Miguel Ángel Hernández del Carmen
Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Ángel Hernández del Carmen
Actuaciones
- Principal
PRAL 1075/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que hasta esta fecha no se ha recibido en la oficialía de partes de este Juzgado escrito alguno mediante el cual el quejoso ********************haya cumplido el requerimiento formulado en acuerdo de nueve de noviembre de este año. 2. Requerimiento. En esas condiciones, por seguridad jurídica, y por tener el control de correspondencia de los reclusos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al director del Centro Federal de Readaptación Social Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de su notificación, comunique si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos del centro penitenciario a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso ********************dirigido a este órgano jurisdiccional y que hubiere sido depositado en el período del trece al veintidós de noviembre del año en curso; de ser así, comunique en qué fecha fue enviado a este órgano jurisdiccional y, en caso de que aún no haya sido remitido, lo envíe de manera inmediata. 2.1. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir o no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización, equivalente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
INC 531/2020 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, confirmando la sentencia dictada por este Juzgado en audiencia celebrada el trece de marzo de este año, firmada y autorizada el treinta y uno de marzo siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, y se ordenó el archivo del expediente como definitivamente concluido. 2. Archivo de expediente incidental. En esas condiciones, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida en la citada resolución interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (a contrario sensu) y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Destino del expediente original (conservable). Se comunica a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva, este expediente es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del mencionado acuerdo general; por ello, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 1075/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Informe de suspensión de oficio. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se tiene al encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Trece Cps Oaxaca, rindiendo el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en acuerdo de nueve de noviembre de este año, por el que comunica que el quejoso ******************** si ha recibido atención médica; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 2. Datos sensibles. Como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena manejar los datos sensibles del oficio de cuenta, en términos de lo establecido en los artículos 3, 5, 110, fracciones I y V, y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 1075/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida hoy en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado en esta misma fecha, promovida por ********************, contra actos del director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece Cps-Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente electrónico e impreso con el registro ********************. 2. Precisión sobre la integración del expediente. Se precisa que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(la) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, a) haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, b) supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Prevención de la demanda. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción V, en relación con el 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, a fin de que, en el plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, con las copias necesarias del mismo y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: 1) Director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece Cps-Oaxaca: 2) Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Trece Cps-Oaxaca: 3) Jefe o encargado del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Trece Cps-Oaxaca: La inadecuada atención médica en las especialidades en psiquiatría, oftalmología, traumatología y optomología (sic), así como la falta de medicamentos; lo cual le genera una tortura psicológica y pone en peligro su vida. Por otro lado, en los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, esencialmente, precisó que: 1) Está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Trece Cps-Oaxaca; lugar en el que ha solicitado atención médica especializada en psiquiatría, oftalmología, traumatología y optomología (sic); sin embargo, las autoridades responsables del centro penitenciario no le han brindado la atención médica adecuada que requiere y le niegan los medicamentos, exponiendo como impedimento que el centro de reclusión no tiene recursos económicos para pagarlos. 2) Asimismo, el quejoso afirma que agotó el medio ordinario de defensa consistente en la petición administrativa y controversia judicial, pero no señaló antecedentes al respecto. En esas condiciones, a efecto de determinar lo conducente, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, deberá cumplir con lo siguiente: Dentro de sus posibilidades, amplíe, de manera cronológica y ordenada, los antecedentes relativos a la petición administrativa y controversia judicial, en el que deberá manifestar, de manera enunciativa y no limitativa, a) el número correcto del expediente judicial y administrativo, b) el estado actual de cada uno, c) el nombre de la autoridad que conoció del asunto y, en su caso, d) la respuesta o resolución que se hubiera emitido. Manifieste cuál es el delito por el que fue procesado o, en su caso, sentenciado, a fin de realizar la designación del defensor público. Indique cuáles son los datos del defensor público que tuvo en la controversia judicial, esto es, nombre completo y a qué dependencia pertenece. Lo anterior, toda vez que en el inicio de la demanda el quejoso señaló que la controversia se radicó con el número ********************; sin embargo, en el capítulo de solicitud de defensor indicó que el número es ********************, pero no señaló ningún otro dato que permita conocer el estado actual de ese recurso, así como de la petición administrativa. Además, debido a que solicitó la designación de un defensor público, el quejoso deberá precisar cuál es el delito por el que fue procesado o, en su caso, sentenciado, a fin de fijar la competencia de la defensoría pública. Irregularidad(es) que deberá subsanar la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de entablar correctamente la litis en este expediente, pues aunque este órgano jurisdiccional realizara una interpretación íntegra de la demanda de amparo, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar, con claridad, cuál o cuáles son las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados; ello, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, con la finalidad de que defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al rendir el informe justificado, y se integre la litis de manera correcta. Sustenta lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXV, foja 3192, registro 329080, que refiere: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Así como la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Y la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, noviembre de 1999, tomo X, foja 32, registro 192843, cuyo rubro es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD.ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUISTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". 4.1. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con el requerimiento formulado, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 5. Hechos falsos. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le consten o los omita, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con el requerimiento antes formulado, se conduzca con verdad en relación al requerimiento antes realizado. 6. Suspensión. En la demanda de amparo se señalan como actos reclamados: La inadecuada atención médica en las especialidades en psiquiatría, oftalmología, traumatología y optomologia (sic), así como la falta de medicamentos; lo cual le genera una tortura psicológica y pone en peligro su vida. Ahora, los artículos 1° y 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos disponen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". "Artículo 4o. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)." El artículo 1° constitucional establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, dispone la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Mientras que el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Federal reconoce el derecho humano a la salud. En ese sentido, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de amparo procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trate de actos que si llegaran a consumarse harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; de donde se advierte que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado. Atento a lo anterior, y toda vez que el precepto 4º de la Constitución Federal reconoce el derecho humano relativo a la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, con fundamento en los artículos 126 y 147 de la Ley de Amparo, para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio y garantizar de manera real y efectiva el derecho a la salud de la parte promovente del juicio de amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO A LA PARTE QUEJOSA, para que las autoridades responsables realicen lo siguiente: Dicten las medidas necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias y ordenen de forma inmediata, otorgarle atención médica a la parte quejosa, a efecto de salvaguardar su salud y, en su caso, cumplan con la atención médica adecuada y exigida por el artículo 4° constitucional; a fin de evitar que su salud se deteriore de forma irreversible. Atento al diagnóstico médico que se realice, en el ámbito de su competencia, agoten los medios a su alcance a fin de que se le suministren a la brevedad, así como de manera puntual y completa los medicamentos respectivos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso". Asimismo, la tesis XVII.1o.C.T.43 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2519, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2018267, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MINISTRAR UN MEDICAMENTO, POR NO ESTAR INCLUIDO EN EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE INSUMOS. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS TEMPORALES Y ORDENAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE FACILITE AL QUEJOSO EL MEDICAMENTO, SI ACREDITA QUE SU MÉDICO SE LO RECETÓ". Asimismo, con fundamento en los artículos 22 constitucional; 15 y 126 de la Ley de Amparo SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO A LA PARTE QUEJOSA, para que, de inmediato, las responsables cesen cualquiera de los actos prohibidos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, de los que dice ser objeto, como lo es la tortura psicológica. 6.1. Informe relacionado con la suspensión de oficio. La(s) autoridad(es) responsable(s) deberá(n) informar el acatamiento de la medida suspensión decretada a favor del directo quejoso, dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la fecha en que quede notificada de este auto, por el cual se le envía el oficio con transcripción del mismo. Se le(s) hace saber que para el caso de no hacerlo, será(n) sancionada(s) en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en el que incurra, como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Apoya la determinación anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la tesis visible en la página 46, tomo IV, Segunda Parte-1, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro dice: "ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, NO SON MATERIA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN." 7. Autorización. Se autoriza al actuario llevador de este asunto, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, se traslade al Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, a efecto de notificar al quejoso ******************** este proveído y las subsecuentes notificaciones personales que se ordenen. 7.1. Notificaciones personales y copia solicitada. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, por encontrarse privado de su libertad, las notificaciones personales que se ordenen le serán efectuadas en el centro de su reclusión, haciéndose entrega de copia autorizada del acuerdo y, en su caso, anexos que deban notificarse; por tanto, le será proporcionada la copia correspondiente de este proveído. 8. Se reserva solicitud de denuncia. En relación a la solicitud de denuncia que plantea la parte quejosa, se reserva acordar lo procedente hasta en tanto se designe al defensor público. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 10. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye al(a) secretario(a) encargado(a) de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia o resolución que, en su caso, llegue a dictarse en este juicio de amparo, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 12. Instrucción al(a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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