Miguel Ángel Felix Vargas
Expediente 1213/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1213/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Ángel Felix Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1213/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que los Magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México, remitieron diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1213/2019-II, promovido por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, por derecho propio y; RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades: Magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México. De quienes reclamó: La omisión de notificar la sentencia emitida en el recurso de apelación toca 274/2019 en la audiencia de resolución del recurso que tuvo verificativo el veinte de junio de dos mil diecinueve. La notificación extemporánea del auto de siete de junio de dos mil diecinueve en el toca 274/2019 ordenado mediante requisitoria a la ciudad de Villa de Ayala, Morelos. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. De quien reclamó: La orden de traslado, egreso, ingreso, reubicación, retrotraslado referente a cualquier cambio de un centro penitenciario a otro. Defensor Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México. De quien reclamó la omisión de mantenerlo informado sobre el desarrollo y seguimiento del recurso de apelación toca 274/2019, del tribunal de alzada al que se encuentra adscrito dicho defensor. Por turno correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos donde se radicó la demanda bajo el expediente 1174/2019-4 y, el tres de septiembre del año que trascurre, se ordenó la separación de juicios, admitió la demanda por cuanto a la orden de traslado y remitió a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos copia certificada del escrito de demanda para que se turnara por cuanto a los diversos actos reclamados. SEGUNDO. Por auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve se admitió por cuanto a los actos que se atribuyen a los Magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México y del Defensor Público adscrito a dicho tribunal, se radicó la demanda bajo el expediente 1213/2019-II, se requirió a las responsables los informes justificados; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, se designó representante especial al quejoso; y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se encontraba privado de la libertad el quejoso al promover la demanda. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que en esta instancia constitucional se reclama: Del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México: La omisión de notificar la sentencia emitida en el recurso de apelación toca 274/2019 en la audiencia de resolución que tuvo verificativo el veinte de junio de dos mil diecinueve. La notificación extemporánea del auto de siete de junio de dos mil diecinueve en el toca 274/2019 ordenado mediante requisitoria a la ciudad de Villa de Ayala, Morelos. Del Defensor Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México: La omisión de mantener informado al quejoso sobre el desarrollo y seguimiento del recurso de apelación toca 274/2019, del tribunal de alzada al que se encuentra adscrito dicho defensor. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que se reclaman al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México no obstante que al rendir su informe se haya negado su existencia, puesto que está probado en autos que a la fecha de presentación de la demanda no se ha notificado al quejoso la sentencia emitida en el recurso de apelación toca 274/2019 en la audiencia de veinte de junio de dos mil diecinueve. Asimismo es cierta la notificación del auto de siete de junio de dos mil diecinueve en el toca 274/2019, por el cual se fijó el veinte de junio del año en curso para el desahogo de audiencia de resolución de recurso, habida cuenta que se notificó dicho proveído al quejoso hasta el veintiséis de dicho mes y año, en el entendido que el calificativo empleado respecto a su extemporaneidad constituye materia del fondo del asunto. Lo anterior se corrobora con las constancias que integran el toca de apelación 274/2019 (con el que se formó el anexo I) que se adjuntó como complemento al informe justificado. Dichas documentales ameritan valor probatorio pleno al tratarse de los autos originales de los que emanan los actos reclamados en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Por ello, se desvirtúa la negativa expuesta por la responsable y se tienen por ciertos los actos reclamados. Por su parte, el Defensor Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México refirió ser parcialmente cierto el acto reclamado puesto que no mantuvo informado al quejoso sobre el desarrollo y seguimiento del recurso de apelación, no obstante que compareció al tribunal de alzada a aceptar y protestar el cargo; sin embargo, como el quejoso se encontraba fuera de su jurisdicción, al no contar con medios electrónicos para comunicarse, no le fue posible hacerle saber de las actuaciones. