categorización de un acto de autoridad-, sino en todo momento dentro de una relación laboral con la parte actora. En ese sentido, si la parte quejosa señaló al delegado en Oaxaca de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como autoridad responsable, ello conduce a estimar que dicha dependencia se encuentra en un plano de coordinación en relación con la parte quejosa y de igualdad procesal que subyace en ella, mismo que se extiende en su caso a la ejecución del laudo, toda vez que ante el incumplimiento de su parte, puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuenta la junta del conocimiento para lograr en su caso el cumplimiento del laudo; de ahí que no pueda tenerse a la aludida dependencia como autoridad responsable. Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 12/2016; señaló: "[.] No pasa inadvertido a esta Segunda Sala, que el criterio sustentado por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es incorrecto, dado que no existía impedimento jurídico para aplicar el criterio sustentado en la jurisprudencia 2ª./J.79/2014, por analogía, al caso de las Delegaciones del Distrito Federal, si diversa legislación burocrática a la quintanarroense o yucateca, como lo es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, contempla al igual que aquéllas, una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, pues en ese caso por identidad de razón impera el criterio de esta Segunda Sala relativo a que en ese supuesto se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relación laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de ejecución de los laudos; es decir, las Delegaciones demandadas no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. Sin embargo, tal error no puede ser reparado a través de la tramitación del presente expediente pues solo se tiene por objeto aclara la redacción del texto de la jurisprudencia que contenga alguna imprecisión, modificar el criterio o sustituirlo por otro." Énfasis añadido No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 422/2010, que dio origen a la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 85/2011, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." , haya señalado que la omisión de las dependencias de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, de cumplir voluntariamente las resoluciones dictadas en su contra, constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, criterio que, incluso, reiteró, al resolver las contradicciones de tesis 408/2012 -suscitada entre los Tribunales Colegiados Noveno y Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión RT. 137/2011 y RT. 75/2008, respectivamente, los que tenían en común la omisión del órgano de gobierno de cumplir con el laudo condenatorio-, y 91/2013 -en sesiones de trece de marzo y ocho de mayo de dos mil trece-. Sin embargo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, también al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 12/2016, determinó, en lo sustancial, lo siguiente: "Sin ser óbice tampoco, el hecho de que, efectivamente, como lo consideró el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, esta Segunda Sala, al resolver las contradicciones de tesis 408/2012 y 91/2013, en sesiones de trece de marzo y ocho de mayo ambos de dos mil trece, respectivamente, concluyó que la omisión de un órgano de gobierno del Distrito Federal para cumplir con un laudo condenatorio firme derivado de un juicio laboral en el que el promovente tenía la calidad de trabajador y el órgano de gobierno de patrón, debía resolverse conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011; sin embargo, tales resoluciones fueron emitidas con anterioridad a la sesión en la que esta Segunda Sala dirimió la contradicción de tesis 116/2014, el once de junio de dos mil catorce, que dio origen a la publicación de la jurisprudencia 2a./J. 79/2014. Abona a todo lo considerado, la circunstancia consistente en que la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, no tuvo origen en asuntos en los que las dependencias demandadas hubiesen figurado como patrones en juicios laborales, dado que provenían, en realidad, de juicios civiles, y por lo tanto, no existía la obligación de esta Segunda Sala para señalar expresamente abandono o modificación alguna de criterio". Énfasis añadido También no es impedimento a lo ya determinado la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 929, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Porque la citada jurisprudencia es inaplicable, pues, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, respecto a la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró su rubro, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", con el mismo texto transcrito con antelación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio dos mil dieciséis. En cuya ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala precisó que esa jurisprudencia se acota al caso concreto que refiere, esto es, cuando en las demandas de amparo se señale como acto reclamado el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año; y no de manera generalizada para todos los casos, en los que tenga que determinarse si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo; de ahí que sea inaplicable en el particular y, por ende, se está en aptitud de realizar esa determinación desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo. Conviene precisar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que la parte quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Se desecha la demanda de amparo. En tales condiciones, al actualizarse, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. También se precisa que no es impedimento a lo ya determinado el hecho que este órgano de control constitucional, en su caso, pueda aplicar el principio pro persona. Lo afirmado es así, ya que si bien la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio; principio pro personae ahí contenido, que descansa en dos vertientes, la primera, como preferencia interpretativa, conforme a la cual ante dos o más interpretaciones de la norma válidas y razonables, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental y, la segunda, como preferencia normativa, conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el intérprete debe preferir la que más favorezca a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas. Razón por la cual, para aplicar dicho principio es menester evidenciar, mediante razonamientos, por qué se debe; empero, en la especie, la parte quejosa nada dice de la lectura integral de la demanda, cuál es la norma o normas que la responsable o este juzgador debe interpretar, preferir y aplicar a su favor, por ser la más favorable. A mayor abundamiento, cabe destacar que, por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen, y que el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos (lo que en la especie no se advierte) y, tratándose del que deba ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, por lo que se requiere: a). Que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable; b). Señale cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende; c). Indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido; y, d). Se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, De manera que si no se señalan, en esencia, la aplicación del principio pro persona o del modelo de control constitucional, y no se cumple con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de su aplicación, es de colegir que no se puede entrar a su estudio. Justifica lo anterior, la jurisprudencia 56/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página setecientos setenta y dos, Libro 6, Mayo de 2014, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de dicho ordenamiento, por autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que indica, toda vez que en la certificación de cuenta se hizo constar que de la consulta a la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se localizó registro único a su favor; ante lo cual, por el momento no ha lugar a tenerlos por autorizados en términos del artículo 12 de la citada ley. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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