Miguel Angel Cuevas Vivanco

Expediente 186/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
186/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
24/04/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Cuevas Vivanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiséis de marzo de la presente anualidad, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber a la parte tercera interesada que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger el documento que anexó a su escrito registrado con el número de control interno 5369 (fojas 58 y 59), que a saber es la póliza constitutiva número dos mil setecientos ochenta y uno, libro número uno de registro de sociedades mercantiles, de diez de julio de dos mil siete, con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta podrá ser destruida junto con el expediente en que se actúa. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable 3. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la documental que acompañó a su informe justificado (duplicado de la causa penal 189/2008, la cual obra en un tomo anexo al presente juicio de amparo) y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARIA DE LA CRUZ MANZANO MORA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONSEJO EDE GERENTES DELA PERSONA MORAL EASY CUT, S.R.L. EL PROVEÍDO DE 24 DE abril DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiséis de marzo de la presente anualidad, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber a la parte tercera interesada que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger el documento que anexó a su escrito registrado con el número de control interno 5369 (fojas 58 y 59), que a saber es la póliza constitutiva número dos mil setecientos ochenta y uno, libro número uno de registro de sociedades mercantiles, de diez de julio de dos mil siete, con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta podrá ser destruida junto con el expediente en que se actúa. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable 3. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la documental que acompañó a su informe justificado (duplicado de la causa penal 189/2008, la cual obra en un tomo anexo al presente juicio de amparo) y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARIA DE LA CRUZ MANZANO MORA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONSEJO EDE GERENTES DELA PERSONA MORAL EASY CUT, S.R.L. EL PROVEÍDO DE 26 DE marzo DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el quejoso ********************, mediante escrito recibido el veintisiete de febrero pasado (fojas 2 a 5), ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el veintiocho siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, y otras autoridades; de quienes reclamó. I. La orden de presentación o comparecencia emitida en su contra. II. La orden de aprehensión o reaprehensión girada en su contra y su ejecución. Mediante proveído de uno de marzo pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a las autoridades responsables su informe justificado. Ahora bien, de autos se aprecia que las autoridades responsables siguientes rindieron sus informes de la manera en que se señala: No. Orden Autoridades Responsables Sentido del informe Fojas 1 Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Negó 23 2 Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Negó 24 3 Juez de lo Penal de Cholula, Puebla. Aceptó (orden de aprehensión) Negó (orden de reaprehensión). 31 y 41 4 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representación. Negó 25 5 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Aceptó 32 6 Agente Ministerial encargado de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula, Puebla. Aceptó 26 7 Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo San Pedro Cholula, Puebla. Negó 27 Las autoridades responsables Jueces 1. Primero y 2. Tercero, ambos de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte el 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en vía de aclaración, negó la existencia de una orden de reaprehensión en contra del quejoso. De igual forma, son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables 4. Fiscal General del Estado de Puebla, 5. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 6. Agente Ministerial encargado de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula, Puebla y 7. Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo San Pedro Cholula, Puebla, consistentes en una orden de presentación o comparecencia, y reaprehensión; en virtud de que las autoridades identificadas con los números cuatro y cinco, negaron categóricamente dichos actos y las autoridades identificadas con los números cinco y seis aceptaron la ejecución de una orden de aprehensión (lo cual se estudiará más adelante) pero no de una orden de reaprehensión; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados consistentes en una orden de presentación o comparecencia, y reaprehensión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio, respecto de esos actos. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Ahora bien, de autos se advierte que el 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, 5. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 6. Agente Ministerial encargado de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula, Puebla, convinieron en la existencia de una orden de aprehensión librada en contra del quejoso ********************, dentro del proceso penal ********************del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracción XVI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de ********************, representada por su gerente general y administradora única ********************. Por su parte el 4. Fiscal General del Estado de Puebla y el 7. Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo San Pedro Cholula, negaron la existencia de los actos de ejecución que se les imputan; sin embargo, al haberse establecido la certeza de la orden de aprehensión reclamada, debe tenerse por cierta su ejecución atribuida a dichas autoridades. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos rubro y texto se reproducen a continuación: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." En ese orden, también de autos se advierte que el catorce de marzo pasado, se tuvo por recibido el oficio del 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, por el cual remitió copia certificada de la resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, en donde se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con reserva de ley, a favor del quejoso ********************. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ante ello, la suscrita Jueza Federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de concluir si en la especie se actualiza la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar de la autoridad responsable 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la orden de aprehensión dictada en su contra, el veintidós de febrero de dos mil diez, en los autos de la causa penal ********************, así como su ejecución En el caso, de las constancias que la autoridad responsable remitió aclarando su informe justificado, valoradas anteriormente, en lo que interesa se advierte que mediante resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada en los autos de la causa penal ********************, se resolvió la situación jurídica de ******************** y el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar (foja 46 a 53). De lo relatado, se advierte que se actualiza la referida causal de improcedencia en virtud de que, durante la secuela procesal de esta instancia constitucional cesaron los efectos del acto reclamado, pues se destruyeron sus efectos de modo total e incondicional. En ese sentido, el pronunciamiento del mencionado auto de libertad por falta de elementos para procesar, produce la cesación de efectos de la resolución reclamada, pues se destruyeron en forma total e incondicional todos los efectos y consecuencias causados por la orden de captura emitida contra el quejoso. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el mencionado acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica de la promovente del amparo, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Además, conviene resaltar que, como se dijo, la autoridad responsable 3. