Miguel Ángel Felix Vargas

Expediente 1305/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1305/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Felix Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 378/2018, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo de la ejecutoria dictada en el recurso antes referido, para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Atento a lo anterior, al ubicarse en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, así como el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso ******************** y dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio proveniente del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 989/2018-III del índice de éste Juzgado; dese de baja en el libro de gobierno respectivo, agréguese dicha comunicación oficial a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, de la comunicación se advierte que el quejoso MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, realizó las manifestaciones siguientes: Por consiguiente, en atención a las manifestaciones vertidas por el quejoso, se le requiere para que al momento de la notificación del presente acuerdo, indique que medio de impugnación es el que interpone y en contra de que auto, para que este juzgado esté en posibilidad de acordar lo conducente, pues el suscrito juzgador se ve imposibilitado para dar trámite a un recurso no especificado en su escrito, en razón de que la suplencia de la queja no llega a tal extremo; en la inteligencia que de no hacerlo así, se le tendrá por desinteresado al respecto. Lo anterior, guarda sustento en la jurisprudencia 1a./J 46/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 169409 del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. NO DEBE LLEGAR AL EXTREMO DE ACEPTAR LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO NO PREVISTO POR LA LEY." Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 944/2018-III del índice de éste Juzgado; dese de baja en el libro de gobierno respectivo, agréguese dicha comunicación oficial a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Asimismo, se tiene por recibido el escrito signado por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, mediante cual en cumplimiento al auto de doce de septiembre del año en curso, subsana la prevención realizada por este Juzgado Federal; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar; en tal circunstancia, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo conducente es DESECHAR DE PLANO la presente demanda por los actos reclamados consistentes en: La negativa de reintegrarlo a su comunidad y núcleo familiar, obstaculizando e impidiendo que cumpla su condena en la prisión más cercana a su domicilio. La reiterada negativa de no haber sido reintegrado a su penal de origen (Centro Penitenciario y de Reinserción Social Temascaltepec, en Temascaltepec, Estado de México) en más de veinticinco años. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudable de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del plazo que señala el último numeral en cita, como en seguida se pondrá de manifiesto. El artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; el numeral 17, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 del mismo ordenamiento legal, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama lo siguiente: La negativa de reintegrarlo a su comunidad y núcleo familiar, obstaculizando e impidiendo que cumpla su condena en la prisión más cercana a su domicilio. La reiterada negativa de no haber sido reintegrado a su penal de origen (Centro Penitenciario y de Reinserción Social Temascaltepec en Temascaltepec, Estado de México) en más de veinticinco años. A criterio de quien resuelve debe destacarse que el impetrante de amparo, admite expresamente en su escrito aclaratorio, que en mayo de dos mil once, solicitó lo reintegraran a una prisión más cercana a su domicilio, y en el año dos mil catorce tuvo conocimiento de la resolución emitida por el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo en el Estado de México, por medio de la cual se determinó improcedente su solicitud de traslado por tanto,, los actos reclamados en el presente asunto, precisado en el párrafo precedente, son una consecuencia de la resolución judicial referido y que de ella se traduce que se hizo sabedor en el año dos mil catorce. Lo anterior, constituye una confesión expresa con fundamento en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. En ese sentido, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la promoción de la demanda, puede computarse a partir de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Además, basta en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 163172, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 115/2010, Página: 5, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." De ahí que si expresamente refiere la parte promovente, que en mayo de dos mil once, solicitó lo trasladaran a un centro penitenciaron cercano a su domicilio, y en el de dos mil catorce, se lo negaron y cuya omisión de realización constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, se arriba a la conclusión de que al dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, había transcurrido en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, consintiéndose tácitamente el acto que se reclama. Por consiguiente, dese declararse que en relación a los antes antes aludidos se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, Asimismo, respecto de los diversos actos consistentes en: La indebida ejecución de la sentencia, en virtud de que aduce que el ejecutor estatal cambió la naturaleza de la pena, agravándola al imponer arbitrariamente además de la pena de prisión, la proscripción y relegación del Estado de México por más de veintiséis años; y, La orden verbal por más de veinticinco años para que fuera remitido a Centros Federales, sin haber cometido hecho relevante que así lo ameritara y, sin cumplir con el procedimiento constitucional y legal en que así se hubiera determinado. Sin soslayar que el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de admisibilidad dicho medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Por tanto, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con la situación que la parte quejosa guarda en el centro de reclusión en el que se encuentran, ello no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que como se dijo la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. En ese sentido, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, al adolecer de definitividad, por las razones que se vierten a continuación. Este principio descansa en la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de nuestra Carta Magna disponen: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". "Artículo 21. [.] La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial [.]". Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que esta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 17/2012, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.". En el caso, el acto combatido por quien tiene la condición de persona privada de la libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos, por lo que se encuentra vinculada con la vida penitenciaria en dicho centro, observando que con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, lo que trae como consecuencia que todos los aspectos que se generen durante la ejecución de la pena de prisión o incluso de encontrarse en prisión preventiva, deben ser considerados como inherentes e integrantes de la etapa de ejecución de la pena y que, por ello, deben ser supervisados por la autoridad judicial en materia penal correspondiente. En adición a lo vertido, es oportuno destacar que con la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, se realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal. Por su parte, en la jurisprudencia P./J. 31/2013 (10a.), con registro 2005105, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Reforma Constitucional en la que se consideró el lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión como una parte medular de la reinserción social. Ahora bien, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 131 de la ley citada, prevé el recurso de apelación, asimismo, el artículo 132 de la multicitada Ley, refiere los supuesto de procedencia de dicho recurso, entre los que se encuentran el desechamiento de la solicitud; Modificación o extinción de penas; Sustitución de la pena; Medidas de seguridad; Reparación del daño; Ejecución de las sanciones disciplinarias; Traslados; Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y las demás previstas en esta Ley, lo que no es más que la persona privada de su libertad, para el caso de estar inconforme con alguna de las decisiones antes citadas, podrá promover apelación ante el Juez de ejecución dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna teniendo por objeto ésta que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada y, dicho medio de defensa a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2016370, Tesis III.2o.P.135 P (10a.), del rubro "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. Ilustra el tema de vigencia de la Ley Nacional Ejecución Penal, la jurisprudencia I.2o.P. J/3 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, página 3157, de número de registro 2016366, del siguiente rubro "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA.". Por tanto, se aprecia que la parte quejosa, acude a reclamar en esta instancia constitucional, sustancialmente la modificación de la pena y orden de traslado. Sin embargo, no observó el procedimiento legalmente establecido a la luz de las reformas constitucionales invocadas, ya que las explicadas afectaciones que aduce, están inmersa en aquéllos actos que afectan las condiciones de vida digna en la situación de internamiento en que se encuentra el peticionario de amparo a virtud de un procedimiento de naturaleza penal y de ahí que se consideren como regulados por la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, en tanto que tales actos, son susceptibles de ser apelados y, en su momento ser confirmados, modificados o revocados. Una vez precisado lo anterior, queda en evidencia que los actos reclamados en esta instancia constitucional necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y que se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal. Por ello no pueden ser combatidos en esta instancia constitucional, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede obtener, la potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por los actos reclamados en la presente vía, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución General de la República. Al caso, es aplicable la tesis III.2o.P.135 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que señala: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Así como la tesis XVI.1o.P (10ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que establece: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMEN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.". Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV y XXII, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, promovida por MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS por su propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo en el Estado de México y otras autoridades, lo cuales ya fueron precisados en párrafos que anteceden. Sin que pase inadvertido lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que el juicio de amparo es procedente en razón de que se está ante un acto de tracto sucesivo, pues dicha manifestación no es acertada pues la resolución emitida por el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo en el Estado de México, no se encuadra en dicha hipótesis, sino que por el contrario, se advierte que a su petición recayó la resolución en la que determinó negar el traslado. DESPACHO. Finalmente y tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos; en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique al quejoso MIGUEL ÁNGEL FÉLIX VARGAS, el presente acuerdo; y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

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