Miguel Angel Felix Vargas

Expediente 538/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
538/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
09/02/2017

Partes del expediente

  • Miguel Angel Felix Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 538/2016-III, promovido por Miguel Ángel Félix Vargas y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del incidente en revisión 852/2016, concluyendo con los puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se CONFIRMA la interlocutoria materia de la revisión. SEGUNDO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo de los autos del cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 538/2016-III, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del incidente en revisión 852/2016. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente. Ahora bien, toda vez que el quejoso MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique al quejoso, el presente proveído y, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita por duplicado las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 855 signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de los autos del juicio de amparo 538/2016-III, asimismo, informa que por auto de diecisiete de enero del año actual, se admite el recurso de revisión interpuesto, quedando registrado con el número 71/2017; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que el quejoso MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique al quejoso, el presente proveído y, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita por duplicado las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair Garcia Meza, quien autoriza y da fe.*VJG

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, por medio del cual remite su escrito de agravios en relación al recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a ´las partes con copia del escrito de agravios. Hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que hace valer, se ordena agregar a los autos su escrito original de agravios. Ahora bien, toda vez que el quejoso MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique al quejoso, el presente proveído y, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita por duplicado las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Y AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Luis Augusto Galán Mendoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 538/2016, promovido por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, y turnado a este juzgado el treinta y uno de marzo siguiente, derivado de la incompetencia declarada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO; que hizo consistir, de manera sustancial, en la falta de cumplimiento de la ejecutoria emitida en los autos del juicio de amparo número 448/2011, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México; la falta de cumplimiento con la sentencia emitida el diez de enero de dos mil doce, por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla en el Estado de México, respecto al incidente no especificado de abono de prisión preventiva, dentro de la causa penal 605/89, dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en cita. SEGUNDO. Por auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, se determinó avocarse al conocimiento de la demanda, se requirió a la autoridad responsable a fin de que rindiera su informe justificado; además, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que el peticionario del amparo se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos, sitio de ejecución de los actos reclamados y que se localiza dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el quejoso. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional son, en esencia, la falta de cumplimiento de la ejecutoria emitida en los autos del juicio de amparo número 448/2011, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México; la falta de cumplimiento con la sentencia emitida el diez de enero de dos mil doce, dictada por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en el Estado de México, respecto al incidente no especificado de abono de prisión preventiva, dentro de la causa penal 605/89, dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en cita. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Ante todo, resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de amparo es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Precisado lo anterior, debe señalarse que respecto al acto reclamado consistente en la falta de cumplimiento con la sentencia emitida el diez de enero de dos mil doce, dictada por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en el Estado de México, respecto al incidente no especificado de abono de prisión preventiva, dentro de la causa penal 605/89, dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en cita, la autoridad responsable JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, al rendir su informe justificado, manifestó ser cierto el acto reclamado únicamente en cuanto a que ha emitido actos en cumplimiento a ejecutorias de amparo, en donde, sustancialmente, se ha reclamado la falta de cumplimiento de la sentencia de primera instancia que se ha relatado (fojas 211 a 214). En ese contexto, debe tenerse por inexistente el acto reclamado, al tenor de lo siguiente. