Miguel Ángel Castillejos Cueto
Expediente 226/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Ángel Castillejos Cueto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL.226/2018-8B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 46 a 64), en la que se negó la protección de la Justicia Federal a Miguel Ángel Castillejos Cueto; sin que las partes lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida resolución; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. Devolución de documentos. Por otro lado, previa foja de sustitución, devuélvase a la jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Central, sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, con residencia en este municipio, el disco versátil digital (DVD) que contiene el registro de audio y video de la audiencia de diez de febrero de dos mil dieciocho, desahogada en la causa penal 236/2017, del índice de la autoridad responsable, que remitió en apoyo a su informe justificado (foja 37). Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.226/2018-8B-´AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ..................... Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e : Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ****, contra la resolución en la que se decreta la medida cautelar consistente en prisión preventiva, de fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 236/2017, por la juez de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. .....
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 226/2018; y, R e s u l t a n d o: 1. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio y, remitido en la misma fecha, por razón de turno, al juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Miguel Ángel Castillejos Cueto, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la falta de fundamentación y motivación de la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra el diez de febrero del año en curso, en la causa penal 236/2017, por el delito de abuso sexual infantil, que le atribuyó, en su doble carácter, al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca. Narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6 y 6.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 7 a 20). 2. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de siete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2) se recibió el oficio 7145/2018 signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, con el cual remitió la demanda de amparo promovida Miguel Ángel Castillejos Cueto, al considerar que este órgano jurisdiccional conoció previamente del diverso juicio 653/2017; por tanto, este Juzgado aceptó la competencia declinada, registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 226/2018, admitiéndose a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado por conducto de su representante legal por ser menor de edad, motivo por el cual, en esta resolución, será identificado como H. D. J. J.; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 3. En acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho se ordenó emplazar a la tercera interesada, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por razón de Género, Gladys López Robles (foja 39); y previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o s : 1. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 46/2016 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este último que reformó el diverso Acuerdo número 3/2013, del mismo Pleno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto reclamado se ejecuta en el Centro de Reinserción Social número dos, de la Villa de Etla, Oaxaca (foja 36), lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. 2. Oportunidad. El juicio de amparo se promovió en tiempo, ya que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución dictada en la audiencia de imposición de medida cautelar de diez de febrero de dos mil dieciocho, en la misma fecha, porque estuvo presente en ésta y la demanda de amparo fue presentada el dos de marzo siguiente; por ende, se presentó dentro el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. 3. Legitimación. Miguel Ángel Castillejos Cueto se encuentra legitimado para promover este juicio de amparo por propio derecho, porque es a él a quien se le dictó la resolución de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el proceso penal 236/2017, con motivo de su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual infantil, previsto en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, cometido en agravio de un menor de edad. 4. Existencia de los actos. La autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado (foja 36) convino en la existencia del acto reclamado. Al respecto, señaló que en cumplimiento a la resolución de siete de febrero del actual año, dictada por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, decretó en autos de la causa penal 236/2017, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, contra Miguel Ángel Castillejos Cueto, el diez de febrero siguiente, la cual cumple en el Centro de Readaptación Social número dos, de la Villa de Etla, Oaxaca. Y como justificación de su informe remitió un disco en formato DVD que contiene copia certificada del audio y video de la audiencia de imposición de medida de coerción de diez de febrero de dos mil dieciocho, así como formato PDF de la resolución de medida cautelar (foja 36). Constancia remitida por la citada autoridad judicial a la cual se le confiere valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo, al constituir documento público en términos del artículo 210-A , del código primeramente citado. 5. Conceptos de violación. El quejoso Miguel Ángel Castillejos Cueto, sostiene que la juez responsable al dictar la resolución de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de diez de febrero de dos mil dieciocho, transgrede sus derechos humanos porque: - Suplió las deficiencias del fiscal, excediéndose en sus funciones, ya que fue más allá de las argumentaciones planteadas por ésta, incorporando razonamientos no expuestos por la institución ministerial, faltando así a los principios de imparcialidad y contradicción. - La fiscalía no acreditó la racionalidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida cautelar de prisión preventiva, en razón a que el delito por el cual se le vinculó a proceso en la causa penal 236/2017, -abuso sexual infantil- no se encuentra catalogado como grave. -Deben atenderse los principios de presunción de inocencia y pro persona, así como la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa. - No se encuentra fundada ni motivada. 6. Estudio de la resolución reclamada. 6.1 Fundamentación y motivación. Todo acto de autoridad, independientemente de los requisitos de fondo que deben cubrir para su emisión, está sujeto a lo dispuesto expresamente en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De dicho numeral se desprende que toda autoridad, para emitir una decisión en el ejercicio de sus funciones, con el objeto de realizar un acto de molestia, debe hacerla constar por escrito o en cualquier medio que dé certeza de su contenido, dentro del ámbito de su competencia, así como fundarla y motivarla. En relación con los requisitos de fundamentación y motivación, es pertinente destacar que la primera exigencia implica la cita de los preceptos jurídicos que establecen la hipótesis que genera la emisión del acto reclamado; en tanto que la motivación es la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Por tanto, para que exista una adecuada fundamentación y motivación, es necesaria la subsunción entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, lo que permite sostener que ambos conceptos están vinculados, en razón de que no puede existir motivación si es inexistente la adecuación entre el hecho y la norma legal. Resulta ilustrativa al respecto la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 176546 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Página: 162 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Esos requisitos -fundamentación y motivación- tienen por objeto otorgar seguridad jurídica a las determinaciones de las responsables, aspecto que es indispensable en un sistema democrático, ya que sólo de esa forma se podrá constatar que sus decisiones no son arbitrarias. Ahora, a fin de determinar si la resolución reclamada cumple con los requisitos indicados, se consideran los aspectos siguientes. 6.2 Requisitos medida cautelar prisión preventiva. Para imponer la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, en términos de los artículos 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que se acredite la justificación de su imposición, mediante una resolución que debe contener: la imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; los lineamientos para la aplicación de la medida; y la vigencia de la medida. Medida que será emitida oralmente y después de su emisión oral, deberá constar por escrito, ya que en términos de lo dispuesto por el numeral 44 de dicha legislación, la formalidad que distingue al sistema es la oralidad de las actuaciones procesales, no obstante no deben desvincularse una de otra; esto es, la determinación emitida oralmente y la que se hace constar por escrito. Además, "la oralidad" constituye el instrumento más importante que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; de manera que los juzgadores se encuentran obligados a dirimir en forma verbal los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo establecido en el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las razones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las decisiones adoptadas; por tal motivo, se estudiará la determinación emitida de forma oral en la audiencia de imposición de medida cautelar consistente en prisión preventiva. Y aunque ese acto de molestia también debe dictarse de manera escrita, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 16 de la Constitución Federal, no significa que existan dos resoluciones que puedan impugnarse en amparo, sino que esas actuaciones (la oral y la escrita) constituyen un mismo acto de autoridad, pues la escrita tiene su origen en la audiencia en que se resolvió esa medida cautelar, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la diligencia. Entonces, el análisis de la constitucionalidad de la medida cautelar, se constatará con base en la resolución emitida el diez de febrero de dos mil dieciocho, hecha del conocimiento a las partes de manera oral en la misma audiencia, por ser ésta la que jurídicamente rige. Ahora, debe indicarse que para imponer una o varias medidas cautelares se deben atender los parámetros de proporcionalidad señalados en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, se deberán tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, con base en el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares del sujeto, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 constitucional. Además, la disposición en consulta prevé que para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. Por lo que, a fin de evitar interpretaciones restrictivas que atenten contra el principio de progresividad y pro persona, se deberán aplicar las reglas señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al momento de efectuar el pronunciamiento de fondo de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. 