Miguel Ángel del Río Mendoza

Expediente 852/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
852/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel del Río Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Juicio de amparo: 852/2021 El uno de julio de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del dieciséis al veintinueve de junio del año en curso; sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Sí se tramitó incidente de suspensión, en el cual se concedió la suspensión provisional y la definitiva; sin embargo, no se exhibió billete de depósito. Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a uno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del magistrado presidente, las constancias que remitió mediante su oficio 1041, consistentes en dos tomos (original del toca de apelación 121/2021 y cuaderno de apelación derivado de la causa penal 43/2017). Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cuatro de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 852/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y remitido el veintiuno de octubre siguiente a la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, con residencia en esta ciudad, Miguel Ángel del Río Mendoza, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que precisó en su demanda de amparo. SEGUNDO. Los derechos fundamentales que se estiman violados por la parte quejosa son los señalados en los artículos 1°, 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente ya precisado, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado proviene de una autoridad cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto de la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, con registro 192097, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, se tiene que el acto reclamado a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se hace consistir en: La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca A.P.O. 121/2021, que confirmó el auto de vinculación a proceso de dos de enero de esa anualidad, dictada por el juez de control del distrito judicial de la Capital, en la causa penal 43/2017, tramitada en contra del imputado, ahora quejoso, por el hecho delictivo de fraude específico, cometido en perjuicio de Arturo Chávez Rosales, aquí tercero interesado. Hecha esta precisión, se procede a analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Además, la certeza del acto reclamado encuentra sustento en autos con las constancias que fueron remitidas por la sala responsable, consistente en el original del toca A.P.O. 121/2021, del que se advierte la determinación cuya constitucionalidad en esta instancia se controvierte; elementos de convicción que adquieren valor pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Ante la inexistencia de causas de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio, lo procedente es entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante de amparo. Los motivos de disenso que hace valer la parte quejosa, se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda de amparo, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en razón que no existe precepto legal que obligue a este resolutor a transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia (Común) 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En esa guisa, del estudio realizado por este juzgado a los motivos de disenso se advierte que son infundados, tal y como se expondrá en párrafos subsiguientes. En principio, para una mejor comprensión del asunto, es necesario relatar cuáles fueron los argumentos esenciales de la sala responsable, al emitir el acto reclamado. La responsable acotó que el objeto de estudio de su resolución se limitaría a los agravios hechos valer por el recurrente, acorde a lo dispuesto por el precepto 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales constituirían la pauta y límite de su examen. Por otro lado, refirió que en los agravios del apelante, se expuso de manera esencial lo siguiente: Que contrario a lo expuesto por el juez de origen, al celebrar las partes el contrato de compraventa, la victima entregó el producto agrícola, mientras que el imputado expidió un cheque como forma de pago, que en ese momento el cheque cumplió con su objetivo, que lo fue, el pago del precio de la compraventa, en consecuencia, fue una operación que se realizó al contado, toda vez que a su consideración el cheque era siempre pagadero a la vista, de tal forma que por más que no se hubiere pagado en efectivo, dicho cheque se consideraba un sustituto del dinero que habría de pagar el imputado por la compraventa; por lo que manifestó que si un cheque era un instrumento de pago y no un instrumento de crédito, dado que quien lo expidió lo hizo como si pagara con dinero y, quien lo recibió, lo realizó como si hubiese sido en efectivo, de modo que con la sola entrega de ese documento, se tenía por pagada la obligación contraída. A su vez, la Sala responsable relató que el apelante adujo que máxime que si a quien se le libraron los cheques, los recibió en pago, pues así fue; de ahí que la existencia de fondos disponibles era un presupuesto de regularidad del documento que no influía para variar su naturaleza coma instrumento de pago, sino en toda caso surgía un derecho de crédito en favor de beneficiario para exigir el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, señalando que el hecho de que el beneficiario no hubiere dispuesto del dinero que amparaba dicho cheque, eso no implicaba un incumplimiento de la obligación, sino que en todo caso, surgía un derecho de crédito en favor del beneficiario para exigir el cumplimiento de obligaciones pecuniarias y al contrato que celebraron las partes involucradas, le correspondía conocer a la materia civil. Que se violentó en perjuicio del imputado, el principio de igualdad, previsto en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por el hecho de que al vincularlo a proceso al imputado, a pesar de que los antecedentes de investigación expuestos en solicitud de vinculación a proceso por el Fiscal, no reunieron los requisitos de tiempo, modo y lugar de ejecución, sin embargo, el Juez de Control los tuvo debidamente acreditados con la expedición del cheque mencionado, aunado a ello, resaltó que un título de crédito, en sí mismo, era un acto comercial contemplado dentro de los textos de los artículos 75 y 371 del Código de Comercio, por el hecho de que las compraventas meramente civiles tenían un evidente y expreso propósito económico o lucrativo; por lo tanto, indicó que al dedicarse el imputado a la compraventa de diversos productos cuya finalidad era adquirir un bien con la intención de trasmitir posteriormente la propiedad del mismo a un tercero, con el fin de lucrar con ello, concluyó que a quien le correspondía conocer respecto de dicha conducta era a la legislación civil o mercantil. Que le causó agravio, la no aplicación del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con lo dispuesto por el texto de los artículos 17 y 20, fracción II, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se violentaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, al señalar que el Juez de Control determinó que la conducta realizada por el imputado era por acción, de naturaleza dolosa y, por tanto, quería que se produjera el detrimento patrimonial a víctima; conclusión a la arribó el juez de control en base a la lógica de la experiencia y los hechos narrados en el escrito de denuncia; sin embargo, la Sala responsable destacó que el apelante adujo que si bien el Juzgador señaló que realizó un valoración lógica de los datos de prueba, no obstante, no fundamentó, ni fundo el medio legal por el que arribó a tal conclusión y, en su lugar, solo manifestó que tal pronunciamiento lo fue en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y procedió a celebrar las once audiencias iniciales derivadas de las causas que de forma ilegal le fueron acumuladas a la 40/2017; de ahí que ese acto resultó violatorio del derecho humano consagrado en la fracción II, apartado A, del artículo 20 de la Carta Magna, el que limita los requisitos para una correcta valoración de pruebas de manera libre y lógica. Por otro lado, refirió la Sala que el apelante señaló que el Juez de Control, se limitó a resolver por simple analogía y en base al cúmulo de información que escucho virtud a las once formulaciones de imputación que se hicieron en cada una de las causas penales, sin tomar en consideración cada hecho de forma aislada y en base a las peculiaridades del mismo, violentando así la libre valoración de datos de prueba que le fueron aportados en la causa; de ahí que el Juzgador violentó en perjuicio del imputado el principio de presunción de inocencia en virtud a la valoración deficiente y errónea de los datos de prueba allegados a la causa, vulnerando, el derecho al debido proceso a que hace referencia el texto del artículo 17 