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria emitida en los autos del juicio de amparo número 448/2011, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en el Estado de México, emitió la sentencia de diez de enero de dos mil doce, respecto al incidente no especificado de abono de prisión preventiva, dentro de la causa penal 605/89, en la que se determinó lo siguiente: "Luego entonces a efecto de no hacer nugatoria la solicitud del incidentista, se reitera que la pena de prisión impuesta a Miguel Ángel Félix Vargas empezaría a contar a partir de la fecha de su detención que lo fue el nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.". (Foja 838 del anexo IV). Asimismo, de la diversa resolución de diez de enero de dos mil doce, emitida en el expediente 57/2010, por la Jueza de Ejecución de sentencias de Tenancingo, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria 1971/2010-V pronunciada por este órgano jurisdiccional, se advierte que se determinó lo siguiente: "En lo que concierne a la existencia de días de prisión preventiva, esta autoridad se encuentra impedida para hacer pronunciamiento alguno que verse sobre este punto, ya que en los autos del expediente en que se actúa, obra la constancia que realizan los testigos de asistencia. de la que se advierte que el nueve de enero del año en curso, se recibió llamada telefónica por parte del Secretario del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepatla, Estado de México, comunicando a este Juzgado sobre la existencia de la ejecutoria del amparo número 448/2011-IV, promovido por el quejoso MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS contra el proveído de fecha tres de noviembre de dos mil diez, emitido dentro de la causa penal 605/1989, relativo al incidente no especificado de abono de prisión preventiva. Por el cual la autoridad federal resolvió conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, emita un nuevo auto donde funde y motive en forma debida el acuerdo recaído al incidente no especificado de abono a la prisión preventiva promovido por el impetrante de garantías.". (Foja 1494 del anexo III). Igualmente se advierte que se presentó ante este órgano jurisdiccional diversa demanda de amparo promovida por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, la cual se registró bajo el número 1455/2012-V, lo que constituye un hecho notorio para quien resuelve, sin que para ello sea menester deducir copia certificada del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al obrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y tenerse a la vista el expediente físico al momento de resolver. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento.". En el juicio de amparo 1455/2012-V, el acto reclamado consistió en: ".IV.- ACTO RECLAMADO: La resolución conjunta emitida en fechas 10 de Enero y 13 de Febrero ambas del año 2012, por el Juez de Ejecución de Sentencias de Tenancingo, Estado de México, dentro del expediente o cuadernillo 57/2010 por virtud de las cuales reitera su negativa a otorgar al sentenciado Miguel Ángel Félix Vargas los beneficios de libertad anticipada, con la finalidad de suspender la ejecución de la pena de prisión que se impuso al sentenciado dentro de la Causa Penal: 605/89 por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla en el Estado de México y misma negativa que pretende reiterar hasta el mes de marzo del año 2016 por lo que se trata de un acto de TRACTO SUCESIVO.". El diez de diciembre de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó, en lo que aquí interesa: "(.)De la lectura íntegra del expediente 57/2010, se advierte que la negativa del Juez Ejecutor de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, en el Estado de México, para otorgar beneficios preliberacionales, con la finalidad, suspender la ejecución de la pena de prisión que se impuso al sentenciado, aquí quejoso, en la causa penal 605/89 por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla en el Estado de México; ocurrió en los acuerdos de dieciocho de febrero de dos mil ocho, uno de septiembre de dos mil diez, y diez de diciembre de dos mil diez. Contra esa negativa, el quejoso promovió demanda de amparo, que se radicó en este juzgado bajo el número de expediente 1971/2010-V, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: ".En tales condiciones, se impone conceder al impetrante, MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efecto los acuerdos de dieciocho de febrero, uno de septiembre y diez de diciembre de dos mil diez, en la parte en que hizo pronunciamientos respecto de la negativa de otorgamiento de los beneficios preliberacionales a favor del quejoso, y, en su lugar, en respuesta a la solicitud de beneficios hecha por el sentenciado, emita un nuevo pronunciamiento, realizando lo siguiente: a) En caso de señalar que se pronunciará sobre los beneficios preliberacionales que puede obtener el quejoso, hasta que transcurran las tres quintas partes de la pena impuesta, cite los preceptos legales en que se apoye y las razones por las que los considere aplicables; b) De considerar que la sentencia de cuarenta años de prisión impuesta al quejoso en la causa penal 605/89, y respecto de la cual se le solicitó el otorgamiento de beneficios, se compurgaba a partir del diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, funde y motive el por qué es a partir de esa fecha mencionada en que da inicio la compurgación, a pesar de que el quejoso fue puesto a disposición del juez del proceso, desde el nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve; c) En caso de estimar que para pronunciarse sobre la existencia de días de prisión