Miguel Ángel Escobedo Torres

Expediente 1095/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1095/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
12/01/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Escobedo Torres

Actuaciones

  1. Principal

    El doce de enero de dos mil dieciocho, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del cinco al once del mes y año en curso, con exclusión de los días seis y siete por corresponder a sábado y domingo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 1095/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, con el auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de garantías promovida por Armando Ramírez Guerrero, en su carácter de abogado patrono de Miguel ángel Escobedo Torres; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ARMANDO RAMÍREZ GUERRERO, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Armando Ramírez Guerrero, quien comparece en su carácter de abogado patrono de Miguel Ángel Escobedo Torres, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, por considerar que se transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1095/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, el quejoso Armando Ramírez Guerrero, quien comparece en su carácter de abogado patrono de Miguel Ángel Escobedo Torres, reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 20/2017 y sus acumulados 26/2017, 96/2017 y 582/2017, mediante el cual se tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda instaurada en su contra por el aquí quejoso. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda que se provee, por advertirse una causal de improcedencia notoria e indudable, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad se define de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio, sólo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En este orden de ideas, tenemos que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna y los Tratados Internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, entre otras, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que se resuelva adverso a los intereses del aquí quejoso. Resulta aplicable a este respecto por identidad de razón la Jurisprudencia 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto disponen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En este orden de ideas, debe decirse entonces que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los numerales 170, fracción I, 171, 172, y demás relativos de la Ley de Amparo. En el caso, el quejoso Armando Ramírez Guerrero, quien comparece en su carácter de abogado patrono de Miguel Ángel Escobedo Torres, reclama el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 20/2017 y sus acumulados 26/2017, 96/2017 y 582/2017, mediante el cual se tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda instaurada en su contra por el aquí quejoso, mismo que sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del inconforme (propiedades, posesiones o derechos); por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, en el presente juicio de amparo que se analiza resulta improcedente. De ahí que resulta incuestionable que el acto reclamado no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural; así, si la sentencia es favorable a los intereses del aquí quejoso, la violación desparecería, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172 de la ley de la materia, siempre y cuando las haya impugnado durante la tramitación del juicio natural mediante el recurso o medio de defensa correspondiente, como está previsto en el artículo 171 de la referida Ley, de ser el caso. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues el acuerdo reclamado no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/95, Tomo II, Octubre de 1995, sustentada por la Segunda Sala Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, visible en la página 205, de registro 200701, que es del tenor: "DEMANDA LABORAL, LA NEGATIVA DE LA JUNTA DE TENERLA POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La negativa de la Junta de tener por contestada la demanda laboral en sentido afirmativo, debe impugnarse en amparo directo, que es la vía idónea para plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene un laudo favorable. Lo anterior revela, que no se trata de circunstancias que produzcan afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución, reservados al amparo indirecto. Por otra parte, resulta inexacto estimar que sólo las violaciones textualmente consignadas por el artículo 159 de la Ley de Amparo, son susceptibles de atacarse a través del amparo directo, con exclusión de cualquier otra, ya que ello conduce a desconocer el contenido de la fracción XI del propio numeral, según la cual también se consideran violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del gobernado, todas aquellas que resulten análogas a las expresadas en las primeras diez fracciones de dicha disposición". De igual manera, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Julio de 199, de la Octava Época, visible en la página 148, registro 215816, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. LA RESOLUCION QUE TIENE POR CONTESTADA EN TIEMPO LA DEMANDA NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE. La resolución de segunda instancia que revoca en apelación el auto que tiene por no contestada en tiempo la demanda ejecutiva mercantil, declarando nulo todo lo actuado con posterioridad al auto revocado, no es un acto de ejecución irreparable susceptible de ser combatido en amparo indirecto. Toda vez que no causa violación a los derechos sustantivos del quejoso, protegidas por las garantías individuales sino que sólo produce efectos intraprocesales, al tener por contestada la demanda y declarar nulo todo lo actuado con posterioridad al auto recurrido, constituyendo en todo caso una violación procesal que debe reclamarse en amparo directo, de ser la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse contraria a los intereses del quejoso, de conformidad con la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo. Luego, el auto reclamado, corresponde a un acto dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal. En ese orden de ideas, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la licenciada Sonia Ramírez Guerrero, Christian Armando Ramírez Torres y Katia Stephanía Ríos Diosdado y como domicilio para tal efecto el ubicado en avenida Jesús Reyes Heroles número seiscientos dos, local cuatro (602-4), fraccionamiento Barros Sierra, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce."