de la Constitución General de la República. Que el Juzgador inobservó el texto del artículo 10 de la Constitución General de la República y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud a que en el caso concreto, se trata de un grupo de personas vulnerables como lo son los agricultores o ganaderos y en razón de ello se creó el artículo 340, fracción XVII del Código Penal vigente para el Estado de Zacatecas; para asegurar y proteger a los campesinos; y a pesar de que existía un contrato de compraventa, nunca se invocó, ni se hizo valer por parte de la Fiscalía que se estuviera ante la presencia de un grupo vulnerable tal y como lo resolvió el juez de origen; de ahí que tal determinación, violentó los derechos humanos del acusado, concretamente, el de igualdad ante la ley contemplado en el texto del artículo 24, del Pacto de San Jose. Derivado de lo anterior, la Sala Penal responsable, destacó que los agravios a cargo de los apelantes, y que fueron confrontados con los datos de prueba que expuso el Ministerio Público en la audiencia, así como el contenido de la videograbación de la audiencia apelada, la llevaron a concluir que la resolución que emitió el Juez de Control, se encontraba apegado a derecho y, por ende, debería permanecer intacta en todas y cada una de, sus partes; por lo que, los agravios, resultaron infundados y, por tanto, inoperantes para revocar o modificar la resolución impugnada, dado que sólo se trataba de una repetición de las manifestaciones que realizaron los profesionistas del derecho en la audiencia que motivó la apelación; es decir, en la mayoría de sus intervenciones, señalaron que el origen de la causa penal era de naturaleza civil o mercantil y que por tanto no le correspondía conocer a la materia penal; que se violentó en su perjuicio el principio de igualdad y el de valoración razonable de la prueba, al inobservar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia; así como que se trastocó el principio de presunción de inocencia y el debido proceso en perjuicio del imputado. Asimismo, antes de pronunciarse en torno a la procedencia de los agravios expuestos por el defensor particular del imputado, destacó que cuáles son los requisitos que deben colmarse para el dictado de una resolución de vinculación de la persona imputada a proceso, los cuales se encuentran previstos en el mandato contenido en el artículo 19, párrafo primero de nuestra Carta Magna y numeral 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, precisó que la naturaleza de una resolución de vinculación a proceso radicaba, entre otros aspectos, en el inicio de una investigación judicializada en donde el sujeto solo estaba sometido a una investigación, ya que para llevarlo a juicio se requería una acusación la que, en su oportunidad, se sustentaba con datos de prueba cuya estimación era probable y no de manera plena; por ello, esa estimación de prueba carecería de validez en la sentencia; de ahí que los efectos de la vinculación a proceso radicaban en la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal, el inicio del plazo para el cierre de la investigación y la perdida de la facultad del Ministerio Público de archivar provisionalmente la investigación. Asimismo, destacó que en esta etapa procesal no podía ni debería el órgano Jurisdiccional emitir estimación o decisión alguna sobre el valor probatorio pleno de los datos de prueba en los cuales sustentó la resolución de vinculación de la persona imputada a proceso, pues la estimación que se realice de esos datos, era de manera probable y no plena, ya que conforme a la estructura del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, preponderantemente oral; tales datos deberían ser valorados en la etapa de juicio, tan es así que de acuerdo con el contenido del artículo 320 del C6digo Nacional Adjetivo de la materia, los antecedentes de investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que servirían como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecerían de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por dicho Código. Ahora bien, en cuanto a los dos primeros requisitos, expuso que se cumplieron a cabalidad, puesto que de la audiencia materia de apelación, se advertía que la Representante Social formuló imputación en contra de Miguel Ángel del Río Mendoza, por el hecho que la Ley señala como el delito de fraude Especifico; a su vez, se advertía que el juez de Control le concedió el uso de la voz al imputado a efecto de preguntarle si era su deseo emitir declaración respecto de los hechos que le imputó la Fiscal, quien, asistido de su defensa, expresó que no era su deseo ejercer ese derecho. En lo relativo al requisito tercero, referente a que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito de Fraude Especifico y, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, destacó que se entendería que obran datos que permitieran establecer que se había cometido un hecho que la ley señalara como delito cuando existan indicios razonables que así permitieran suponerlo. Aunado a lo anterior, la Sala responsable procedió a realizar en primer término, una descripción de los hechos expuestos por el Ministerio Público y que el Juez de Control tuvo por comprobados, siendo los siguientes: "En fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, el imputado Miguel Ángel del Río Mendoza, se presentó en el domicilio de la víctima Arturo Chávez Rosales, ubicado en calle Rodríguez Elías número 244, de la Comunidad de Benito Juárez, Zacatecas; con la finalidad de realizar la compra de chile guajillo, acto continuo, luego de negociar el precio y la cantidad del producto agrícola que le vendería la victima de mérito, concluyeron que el precio del chile guajillo, sería de $65.00 (sesenta y cinco pesos, cero centavos, moneda nacional), por kilo, para lo cual en ese momento el imputado adquirió 1,262.00 (una tonelada, doscientos sesenta y dos kilos), de chile, arrojando la cantidad en efectivo de $82,000.31 (ochenta y dos mil pesos, con treinta y un centavos, moneda nacional), posteriormente, el imputado de referencia, procedió a cargar el producto agrícola, que incluso, le indicó a la víctima que cobrara el cheque hasta el día siguiente, no obstante, con posterioridad, la víctima se percató que el cheque que recibió por parte del imputado, el cual llenó de su puño y letra, este asentó una cantidad inferior a la pactada, es decir, por la cantidad de $63,713,00 (sesenta y tres mil setecientos trece pesos, cero centavos moneda nacional), acto continuo, al día siguiente se presentó ante la Institución denominada Banco Nacional de México (BANAMEX), con la intención de hacer efectivo el cheque, foliado bajo el número 031, dentro de la cuenta bancaria 7008225561; sin embargo, dicha Institución Bancaria, lo rechazó, ante la falta de fondos, acto continuo, la víctima intento comunicarse con el imputado para hacerle del conocimiento respecto de esa situación, empero, su intención fue fallida, toda vez que hasta la fecha no ha logrado que el imputado le entregue el precio, o bien, le regrese el producto agrícola". Precisó, que tales actos fueron considerados constitutivos del hecho que la ley señala como fraude específico, previsto y sancionado por el artículo 340, fracción XVII, del Código Penal del Estado, del que encontró la probabilidad de que Miguel Ángel del Río Mendoza lo cometió en su calidad de autor material directo conforme a los antecedentes que sirvieron de sustento para tal conclusión. Por otro lado, expuso que con los datos de prueba que fueron incorporados por la Fiscal, se apreciaba que el juzgador, al emitir la resolución apelada, concluyó que sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para vincular a proceso a Miguel Ángel del Río Mendoza, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de Fraude Especifico, toda vez que se acataron los extremos legales y constitucionales de forma y fondo que toda resolución que de ese tipo debía contener. Asimismo, relató que el Juez responsable expreso los preceptos legales y las razones particulares que tomó en consideración para vincular a proceso al apelante, de ahí que, en los términos en que se pronunció el Juez de Control, la Sala responsable estimó que resultó legal la resolución recurrida, pues a su consideración, estaba debidamente fundada y motivada. De igual manera, señaló la sala responsable que el apelante a través de sus defensores, en su agravios indicó que a quien le correspondía conocer de los hechos, era a una diversa materia, concretamente la materia civil o mercantil; sin embargo, destacó que en los procesos penales que se caracterizaban por tener como origen un contrato, la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presentaba una sutileza tal que podía dar lugar a la confusión de dichos ámbitos, razón por la que, para considerar que una de las partes hubiere incurrido en una infracción penal, era preciso acreditar que no se