preventiva que deban abonarse, deben transcurrir tres quintas partes de la pena impuesta, funde y motive el precepto legal en que se apoye y exprese las razones por las que considera que se ajustan a la situación concreta del quejoso. d) Se pronuncie sobre si existen días de trabajo redimidos, o de prisión preventiva que deben abonarse y si esos se descontarán o no al momento de considerar las tres quintas partes de la pena impuesta. En acatamiento a dicha ejecutoria, la responsable emitió en primer término, y por cuanto a los incisos a) y b), la resolución de diez de enero de dos mil doce, y por requerimiento de este juzgado, el acuerdo de trece de dos mil doce, a fin de que cumpliera con los efectos señalados en el inciso c). En la resolución de diez de enero de dos mil doce, entre otras cosas, la responsable citó las disposiciones que regulan tanto la remisión parcial de la pena, el tratamiento preliberacional y la libertad condicional, a saber los artículos 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111, de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México, vigente a partir del primero de abril de dos mil cuatro. Dijo la responsable que eran aplicables dichas normas, por ser más benéficas que las previstas en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, publicada el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco. Así, estableció que por cuanto al tratamiento preliberacional, que el artículo 106 establece que se podrá otorgar desde dos años antes a la fecha en que el interno esté en tiempo de obtener su libertad condicional o absoluta, en correlación con el beneficio de la remisión parcial de la pena, y que la correlación implica una facultad del juzgador para constatar los requisitos exigibles para el otorgamiento de la remisión parcial de la pena, sin exceder de esos límites, o sea, dijo, que sean equivalentes las condiciones para el otorgamiento de ambas figuras jurídicas, con la salvedad de que el sentenciado queda vinculado a obligaciones y que en caso de incumplimiento llevarían a la revocación del tratamiento de prelibertad debiendo reingresar al centro penitenciario para continuar compurgando su pena de prisión; en cambio, que la reducción parcial de la pena se traduce en una reducción de la pena privativa de libertad. Acerca de la libertad condicional, el juez responsable estableció que el momento para otorgarla es cuando se cumplan las tres quintas partes de la pena corporal impuesta al sentenciado MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, respecto de la causa penal 605/89, por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, emitida el doce de noviembre de mil novecientos noventa, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO y ROBO A CASA HABITACIÓN; y que esa fecha se cumplía el diez de abril de dos mil diecinueve, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados para su otorgamiento, establecidos en los artículos 111, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, vigente a partir del uno de abril de dos mil cuatro. (.) Atento a lo anterior, se estima que la responsable trasgrede los derechos humanos del quejoso, MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, atento a las razones que se explican a continuación. A) En primer término, porque la Juez responsable se equivoca al establecer que la prisión preventiva se computa hasta el dictado de la sentencia definitiva; lo anterior, porque conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme. Es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2000631, Instancia: Primera Sala, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Localización: Libro VII, Abril de 2012, página 720, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 35/2012 (10a.), Pág. 720; Libro VII, Abril de 2012, página 720, que se cita a continuación: "PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme.". En estas condiciones, la responsable, para establecer el tiempo efectivo de prisión preventiva, debió tomar en cuenta el momento en que la sentencia de primera instancia causó estado, o bien, cuando se hubiera emitido la sentencia de segunda instancia; e incluso, si se presentaron reposiciones de procedimiento con motivo de la tramitación de juicios de amparo; y al no hacerlo así, trasgrede los derechos humanos previstos en los artículos 14, 16 y 20, aparatado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. Por supuesto que la falta de un adecuado cómputo de la prisión preventiva, incide en el correcto cómputo de los plazos para el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada buscados por el quejoso, previstos en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de México, invocadas por la autoridad judicial responsable." En consecuencia, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el ahora quejoso, para los efectos siguientes: "Así, debe conceder al impetrante, MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efecto las resoluciones de diez de enero y trece de febrero de dos mil doce, en la parte en que hizo pronunciamientos respecto de la negativa de otorgamiento de los beneficios preliberacionales a favor del quejoso, y, en su lugar, emita un nuevo pronunciamiento, realizando lo siguiente: a) Debe realizar el cómputo de los días de prisión preventiva, considerando que ésta comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme. b) Deberá explicar al sentenciado, cuándo y bajo qué condiciones es que, en su caso, se materializará el beneficio