  3. Principal

    CUENTA. El veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con lo siguiente: Escrito de demanda de amparo presentada por Armando Ramírez Guerrero, quien comparece en su carácter de abogado patrono de Miguel Ángel Escobedo Torres, registrada con el número 17061, con cinco copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Armando Ramírez Guerrero, quien comparece en su carácter de abogado patrono de Miguel Ángel Escobedo Torres, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, por considerar que se transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1095/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, el quejoso Armando Ramírez Guerrero, quien comparece en su carácter de abogado patrono de Miguel Ángel Escobedo Torres, reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 20/2017 y sus acumulados 26/2017, 96/2017 y 582/2017, mediante el cual se tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda instaurada en su contra por el aquí quejoso. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda que se provee, por advertirse una causal de improcedencia notoria e indudable, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad se define de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio, sólo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En este orden de ideas, tenemos que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna y los Tratados Internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, entre otras, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que se resuelva adverso a los intereses del aquí quejoso. Resulta aplicable a este respecto por identidad de razón la Jurisprudencia 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto disponen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En este orden de ideas, debe decirse entonces que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los numerales 170, fracción I, 171, 172, y demás relativos de la Ley de Amparo. En el caso, el quejoso Armando Ramírez Guerrero, quien comparece en su carácter de abogado patrono de Miguel Ángel Escobedo Torres, reclama el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 20/2017 y sus acumulados 26/2017, 96/2017 y 582/2017, mediante el cual se tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda instaurada en su contra por el aquí quejoso, mismo que sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del inconforme (propiedades, posesiones o derechos); por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, en el presente juicio de amparo que se analiza resulta improcedente. De ahí que resulta incuestionable que el acto reclamado no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural; así, si la sentencia es favorable a los intereses del aquí quejoso, la violación desparecería, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172 de la ley de la materia, siempre y cuando las haya impugnado durante la tramitación del juicio natural mediante el recurso o medio de defensa correspondiente, como está previsto en el artículo 171 de la referida Ley, de ser el caso. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues el acuerdo reclamado no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/95, Tomo II, Octubre de 1995, sustentada por la Segunda Sala Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, visible en la página 205, de registro 200701, que es del tenor: "DEMANDA LABORAL, LA NEGATIVA DE LA JUNTA DE TENERLA POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La negativa de la Junta de tener por contestada la demanda laboral en sentido afirmativo, debe impugnarse en amparo directo, que es la vía idónea para plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene un laudo favorable. Lo anterior revela, que no se trata de circunstancias que produzcan afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución, reservados al amparo indirecto. Por otra parte, resulta inexacto estimar que sólo las violaciones textualmente consignadas por el artículo 159 de la Ley de Amparo, son susceptibles de atacarse a través del amparo directo, con exclusión de cualquier otra, ya que ello conduce a desconocer el contenido de la fracción XI del propio numeral, según la cual también se consideran violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del gobernado, todas aquellas que resulten análogas a las expresadas en las primeras diez fracciones de dicha disposición". De igual manera, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Julio de 199, de la Octava Época, visible en la página 148, registro 215816, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. LA RESOLUCION QUE TIENE POR CONTESTADA EN TIEMPO LA DEMANDA NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE. La resolución de segunda instancia que revoca en apelación el auto que tiene por no contestada en tiempo la demanda ejecutiva mercantil, declarando nulo todo lo actuado con posterioridad al auto revocado, no es un acto de ejecución irreparable susceptible de ser combatido en amparo indirecto. Toda vez que no causa violación a los derechos sustantivos del quejoso, protegidas por las garantías individuales sino que sólo produce efectos intraprocesales, al tener por contestada la demanda y declarar nulo todo lo actuado con posterioridad al auto recurrido, constituyendo en todo caso una violación procesal que debe reclamarse en amparo directo, de ser la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse contraria a los intereses del quejoso, de conformidad con la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo. Luego, el auto reclamado, corresponde a un acto dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal. En ese orden de ideas, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la licenciada Sonia Ramírez Guerrero, Christian Armando Ramírez Torres y Katia Stephanía Ríos Diosdado y como domicilio para tal efecto el ubicado en avenida Jesús Reyes Heroles número seiscientos dos, local cuatro (602-4), fraccionamiento Barros Sierra, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

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