había cumplido con lo pactado y que la persona incumplida, así como con quien coadyuvaba, desde el momento en que se celebró el contrato había decidido dolosamente no cumplirlo. A su vez, señaló que era incuestionable que tenía que demostrarse que la operación aparentemente civil fue engendrada con dolo penal de una de las partes, y la prueba de ese dolo original solo podía considerarse, demostrarse y justificarse por medio de aquellos elementos de convicción que engendren en el juzgador la convicción de que el contratante pacto a sabiendas de que no llegaría a cumplir, para obtener el lucro premeditadamente concebido. Además, refirió la Sala responsable que el apelante abundó en el sentido de que si los elementos de prueba sometidos a consideración del juzgador no llevaban implícitos un incumplimiento, ni poseían fuerza retroactiva, en cuanto que mediante ellos podía establecerse la existencia de un engaño ocurrido en el pasado; es decir, en la época de la celebración del contrato, el Juez no podía atribuir a la simple celebración del contrato y su incumplimiento, el carácter de penal; razón por la que, el incumplimiento de un contrato y menos aún su sola celebración, necesariamente constituyen una conducta penal. En el mismo sentido, el apelante manifestó que aun cuando no se cumplió un contrato, no por ello se incurría en un ilícito penal; ya que, para que esa conducta pudiera encuadrar en este tipo, era necesario acreditar que desde que se celebró el contrato el activo había decidido no cumplirlo. De igual modo, destacó que resultaba indispensable demostrar que la operación aparentemente civil, fue engendrada por el dolo penal de una de las partes, de manera que la prueba de ese dolo original solo podía considerarse, por medio de aquellos elementos que debidamente analizados en relación con el contrato, llevaran al juzgador a la convicción plena de que el contratante pacto a sabiendas de que no llegaría a cumplir con el mismo. Finalmente, destacó la Sala responsable, que el apelante en sus agravios refirió que si los datos de prueba sometidos a la consideración del Juez de Control, no eran suficientes para establecer la existencia del elemento engaño al celebrarse el contrato, y por ello, no se podía atribuir a tal incumplimiento el carácter de penal, sino que, debería concluirse que se trataba de un contrato de naturaleza netamente civil, cuyo incumplimiento solo generaba acciones de la misma naturaleza y por ello, esa vía estaba expedita por la víctima. Expuesto lo anterior, consideró la responsable que era infundado a lo aseverado por la parte apelante, hasta la etapa procesal de la emisión del auto de vinculación a proceso, se lograba apreciar que desde el momento de pactar la compraventa verbal entre las partes, ya existía el propósito de no cubrir el precio convenido por parte del imputado Miguel Ángel del Río Mendoza, toda vez que expidió un cheque el cual carecía de fondos; situación que fue comprobada por la víctima, quien al día siguiente acudió a la Institución Bancaria con la intención de obtener el efectivo; no obstante, fue informado que la cuenta a la que pertenecía ese cheque carecía de fondos; además, tal afirmación se vio robustecido con la entrevista a cargo de Pascuala López Chávez, quien indicó que el día de la celebración del contrato de compraventa, ella le indico al imputado que cubriera el monto de la adquisición del producto agrícola en efectivo; empero, el imputado le contesto que cuál persona en este tiempo cargaba efectivo, de ahí que su conducta dejó al descubierto que desde ese momento ya tenía la intención de no cubrir dicha cantidad; no obstante, a través de la expedición del cheque, le hizo creer a la víctima que al día siguiente, luego de acudir a la Institución Bancaria obtendría el efectivo. Asimismo, refirió que no pasaba inadvertido lo manifestado por el recurrente, al señalar que la existencia de fondos disponibles era un presupuesto de regularidad del documento que no influía para variar la naturaleza como instrumento de pago, sino que en todo caso surgía un derecho de crédito en favor del beneficiario para exigir el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias; aunado a lo anterior, señaló que no era una obligación de quien emitía un cheque, saber si tenía fondos suficientes para expedir el mismo, que de acuerdo al numeral 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, solo exige que se garantice el monto para la apertura de cheques, empero, en forma diversa a lo expuesto por el recurrente, dicho numeral en su párrafo segundo, establece: "El cheque puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea autorizado por esta para librar cheque a su cargo". En tales condiciones, la Sala Responsable, determinó que era infundado lo expuesto por el apelante, pues sí era obligación del imputado estar informado si su cuenta bancaria contaba con fondos disponibles mediante los cuales garantizara el monto por el cual expidió dicho cheque; por tanto, quedaba claro que su intención desde un primer momento fue expedir dicho cheque a sabiendas de que no lograría obtener el dinero en efectivo, con el pleno conocimiento de que a través de su expedición, lograría engañar a la víctima y, así le entregaría el producto agrícola. En el mismo sentido, la autoridad responsable, destacó que si bien era cierto, que el punto modular de su inconformidad, consistía en que no se logró acreditar el dolo por parte del imputado, sin embargo, de ser así, si su intención no fue la de engañar a la víctima con la expedición de dicho cheque, las interrogantes serían: ¿Por qué después de la celebración del contrato de compraventa, evadió toda comunicación con la victima? ¿En su caso, por qué no justifico la imposibilidad de pago?, o bien, ¿Por qué no le hizo algún ofrecimiento en sustitución del precio pactado?, o la última, ¿Por qué le regresó el producto agrícola a la víctima? Ante ello, la Sala responsable, explicó que la respuestas a esas interrogantes era clara, porque la intención del imputado desde un principio fue de no cubrir el precio convenido. Por su parte, se destacó que los apelantes señalaron que con la actuación del juzgador, se transgredió en perjuicio del imputado el principio de igualdad, previsto en el número 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales; toda vez que no aplicó la interpretación conforme contenida en el segundo párrafo del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, según lo expresó el juzgador, exigía para su aplicación, una colisión de normas jurídicas sobre las cuales debería realizar el ejercicio de ponderación y al no hacerlo, el juez de origen, sólo se concretó a responder que no encontraba normas que colisionaran entre sí. En respuesta a tal agravio, la Sala responsable, calificó como infundada la inconformidad, toda vez que en su exposición solo se limitó a pedir que se hiciera un ejercicio de ponderación e interpretación conforme, pero omitió señalar con precisión cuál era la norma que colisionó con algún derecho fundamental para con ello atender la factibilidad de aplicar la disposición contenida en el párrafo tercero del artículo 10 de la Carta Magna. Por otro lado, la responsable, refirió que el apelante indicó que el Juez de control de origen, expresó que le correspondía conocer del asunto del orden penal, toda vez que se trataba de un grupo de persona vulnerables como lo eran los agricultores o ganaderos, y que por eso se creó la fracción XVII del artículo 340, del Código Penal vigente para el Estado de Zacatecas; para asegurar o proteger a los campesinos, a pesar de que existiera un contrato de compraventa, sin embargo, manifestó que dicho argumento lo introdujo el propio Juez, pues nunca se invocó ni se hizo valer por parte de la Fiscalía que se estuviera ante la presencia de un grupo vulnerable; por ello, indicó que tal determinación resultaba ilegal y violatorio de los derechos humanos del imputado, como lo era el de igualdad ante la Ley, contemplado en el texto del artículo 24, del Pacto de San José. Al respecto, la Sala responsable consideró infundado el agravio, toda vez que el delito de Fraude Especifico, previsto en el artículo 340, fracción XVII del Código Penal vigente para el Estado de Zacatecas, se encontraba plasmado en el decreto número 56, publicado el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado; aunado a que dicha reforma surgió por la necesidad de adecuar la norma jurídica penal a la realidad que actualmente se vivía, esto, al haberse rebasado la norma vigente en ese atemporalidad en situaciones relevantes para la convivencia armónica de la sociedad y con la finalidad de regular conductas relacionadas con la comercialización de productos agrícolas, así como en respuesta a la necesidad de incluir como delito una conducta imputable a individuos que amparados en la circunstancia jurídica de que el mero incumplimiento de un contrato civil no constituía el delito de