6.3 Aspectos a considerar. Así, para resolver este juicio serán atendidas las cuestiones debatidas en la audiencia de imposición de medida cautelar, como se advierte del contenido de la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2016462 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: VI.2o.P.42 P (10a.) Página: 3419 MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. EN EL AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO, AL VERIFICAR EL ANÁLISIS FORMULADO POR EL JUEZ DE CONTROL, NO DEBE REVISAR LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO RESOLVER CON BASE EN LAS CUESTIONES DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA EN QUE SE DETEMINÓ SU IMPOSICIÓN. De acuerdo con la estructura normativa de la medida cautelar de prisión preventiva se adopta en la audiencia y previo contradictorio; de manera que las medidas cautelares están vinculadas con el proceso penal, son accesorias a éste y tienen que ver con el acceso a la justicia en cuanto a su desarrollo; esto es, emparejadas a la situación que prive en el proceso del que derivan; además, establecen la condición de la persona como sujeta a un proceso penal. Así, por regla general, las medidas cautelares no se fijan de oficio por el Juez y requieren una imputación precisa antes de su solicitud, tomando en cuenta que es menester una imputación previa, para que el Juez conozca cuál es el hecho delictivo imputado a la persona y, de esa manera, establecer proporcionalmente la medida. De ese modo, se debate la imposición de medidas cautelares cuando se inicia el proceso penal, mediante la formalización por el Ministerio Público de una investigación que realiza contra un sujeto determinado -dentro de la fase complementaria de la investigación-. Esto es, las medidas cautelares dependen de la existencia del proceso penal, no pueden existir de forma autónoma, y están sujetas, primordialmente, a la formalización de la imputación realizada por el Ministerio Público, incluso, el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como presupuesto para su imposición que se haya formulado imputación, o bien, que haya sido vinculado a proceso. En ese contexto, será de la reproducción del disco óptico y acústico, que se obtengan aquellos datos relativos a la prisión preventiva, y que tengan vinculación con la imposición de las medidas cautelares, máxime cuando esas medidas de protección que invoque el Ministerio Público a personas detenidas señaladas de haber cometido un hecho delictivo, son previas a la judicialización de la causa ante el Juez de control. Conforme a lo anterior, en el amparo indirecto interpuesto contra la imposición de la medida, el Juez de Distrito no tendrá acceso a la carpeta de investigación, en tanto que el Juez de control no puede revisar las constancias que la integran antes de emitir sus resoluciones; de ahí que sólo deba resolver con base en las cuestiones debatidas en la audiencia desahogada ante él, con el fin de evitar que prejuzguen manteniendo la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, teniendo únicamente la responsabilidad de considerar los argumentos del debate sobre la imposición de medidas cautelares iniciada con la formalización por el Ministerio Público de una investigación contra una persona determinada, dentro de la fase complementaria de la investigación." Ahora, para comprender mejor este juicio, se plasman las consideraciones vertidas en la audiencia de diez de febrero de dos mil dieciocho por las partes. 6.4 Manifestaciones fiscalía La fiscalía expresó como motivos justificativos de la solicitud de la medida de prisión preventiva oficiosa los siguientes: - Miguel Ángel Castillejos Cueto tiene facilidad de salir del Estado, dado que no tiene un empleo fijo, ya que es maestro jubilado y viaja constantemente a otros estados (02:15:36 hrs del disco en formato dvd). - Se le instruye un diverso proceso penal por el mismo delito de abuso sexual infantil (02:16:35 hrs del disco en formato dvd). -El máximo de la pena por el delito antes indicado es de siete a doce años, por lo que no enfrentaría voluntariamente su proceso (02:17:04 hrs del disco en formato dvd). - Existe el peligro de fuga, en razón a que el delito que se le instruye no prevé ningún beneficio preliberacional (02:17:48 hrs del disco en formato dvd). -No se sometió voluntariamente al proceso (02:18:15 hrs del disco en formato dvd). -Existe un riesgo para la víctima dado que habitan en el mismo fraccionamiento, -Jardines del Sur, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca-, y únicamente sus domicilios se encuentran separados por un pasillo (02:18:19 hrs del disco en formato dvd). -Existe un riesgo para la comunidad, particularmente los menores, en razón a que los dos procesos que se le instruyen son por el delito de abuso sexual infantil (02:19:02 hrs del disco en formato dvd). -La medida es proporcional en razón de la protección a la víctima y que el inculpado no se sustraiga de la acción de la justicia (02:19:22 hrs del disco en formato dvd). -Es idónea ya que asegura la presencia del imputado en el proceso y la no impunidad (02:19:48 hrs del disco en formato dvd). -Se protege al menor en el libre desarrollo psicosexual y de personalidad; atendiendo al interés superior del menor (02:20:05 hrs del disco en formato dvd). 6.5 Manifestaciones defensa. Por su parte, la defensa del aquí quejoso expresó: -Se encuentra acreditado el arraigo de Miguel Ángel Castillejos Cueto a la ciudad donde se tramita la causa penal que se le instruye, en razón a que tiene un domicilio cierto, un vínculo matrimonial bajo el régimen de sociedad conyugal, un asiento de su familia, dos bienes inmuebles -uno de su propiedad y otro de su esposa- (02:36:28 hrs del disco en formato dvd). -No obra el informe de la unidad de Medias Cautelares, donde se determine si el quejoso representa o no un riesgo para la comunidad, y si dicho riesgo en su caso, es bajo, alto o medio (03:12:26 hrs del disco en formato dvd). -El diverso proceso que se le instruye no debe ser tomado en consideración, en razón a que éste no existía a la fecha de solicitud de imposición de la medida cautelar en la causa 236/2017 (03:13:07 hrs del disco en formato dvd). - Atendiendo al principio de presunción de inocencia no debe considerarse el máximo de la pena que en su caso pudiera imponérsele (03:17:19 hrs del disco en formato dvd). - Para determinar si existe o no un peligro de fuga se deben acreditar todos los supuestos del artículo 172 del Código Procesal Penal para el Estado (03:18:32 hrs del disco en formato dvd). - La libertad es el principio fundamental que debe ser protegido (03:24:26 hrs del disco en formato dvd). - A fin de proteger a la víctima se puede imponer una medida cautelar diversa a la prisión preventiva como la de prohibición de acercársele a ésta (03:26:20 hrs del disco en formato dvd). - No existe un dictamen de rasgos de personalidad que indique que si el quejoso implica o no un riesgo para el menor (03:27:20 hrs del disco en formato dvd). -La fiscalía puede solicitar medidas de protección a favor de la víctima (03:28:30 hrs del disco en formato dvd). - No existe un riesgo para la comunidad dado que éste no fue demostrado (03:29:37 hrs del disco en formato dvd). -La medida solicitada no es proporcional ni idónea, ya que la prisión preventiva oficiosa debe ser la última medida que se debe adoptar, y ésta no es la regla general (03:32:10 hrs del disco en formato dvd). -El delito no se encuentra expresamente estipulado como grave (03:38:14 hrs del disco en formato dvd). Ahora, la resolución reclamada de diez de febrero de dos mil dieciocho, que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, fue dictada en los siguientes términos: a. Determinó la responsable que pronuncia la medida cautelar de prisión preventiva en cumplimiento a la resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la diversa resolución de medida cautelar de quince de noviembre de dos mil diecisiete (02:07:34 hrs del disco en formato dvd). b. La fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (05:25:37 hrs del disco en formato dvd). c. Como requisito previo, existe un auto de vinculación a proceso de quince de mayo de dos mil diecisiete en contra de Miguel Ángel Castillejos Cueto, por su probable responsabilidad del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual infantil (05:26:11 hrs del disco en formato dvd). d. Para emitir la resolución atiende los argumentos que vertió la fiscalía y la defensa, las manifestaciones realizadas por el inculpado; así como los datos de prueba desahogados (05:28:41 hrs del disco en formato dvd). e. Concluyó en la primera etapa de la audiencia que existía una necesidad de la cautela (05:54:29 hrs del disco en formato dvd); f. En relación a la proporcionalidad de la medida determinó que ésta era: 1) idónea (06:04:27 hrs del disco en formato dvd); 2) necesaria (06:09:08 hrs del disco en formato dvd); y 3) proporcional en sentido estricto (06:12:43 hrs del disco en formato dvd). g. Expuso la responsable que no compartía (06:13:19 hrs del disco en formato dvd) el argumento de la defensa en cuanto a que debía aplicar de manera análoga el contenido de la tesis aislada que explica el contenido del artículo 172 del Código Procesal Penal para el Estado, en tanto que éste no es vigente, y que resultaba innecesario se actualicen las cinco causales previstas en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales (06:14:22 hrs del disco en formato dvd); así como en lo atinente a la interpretación pro persona e interpretación conforme, en razón a que, en el caso, no existen ordenamientos que se contraríen, ya que el último ordenamiento citado indica las circunstancias que se deben tomar en consideración para decidir si está o no garantizada la comparecencia del imputado en el proceso (06:15:42 hrs del disco en formato dvd). 6.6 Estudio de medida cautelar. La responsable impuso la medida cautelar de prisión preventiva el diez de febrero de dos mil dieciocho, estableciendo como justificación de ésta los argumentos siguientes: 6.6.1 El quejoso fue vinculado a proceso, con motivo del delito de abuso sexual infantil, previsto en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en agravio de un menor de doce años, con pena de prisión de siete a doce años de prisión. 6.6.2 La fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, prevista por el numeral 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En lo que hace a los dos aspectos indicados, se advierte que se cumplen los supuestos previstos en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que el quejoso se encuentra vinculado a proceso y existe una solicitud formulada por la fiscalía para la imposición de la medida cautelar. Lo anterior, atendiendo a que la responsable no se encuentra en aptitud de imponer oficiosamente la medida cautelar de prisión preventiva ya que el delito por el cual el quejoso se encuentra vinculado a proceso no se encuentra expresamente previsto en el catálogo de aquellos ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa por el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional indica que cuando no se trate de alguno de los delitos para los que específicamente se definió como medida cautelar oficiosa la prisión preventiva, los gobernados tienen la prerrogativa de enfrentar en libertad el proceso penal instaurado en su contra, por lo que dicha medida únicamente podrá emplearse de manera excepcional, dado que les asiste el principio constitucional de presunción de inocencia y el de excepcionalidad de prisión preventiva. Ello es así, agrega, en virtud que, según lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de limitar la imposición de la prisión preventiva a una aplicación excepcional mediante la satisfacción de ciertos requisitos, implica el respeto al derecho de presunción de inocencia como regla de trato procesal, cuya esencia radica en ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada la culpabilidad de un individuo mediante sentencia judicial y se le haya seguido un proceso con todas las garantías. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.) , que se reproduce enseguida: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena". Ahora, para comprender la naturaleza jurídica y alcance de la medida de prisión preventiva es ilustrativo transcribir la parte conducente de la ejecutoria de la contradicción de tesis 36/2012, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: [.] De este modo, conviene definir como cuestión previa la manera en que cobra aplicación la reforma de junio de dos mil ocho, que introduce el sistema procesal penal acusatorio en el territorio mexicano. Se estima necesario recordar que el artículo 19 de la Constitución Federal, fue modificado con motivo de las reformas del mes de junio de dos mil ocho, con el objeto de regular concretamente lo relativo al sistema de prisión preventiva oficiosa, como parte del sistema penal acusatorio, ello acorde con el principio de presunción de inocencia, habiéndose estimado conveniente establecer el principio de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de este instituto. En el dictamen de la Cámara de Origen, se refirió lo siguiente: "Artículo 19 Cambio de denominación: auto de vinculación. En esta reforma se modifica el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos; en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Se continuará exigiendo, no obstante, acreditar el supuesto material. Estándar para el supuesto material Al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. La razón de ello es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16. En este punto habría que agregar que el excesivo estándar probatorio que hasta ahora se utiliza, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria. Ello debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el ministerio público en la investigación, el cual todavía no ha sido sometido al control del contradictorio. La calidad de la información aportada por el ministerio público viene asegurada por el control horizontal que ejerce la defensa en el juicio, en tal sentido, no es adecuado que en el plazo de término constitucional se adelante el juicio. Medidas cautelares y prisión preventiva. Para los efectos de evitar los excesos cometidos hasta ahora con la prisión preventiva, se acordó establecer el principio de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de este instituto. La aplicación de medidas cautelares, las cuales son auténticos actos de molestia, procederá únicamente cuando exista la necesidad de cautela del proceso o de protección de las víctimas. Esto quiere decir que sólo cuando exista necesidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, procederá la aplicación de alguna medida cautelar de las que prevea la ley. La prisión preventiva sólo procederá cuando ninguna otra medida cautelar sea suficiente para el logro de los propósitos indicados. Este nuevo diseño es acorde con el principio de presunción de inocencia. Diversos procesalistas clásicos y contemporáneos han hecho notar, con razón, la inevitable antinomia que supone afectar los derechos de las personas sometiéndolas a prisión preventiva, sin que antes se haya derrotado su presunción de inocencia en un juicio en el que se respeten todas las garantías del debido proceso. La antinomia es de por sí insalvable, pero para paliarla en alguna medida se prevé que la procedencia de tales afectaciones sea excepcional. Otro de los elementos que se debe tener en cuenta es que las medidas cautelares sean proporcionales, tanto al delito que se imputa, como a la necesidad de cautela. Los riesgos mencionados con anterioridad admiten graduación y nunca son de todo o nada, dependerán de cada caso concreto. Por ello es que la necesidad de cautela siempre deberá ser evaluada por el ministerio público y justificada por él ante el juez, con la posibilidad de que tanto el imputado como su defensor ejerzan su derecho de contradicción en una audiencia. Finalmente, la procedencia de las medidas cautelares deberá estar regida por el principio de subsidiariedad, de modo tal que siempre se opte por aquella medida cautelar que sea lo menos intrusiva para la esfera jurídica de los particulares. El propósito en este caso será provocar la menor afectación posible. Prisión preventiva y delitos graves A la regulación de las medidas cautelares en aquellos casos en los que se trate de delitos graves y de delincuencia organizada se le da un tratamiento diverso. Se pretende evitar que se produzca con el tema de los delitos graves y la delincuencia organizada, lo que hasta ahora ha venido sucediendo, es decir, que sea el legislador ordinario el que en definitiva decida a qué casos se aplica la Constitución y cuáles requieren un tratamiento excepcional por tratarse de delitos graves o delincuencia organizada. Debe apreciarse que se requiere una regulación especial de las medidas cautelares cuando se trate de estos casos, sin embargo, las excepciones tienen que estar previstas en el propio texto constitucional, ya que si se hace un reenvío a la ley, inevitablemente se debilita el principio de supremacía constitucional. Cuando por primera vez se creó el sistema de delitos graves para la procedencia de la libertad provisional bajo caución, se tenía el propósito de que éstos fueran excepcionales. No obstante, la experiencia estatal y federal ha mostrado que este sistema excepcional ha colonizado el resto del ordenamiento. Hoy por hoy existe un enorme abuso de la prisión preventiva, toda vez que la mayoría de los delitos están calificados como graves por la legislación ordinaria. Con la finalidad de superar este estado de cosas se impone que sea la propia Constitución la que determine aquellos casos excepcionales, para los que bastará acreditar el supuesto material para que en principio proceda la prisión preventiva. El propio artículo 19 constitucional establece la posibilidad de que los ordenamientos procesales de las entidades federativas y de la Federación, incorporen una excepción al diseño normativo de las medidas cautelares y de la prisión preventiva recién explicado. Se prevé que el juez aplique prisión preventiva para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios especialmente violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, si el ministerio público logra acreditar, en audiencia, las condiciones exigidas para vincular a proceso por esos delitos. La decisión sobre medidas cautelares es evidentemente revisable, tan es así que expresamente se prevé que se podrá revocar la libertad de los individuos ya vinculados a proceso, cuando se acrediten los extremos previstos en la propia Constitución y de conformidad con lo que disponga la ley. [.] El artículo 19 señalado, fue reformado nuevamente el catorce de julio de dos mil once, con el objeto de introducir en la gama de delitos respecto de los cuales el juez debe ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa, como parte del sistema penal acusatorio, el delito de trata de personas; en el dictamen de la Cámara de origen de diez de febrero de dos mil once, se estableció lo siguiente: [.]. Ahora bien, de las transcripciones anteriores podemos concluir que la única intención del legislador al introducir la reforma de mérito, es en forma general, regular de manera más específica y cuidadosa el delito de trata de personas, atendiendo a la repercusión actual que tiene en la sociedad; atendiendo a lo anterior, de manera particular en el segundo párrafo del artículo 19, se incluye dicho delito en el catálogo de ilícitos respecto de los cuales procede de manera excepcional la prisión preventiva oficiosa, instaurada con las nuevas formas, figuras y condiciones que se establecen en el nuevo sistema penal. Además, conforme a la nueva lógica del sistema acusatorio en materia de prisión preventiva (esto es, con la inversión de la regla en la prisión preventiva, en la cual todos los imputados deben de enfrentar su proceso en libertad y sólo de manera excepcional procede la prisión preventiva), desaparecen dos figuras del derecho penal clásico; la libertad provisional bajo caución y el catálogo de delitos graves.[.] Como se indicó con antelación, la prisión preventiva como medida cautelar puede ser impuesta oficiosamente por el juez de control, cuando el delito que se trata se encuentra previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sin que tal medida sea solicitada a petición del Ministerio Público; sin embargo, dichos preceptos legales también contemplan una hipótesis distinta para el caso que se trate de ilícitos diversos, esto es, cuando el Ministerio Público solicite la prisión preventiva, demostrando la necesidad de ésta y siempre y cuando se actualice alguno de los siguientes requisitos, a saber: i) Existan datos que revelen que las otras medidas cautelares menos gravosas no serían efectivas para garantizar alguno de los siguientes aspectos: a) la comparecencia del imputado en el enjuiciamiento, b) el desarrollo de la investigación o c) La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; o bien, ii) cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 6.6.3 Necesidad de la cautela, al considerar que, con base en los argumentos aportados por la fiscalía, se actualiza el peligro de sustracción previsto en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que A) no se encuentra acreditado el arraigo del quejoso; en razón a que si bien tiene un domicilio cierto y un asiento de su familia, también lo es que goza de las facilidades necesarias para abandonar el lugar donde se tramita el juicio, en razón de que, previo a ser privado de su libertad a) manifestó que viajaba constantemente a otros estados de la República Mexicana y que b) no tiene un empleo fijo, ya que es maestro jubilado. Sin que obste que en el juicio natural no obre el dictamen de riesgo que, en su caso, emite la Unidad de Medidas Cautelares, ya que conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho dictamen no es indispensable para determinar las facilidades de una persona para abandonar el lugar o permanecer oculto, aunado a que éste es de carácter orientador y no es vinculante. B) Atendió al máximo de la pena estipulada en el ilícito -artículo 241 del Código Penal del Estado- por el cual se vinculó al quejoso al proceso, que es de siete a doce años de prisión, lo que consideró la responsable es un aliciente suficiente para que no se someta voluntariamente al proceso, actualizándose así, lo estipulado en la fracción II del artículo 168 del ordenamiento antes indicado. Existe un C) riesgo para la víctima, ya que consideró: 1) las condiciones particulares de los sujetos, consistentes en que el menor vive en el mismo edificio que el quejoso, en tanto que este último habita en el departamento número quince y el menor en el diverso número doscientos uno, del fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y sus domicilios únicamente se encuentran separados por un pasillo; 2) las circunstancias del hecho: consistentes en que fue el menor quien se hizo presente en el domicilio del quejoso, y estando dentro de su domicilio se dirigió había él y fue cuando sucedió el evento materia de la investigación; así como para la comunidad en razón a que se encuentra evidenciado que existen dos procesos en contra del quejoso por el mismo delito -abuso sexual infantil-, en contra de diverso menor. 