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, emitió auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de ********************, al no acreditarse el delito que se le imputaba, sin que el citado juez haya ordenado la devolución de la indagatoria al fiscal investigador para que continuara recabando datos o pruebas, lo que evidencia que quedaron totalmente destruidos los efectos de la orden de aprehensión reclamada. Resulta aplicable, en lo conducente y a contrario sensu, la jurisprudencia 1ª/J. 95/2007 (9ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos."" En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente controvertido constitucional, también respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión decretada en contra de la parte quejosa por el 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, dentro de la causa penal ********************de su estadística. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución de la orden de aprehensión reclamada, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con diez minutos del treinta de marzo de dos mil dieciocho; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el quejoso ********************, mediante escrito recibido el veintisiete de febrero pasado (fojas 2 a 5), ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el veintiocho siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, y otras autoridades; de quienes reclamó. I. La orden de presentación o comparecencia emitida en su contra. II. La orden de aprehensión o reaprehensión girada en su contra y su ejecución. Mediante proveído de uno de marzo pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a las autoridades responsables su informe justificado. Ahora bien, de autos se aprecia que las autoridades responsables siguientes rindieron sus informes de la manera en que se señala: No. Orden Autoridades Responsables Sentido del informe Fojas 1 Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Negó 23 2 Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Negó 24 3 Juez de lo Penal de Cholula, Puebla. Aceptó (orden de aprehensión) Negó (orden de reaprehensión). 31 y 41 4 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representación. Negó 25 5 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Aceptó 32 6 Agente Ministerial encargado de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula, Puebla. Aceptó 26 7 Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo San Pedro Cholula, Puebla. Negó 27 Las autoridades responsables Jueces 1. Primero y 2. Tercero, ambos de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte el 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en vía de aclaración, negó la existencia de una orden de reaprehensión en contra del quejoso. De igual forma, son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables 4. Fiscal General del Estado de Puebla, 5. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 6. Agente Ministerial encargado de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula, Puebla y 7. Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo San Pedro Cholula, Puebla, consistentes en una orden de presentación o comparecencia, y reaprehensión; en virtud de que las autoridades identificadas con los números cuatro y cinco, negaron categóricamente dichos actos y las autoridades identificadas con los números cinco y seis aceptaron la ejecución de una orden de aprehensión (lo cual se estudiará más adelante) pero no de una orden de reaprehensión; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados consistentes en una orden de presentación o comparecencia, y reaprehensión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio, respecto de esos actos. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Ahora bien, de autos se advierte que el 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, 5. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 6. Agente Ministerial encargado de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula, Puebla, convinieron en la existencia de una orden de aprehensión librada en contra del quejoso ********************, dentro del proceso penal ********************del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracción XVI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de ********************, representada por su gerente general y administradora única ********************. Por su parte el 4. Fiscal General del Estado de Puebla y el 7. Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo San Pedro Cholula, negaron la existencia de los actos de ejecución que se les imputan; sin embargo, al haberse establecido la certeza de la orden de aprehensión reclamada, debe tenerse por cierta su ejecución atribuida a dichas autoridades. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos rubro y texto se reproducen a continuación: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." En ese orden, también de autos se advierte que el catorce de marzo pasado, se tuvo por recibido el oficio del 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, por el cual remitió copia certificada de la resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, en donde se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con reserva de ley, a favor del quejoso ********************. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ante ello, la suscrita Jueza Federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de concluir si en la especie se actualiza la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar de la autoridad responsable 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la orden de aprehensión dictada en su contra, el veintidós de febrero de dos mil diez, en los autos de la causa penal ********************, así como su ejecución En el caso, de las constancias que la autoridad responsable remitió aclarando su informe justificado, valoradas anteriormente, en lo que interesa se advierte que mediante resolución de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada en los autos de la causa penal ********************, se resolvió la situación jurídica de ******************** y el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar (foja 46 a 53). De lo relatado, se advierte que se actualiza la referida causal de improcedencia en virtud de que, durante la secuela procesal de esta instancia constitucional cesaron los efectos del acto reclamado, pues se destruyeron sus efectos de modo total e incondicional. En ese sentido, el pronunciamiento del mencionado auto de libertad por falta de elementos para procesar, produce la cesación de efectos de la resolución reclamada, pues se destruyeron en forma total e incondicional todos los efectos y consecuencias causados por la orden de captura emitida contra el quejoso. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el mencionado acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica de la promovente del amparo, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Además, conviene resaltar que, como se dijo, la autoridad responsable 3. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, emitió auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de ********************, al no acreditarse el delito que se le imputaba, sin que el citado juez haya ordenado la devolución de la indagatoria al fiscal investigador para que continuara recabando datos o pruebas, lo que evidencia que quedaron totalmente destruidos los efectos de la orden de aprehensión reclamada. Resulta aplicable, en lo conducente y a contrario sensu, la jurisprudencia 1ª/J. 95/2007 (9ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos."" En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente controvertido constitucional, también respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión decretada en contra de la parte quejosa por el 3. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, dentro de la causa penal ********************de su estadística. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución de la orden de aprehensión reclamada, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con diez minutos del treinta de marzo de dos mil dieciocho; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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