fraude genérico, adquirían productos agrícolas o pecuniarios con el claro propósito de no cubrir el precio correspondiente, generando con ello, severos perjuicios económicos a los productores que les impedían continuar con su trabajo productivo. Como complemento a ello, la responsable señaló que con la adición de esa forma de defraudación específica, el legislador buscó fuera castigado ese hecho delictivo perpetrado en agravio de un sector vulnerable como lo era el campesino; de ahí que, dicho pronunciamiento no resultó ilegal, ni violatorio de los derechos humanos del imputado Miguel Ángel del Río Mendoza; lo anterior virtud a que no obstante que el Juzgador de Control haya realizado la precitada consideración, pues la misma no podía irrogarle un daño al imputado por no exigirse una calidad especifica en la víctima del delito. En otro aspecto, la Sala responsable, procedió a análisis del agravio, en el que se señaló que el juzgador de origen, transgredió el principio de valoración razonable de la prueba, al inobservar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, contenido en el artículo 20, fracción II, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en su lugar, se concretó a resolver por simple analogía. Sobre tal punto, la autoridad responsable, expuso que era necesario invocar el contenido del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los arábigos 265 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales, en lo que interesa, los dos primeros establecen que para dictar un auto de vinculación a proceso necesario acreditar el cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y subjetivos) y justificar la probable responsabilidad, sino que solo debería atenderse a la existencia, Únicamente, de "un hecho que la ley señala como delito", y a la "probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión", dado que solo debería fijarse la materia de la investigación y el eventual juicio. Ante ello, determinó que el Juzgador de Control, en base a la exposición de hechos que realizó el Fiscal, luego de adminicular en su enlace lógico y natural, decidió que eran suficientes y fehacientes, los datos recabados, entre ellos, el dicho de la victima de mérito, la entrevista de- Pascuala López Chávez, quien presenció el momento en que se llevó a cabo la celebración del contrato de compraventa verbal, e incluso, le propusó al imputado que les pagara en efectivo; no obstante, el imputado señaló que ninguna persona a estas alturas cargaba consigo efectivo. Dicha afirmación, se vio reforzada con la entrevista a cargo de Jaquelina Chávez López, quien si bien, no estuvo presente cuando se verificaron los hechos, no obstante, su madre Pascuala López Chávez se comunicó con ella luego de que le entregaron el producto agrícola al imputado, y a cambio este les entregó un cheque como pago; y posteriormente, al día siguiente, nuevamente Pascuala le informó que le habían rechazado el cheque por falta de fondos en la cuenta de su titular. En tales condiciones, la Sala penal, refirió que el argumento del apelante era infundado, pues el juez de Control, acorde al numeral 265 del Código Adjetivo Nacional; si se ocupó de realizar una valoración razonable de los datos de investigación expuestos por la Fiscalía; es decir, fundó y motivó su determinación, de ahí que su pronunciamiento sí cumplió con lo dispuesto en el numeral 19 de la Carta Magna, así como los requisitos del arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior, la Sala Penal responsable, constató que el juez de Control, al emitir su determinación, no modificó los hechos y sí dio cumplimiento a lo dispuesto en la ejecutoria de amparo a través de la cual se ordenó la reposición de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, en específico la marcada bajo el registro 43/2017, toda vez que en cumplimiento a la ejecutoria citada, realizó la separación de cada una de las causas que le sometieron a su estudio; es decir, de manera individual formulo imputación y vinculó a proceso en contra del imputado de mérito, y en el caso a estudio, se cercioro que tanto el apelante, en su calidad de imputado, como su abogados defensores tuvieran acceso a la carpeta de investigación del órgano acusador, de manera previa a la celebración de la audiencia inicial; aunado, a que en la misma audiencia manifestaron la defensa particular del imputado que si se encontraba en posibilidad de ejercer una defensa adecuada, lo que así aconteció. De igual forma, la responsable concluyó que el juzgador de origen, al emitir la resolución apelada, se pronunció sobre la situación jurídica del imputado, preservando en todo momento los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación que rigen el proceso penal acusatorio adversarial, preponderantemente oral. En otro aspecto, la Sala responsable, procedió al estudio del diverso agravio en el que se expuso que el juzgador, al emitir su resolución, violentó el principio de presunción de inocencia, así como el debido proceso; sin embargo, se declaró infundado e inoperante para revocar o modificar la resolución impugnada, o bien, ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma. Al respecto, se dijo que respecto a que el emitir dicha resolución, se hubiesen violentado las reglas del debido proceso, el principio de igualdad, así como el principio de presunción de inocencia, regulados en nuestra Constitución General de la Republica y en los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por México y al analizarse detenidamente los registros de audio y video relativos a la audiencia en la que se emitió la resolución impugnada, se apreció que durante su emisión, se respetaron los derechos de las partes, por lo siguiente: En principio, precisó que sí se respetó el principio de presunción de inocencia del imputado Miguel Ángel del Río Mendoza y su derecho de defensa técnica adecuada e inclusive material, pues no existía prueba que demostrara lo contrario, ni de que en alguna forma se le diera un trato desigual o discriminatorio ante la ley, además de que se resolvió su Situación Jurídica por un Juzgador de Control, independiente e imparcial, ya que no existía dato que revelara que el juez de origen actuara influenciado o bajo consigna alguna, o de alguna manera sin equidad en su proceder. Por otro lado, en lo relativo a que, con probabilidad, el imputado cometió el hecho en términos de lo dispuesto en el numeral 11, fracción I del Código Penal vigente para el Estado de Zacatecas, la Sala responsable, consideró que sí existían suficientes datos de prueba que permiten establecer que con probabilidad el imputado Miguel Ángel del Río Mendoza cometió en calidad de autor material directo el hecho que la ley señala como el delito de Fraude Especifico, previsto y sancionado en el arábigo 340, fracción XVII del Código Sustantivo de la materia. Ello resulto así, toda vez de que existió una imputación clara y precisa por parte de la víctima Arturo Chávez Rosales, lo cual se vio corroborado con el dicho de la testigo presencial de nombre Pascuala López Chávez, quien estuvo en el momento en que se llevó a cabo la celebración del contrato verbal de compraventa, incluso, esta última le propuso al imputado que les pagara en efectivo; no obstante, el imputado señaló que ninguna persona a estas alturas cargaba consigo efectivo. Lo anterior, se vio reforzado con la entrevista a cargo de Jaquelina Chávez López, quien si bien no estuvo presente cuando se verificó el referido hecho, no obstante, su madre Pascuala López Chávez se comunicó con ella luego de que le entregaron el producto agrícola al imputado, y a cambio el imputado le entregó un cheque como pago; y al día siguiente, nuevamente Pascuala le informó que le habían rechazado el cheque por falta de fondos en la cuenta del titular (imputado). Bajo esa premisa, la responsable acotó que los antecedentes de investigación que expuso la Representación Social ante el Juzgador, resultaron suficientes para que se acreditara que con probabilidad, el imputado Miguel Ángel del Río Mendoza, cometió el hecho que la ley señala como el delito de Fraude Especifico, en calidad de autor material directo; de modo que en esa etapa procesal, no podía ni debería el Órgano jurisdiccional verter estimación o decisión alguna sobre el valor probatorio pleno de aquellos elementos de prueba en los cuales sustentó la resolución de vinculación del imputado a proceso, con el fin de evitar que las personas Juzgadoras prejuzgaran, pues debería recordarse que conforme a la estructura del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, preponderantemente oral; dichos datos deberían ser valorados en la etapa de juicio. Ahora bien, una vez expuestas las referencias argumentativas que se estiman aptas para contextualizar el asunto sujeto a escrutinio, se procede a analizar los argumentos de la parte quejosa hechos valer en su apartado de conceptos de violación. a).