6.6.4 La medida es proporcional, en relación a los riesgos que se pretender resguardar, ya que no obstante que la prisión preventiva es la última ratio, también lo es que los derechos no son absolutos, ya que tienen limitantes establecidas en la ley, como en el caso de la prisión preventiva, que se encuentra prevista en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, debe decirse que la libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1, 14 y 16), como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); y que sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona. A su vez, la libertad personal converge en materia penal con los diversos principios fundamentales de legalidad y seguridad conforme a los artículos 14, segundo párrafo, y 16, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 19, primer párrafo, del mismo ordenamiento, entre otros, como el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este contexto, las normas constitucionales y convencionales han excluido la posibilidad de que se atente de manera arbitraria contra la libertad de las personas, de manera que el derecho a la libertad personal sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, aspecto que guarda armonía tanto en la Constitución Federal como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; empero, este marco normativo también reconoce que el derecho humano en comento no es absoluto, sino que puede verse restringido por causas y condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas (artículo 7.2); circunstancia que patentiza que el derecho a la libertad personal dentro del marco normativo constitucional, no es deficiente en cuanto a su alcance de protección en relación con la norma convencional, pues no se advierte diferencia entre el alcance o la protección reconocida en éstas, que amerite la selección de aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. 6.6.5 La medida es idónea en relación a los peligros que tratan de resguardarse, ya que A) existe el peligro de sustracción del quejoso, en razón a que tiene a) las facilidades de abandonar el lugar de juicio, previsto en la fracción I, del artículo 168 del ordenamiento multicitado y el diverso previsto en la fracción II de dicho artículo, consiste en el b) máximo de la pena que en su caso pudiera imponérsele; en tanto que con la medida de prisión preventiva oficiosa cesa el riesgo de que 1) abandone el lugar de tramitación del juicio y 2) no se someta voluntariamente al proceso en razón del máximo de la pena que se le pudiera imponer; también se elimina B) el riesgo de que I) a la víctima le vuelva a suceder un evento similar o que se siga trastocando el libre desarrollo de la personalidad de ésta y II) de la comunidad, en razón de los dos procesos que se le instruyen son por el mismo delito. 6.6.6 La medida es necesaria, en tanto que la responsable indicó que una vez considerado el catálogo de medidas contempladas a fin de determinar si existe alguna que sea menos gravosa y elimine los riesgos tanto para la víctima como para la comunidad; arribó a la conclusión que, en el caso, no existen otras medidas menos gravosas que pudieran imponérsele, ya que si bien en lo que hace a que no abandone el lugar donde se tramita el juicio se puede imponer la presentación periódica ante una autoridad; en relación al riesgo para la víctima la de prohibición de acercársele; en lo que hace al peligro hacia la comunidad la de prohibición de acercarse a menores de edad durante el tiempo que dure el proceso; sin embargo, en lo que hace al máximo de la pena que pudiera imponérsele no existe otra diversa menos gravosa que garantice su comparecencia durante el proceso, ya que 1) conociendo la pena de prisión que en su caso pudiera imponérsele que se trata de siete a doce años de prisión, ésta es un aliciente para no someterse voluntariamente al proceso -máxime que manifestó que tiene facilidades de abandonar el Estado con facilidad-; 2) aunado a que se le instruye un diverso proceso por el mismo delito en contra de otro menor de edad; 6.6.7. La medida es proporcional en sentido estricto, dado que la responsable realizó una ponderación entre el derecho que tiene el quejoso de llevar su proceso en libertad con los riesgos procesales que tratan de resguardarse, que son peligro: 1) de fuga; 2) hacia la víctima; y 3) hacia la sociedad; arribando a la conclusión que el derecho de la víctima es el que impacta en razón del delito por el cual el quejoso se vinculó a proceso -abuso sexual infantil-, el cual atenta contra el libre desarrollo de su personalidad, atendiendo al interés superior del menor. Por tanto y contrario a lo aducido por el quejoso, la resolución de medida cautelar impuesta por la responsable: a) se encuentra fundada y motivada; b) fue dictada atendiendo a las manifestaciones vertidas en la audiencia de diez de febrero de dos mil dieciocho, tanto por la fiscalía como por la defensa y el propio quejoso; y sin que resulte aplicable al caso que nos ocupa la tesis invocada por el quejoso de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", dado que ésta se trata de un supuesto diverso al que nos atañe - auto de vinculación a proceso-. c) Fue impuesta considerando los diversos aspectos apuntados con anterioridad, no únicamente el máximo de la pena que pudiera imponérsele, como lo expresó el quejoso, y que apoyó en la tesis de rubro "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Por otra parte, tampoco le asiste razón al quejoso al manifestar que la responsable debió considerar las circunstancias previstas en el artículo 172 del Código Procesal Penal para el Estado, para establecer el peligro de fuga del quejoso, conforme al contenido de la tesis de rubro "PELIGRO DE FUGA. PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO EXIGIDO EN EL DICTADO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE GARANTÍA ANALICE TODOS LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PROCESAL PARA EL ESTADO DE OAXACA", ya que dicho ordenamiento no es aplicable, dada la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que se trata de un supuesto diverso del que aquí nos ocupa. Además, como el propio quejoso lo indica, se trata de una tesis aislada, que únicamente tiene carácter orientador y no obligatorio, como se advierte de aquella que cita de rubro "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR. NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE LA IRRETROACTIVIDAD.". Tampoco le asiste razón al quejoso al manifestar que la responsable no realizó una interpretación conforme prevista en el artículo 1º constitucional, ni aplicó el principio pro persona, apoyando su manifestación en las tesis de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN. O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE", "PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Y, "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN."; dado que en el caso no existen dos normas jurídicas que sean aplicables al supuesto que nos ocupa y tampoco se encuentran en contradicción, en tanto que es únicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales el ordenamiento que prevé y regula la imposición de las medidas cautelares. Tampoco le asiste razón al quejoso en lo que hace a que la responsable faltó a los principios de imparcialidad y contradicción. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 412/2010, indicó que el principio de contradicción se puede entender en los términos siguientes: "El principio de contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta o legajo de investigación y los que sean ofrecidos en su contra, este principio indudablemente permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. De donde se advierte que dicho principio garantiza la igualdad jurídica de las partes en el proceso, consagrada en la fracción V del artículo 20, apartado A; ya que pueden alegar y probar, a través de argumentos y contrargumentos sus pretensiones apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes; lo que, contrario a lo aducido por el quejoso, sucedió, ya que la responsable dio oportunidad a la fiscalía para que justificara la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; posteriormente, a la defensa del quejoso para realizar diversas manifestaciones; así como al propio quejoso. Por otra parte, en lo que hace al principio de imparcialidad, se entiende éste como la actitud del juzgador de ser ajeno o extraño a los intereses de las partes en las controversias y de resolver sin favorecer a ninguna de éstas; es decir, tener un papel neutral, considerando los argumentos en que se sustenten las hipótesis a demostrar y los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los datos que ofrezca el imputado así como su defensa y, con ello; resolver el asunto que se le plantea, como así se advierte de la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 160309 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 1/2012 (9a.) Página: 460 IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal." No obstante, y sin soslayar dicho principio, debe considerarse que el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta al juez de control a otorgar protección a las víctimas atendiendo a las circunstancias del hecho y las condiciones particulares de los sujetos, cuando pueda derivarse un riesgo fundado de que se cometa un acto que afecte la integridad personal de éstas, como en el caso, que el ilícito por el que al quejoso se le vinculó el proceso, es el de abuso sexual infantil y que la víctima se trata de un menor; y que una vez ponderado el derecho del quejoso a enfrentar su proceso en libertad con el del interés superior del menor, determinó la responsable que era este último el que debía prevalecer. Determinación que fue correcta, ya que en todas las decisiones que afecten a un menor, se deberán evaluar sus repercusiones a fin de salvaguardar el interés superior de los menores y sus garantías procesales; como así lo ilustra la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2012592 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 7/2016 (10a.) Página: 10 INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Sin soslayar que el ilícito por el cual se vinculó al quejoso a proceso -abuso sexual infantil- no se encuentra expresamente estipulado en el artículo 19 constitucional como de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ya que, en primer término, la medida cautelar fue impuesta a petición de la fiscalía, y, en segundo término, dicho numeral también contempla a la prisión preventiva oficiosa para los delitos cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad; que en el caso se actualiza, dado que en el delito de abuso sexual infantil, el bien protegido es el libre desarrollo de la personalidad y normal desarrollo psicosexual de un menor. Sin que resulte necesario dar contestación a las diversas tesis de rubro "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS", "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL" Y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO Y ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA LEY DE AMPARO RESPETAN AQUELLOS DERECHOS.", en razón al sentido de esta sentencia. Finalmente, al haberse tramitado y resuelto este juicio de amparo, se estima que se observó lo establecido en las diversas tesis que invoca el quejoso, de rubros: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", "PELIGRO DE FUGA. PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO EXIGIDO EN EL DICTADO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE GARANTÍA ANALICE TODOS LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PROCESAL PARA EL ESTADO DE OAXACA", "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR. NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE LA IRRETROACTIVIDAD.", PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN. O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE", "PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Y, "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN.", "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS", "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL" Y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO Y ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA LEY DE AMPARO RESPETAN AQUELLOS DERECHOS.", por tanto, ya no se hace pronunciamiento respecto de ellas. Por lo antes expuesto y toda vez que la resolución de diez de febrero de dos mil dieciocho, en la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva, fue con motivo de la solicitud formulada por la fiscalía; que la responsable justificó los motivos por los que en el caso existe necesidad de la cautela, así como la idoneidad y proporcionalidad de la medida; la resolución que se analiza cumple con las exigencias de fundamentación y motivación, como lo exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados, por los motivos expuestos en esta sentencia. En consecuencia, lo que procede es negar el amparo solicitado. 7. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e : Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Miguel Ángel Castillejos Cueto, contra la resolución en la que se decreta la medida cautelar consistente en prisión preventiva, de fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 236/2017, por la juez de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en que se estuvo en condiciones de dictar esta sentencia de amparo. Conste