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado al Defensor Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, puesto que de las constancias que remitiera el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México -que el Defensor señalado como responsable hizo suyas- no se advierte que haya existido comunicación entre defensor y defendido, por ello, es cierto el acto que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, de julio de mil novecientos noventa y cuatro, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 211004, del siguiente rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Respecto del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, se reclama la omisión de notificar la sentencia emitida en el recurso de apelación toca 274/2019 en la audiencia de resolución que tuvo verificativo el veinte de junio de dos mil diecinueve, así como la notificación del auto de siete de junio de dos mil diecinueve en el toca 274/2019. Al respecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 77 del propio ordenamiento, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho..". En esa virtud, el juzgador se encuentra facultado para analizar si los efectos de una eventual concesión de la protección de la Justicia Federal pueden ejecutarse, a fin de restituir al solicitante del amparo el derecho que aduce transgredido. Así, constituye un motivo de improcedencia que esa restitución resulte inalcanzable. En ese sentido, deben analizarse los efectos de una eventual sentencia protectora con el propósito de visualizar si la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho violado se podría alcanzar, ya que carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurriría cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, caso en el cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos que no se podrían materializar, ello provoca la improcedencia del juicio de acuerdo a los términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 77 de ese mismo ordenamiento, en tanto que la hipotética decisión de inconstitucionalidad no podría ya tener cabida en la esfera jurídica de la parte quejosa. Hipótesis que en el particular acontece sobre la base que la trasgresión de garantías alegada derivó de que el quejoso se encontraba privado de la libertad en el Centro Federal de Rehabilitación PsicoSocial en Villa de Ayala, Morelos, en tanto que como quedó precisado en párrafos que anteceden, combate actuaciones del Tribunal de Alzada en Materia Penal en el toca de apelación 274/2019 relativos a la legalidad de diversas notificaciones que en dicho toca se ordenaron. Sin embargo, dentro del presente juicio, al ordenar la notificación del quejoso de los autos de nueve y veinte de septiembre de dos mil diecinueve se recibió información de que egresó del centro de rehabilitación en que se encontraba privado de la libertad el diez de septiembre del año en curso, toda vez que obtuvo el beneficio de tratamiento preliberacional bajo el régimen de prelibertad ordenado por el Director Técnico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y por la Jueza de Ejecución de Sentencias de Tenancingo, ambos del Estado de México en la causa penal 702/2012 (antes 605/1989). La improcedencia del juicio se actualiza en razón de que ante una eventual concesión del amparo, serían jurídicamente imposibles materializar y lograr la restitución de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, porque el quejoso ya no se encuentra privado de la libertad con motivo de la causa penal de origen. En la medida que los efectos concesorios hipotéticos consistirían en ordenar la reposición de la audiencia de apelación -con citación previa del quejoso- la emisión de la resolución y su posterior notificación; lo que no sería viable jurídicamente puesto que el quejoso actualmente se encuentra gozando de la libertad y por ende los efectos de las omisiones combatidas adolecerían de elementos prácticos para lograr la concretización de la sentencia amparadora que pudiera llegar a dictarse, en la medida que su estatus jurídico ya no estaría afectado por la restricción de la libertad que a su vez generó el planteamiento de amparo de que se trata. Lo anterior es así, habida cuenta que la determinación apelada consistía en el auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve por el cual la Juez de ejecución de Sentencias del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México negó el traslado voluntario del quejoso a diverso centro de reclusión y la transgresión de garantías alegada la sustentaba en virtud de la privación de la libertad que padecía; de ahí que al encontrarse en libertad el quejoso impediría restituir en sus derechos al impetrante, pues el objeto perseguido con el medio ordinario de defensa cuyo indebido conocimiento reclama a virtud de su sustanciación, adolecería de efectividad. Entonces, al llevar a cabo el ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora a la quejosa, puede advertirse que no sería posible hacerlo ya que se encuentra gozando de la libertad y por ende, al ordenar que sea restituida en las omisiones que reclama no se obtendría una materialización en su esfera de derechos, precisamente porque el reclamo inicial lo sustentó a la luz de la privación de la libertad, la cual ya no padece. Es aplicable por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1060 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, Registro 2000584, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD.". En las condiciones apuntadas, al visualizar que los efectos de una eventual sentencia protectora que ordenara la restitución a la peticionaria del amparo