- La parte disidente sostiene en su primer motivo de inconformidad, que la sala responsable soslayó hacer efectivo en su favor la suplencia de la queja, toda vez que el juez de control nunca acató el mandato de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ello conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1° constitucional, pues aun cuando fueron vertidos en concepto de agravio ante esa sala responsable en nada fueron valorados por la misma, en la resolución que hoy se recurre, la sala responsable, únicamente señaló que no hay suplencia de la queja deficiente porque no se le vulneró ningún derecho humano del suscrito, con lo que violentó de nueva cuenta en su perjuicio los derechos humanos fundamentales antes señalados, al no encontrar la variación de los hechos que nos ocupan, los cuales son de materia civil o mercantil y no penal. En apoyo a su argumento citó las siguientes tesis: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACION NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES.", y "REQUISITOS PROCESALES BAJO LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS." b).- En su segundo concepto de violación, el quejoso señala que de los antecedentes vertidos por la Fiscal no se desprenden datos de prueba suficientes y con los cuales se establezca que se ha cometido un delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, requisitos estos, los cuales son recogidos por el texto del artículo 316, en su tercera fracción, del Código Nacional de Procedimientos Penales, violentándose en su perjuicio la valoración deficiente de tal dato de prueba en términos de lo dispuesto por el texto del artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como al señalar que los datos de prueba que se necesitan para el dictado de un auto de vinculación a proceso requieren de un estándar mínimo de prueba para su dictado. Invocó en apoyo a su argumento, las tesis siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEAN LA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE SE CONSIDERARON PARA SU DICTADO, AL ESTAR ESTOS SUJETOS A CONTRADICCIÓN, AQUELLOS DEBEN ANALIZARSE PARA DETERMINAR SI ESOS DATOS SON IDÓNEOS Y ARROJAN INDICIOS QUE PERMITAN SOSTENER EL ACTO RECLAMADO.", y "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.lo.P.A.31 P (10a.)]." Asimismo, agregó que se vulnera en su perjuicio la libre valoración de los datos de prueba, pues el texto del artículo 259, de la ley procesal de la materia, señala que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito, las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica; que por su parte, el diverso numeral 263, establece que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este código. Que la responsable malinterpretó la valoración de un dato de prueba, lo que resulta violatorio de su derecho humano a la defensa adecuada, al señalar que solo tomó en consideración los datos de prueba del ministerio público y con base en ellos confirmó la resolución de vinculación a proceso impugnada, los cuales fueron valorados únicamente en lo que le perjudicaba, violentando con ellos sus derechos humanos, toda vez que es evidente la celebración de un contrato de compraventa y que los hechos que nos ocupa son de naturaleza civil o mercantil. Estima aplicable para reforzar su concepto de violación las tesis de rubro siguientes: "FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN V, IN FINE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS, ASÍ COMO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR, COMPRENDIDOS EN EL DIVERSO DE FRAUDE GENÉRICO.", y "FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRATÁNDOSE DE UN CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE ATRIBUIR AL INCUMPLIMIENTO CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DEL ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO.". c).- En su tercer concepto de violación, el quejoso, se duele de que la autoridad responsable, no observó la exacta aplicación de la ley penal, y decidió salirse (sic) bajo argumentos técnicos propios y proclives a ejercer derecho de defensa en la etapa intermedia y posterior audiencia de juicio. Agrega que no hubo pues dato de prueba suficiente que sostuviera la resolución impugnada, desatendiendo además la tesis de rubro: "ESPECULACION COMERCIAL. EN QUE CONSISTE, TRATANDOSE DE COMPRAVENTAS MERCANTILES."; por lo que tal resolución, carece de fundamentación y motivación adecuadas y por ende deviene ilegal y violatoria de los derechos humanos a la defensa adecuada, al considerar la responsable que el estándar probatorio requerido para el dictado de un auto de vinculación a proceso es mínimo y que los datos de prueba expuestos por la fiscalía eran bastantes y suficientes para tener por acreditados los requisitos contemplados en los preceptos legales invocados y que sería en la etapa intermedia y de juicio en la cual sí era necesario con medios de prueba demostrar la existencia del ilícito que se le imputa y no en esa etapa procesal. Arguye el disidente que la propia responsable se contradice y niega la vulneración a sus derechos humanos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia y debido proceso legal, así como el derecho a su libertad personal a que enfrente un proceso en libertad, ello en atención a que se está ante la presencia de un contrato de carácter meramente civil o mercantil. Manifiesta, que por el contrario, se resolvió en base al cúmulo de carpetas de investigación en su contra, ya que en fecha dos y tres de enero del dos mil veintiuno se resolvieron seis y cinco causas penales y se dictaron once autos de vinculación a proceso en su contra, por lo que resulta evidente la contaminación del proceso, y ello es así, porque fue el mismo juez de control quien conoció de las once diversas causas penales, así como son los mismos Magistrados que a su vez resolvieron los recursos de apelación interpuestos por el ahora quejoso, en contra de esas once resoluciones. Que por ende, la resoluciones no fueron resueltas con total imparcialidad, tan es así que la propia responsable al momento de resolver la que en este acto se recurre señala que "tomando en consideración la conducta con la que se ha conducido el suscrito", lo que desde luego, es violatorio del derecho humano al debido proceso legal, así como el derecho de presunción de inocencia del suscrito. En sustento a su agravio, invoca las tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE NO CONTAMINACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO SE VULNERA CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA CONOCIÓ DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO DEL DIVERSO HECHO VALER CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.", y "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Son infundados los conceptos de violación sintetizados. El auto de vinculación a proceso está establecido en el artículo 19 constitucional, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del artículo transcrito, se deprende que en el auto de vinculación a proceso se debe expresar: 1) El delito que se impute. 2) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 3) Datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y, 4) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, debe precisarse que para comprender el alcance de los requisitos para vincular a proceso a una persona, en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 35/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que no deben examinarse los elementos integradores del cuerpo del delito, sino que sólo se exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento. Con lo anterior, explica la Primera Sala, se busca que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación, pues la norma constitucional no exige que en el auto de vinculación a proceso se deban acreditar los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, solo es exigible para el dictado de una sentencia, ya que es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado, criterio que es acorde a la naturaleza procesal del auto que resuelve sobre la vinculación a proceso, es así, en tanto para el dictado de ese auto, solo se requiere que de la imputación que formule el fiscal se aprecien datos -no pruebas-, que establezcan -no comprueben-, que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis de jurisprudencia número 1a./J.35/201710, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." De lo anterior se colige, que a partir de la reforma constitucional del artículo 19 constitucional y de conformidad con la jurisprudencia recién transcrita, el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de una manera importante. En ese sentido, en la resolución que constituye el acto reclamado, el tribunal de alzada precisó cuál era el objeto de estudio del recurso de apelación, señalando que versaría única y exclusivamente en relación con los agravios que la parte recurrente incluyó en su