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 226/2018; y, R e s u l t a n d o: 1. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio y, remitido en la misma fecha, por razón de turno, al juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Miguel Ángel Castillejos Cueto, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la falta de fundamentación y motivación de la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra el diez de febrero del año en curso, en la causa penal 236/2017, por el delito de abuso sexual infantil, que le atribuyó, en su doble carácter, al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca. Narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6 y 6.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 7 a 20). 2. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de siete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2) se recibió el oficio 7145/2018 signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, con el cual remitió la demanda de amparo promovida Miguel Ángel Castillejos Cueto, al considerar que este órgano jurisdiccional conoció previamente del diverso juicio 653/2017; por tanto, este Juzgado aceptó la competencia declinada, registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 226/2018, admitiéndose a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado por conducto de su representante legal por ser menor de edad, motivo por el cual, en esta resolución, será identificado como H. D. J. J.; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 3. En acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho se ordenó emplazar a la tercera interesada, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por razón de Género, Gladys López Robles (foja 39); y previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o s : 1. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 46/2016 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este último que reformó el diverso Acuerdo número 3/2013, del mismo Pleno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto reclamado se ejecuta en el Centro de Reinserción Social número dos, de la Villa de Etla, Oaxaca (foja 36), lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. 2. Oportunidad. El juicio de amparo se promovió en tiempo, ya que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución dictada en la audiencia de imposición de medida cautelar de diez de febrero de dos mil dieciocho, en la misma fecha, porque estuvo presente en ésta y la demanda de amparo fue presentada el dos de marzo siguiente; por ende, se presentó dentro el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. 3. Legitimación. Miguel Ángel Castillejos Cueto se encuentra legitimado para promover este juicio de amparo por propio derecho, porque es a él a quien se le dictó la resolución de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el proceso penal 236/2017, con motivo de su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual infantil, previsto en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, cometido en agravio de un menor de edad. 4. Existencia de los actos. La autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado (foja 36) convino en la existencia del acto reclamado. Al respecto, señaló que en cumplimiento a la resolución de siete de febrero del actual año, dictada por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, decretó en autos de la causa penal 236/2017, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, contra Miguel Ángel Castillejos Cueto, el diez de febrero siguiente, la cual cumple en el Centro de Readaptación Social número dos, de la Villa de Etla, Oaxaca. Y como justificación de su informe remitió un disco en formato DVD que contiene copia certificada del audio y video de la audiencia de imposición de medida de coerción de diez de febrero de dos mil dieciocho, así como formato PDF de la resolución de medida cautelar (foja 36). Constancia remitida por la citada autoridad judicial a la cual se le confiere valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo, al constituir documento público en términos del artículo 210-A , del código primeramente citado. 5. Conceptos de violación. El quejoso Miguel Ángel Castillejos Cueto, sostiene que la juez responsable al dictar la resolución de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de diez de febrero de dos mil dieciocho, transgrede sus derechos humanos porque: - Suplió las deficiencias del fiscal, excediéndose en sus funciones, ya que fue más allá de las argumentaciones planteadas por ésta, incorporando razonamientos no expuestos por la institución ministerial, faltando así a los principios de imparcialidad y contradicción. - La fiscalía no acreditó la racionalidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida cautelar de prisión preventiva, en razón a que el delito por el cual se le vinculó a proceso en la causa penal 236/2017, -abuso sexual infantil- no se encuentra catalogado como grave. -Deben atenderse los principios de presunción de inocencia y pro persona, así como la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa. - No se encuentra fundada ni motivada. 6. Estudio de la resolución reclamada. 6.1 Fundamentación y motivación. Todo acto de autoridad, independientemente de los requisitos de fondo que deben cubrir para su emisión, está sujeto a lo dispuesto expresamente en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De dicho numeral se desprende que toda autoridad, para emitir una decisión en el ejercicio de sus funciones, con el objeto de realizar un acto de molestia, debe hacerla constar por escrito o en cualquier medio que dé certeza de su contenido, dentro del ámbito de su competencia, así como fundarla y motivarla. En relación con los requisitos de fundamentación y motivación, es pertinente destacar que la primera exigencia implica la cita de los preceptos jurídicos que establecen la hipótesis que genera la emisión del acto reclamado; en tanto que la motivación es la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Por tanto, para que exista una adecuada fundamentación y motivación, es necesaria la subsunción entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, lo que permite sostener que ambos conceptos están vinculados, en razón de que no puede existir motivación si es inexistente la adecuación entre el hecho y la norma legal. Resulta ilustrativa al respecto la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 176546 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Página: 162 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Esos requisitos -fundamentación y motivación- tienen por objeto otorgar seguridad jurídica a las determinaciones de las responsables, aspecto que es indispensable en un sistema democrático, ya que sólo de esa forma se podrá constatar que sus decisiones no son arbitrarias. Ahora, a fin de determinar si la resolución reclamada cumple con los requisitos indicados, se consideran los aspectos siguientes. 6.2 Requisitos medida cautelar prisión preventiva. Para imponer la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, en términos de los artículos 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que se acredite la justificación de su imposición, mediante una resolución que debe contener: la imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; los lineamientos para la aplicación de la medida; y la vigencia de la medida. Medida que será emitida oralmente y después de su emisión oral, deberá constar por escrito, ya que en términos de lo dispuesto por el numeral 44 de dicha legislación, la formalidad que distingue al sistema es la oralidad de las actuaciones procesales, no obstante no deben desvincularse una de otra; esto es, la determinación emitida oralmente y la que se hace constar por escrito. Además, "la oralidad" constituye el instrumento más importante que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; de manera que los juzgadores se encuentran obligados a dirimir en forma verbal los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo establecido en el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las razones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las decisiones adoptadas; por tal motivo, se estudiará la determinación emitida de forma oral en la audiencia de imposición de medida cautelar consistente en prisión preventiva. Y aunque ese acto de molestia también debe dictarse de manera escrita, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 16 de la Constitución Federal, no significa que existan dos resoluciones que puedan impugnarse en amparo, sino que esas actuaciones (la oral y la escrita) constituyen un mismo acto de autoridad, pues la escrita tiene su origen en la audiencia en que se resolvió esa medida cautelar, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la diligencia. Entonces, el análisis de la constitucionalidad de la medida cautelar, se constatará con base en la resolución emitida el diez de febrero de dos mil dieciocho, hecha del conocimiento a las partes de manera oral en la misma audiencia, por ser ésta la que jurídicamente rige. Ahora, debe indicarse que para imponer una o varias medidas cautelares se deben atender los parámetros de proporcionalidad señalados en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, se deberán tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, con base en el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares del sujeto, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 constitucional. Además, la disposición en consulta prevé que para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. Por lo que, a fin de evitar interpretaciones restrictivas que atenten contra el principio de progresividad y pro persona, se deberán aplicar las reglas señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al momento de efectuar el pronunciamiento de fondo de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. 