en el goce del derecho violado no se podría alcanzar en virtud de que el quejoso ya no se encuentra privado de la libertad, por tanto, la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 77 del propio ordenamiento; razón por la que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V. Continuando con el análisis de las causas de improcedencia, respecto del acto atribuido al Defensor Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, este juzgado de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El precepto transcrito, señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica, en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado, sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto de autoridad no reclamado en la instancia constitucional. Es importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos, a su caso en particular. Así, el cambio de situación jurídica, para elevarse como causa de improcedencia, debe efectuarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo, o en uno seguido en forma de juicio. En ese contexto, es necesario establecer los elementos que determinan la actualización de la causal de improcedencia analizada: 1) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2) Que con posterioridad a la instauración de la demanda, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CXI/96, Novena Época, con número de registro: 199808, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Página: 219, de rubro siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora, para demostrar que en el caso ha sobrevenido la causa de improcedencia en estudio, es necesario tener presente que el acto reclamado al Defensor Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, lo constituye la omisión de mantener informado al quejoso sobre el desarrollo y seguimiento del recurso de apelación Toca 274/19. Motivo por el cual, en el caso se actualiza el primero de los elementos en comento, pues el acto reclamado deriva del Toca de apelación 274/19, del índice de la Segunda Sala del Tribunal de Alzada de Tlanepantla, Estado de México. Respecto al segundo elemento de la causa de improcedencia, esto es, si con posterioridad a la instauración de la demanda, se pronunció una determinación que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo, se cumple, ya que al momento de presentarse la demanda existía una vulneración al artículo 17 constitucional por parte de la autoridad responsable respecto de la que se estudia en el presente apartado, al no mantener informado a su defendido sobre el desarrollo del Toca 274/19; sin embargo, el veinte de junio del presente año, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Estado de México, emitieron resolución dentro del Toca de apelación de origen. Se afirma lo anterior, ya que al emitirse la resolución correspondiente en el toca mencionado, es indefectible que cambió la situación jurídica bajo la que se encontraba el promovente del amparo, ya que esa determinación superó jurídicamente el acto que por esta vía impugnó, al haber decidido el recurso de apelación que el quejoso intentó contra el auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve que negó su traslado voluntario por la Juez de ejecución de Sentencias del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, lo que generaba el reclamo de trasgresión de garantías del quejoso. De la misma manera, se cumple con el tercer requisito, consistente en que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que no es posible analizar la constitucionalidad de la falta de comunicación entre el Defensor público y su defendido por cuanto al desarrollo y seguimiento de la alzada (recurso de apelación) sin afectar lo determinado en la resolución que puso fin a la apelación intentada por el quejoso, que constituye una nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que reclama. Finalmente, se cumple con la cuarta exigencia, relativa a que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclama en esta instancia constitucional y la resolución emitida en definitiva en el toca penal 274/19, de modo que ésta última subsiste jurídica y materialmente, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, puesto que con su dictado las irregularidades que aquí se combaten, pueden ser subsanadas e incluso no trascender a la esfera jurídica del quejoso y, de hacerlo, será ésta determinación la que las genere. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado consistente en la falta de comunicación entre el Defensor público y su defendido por cuanto al desarrollo y seguimiento de la alzada (recurso de apelación) emana de un procedimiento seguido en forma de juicio; además, al emitir la resolución correspondiente dentro del Toca de apelación 274/19, se generó una nueva situación jurídica, lo que no permite decidir sin que ésta sea afectada, por lo que es inconcuso que se actualiza un cambio de situación jurídica, considerándose consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto al acto reclamado al Defensor Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, de conformidad con la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, respecto de los actos y autoridades identificados en el considerando tercero, por los razonamientos contenidos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y POR LISTA AL QUEJOSO. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1213/2019-II y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de las autoridades responsables Magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México y otra autoridad, de quienes reclama: La omisión de notificar la sentencia emitida en el recurso de apelación, toca 274/2019, en la audiencia de resolución de recurso que tuvo verificativo el día veinte de junio de dos mil diecinueve. La notificación extemporánea que se realiza de la requisitoria de fecha siete de junio de dos mil diecinueve, registrada con número de oficio 1351, derivada del toca de apelación: 274/2019, del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México, por virtud del cual se previene al recursante, señale domicilio en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. La omisión de mantener informado a su defendido sobre el desarrollo y seguimiento del proceso o juicio, en este caso del Recurso de Apelación, Toca 274/2019 del índice del Tribunal de Alzada, así como qué defensor público se encuentra adscrito al mismo, para asistirlo en su defensa. II.- CERTEZA DEL ACTO. El Defensor Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México, aceptó la existencia del acto reclamado; sin embargo, los Magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México lo negaron. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1213/2019-II, se desprende que la autoridad responsable aporto los siguientes medios probatorios: Acuerdo de siete de junio del presente año, emitido en el toca 274/2019, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México. (Fojas 121 y 122). Comparecencia de aceptación de cargo de defensor de diez de junio del año en curso, a cargo de Francisco Javier Temahuay Encastín. (Foja 122 vta). Auto de diez de junio de dos mil diecinueve, emitido en el toca 274/2019, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México. (Fojas 122 vta. y 123). Audiencia para resolver recurso de apelación de veinte de junio de dos mil diecinueve, relativa al Toca 274/2019. (Foja 124). Documentales que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de notificar la sentencia emitida en el recurso de apelación, toca 274/2019, en la audiencia de resolución de recurso que tuvo verificativo el día veinte de junio de dos mil diecinueve y la notificación extemporánea que se realiza de la requisitoria de fecha siete de junio de dos mil diecinueve, registrada con número de oficio 1351, derivada del toca de apelación 274/2019, del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México, por virtud del cual se previene al recursante, señale domicilio en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, la autoridad responsable (Magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México), al rendir su informe previo negó los actos reclamados, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio alguno por la parte quejosa, se niega la suspensión definitiva. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." Ahora bien, respecto del diverso acto consistente en la omisión de la autoridad responsable de mantenerlo informado sobre el desarrollo y seguimiento del proceso o juicio, es decir, del Recurso de Apelación, Toca 274/2019, la autoridad responsable Defensor Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México, acepto la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicho acto constituye un acto negativo, pues implica la negativa de la autoridad responsable de actuar de determinada manera. En ese orden de ideas, los actos negativos se clasifican de la siguiente manera: a) abstenciones; b) negativas simples; c) actos prohibitivos; Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Por su parte, las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y, dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a las negativas simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En el caso, se está ante una abstención, esto es, el no actuar de una autoridad, consistente en la omisión de la autoridad responsable de mantener informado al quejoso sobre el desarrollo y seguimiento del proceso o juicio, en específico del Recurso de Apelación en el Toca 274/2019 del índice del Tribunal de Alzada, así como qué defensor público se encuentra adscrito al mismo, para asistirlo en su defensa. Por lo expuesto, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado antes precisado, ya que su naturaleza es de carácter negativo, pues como ya se dijo, implica una omisión de la autoridad que se genera al no actuar de determinada manera, por tanto, conceder la medida suspensiva no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y conservar así la materia del juicio de amparo, sino que otorgaría efectos restitutorios, al obligar a la autoridad responsable a actuar en la forma que el quejoso pretende. Orienta el criterio anterior la tesis del rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS.", emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y su Gaceta Volumen: Tomo XV, Pagina 1468 de la Novena Época. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, respecto de los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.CHANT*
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Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que anexa, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. ValeGO
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