solicitud, al tenor de lo dispuesto por el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que se hayan debatido los demás aspectos estudiados en la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso; por ello, dijo, habrían de constituir la pauta y límite del examen, a menos que se tratara de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado, por lo que declaró firmes los puntos que antecedían a la resolución recurrida. Enseguida, luego de reseñar los agravios expuestos por el apelante, el tribunal Ad Quem en el considerando tercero del fallo indicó lo siguiente: ".sus agravios, devienen inoperantes para revocar o modificar la resolución impugnada, o bien, ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma; de ahí que dicho pronunciamiento deberá permanecer intocado y, por ende, confirmarse el sentido del fallo, toda vez que luego de analizar su contenido, se advierte que tan solo se trata de una repetición de las manifestaciones que realizaron los profesionistas del derecho en la audiencia que motivo la presente; es decir, en la mayoría de sus intervenciones, señalaron que el origen de la presente causa penal es de naturaleza civil o mercantil y que por tanto no le corresponde conocer a la materia penal." Asimismo, la Sala hizo referencia al siguiente agravio y dio contestación al mismo, de la siguiente forma:: ".indicó el apelante que si bien señaló el Juzgador que realizo un valoración lógica de los datos de prueba, no obstante, este no fundamentó, ni fundo el medio legal por el que arribó a tal conclusión y, en su lugar, solo manifestó que tal pronunciamiento lo fue dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, acto continuo, procedió a celebrar las once audiencias iniciales derivadas de las causas que de forma ilegal le fueron acumuladas a la 40/2017, de ahí que a su consideración, a todas luces resultó violatorio del derecho humano consagrado en la fracción II, apartado A, del artículo 20 de nuestra Carta Magna Expresa el apelante en vía de agravio que en base al cumplimiento de la ejecutoria de amparo era necesario la separación de causas; que en una sola audiencia se formuló imputación de manera consecutiva en cada una de las causas; que de forma ilegal fueron acumuladas a la 40/2017 y que en base a toda la serie de argumentos que escuchó el Juzgador en virtud de las once formulaciones de imputación fue que el mismo se creó para si una opinión personal que lo llevó al convencimiento de que su defendido cometió el hecho punible que se le imputa, lo cual resulta violatorio del derecho humano consagrado en la fracción II, apartado A del artículo 20 Constitucional, violentando la libre valoración de datos de prueba que le fueron aportados en esta causa en particular. Motivo de desacuerdo que se advierte infundado por las razones siguientes. Esta Sala revisora ha podido constatar que el Juez de Control dio cumplimiento a lo dispuesto en la ejecutoria de amparo que ordenó la reposición de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso ya que previo a la celebración de la audiencia inicial se cercioró que tanto el apelante en su calidad de imputado como sus abogados defensores tuvieron acceso a la carpeta de investigación del órgano acusador de manera previa a la celebración de la audiencia inicial; en la misma audiencia manifestaron los defensores particulares del imputado que si se encontraban en posibilidad de ejercer una defensa adecuada lo que así sucedió pues evidentemente que el contar con los antecedentes de investigación les dio la posibilidad de conocer su contenido y con ello ofrecer una defensa técnica apropiada. No se advierte como lo sugiere el apelante la transgresión de lo dispuesto por el precepto Constitucional 20 Constitucional, apartado A, fracción II, ya que fue el mismo Juzgador que conoció de la formulación de imputación quien con libertad de jurisdicción resolvió la vinculación a proceso preservando de esta manera los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación que rigen el proceso penal adversarial. Aunado a lo anterior, de la exposición realizada por la fiscalía se pudo constatar que no se integraron antecedentes de investigación diversos a los expuestos en la audiencia que le precedió a la concesión del amparo que ordenó la reposición del procedimiento. Y finalmente, se decretó la procedencia de la vinculación a proceso del inconforme con base en la valoración de manera libre y lógica de los datos de investigación expuestos por la fiscalía en términos de lo dispuesto por el precepto Constitucional citado, en relación con el 265 del Código adjetivo de la materia, lo que hace que se torne infundado en el agravio expresado por el inconforme en dicho sentido.". La transcripción que antecede muestra que el actuar del Tribunal de alzada fue jurídicamente correcto, pues en principio, destacó el alcance del recurso de apelación en términos de lo establecido por el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales; no obstante, precisó que existió un agravio relacionado con la suficiencia de los datos de prueba para el establecimiento del hecho y de la probabilidad de participación o intervención del imputado en su comisión, por lo que verificó de oficio tales circunstancias y concluyó que el juez de origen sí fundó y motivó su decisión, y por ello, su pronunciamiento cumplió con lo dispuesto en el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los requisitos del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que los datos recabados permitían establecer la existencia del hecho señalado en la ley como delito y al imputado ahora quejoso como autor probable del mismo. Así, en oposición a lo señalado en los conceptos de violación, la sala de apelación en suplencia de la queja deficiente, analizó la resolución de vinculación a proceso impugnada en su integridad para verificar que no existieran violaciones a derechos fundamentales del imputado. Al no encontrar violación alguna, la responsable se avocó al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos fundamentales; por tanto, el motivo de disenso expuesto en este apartado es ineficaz e inaplicable el criterio que se invocó en su apoyo. Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -invocada por el Tribunal responsable-, de epígrafe y consideraciones siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." Además, el hecho de que el promovente invoque el principio pro persona, contenido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no deriva necesariamente que sus argumentos planteados deban resolverse conforme a sus pretensiones. En efecto, a partir del contenido del texto del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior implica que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona contenido en el párrafo segundo del precepto constitucional citado, no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados, en el caso, de la recurrente, deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno esos principios pueden ser constitutivos de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Además, el cumplimiento del principio de interpretación más favorable a la persona no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma constitucional, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. En razón de lo anterior, si no existe en los instrumentos internacionales una protección más benéfica para el quejoso que aplicar, ninguna infracción existe al principio pro persona. Apoya lo antepuesto, por las razones que la informan, las jurisprudencias 1a./J. 104/2013 (10a.) y 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En el mismo concepto de violación se expresa que el hecho que dio origen a la causa penal, es un asunto que debe ser ventilado en materia civil, puesto que se está ante un contrato verbal de compraventa de chile, celebrado por Arturo Chávez Rosales con el ahora quejoso Miguel Ángel del Río Mendoza. Este argumento es infundado. La Sala responsable en la resolución reclamada precisó que el delito que se atribuye al imputado es el de fraude específico, previsto en la fracción XVII del artículo 340 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, que a la letra señala: "Artículo 340.- Se considerarán casos especiales de defraudación, a los que se aplicarán las mismas penas que señala el artículo anterior, los siguientes: [.] XVII.