6.3 Aspectos a considerar. Así, para resolver este juicio serán atendidas las cuestiones debatidas en la audiencia de imposición de medida cautelar, como se advierte del contenido de la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2016462 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: VI.2o.P.42 P (10a.) Página: 3419 MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. EN EL AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO, AL VERIFICAR EL ANÁLISIS FORMULADO POR EL JUEZ DE CONTROL, NO DEBE REVISAR LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO RESOLVER CON BASE EN LAS CUESTIONES DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA EN QUE SE DETEMINÓ SU IMPOSICIÓN. De acuerdo con la estructura normativa de la medida cautelar de prisión preventiva se adopta en la audiencia y previo contradictorio; de manera que las medidas cautelares están vinculadas con el proceso penal, son accesorias a éste y tienen que ver con el acceso a la justicia en cuanto a su desarrollo; esto es, emparejadas a la situación que prive en el proceso del que derivan; además, establecen la condición de la persona como sujeta a un proceso penal. Así, por regla general, las medidas cautelares no se fijan de oficio por el Juez y requieren una imputación precisa antes de su solicitud, tomando en cuenta que es menester una imputación previa, para que el Juez conozca cuál es el hecho delictivo imputado a la persona y, de esa manera, establecer proporcionalmente la medida. De ese modo, se debate la imposición de medidas cautelares cuando se inicia el proceso penal, mediante la formalización por el Ministerio Público de una investigación que realiza contra un sujeto determinado -dentro de la fase complementaria de la investigación-. Esto es, las medidas cautelares dependen de la existencia del proceso penal, no pueden existir de forma autónoma, y están sujetas, primordialmente, a la formalización de la imputación realizada por el Ministerio Público, incluso, el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como presupuesto para su imposición que se haya formulado imputación, o bien, que haya sido vinculado a proceso. En ese contexto, será de la reproducción del disco óptico y acústico, que se obtengan aquellos datos relativos a la prisión preventiva, y que tengan vinculación con la imposición de las medidas cautelares, máxime cuando esas medidas de protección que invoque el Ministerio Público a personas detenidas señaladas de haber cometido un hecho delictivo, son previas a la judicialización de la causa ante el Juez de control. Conforme a lo anterior, en el amparo indirecto interpuesto contra la imposición de la medida, el Juez de Distrito no tendrá acceso a la carpeta de investigación, en tanto que el Juez de control no puede revisar las constancias que la integran antes de emitir sus resoluciones; de ahí que sólo deba resolver con base en las cuestiones debatidas en la audiencia desahogada ante él, con el fin de evitar que prejuzguen manteniendo la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, teniendo únicamente la responsabilidad de considerar los argumentos del debate sobre la imposición de medidas cautelares iniciada con la formalización por el Ministerio Público de una investigación contra una persona determinada, dentro de la fase complementaria de la investigación." Ahora, para comprender mejor este juicio, se plasman las consideraciones vertidas en la audiencia de diez de febrero de dos mil dieciocho por las partes. 6.4 Manifestaciones fiscalía La fiscalía expresó como motivos justificativos de la solicitud de la medida de prisión preventiva oficiosa los siguientes: - Miguel Ángel Castillejos Cueto tiene facilidad de salir del Estado, dado que no tiene un empleo fijo, ya que es maestro jubilado y viaja constantemente a otros estados (02:15:36 hrs del disco en formato dvd). - Se le instruye un diverso proceso penal por el mismo delito de abuso sexual infantil (02:16:35 hrs del disco en formato dvd). -El máximo de la pena por el delito antes indicado es de siete a doce años, por lo que no enfrentaría voluntariamente su proceso (02:17:04 hrs del disco en formato dvd). - Existe el peligro de fuga, en razón a que el delito que se le instruye no prevé ningún beneficio preliberacional (02:17:48 hrs del disco en formato dvd). -No se sometió voluntariamente al proceso (02:18:15 hrs del disco en formato dvd). -Existe un riesgo para la víctima dado que habitan en el mismo fraccionamiento, -Jardines del Sur, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca-, y únicamente sus domicilios se encuentran separados por un pasillo (02:18:19 hrs del disco en formato dvd). -Existe un riesgo para la comunidad, particularmente los menores, en razón a que los dos procesos que se le instruyen son por el delito de abuso sexual infantil (02:19:02 hrs del disco en formato dvd). -La medida es proporcional en razón de la protección a la víctima y que el inculpado no se sustraiga de la acción de la justicia (02:19:22 hrs del disco en formato dvd). -Es idónea ya que asegura la presencia del imputado en el proceso y la no impunidad (02:19:48 hrs del disco en formato dvd). -Se protege al menor en el libre desarrollo psicosexual y de personalidad; atendiendo al interés superior del menor (02:20:05 hrs del disco en formato dvd). 6.5 Manifestaciones defensa. Por su parte, la defensa del aquí quejoso expresó: -Se encuentra acreditado el arraigo de Miguel Ángel Castillejos Cueto a la ciudad donde se tramita la causa penal que se le instruye, en razón a que tiene un domicilio cierto, un vínculo matrimonial bajo el régimen de sociedad conyugal, un asiento de su familia, dos bienes inmuebles -uno de su propiedad y otro de su esposa- (02:36:28 hrs del disco en formato dvd). -No obra el informe de la unidad de Medias Cautelares, donde se determine si el quejoso representa o no un riesgo para la comunidad, y si dicho riesgo en su caso, es bajo, alto o medio (03:12:26 hrs del disco en formato dvd). -El diverso proceso que se le instruye no debe ser tomado en consideración, en razón a que éste no existía a la fecha de solicitud de imposición de la medida cautelar en la causa 236/2017 (03:13:07 hrs del disco en formato dvd). - Atendiendo al principio de presunción de inocencia no debe considerarse el máximo de la pena que en su caso pudiera imponérsele (03:17:19 hrs del disco en formato dvd). - Para determinar si existe o no un peligro de fuga se deben acreditar todos los supuestos del artículo 172 del Código Procesal Penal para el Estado (03:18:32 hrs del disco en formato dvd). - La libertad es el principio fundamental que debe ser protegido (03:24:26 hrs del disco en formato dvd). - A fin de proteger a la víctima se puede imponer una medida cautelar diversa a la prisión preventiva como la de prohibición de acercársele a ésta (03:26:20 hrs del disco en formato dvd). - No existe un dictamen de rasgos de personalidad que indique que si el quejoso implica o no un riesgo para el menor (03:27:20 hrs del disco en formato dvd). -La fiscalía puede solicitar medidas de protección a favor de la víctima (03:28:30 hrs del disco en formato dvd). - No existe un riesgo para la comunidad dado que éste no fue demostrado (03:29:37 hrs del disco en formato dvd). -La medida solicitada no es proporcional ni idónea, ya que la prisión preventiva oficiosa debe ser la última medida que se debe adoptar, y ésta no es la regla general (03:32:10 hrs del disco en formato dvd). -El delito no se encuentra expresamente estipulado como grave (03:38:14 hrs del disco en formato dvd). Ahora, la resolución reclamada de diez de febrero de dos mil dieciocho, que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, fue dictada en los siguientes términos: a. Determinó la responsable que pronuncia la medida cautelar de prisión preventiva en cumplimiento a la resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la diversa resolución de medida cautelar de quince de noviembre de dos mil diecisiete (02:07:34 hrs del disco en formato dvd). b. La fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (05:25:37 hrs del disco en formato dvd). c. Como requisito previo, existe un auto de vinculación a proceso de quince de mayo de dos mil diecisiete en contra de Miguel Ángel Castillejos Cueto, por su probable responsabilidad del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual infantil (05:26:11 hrs del disco en formato dvd). d. Para emitir la resolución atiende los argumentos que vertió la fiscalía y la defensa, las manifestaciones realizadas por el inculpado; así como los datos de prueba desahogados (05:28:41 hrs del disco en formato dvd). e. Concluyó en la primera etapa de la audiencia que existía una necesidad de la cautela (05:54:29 hrs del disco en formato dvd); f. En relación a la proporcionalidad de la medida determinó que ésta era: 1) idónea (06:04:27 hrs del disco en formato dvd); 2) necesaria (06:09:08 hrs del disco en formato dvd); y 3) proporcional en sentido estricto (06:12:43 hrs del disco en formato dvd). g. Expuso la responsable que no compartía (06:13:19 hrs del disco en formato dvd) el argumento de la defensa en cuanto a que debía aplicar de manera análoga el contenido de la tesis aislada que explica el contenido del artículo 172 del Código Procesal Penal para el Estado, en tanto que éste no es vigente, y que resultaba innecesario se actualicen las cinco causales previstas en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales (06:14:22 hrs del disco en formato dvd); así como en lo atinente a la interpretación pro persona e interpretación conforme, en razón a que, en el caso, no existen ordenamientos que se contraríen, ya que el último ordenamiento citado indica las circunstancias que se deben tomar en consideración para decidir si está o no garantizada la comparecencia del imputado en el proceso (06:15:42 hrs del disco en formato dvd). 6.6 Estudio de medida cautelar. La responsable impuso la medida cautelar de prisión preventiva el diez de febrero de dos mil dieciocho, estableciendo como justificación de ésta los argumentos siguientes: 6.6.1 El quejoso fue vinculado a proceso, con motivo del delito de abuso sexual infantil, previsto en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en agravio de un menor de doce años, con pena de prisión de siete a doce años de prisión. 6.6.2 La fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, prevista por el numeral 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En lo que hace a los dos aspectos indicados, se advierte que se cumplen los supuestos previstos en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que el quejoso se encuentra vinculado a proceso y existe una solicitud formulada por la fiscalía para la imposición de la medida cautelar. Lo anterior, atendiendo a que la responsable no se encuentra en aptitud de imponer oficiosamente la medida cautelar de prisión preventiva ya que el delito por el cual el quejoso se encuentra vinculado a proceso no se encuentra expresamente previsto en el catálogo de aquellos ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa por el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional indica que cuando no se trate de alguno de los delitos para los que específicamente se definió como medida cautelar oficiosa la prisión preventiva, los gobernados tienen la prerrogativa de enfrentar en libertad el proceso penal instaurado en su contra, por lo que dicha medida únicamente podrá emplearse de manera excepcional, dado que les asiste el principio constitucional de presunción de inocencia y el de excepcionalidad de prisión preventiva. Ello es así, agrega, en virtud que, según lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de limitar la imposición de la prisión preventiva a una aplicación excepcional mediante la satisfacción de ciertos requisitos, implica el respeto al derecho de presunción de inocencia como regla de trato procesal, cuya esencia radica en ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada la culpabilidad de un individuo mediante sentencia judicial y se le haya seguido un proceso con todas las garantías. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.) , que se reproduce enseguida: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena". Ahora, para comprender la naturaleza jurídica y alcance de la medida de prisión preventiva es ilustrativo transcribir la parte conducente de la ejecutoria de la contradicción de tesis 36/2012, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: [.] De este modo, conviene definir como cuestión previa la manera en que cobra aplicación la reforma de junio de dos mil ocho, que introduce el sistema procesal penal acusatorio en el territorio mexicano. Se estima necesario recordar que el artículo 19 de la Constitución Federal, fue modificado con motivo de las reformas del mes de junio de dos mil ocho, con el objeto de regular concretamente lo relativo al sistema de prisión preventiva oficiosa, como parte del sistema penal acusatorio, ello acorde con el principio de presunción de inocencia, habiéndose estimado conveniente establecer el principio de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de este instituto. En el dictamen de la Cámara de Origen, se refirió lo siguiente: "Artículo 19 Cambio de denominación: auto de vinculación. En esta reforma se modifica el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos; en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Se continuará exigiendo, no obstante, acreditar el supuesto material. Estándar para el supuesto material Al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. La razón de ello es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16. En este punto habría que agregar que el excesivo estándar probatorio que hasta ahora se utiliza, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria. Ello debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el ministerio público en la investigación, el cual todavía no ha sido sometido al control del contradictorio. La calidad de la información aportada por el ministerio público viene asegurada por el control horizontal que ejerce la defensa en el juicio, en tal sentido, no es adecuado que en el plazo de término constitucional se adelante el juicio. Medidas cautelares y prisión preventiva. Para los efectos de evitar los excesos cometidos hasta ahora con la prisión preventiva, se acordó establecer el principio de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de este instituto. La aplicación de medidas cautelares, las cuales son auténticos actos de molestia, procederá únicamente cuando exista la necesidad de cautela del proceso o de protección de las víctimas. Esto quiere decir que sólo cuando exista necesidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, procederá la aplicación de alguna medida cautelar de las que prevea la ley. La prisión preventiva sólo procederá cuando ninguna otra medida cautelar sea suficiente para el logro de los propósitos indicados. Este nuevo diseño es acorde con el principio de presunción de inocencia. Diversos procesalistas clásicos y contemporáneos han hecho notar, con razón, la inevitable antinomia que supone afectar los derechos de las personas sometiéndolas a prisión preventiva, sin que antes se haya derrotado su presunción de inocencia en un juicio en el que se respeten todas las garantías del debido proceso. La antinomia es de por sí insalvable, pero para paliarla en alguna medida se prevé que la procedencia de tales afectaciones sea excepcional. Otro de los elementos que se debe tener en cuenta es que las medidas cautelares sean proporcionales, tanto al delito que se imputa, como a la necesidad de cautela. Los riesgos mencionados con anterioridad admiten graduación y nunca son de todo o nada, dependerán de cada caso concreto. Por ello es que la necesidad de cautela siempre deberá ser evaluada por el ministerio público y justificada por él ante el juez, con la posibilidad de que tanto el imputado como su defensor ejerzan su derecho de contradicción en una audiencia. Finalmente, la procedencia de las medidas cautelares deberá estar regida por el principio de subsidiariedad, de modo tal que siempre se opte por aquella medida cautelar que sea lo menos intrusiva para la esfera jurídica de los particulares. El propósito en este caso será provocar la menor afectación posible. Prisión preventiva y delitos graves A la regulación de las medidas cautelares en aquellos casos en los que se trate de delitos graves y de delincuencia organizada se le da un tratamiento diverso. Se pretende evitar que se produzca con el tema de los delitos graves y la delincuencia organizada, lo que hasta ahora ha venido sucediendo, es decir, que sea el legislador ordinario el que en definitiva decida a qué casos se aplica la Constitución y cuáles requieren un tratamiento excepcional por tratarse de delitos graves o delincuencia organizada. Debe apreciarse que se requiere una regulación especial de las medidas cautelares cuando se trate de estos casos, sin embargo, las excepciones tienen que estar previstas en el propio texto constitucional, ya que si se hace un reenvío a la ley, inevitablemente se debilita el principio de supremacía constitucional. Cuando por primera vez se creó el sistema de delitos graves para la procedencia de la libertad provisional bajo caución, se tenía el propósito de que éstos fueran excepcionales. No obstante, la experiencia estatal y federal ha mostrado que este sistema excepcional ha colonizado el resto del ordenamiento. Hoy por hoy existe un enorme abuso de la prisión preventiva, toda vez que la mayoría de los delitos están calificados como graves por la legislación ordinaria. Con la finalidad de superar este estado de cosas se impone que sea la propia Constitución la que determine aquellos casos excepcionales, para los que bastará acreditar el supuesto material para que en principio proceda la prisión preventiva. El propio artículo 19 constitucional establece la posibilidad de que los ordenamientos procesales de las entidades federativas y de la Federación, incorporen una excepción al diseño normativo de las medidas cautelares y de la prisión preventiva recién explicado. Se prevé que el juez aplique prisión preventiva para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios especialmente violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, si el ministerio público logra acreditar, en audiencia, las condiciones exigidas para vincular a proceso por esos delitos. La decisión sobre medidas cautelares es evidentemente revisable, tan es así que expresamente se prevé que se podrá revocar la libertad de los individuos ya vinculados a proceso, cuando se acrediten los extremos previstos en la propia Constitución y de conformidad con lo que disponga la ley. [.] El artículo 19 señalado, fue reformado nuevamente el catorce de julio de dos mil once, con el objeto de introducir en la gama de delitos respecto de los cuales el juez debe ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa, como parte del sistema penal acusatorio, el delito de trata de personas; en el dictamen de la Cámara de origen de diez de febrero de dos mil once, se estableció lo siguiente: [.]. Ahora bien, de las transcripciones anteriores podemos concluir que la única intención del legislador al introducir la reforma de mérito, es en forma general, regular de manera más específica y cuidadosa el delito de trata de personas, atendiendo a la repercusión actual que tiene en la sociedad; atendiendo a lo anterior, de manera particular en el segundo párrafo del artículo 19, se incluye dicho delito en el catálogo de ilícitos respecto de los cuales procede de manera excepcional la prisión preventiva oficiosa, instaurada con las nuevas formas, figuras y condiciones que se establecen en el nuevo sistema penal. Además, conforme a la nueva lógica del sistema acusatorio en materia de prisión preventiva (esto es, con la inversión de la regla en la prisión preventiva, en la cual todos los imputados deben de enfrentar su proceso en libertad y sólo de manera excepcional procede la prisión preventiva), desaparecen dos figuras del derecho penal clásico; la libertad provisional bajo caución y el catálogo de delitos graves.[.] Como se indicó con antelación, la prisión preventiva como medida cautelar puede ser impuesta oficiosamente por el juez de control, cuando el delito que se trata se encuentra previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sin que tal medida sea solicitada a petición del Ministerio Público; sin embargo, dichos preceptos legales también contemplan una hipótesis distinta para el caso que se trate de ilícitos diversos, esto es, cuando el Ministerio Público solicite la prisión preventiva, demostrando la necesidad de ésta y siempre y cuando se actualice alguno de los siguientes requisitos, a saber: i) Existan datos que revelen que las otras medidas cautelares menos gravosas no serían efectivas para garantizar alguno de los siguientes aspectos: a) la comparecencia del imputado en el enjuiciamiento, b) el desarrollo de la investigación o c) La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; o bien, ii) cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 6.6.3 Necesidad de la cautela, al considerar que, con base en los argumentos aportados por la fiscalía, se actualiza el peligro de sustracción previsto en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que A) no se encuentra acreditado el arraigo del quejoso; en razón a que si bien tiene un domicilio cierto y un asiento de su familia, también lo es que goza de las facilidades necesarias para abandonar el lugar donde se tramita el juicio, en razón de que, previo a ser privado de su libertad a) manifestó que viajaba constantemente a otros estados de la República Mexicana y que b) no tiene un empleo fijo, ya que es maestro jubilado. Sin que obste que en el juicio natural no obre el dictamen de riesgo que, en su caso, emite la Unidad de Medidas Cautelares, ya que conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho dictamen no es indispensable para determinar las facilidades de una persona para abandonar el lugar o permanecer oculto, aunado a que éste es de carácter orientador y no es vinculante. B) Atendió al máximo de la pena estipulada en el ilícito -artículo 241 del Código Penal del Estado- por el cual se vinculó al quejoso al proceso, que es de siete a doce años de prisión, lo que consideró la responsable es un aliciente suficiente para que no se someta voluntariamente al proceso, actualizándose así, lo estipulado en la fracción II del artículo 168 del ordenamiento antes indicado. Existe un C) riesgo para la víctima, ya que consideró: 1) las condiciones particulares de los sujetos, consistentes en que el menor vive en el mismo edificio que el quejoso, en tanto que este último habita en el departamento número quince y el menor en el diverso número doscientos uno, del fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y sus domicilios únicamente se encuentran separados por un pasillo; 2) las circunstancias del hecho: consistentes en que fue el menor quien se hizo presente en el domicilio del quejoso, y estando dentro de su domicilio se dirigió había él y fue cuando sucedió el evento materia de la investigación; así como para la comunidad en razón a que se encuentra evidenciado que existen dos procesos en contra del quejoso por el mismo delito -abuso sexual infantil-, en contra de diverso menor. 6.6.4 La medida es proporcional, en relación a los riesgos que se pretender resguardar, ya que no obstante que la prisión preventiva es la última ratio, también lo es que los derechos no son absolutos, ya que tienen limitantes establecidas en la ley, como en el caso de la prisión preventiva, que se encuentra prevista en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, debe decirse que la libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1, 14 y 16), como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); y que sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona. A su vez, la libertad personal converge en materia penal con los diversos principios fundamentales de legalidad y seguridad conforme a los artículos 14, segundo párrafo, y 16, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 19, primer párrafo, del mismo ordenamiento, entre otros, como el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este contexto, las normas constitucionales y convencionales han excluido la posibilidad de que se atente de manera arbitraria contra la libertad de las personas, de manera que el derecho a la libertad personal sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, aspecto que guarda armonía tanto en la Constitución Federal como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; empero, este marco normativo también reconoce que el derecho humano en comento no es absoluto, sino que puede verse restringido por causas y condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas (artículo 7.2); circunstancia que patentiza que el derecho a la libertad personal dentro del marco normativo constitucional, no es deficiente en cuanto a su alcance de protección en relación con la norma convencional, pues no se advierte diferencia entre el alcance o la protección reconocida en éstas, que amerite la selección de aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. 