Miguel Ángel Escobedo Santillán
Expediente 1755/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1755/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel Ángel Escobedo Santillán
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de octubre de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por MIGUEL ÁNGEL ESCOBEDO SANTILLÁN; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, las constancias consistentes en el juicio ejecutivo mercantil 516/2011, y dos cuadernillos relativos al mismo, que en su momento remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. L/F/R.
- Principal
En veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 18860.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, mediante el cual remite el escrito signado por Miguel Rocha Wiver; y tomando en consideración que el prenombrado no tiene personalidad reconocida en el presente asunto, en razón que mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, fue desechada la demanda de garantías promovida por el quejoso Miguel Ángel Escobedo Santillán; por tanto, únicamente agréguese para que obre como corresponda el escrito de mérito. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
- Principal
En veintiuno de septiembre de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el escrito registrado con el número 18564 y anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de septiembre de dos mil quince. Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo 711/2015, del que se advierte que ese Órgano Colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por Miguel Ángel Escobedo Santillán, contra actos del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y otra autoridad y remite como anexos el juicio mercantil ejecutivo 516/2011 y dos cuadernillos relativos al mismo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente y en atención a la incompetencia planteada este órgano jurisdiccional provee lo siguiente: Vista la demanda de garantías promovida por Miguel Ángel Escobedo Santillán, es menester traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior deriva que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el particular, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por su parte, el Código de Comercio, en su apartado relativo a las costas, específicamente en su precepto1088, así como en el numeral 1341 del capítulo denominado apelación y el diverso artículo 1348 del apartado relativo a la ejecución de sentencias, prevén: "De las costas. (.) Art. 1,088. En vista de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al artículo anterior, el juez ó tribunal fallarán lo que estimen justo dentro de tercero día. De esta decisión se admitirán los recursos que procedieren, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importase la total regulación. (.) Art. 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone. (..) Art. 1,348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." En esencia, los preceptos legales reproducidos establecen la procedencia del recurso de apelación para impugnar resoluciones como las que en el particular se reclaman, pues del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el garante señala como acto reclamado la interlocutoria de tres de agosto de dos mil quince, dictada dentro del incidente de liquidación de gastos y costas, que se formó por motivo del juicio ejecutivo mercantil 516/2011, la cual se encuentra entre los supuestos que establecen los numerales antes citados, pues se trata de una sentencia interlocutoria y además no contiene cantidad liquida. Conforme a lo antes expuesto, si en la especie el acto reclamado consiste en la interlocutoria de tres de agosto de dos mil quince, dictada dentro del incidente de liquidación de gastos y costas, que se formó por motivo del juicio ejecutivo mercantil 516/2011; por tanto, es evidente que dicha interlocutoria es impugnable por medio del recurso de apelación que prevé el Código de Comercio. En ese contexto, atendiendo al contenido y momento procesal en que se generó la determinación que en esta instancia constitucional se reclama, deviene inconcuso que el ahora impetrante, previamente a la promoción del juicio de garantías, se encontraba en aptitud legal y estaba obligado a impugnar la postura adoptada por la autoridad responsable, a través del medio ordinario de defensa correspondiente, como en la especie lo es el recurso de apelación, cuya procedencia y reglas de tramitación se consignan en la legislación mercantil antes aludida, pues a través del mismo el garante pudo lograr que tal determinación se modificara, revocara o nulificara. Aunado a las manifestaciones antes esgrimidas, es dable precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en materia mercantil, cuando se trate de una resolución interlocutoria que resuelva un incidente de gastos y costas, debe impugnarse por medio del recurso de apelación, como se advierte de la jurisprudencia de observancia obligatoria visible en la página 49, Tomo I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro y texto siguientes: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE. La interpretación histórica y sistemática del artículo 1348 del Código de Comercio, pone de manifiesto que dicho numeral regula un procedimiento especial para hacer líquida una sentencia en la cual se han establecido las bases de la liquidación en términos de lo previsto por el artículo 1330 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, aquella disposición legal no puede servir de base para considerar irrecurrible la interlocutoria que resuelve un incidente de gastos y costas. Dicho incidente goza de una autonomía destacada, y la interlocutoria que le pone fin tiene una naturaleza jurídica distinta a la resolución a que se contrae el artículo 1348 del Código de Comercio. La interlocutoria que resuelve un incidente de gastos y costas es apelable en los términos previstos por el artículo 1088, en relación con el 1341, ambos del Código de Comercio." Luego, como no se hizo valer el apuntado medio de impugnación por el inconforme, previo a la promoción del juicio de garantías; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento; con excepción de los supuestos que se consignan en los incisos a), b) y c) de la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria en consulta, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento, o bien, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; hipótesis de excepción que desde luego en el presente asunto no se actualizan. Además, es aplicable al respecto, la Jurisprudencia número I.6°.C. J/37, que aparece publicada en la página número 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De igual manera, como sustento de la postura aquí adoptada se invoca la tesis I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible en la página 361, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". Por lo anteriormente considerado, fundado y con apoyo además en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Escobedo Santillán, contra actos del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y otra autoridad. En otro aspecto, se tiene como autorizada en los términos del artículo 24 párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, es decir únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones a ILDA ESCOBEDO SANTILLÁN, en razón de que no acreditan contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito referido registro y como domicilio para oír notificaciones el ubicado en Calle La Palma, número ciento uno (101), Zona Centro de esta ciudad de Zacatecas. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
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