- Al que, con el propósito de no cubrir el precio convenido adquiera cualquier producto agrícola o pecuario para destinarlo para sí, para otro o para su comercialización, independientemente de que la adquisición se pacte verbalmente o por escrito." De tal dispositivo, destacó la sala responsable, que el juez de control consideró que se acreditaban los requisitos establecidos en el citado numeral, pues el sujeto activo tuvo el propósito de no cubrir el precio convenido al haber adquirido un producto agrícola destinado para sí o para tercera persona. El Tribunal de alzada refirió que entre los datos de prueba expuestos por la fiscalía se encuentra la denuncia presentada por la víctima Arturo Chávez Rosales; las declaraciones que emitieron Pascuala López Chávez y Jaquelina Chávez López, esposa e hija de la víctima, de las que se desprendía que la víctima en comento le vendió al imputado chile en la cantidad total de ochenta y dos mil pesos con treinta y un centavos, pero únicamente le hizo entrega de un cheque por la suma de sesenta y tres mil setecientos trece pesos. Denuncia y testimonios de los que se podía deducir, contrario a lo aseverado por el recurrente, cuales eran las circunstancias de ejecución del hecho ilícito, pues había quedado claro que éste se consumó en los primeros días del mes de marzo de dos mil dieciséis; fecha en la que el imputado le hizo creer a la víctima que le compraría una tonelada de chile, siendo 1,262.00 -una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos, dando un total de $82,000.31 (ochenta y dos mil pesos con treinta y un centavos), y para hacerle creer que cumpliría solo le entregó un cheque por la suma de $63,713.00 (sesenta y tres mil setecientos trece pesos) como pago, lo que resultó ser un artificio más para hacerle creer que le pagaría; el hecho se perpetró en la Comunidad de Benito Juárez, perteneciente al estado de Zacatecas. Los datos de prueba aludidos, concluyó el Tribunal de alzada, demostraban que desde el momento de pactar la compraventa verbal entre las partes, ya existía el propósito de no cubrir el precio convenido por parte del imputado Miguel Ángel del Río Mendoza, toda vez que expidió un cheque el cual carecía de fondos, situación que fue comprobada por la víctima, quien al día siguiente acudió a la Institución Bancaria con la intención de obtener el efectivo; no obstante, fue informado que la cuenta a la que pertenecía ese cheque carecía de fondos. Añadió que si bien la norma civil establece las reglas y obligaciones que corresponden a los intervinientes de ese actos jurídico, resaltando que el comprador debe pagar el precio de la cosa, señalando el Código Adjetivo Civil la vía para exigir el cumplimiento de la obligación; cobraba vigencia la materia penal cuando desde la celebración del contrato hay conciencia de que no se cumpliría, tomando en cuenta las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores a la celebración de dicho contrato. Pues bien, a juicio de este órgano jurisdiccional, al margen de que para la emisión de un auto de vinculación a proceso no se exige la justificación plena de los elementos subjetivos del tipo penal, sino el establecimiento del hecho; la decisión de tener por establecido el hecho que la ley señala como delito de fraude específico, previsto en el artículo 340, fracción XVII, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, no vulnera los derechos fundamentales del imputado. De conformidad con el precepto referido, el legislador local prohibió como una conducta considerada como delito, sancionable mediante una pena de prisión y multa, la adquisición de cualquier producto agrícola o pecuario para destinarlo para sí, para otro o para su comercialización, mediante un contrato verbal o escrito (en el caso, a través de la compraventa), siempre y cuando se hubiese hecho con el propósito de no cubrir el precio convenido. Así, la celebración de un contrato de compraventa de productos agrícolas o pecuarios, no configura el delito de fraude específico en estudio, a menos que el activo con esa adquisición tuviese como propósito no cubrir el precio convenido; esto es, tal como lo destacó la sala responsable, el tipo penal de fraude específico previsto en el artículo 340, fracción XVII, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, exige la justificación de un elemento subjetivo específico. Para tenerlo por establecido, el Tribunal de alzada con acierto destacó lo que manifestaron al respecto en su denuncia la víctima Arturo Chávez Rosales y las declarantes Pascuala López Chávez y Jaquelina Chávez López, esposa e hija de la víctima. Tales deposiciones muestran que en los primeros días del mes de marzo de dos mil dieciséis; fecha en la que el imputado le hizo creer a la víctima que le compraría una tonelada de chile, siendo 1,262.00 -una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos, dando un total de $82,000.31 (ochenta y dos mil pesos con treinta y un centavos), y para hacerle creer que cumpliría solo le entregó un cheque por la suma de $63,713.00 (sesenta y tres mil setecientos trece pesos) como pago, lo que resultó ser un artificio más para hacerle creer que le pagaría. Por su parte, Pascuala López Chávez y Jaquelina Chávez López, esposa e hija de la víctima, refirieron que la víctima en comento le vendió al imputado chile en la cantidad total de $82,000.31 (ochenta y dos mil pesos con treinta y un centavos), pero únicamente le hizo entrega un cheque por la suma de $63,713.00 (sesenta y tres mil setecientos trece pesos) Datos de prueba que, como lo apuntó el Tribunal de alzada, ponen de manifiesto el propósito de no cubrir el precio convenido al momento de adquirir los productos agrícolas de Arturo Chávez Rosales. Ello es así, pues como lo expuso la Sala responsable, hasta esa etapa procesal de la emisión del auto de vinculación a proceso, se lograba apreciar que desde el momento de pactar la compraventa verbal entre las partes, ya existía el propósito de no cubrir el precio convenido por parte del imputado Miguel Ángel del Río Mendoza, toda vez que expidió un cheque el cual carecía de fondos; situación que fue comprobada por la víctima, quien al día siguiente acudió a la Institución Bancaria con la intención de obtener el efectivo; no obstante, fue informado que la cuenta a la que pertenecía ese cheque carecía de fondos; además, tal afirmación se vio robustecido con la entrevista a cargo de Pascuala López Chávez, quien indicó que el día de la celebración del contrato de compraventa, ella le indico al imputado que cubriera el monto de la adquisición del producto agrícola en efectivo; empero, el imputado le contesto que cuál persona en este tiempo cargaba efectivo, de ahí que su conducta dejó al descubierto que desde ese momento ya tenía la intención de no cubrir dicha cantidad; no obstante, a través de la expedición del cheque, le hizo creer a la víctima que al día siguiente, luego de acudir a la Institución Bancaria obtendría el efectivo. Por ende, el elemento subjetivo específico del ilícito en estudio, se revela ante las condiciones en las que se hizo la adquisición de los productos agrícolas, de las que se desprenden que el activo tenía el propósito de no cumplir con el pago convenido. Al mismo tiempo, este órgano jurisdiccional estima que el elemento subjetivo específico del delito, consistente en que el que el activo tuviese como propósito no cubrir el precio convenido, no es un aspecto que deba estar acreditado al momento de dictar un auto de vinculación a proceso. Ello, en tanto que el artículo 19 constitucional, como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan como requisitos para la emisión de un auto de vinculación a proceso, el que existan datos de investigación que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, esto es, no se estudian a cabalidad los elementos del tipo penal que se imputa al quejoso, el juicio de tipicidad sólo es exigible para el dictado de una sentencia, etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. El hecho que la ley señala como delito se asocia con la descripción objetiva del tipo penal; en cambio, los elementos subjetivos [finalidad específica] y normativos del delito (donde se realiza una valoración cultural o jurídica por parte del juzgador), implican la antijuridicidad de la conducta y la culpabilidad del acusado, mismos que se analizan en la sentencia que pronuncie el Tribunal de enjuiciamiento. Lo anterior, como lo establecen, en su parte conducente, los artículos 405 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable, por las razones que la informan, la tesis XXIII.10 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado de este Vigésimo Tercer Circuito, de título y consideraciones siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." En ese contexto, no asiste razón al quejoso cuando aduce que el auto de vinculación a proceso no está debidamente fundado ni motivado, porque no existen datos para la acreditación del elemento subjetivo específico, pues como ya se estableció, sí existen datos de prueba que informan sobre la existencia de un hecho delictivo y la posibilidad de que el recurrente lo cometió, dentro de un estándar que no exige plenitud probatoria; por consiguiente, si de conformidad con el estándar constitucional, para el dictado del auto de vinculación no se requiere acreditar los elementos del delito, sino que solo se necesitan datos que establezcan que existe la probabilidad de que el imputado cometió el hecho que la ley señala como delito, por las mismas