6.6.5 La medida es idónea en relación a los peligros que tratan de resguardarse, ya que A) existe el peligro de sustracción del quejoso, en razón a que tiene a) las facilidades de abandonar el lugar de juicio, previsto en la fracción I, del artículo 168 del ordenamiento multicitado y el diverso previsto en la fracción II de dicho artículo, consiste en el b) máximo de la pena que en su caso pudiera imponérsele; en tanto que con la medida de prisión preventiva oficiosa cesa el riesgo de que 1) abandone el lugar de tramitación del juicio y 2) no se someta voluntariamente al proceso en razón del máximo de la pena que se le pudiera imponer; también se elimina B) el riesgo de que I) a la víctima le vuelva a suceder un evento similar o que se siga trastocando el libre desarrollo de la personalidad de ésta y II) de la comunidad, en razón de los dos procesos que se le instruyen son por el mismo delito. 6.6.6 La medida es necesaria, en tanto que la responsable indicó que una vez considerado el catálogo de medidas contempladas a fin de determinar si existe alguna que sea menos gravosa y elimine los riesgos tanto para la víctima como para la comunidad; arribó a la conclusión que, en el caso, no existen otras medidas menos gravosas que pudieran imponérsele, ya que si bien en lo que hace a que no abandone el lugar donde se tramita el juicio se puede imponer la presentación periódica ante una autoridad; en relación al riesgo para la víctima la de prohibición de acercársele; en lo que hace al peligro hacia la comunidad la de prohibición de acercarse a menores de edad durante el tiempo que dure el proceso; sin embargo, en lo que hace al máximo de la pena que pudiera imponérsele no existe otra diversa menos gravosa que garantice su comparecencia durante el proceso, ya que 1) conociendo la pena de prisión que en su caso pudiera imponérsele que se trata de siete a doce años de prisión, ésta es un aliciente para no someterse voluntariamente al proceso -máxime que manifestó que tiene facilidades de abandonar el Estado con facilidad-; 2) aunado a que se le instruye un diverso proceso por el mismo delito en contra de otro menor de edad; 6.6.7. La medida es proporcional en sentido estricto, dado que la responsable realizó una ponderación entre el derecho que tiene el quejoso de llevar su proceso en libertad con los riesgos procesales que tratan de resguardarse, que son peligro: 1) de fuga; 2) hacia la víctima; y 3) hacia la sociedad; arribando a la conclusión que el derecho de la víctima es el que impacta en razón del delito por el cual el quejoso se vinculó a proceso -abuso sexual infantil-, el cual atenta contra el libre desarrollo de su personalidad, atendiendo al interés superior del menor. Por tanto y contrario a lo aducido por el quejoso, la resolución de medida cautelar impuesta por la responsable: a) se encuentra fundada y motivada; b) fue dictada atendiendo a las manifestaciones vertidas en la audiencia de diez de febrero de dos mil dieciocho, tanto por la fiscalía como por la defensa y el propio quejoso; y sin que resulte aplicable al caso que nos ocupa la tesis invocada por el quejoso de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", dado que ésta se trata de un supuesto diverso al que nos atañe - auto de vinculación a proceso-. c) Fue impuesta considerando los diversos aspectos apuntados con anterioridad, no únicamente el máximo de la pena que pudiera imponérsele, como lo expresó el quejoso, y que apoyó en la tesis de rubro "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Por otra parte, tampoco le asiste razón al quejoso al manifestar que la responsable debió considerar las circunstancias previstas en el artículo 172 del Código Procesal Penal para el Estado, para establecer el peligro de fuga del quejoso, conforme al contenido de la tesis de rubro "PELIGRO DE FUGA. PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO EXIGIDO EN EL DICTADO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE GARANTÍA ANALICE TODOS LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PROCESAL PARA EL ESTADO DE OAXACA", ya que dicho ordenamiento no es aplicable, dada la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que se trata de un supuesto diverso del que aquí nos ocupa. Además, como el propio quejoso lo indica, se trata de una tesis aislada, que únicamente tiene carácter orientador y no obligatorio, como se advierte de aquella que cita de rubro "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR. NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE LA IRRETROACTIVIDAD.". Tampoco le asiste razón al quejoso al manifestar que la responsable no realizó una interpretación conforme prevista en el artículo 1º constitucional, ni aplicó el principio pro persona, apoyando su manifestación en las tesis de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN. O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE", "PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Y, "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN."; dado que en el caso no existen dos normas jurídicas que sean aplicables al supuesto que nos ocupa y tampoco se encuentran en contradicción, en tanto que es únicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales el ordenamiento que prevé y regula la imposición de las medidas cautelares. Tampoco le asiste razón al quejoso en lo que hace a que la responsable faltó a los principios de imparcialidad y contradicción. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 412/2010, indicó que el principio de contradicción se puede entender en los términos siguientes: "El principio de contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta o legajo de investigación y los que sean ofrecidos en su contra, este principio indudablemente permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. De donde se advierte que dicho principio garantiza la igualdad jurídica de las partes en el proceso, consagrada en la fracción V del artículo 20, apartado A; ya que pueden alegar y probar, a través de argumentos y contrargumentos sus pretensiones apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes; lo que, contrario a lo aducido por el quejoso, sucedió, ya que la responsable dio oportunidad a la fiscalía para que justificara la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; posteriormente, a la defensa del quejoso para realizar diversas manifestaciones; así como al propio quejoso. Por otra parte, en lo que hace al principio de imparcialidad, se entiende éste como la actitud del juzgador de ser ajeno o extraño a los intereses de las partes en las controversias y de resolver sin favorecer a ninguna de éstas; es decir, tener un papel neutral, considerando los argumentos en que se sustenten las hipótesis a demostrar y los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los datos que ofrezca el imputado así como su defensa y, con ello; resolver el asunto que se le plantea, como así se advierte de la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 160309 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 1/2012 (9a.) Página: 460 IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal." No obstante, y sin soslayar dicho principio, debe considerarse que el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta al juez de control a otorgar protección a las víctimas atendiendo a las circunstancias del hecho y las condiciones particulares de los sujetos, cuando pueda derivarse un riesgo fundado de que se cometa un acto que afecte la integridad personal de éstas, como en el caso, que el ilícito por el que al quejoso se le vinculó el proceso, es el de abuso sexual infantil y que la víctima se trata de un menor; y que una vez ponderado el derecho del quejoso a enfrentar su proceso en libertad con el del interés superior del menor, determinó la responsable que era este último el que debía prevalecer. Determinación que fue correcta, ya que en todas las decisiones que afecten a un menor, se deberán evaluar sus repercusiones a fin de salvaguardar el interés superior de los menores y sus garantías procesales; como así lo ilustra la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2012592 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 7/2016 (10a.) Página: 10 INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Sin soslayar que el ilícito por el cual se vinculó al quejoso a proceso -abuso sexual infantil- no se encuentra expresamente estipulado en el artículo 19 constitucional como de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ya que, en primer término, la medida cautelar fue impuesta a petición de la fiscalía, y, en segundo término, dicho numeral también contempla a la prisión preventiva oficiosa para los delitos cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad; que en el caso se actualiza, dado que en el delito de abuso sexual infantil, el bien protegido es el libre desarrollo de la personalidad y normal desarrollo psicosexual de un menor. Sin que resulte necesario dar contestación a las diversas tesis de rubro "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS", "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL" Y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO Y ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA LEY DE AMPARO RESPETAN AQUELLOS DERECHOS.", en razón al sentido de esta sentencia. Finalmente, al haberse tramitado y resuelto este juicio de amparo, se estima que se observó lo establecido en las diversas tesis que invoca el quejoso, de rubros: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", "PELIGRO DE FUGA. PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO EXIGIDO EN EL DICTADO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE GARANTÍA ANALICE TODOS LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PROCESAL PARA EL ESTADO DE OAXACA", "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR. NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE LA IRRETROACTIVIDAD.", PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN. O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE", "PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Y, "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN.", "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS", "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL" Y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO Y ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA LEY DE AMPARO RESPETAN AQUELLOS DERECHOS.", por tanto, ya no se hace pronunciamiento respecto de ellas. Por lo antes expuesto y toda vez que la resolución de diez de febrero de dos mil dieciocho, en la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva, fue con motivo de la solicitud formulada por la fiscalía; que la responsable justificó los motivos por los que en el caso existe necesidad de la cautela, así como la idoneidad y proporcionalidad de la medida; la resolución que se analiza cumple con las exigencias de fundamentación y motivación, como lo exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados, por los motivos expuestos en esta sentencia. En consecuencia, lo que procede es negar el amparo solicitado. 7. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e : Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Miguel Ángel Castillejos Cueto, contra la resolución en la que se decreta la medida cautelar consistente en prisión preventiva, de fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 236/2017, por la juez de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en que se estuvo en condiciones de dictar esta sentencia de amparo
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