de redimir días de prisión con el trabajo en prisión; si el descuento de un día de prisión por cada dos de trabajo, incidirá en el cómputo de las tres quintas partes de la pena impuesta, requisito para el otorgamiento de la libertad condicional y en su caso, del tratamiento preliberacional. Para hacer tal pronunciamiento, deberá tomar en cuenta lo que aluden los artículos 103 y 106 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, en el sentido de que la remisión de la pena se concederá sin perjuicio de cualquier otro beneficio concedido por esta Ley a los internos; además, que la prelibertad se podrá otorgar desde dos años antes a la fecha en que el interno esté en tiempo de obtener su libertad condicional o absoluta, en correlación con el beneficio de la remisión parcial de la pena. c) Deberá analizar si las sentencias emitidas en los procesos penales 639/89 y 605/89, contienen el juzgamiento del quejoso, MIGUEL ÁNGEL FELIX VARGAS, por los mismos hechos y en caso de considerar que sí, emita la resolución que corresponda, teniendo en consideración lo previsto en el artículo 85 del Código Penal para el Estado de México. d) Una vez hecho lo anterior, realice de nueva cuenta el cómputo a efecto de determinar si el quejoso alcanza la temporalidad suficiente para acceder a alguno de los beneficios de libertad anticipada, tales como el tratamiento preliberacional o la libertad condicional.". Determinación que causó firmeza mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil catorce. (Foja 1112 del expediente del juicio de amparo 1455/2012). Posteriormente, la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, emitió la resolución de siete de julio de dos mil catorce, en la que se dejó sin efecto la resolución de diez de enero y trece de febrero de dos mil doce, emitidas en el expediente 57/2010, y determinó lo siguiente: "De lo anterior se puede obtener el periodo que abarca la prisión preventiva a favor del sentenciado ejecutoriada MIGUEL ÁNGEL FELIX VARGAS, mismo que parte de la fecha de su detención: 9 de octubre de 1989 y concluye con la emisión de la Resolución de parte de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Toca 2637/90, de fecha 12 de marzo de 1991, misma que causó ejecutoria por Auto del 3 de abril de 1991. Así las cosas, el lapso de tiempo que transcurre del 9 de octubre de 1989 al 3 de abril de 1991, son: 1 año, 05 meses y 24 días, que se deben de considerar como un abono a favor del sentenciado.". (Foja 1250). Asimismo, se tuvo por cumplida mediante acuerdo de treinta de septiembre siguiente y se declaró infundada la inconformidad interpuesta contra el mismo. (Foja 1325 a 1328). Sentado lo anterior, se colige que el acto que por esta vía se reclama a la autoridad responsable JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, esto es, la falta de cumplimiento con la sentencia emitida el diez de enero de dos mil doce, por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en el Estado de México, respecto al incidente no especificado de abono de prisión preventiva, dentro de la causa penal 605/89, dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 448/2011, es inexistente, toda vez que como ha quedado precisado, dicha autoridad se ha pronunciado respecto al cómputo de la prisión preventiva, en los términos ahí indicados, es decir, que la pena deberá computarse a partir del nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. No obsta a lo anterior, el hecho de que en la resolución de mérito la autoridad fuera omisa en decir que el cómputo de la prisión preventiva obedecía a la ejecutoria de diez de enero de dos mil doce, dictada por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla en el Estado de México, pues al realizar el cómputo tomando en cuenta lo ahí determinado -que la prisión se compute desde el nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve-, es que contrario a lo que se alega, la autoridad sí ha cumplido con ésta; y si bien en dicha resolución se negó los beneficios solicitados el impetrante pudo solicitar de estimar procedente nuevamente el otorgamiento de estos. Así las cosas, es innegable que respecto del acto reclamado en esta instancia constitucional por el aludido impetrante se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por consiguiente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional por lo que a dicho quejoso y acto se refiere. CUARTO. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial ubicado en Ayala, Morelos; con fundamento los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimentos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de amparo, gírese atento despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del estado, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tan pronto como obre en su poder el presente despacho, notifique al quejoso, MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, la presente sentencia definitiva, corriendo de traslado con la copia que se acompaña, debiendo remitir la autoridad de mérito la constancia de notificación respectiva, dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que se hubiere practicado la notificación. Por lo expuesto, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO 538/2016, promovido por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando segundo de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe, hoy veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron. DOY FE.

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