razones, se estima que en esta etapa del proceso penal tampoco debe quedar acreditado el elemento subjetivo del delito, como lo sostiene el quejoso. Máxime que como se ha venido diciendo a lo largo de la presente determinación, conforme a la reforma constitucional que dio origen al nuevo sistema penal acusatorio, se determinó la no formalización de las pruebas -datos, medios de prueba o pruebas en sí-, basando su valor probatorio únicamente en el grado de razonabilidad, con el impedimento a los juzgadores del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación respectiva, con el fin de evitar que prejuzguen respecto de las mismas y mantener con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, de modo que deberán resolver lo conducente con los datos que manifieste la fiscalía con relación a un hecho que la ley señale como delito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que como acertadamente lo resolvió la sala responsable del conocimiento, conforme al sistema penal acusatorio, solo se requieren datos que establezcan que existe la probabilidad de que la imputada cometió el hecho que la ley señala como delito, aspecto que en el caso quedó satisfecho por todas las razones explicadas en esta resolución. En otro aspecto, en su tercer concepto de violación, el quejoso esencialmente señala que la sala responsable, resolvió en base al cúmulo de carpetas de investigación en su contra, por lo que estima que es evidente la contaminación del proceso, que es así, porque fue el mismo juez de control quien conoció de las once diversas causas penales seguidas en su contra, así como son los mismos Magistrados que a su vez han resuelto los recurso de apelación interpuestos por este en contra de esas once resoluciones, por lo que las mismas no fueron resueltas con total imparcialidad, tan es así que la propia responsable al momento de resolver la que en este acto se recurre señala que "tomando en consideración la conducta con la que se ha conducido el suscrito", lo que desde luego, es violatorio del derecho humano al debido proceso legal, así como el derecho de presunción de inocencia del suscrito. En sustento a su agravio, invoca las tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE NO CONTAMINACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO SE VULNERA CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA CONOCIÓ DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO DEL DIVERSO HECHO VALER CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.", y "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Motivos de disenso que se estiman infundados, habida cuenta, que de las constancias que integran la causa penal de origen, se advierte que para vincular a proceso al quejoso Miguel Ángel del Río Mendoza, el juez de control destacó los hechos manifestados al respecto en su denuncia por la víctima Arturo Chávez Rosales y las declarantes Pascuala López Chávez y Jaquelina Chávez López; esto es, hechos y circunstancias de comisión del hecho delictivo que son diversos a las causas penales que al efecto refiere el hoy quejoso, de ahí que no le asista la razón en cuanto a la vulnerabilidad al principio de contaminación en el proceso penal de origen ni tampoco la imparcialidad respecto de las autoridades del conocimiento. Resultando infundado por ende que en la resolución de segunda instancia la sala responsable, haya tomado en consideración como dato de prueba la conducta con la que se ha conducido el quejoso y de la cual han derivado las diversas causas penales instruidas en su contra, pues se recalca, para arribar a la determinación concluida, la sala responsable consideró el hecho delictivo imputado de manera específica, sin que se haya basado en datos diversos a los aportados en la causa penal de origen. Además, la sala responsable, al emitir la sentencia sujeta a estudio, hizo el análisis de las constancias que le fueron remitidas por el juez de control y de las cuales tuvo a la vista para el dictado del auto de vinculación. De ahí que se consideren ineficaces tales argumentos vertidos en ese sentido. Destacando además, que el auto de vinculación a proceso no infringe el principio de presunción de inocencia, cuenta habida que se caracteriza por ser una actuación provisional, pues todo lo que ahí está dicho tiene un alcance limitado que no puede ser automáticamente, trasladado a la sentencia, por ende, el dictado de dicha resolución (auto de vinculación a proceso) solo justifica la sujeción de la persona a determinadas restricciones; sin embargo, éstas no cambian su calidad de inocente y, consecuentemente, el trato que por virtud de ello debe recibir por parte de la autoridad. Ya que la función de dicha determinación es únicamente la de dar seguridad jurídica al imputado, con el fin de que conozca la motivación y fundamentación concreta que justifica su sujeción a un proceso penal, a través de la ponderación de los datos de investigación aportados por la fiscalía, sin que los mismos tengan el carácter de prueba plena que permita imponer una condena. Se cita al respecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que este órgano comparte, consultable en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, con registro digital 2023151, de epígrafe siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia." En mérito de lo destacado, no se vulneran los derechos fundamentales del quejoso Miguel Ángel del Río Mendoza, al establecer hasta el momento, que participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude específico, previsto en el artículo 340, fracción XVII, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, lo que conlleva calificar de infundados los motivos de disenso en este aspecto. En esas condiciones, al no haber prosperado los conceptos de violación hechos valer, acorde a lo expuesto en los párrafos que anteceden, y al no advertirse queja deficiente que suplir de manera oficiosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar al peticionario de derechos fundamentales la protección constitucional que solicita contra la resolución reclamada a la sala responsable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; SE R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel del Río Mendoza, por propio derecho, contra la autoridad y acto señalados en el considerando segundo, y acorde a las razones y fundamentos plasmados en la última consideración de la presente sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. L'JMZG. En Zacatecas, Zacatecas a trece de junio de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS., hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 852/2021, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inicia su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del magistrado presidente y de las demás constancias que obran en autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias, lo anterior para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la sala responsable (guardadas por separado en dos tomos) y un disco compacto. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. En el periodo de alegatos: el secretario da cuenta con los vertidos por la agente del Ministerio Pública adscrita a este Juzgado mediante el pedimento con folio 2270. A lo que el juez dispone: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los presentados por la representante social y por perdido el derecho de las partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, en vista de todo lo actuado se levanta la presente acta, firmando los que en ella intervinieron.- DOY FE. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO RODOLFO GARCÍA CAMACHO EL SECRETARIO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ

  4. Principal

    Juicio de amparo: 852/2021 El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 6277 y 2270. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con folio 6277 signado por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del magistrado presidente, por el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este jugado federal remite copia certificada del audio y video (en un disco compacto) que contiene la audiencia de formulación de imputación y continuación de audiencia de vinculación a proceso, relativo a la causa penal 43/2017. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad en cita el disco compacto aludido; mismo que dada su propia y especial naturaleza se admite y desahoga; sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva, con el cual se da vista a las partes por el término de ocho días. Por otra parte, agréguese a los autos el pedimento de cuenta registrado bajo el folio 2270 recibido vía electrónica con la evidencia criptográfica de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. De igual forma, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. A.I Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

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