Miguel Angel Colchero Mendez
Expediente 405/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Angel Colchero Mendez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 04 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de mayo de dos mil dieciséis (fojas 100 a 106), se sobreseyó el presente juicio de amparo; por lo que inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión el cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el toca R-206/2016; Tribunal que mediante ejecutoria de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca el fallo recurrido. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el considerando que antecede, la Justicia de la Unión ampara y protege a MIGUEL ÁNGEL COLCHERO MÉNDEZ o MIGUEL ÁNGEL COLCHADO MÉNDEZ, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución." (foja 198 vuelta). Motivo por el cual, en auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional requirió al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son: "Por tanto, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que se restituya al quejoso el goce de los derechos constitucionales que fueron transgredidos en su perjuicio y se dejen las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de la existencia del acto reclamado, es decir, para el efecto de que se deje insubsistente el oficio SSP/01/0760472014 de nueve de junio de dos mil catorce, emitido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado responsable, en el que se autorizó el traslado del quejoso al Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, y continúe con la compurgación de su pena en el lugar en que se encontraba (Centro de Reinserción Social de ¨Puebla), con lo cual quedará cumplida esta sentencia constitucional. Ello con independencia, de que en caso de que las autoridades administrativas consideren que se trata de un interno con características especiales como puede ser su alta peligrosidad, o que su reinserción social deja de evolucionar de manera positiva; dichas circunstancias pueden hacerlas del conocimiento del juez de ejecución quien se encuentra a cargo del cumplimiento de las condenas impuestas, para así lograr su intervención y valorar la situación en concreto respecto a la necesidad de trasladarlo. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla y al Director del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, pues su constitucionalidad se hizo depender del acto ordenador, al no habérseles reclamado por vicios propios. Cabe reiterar que la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, de forma alguna implica que la autoridad no pueda de manera eventual trasladar al quejoso a algún otro Centro de Reinserción Social, distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente (juez de ejecución), en la inteligencia de que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la constitución, vigente a partir del diecinueve de junio de dos mil once, la atribución para resolver sobre la ejecución de las penas, lo que incluye, entre otros aspectos, el traslado de sentenciados, es propia y exclusiva de la autoridad judicial. " (fojas 197 vuelta y 198). Ahora bien, mediante oficio DG/DJ/007180/2016 de trece de septiembre de dos mil dieciséis (foja 213), el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de la misma fecha del Subsecretario de Coordinación y Operación Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (fojas 215 y 216), habilitado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para la intervención en la firma para traslado de internos de los Centros de Reinserción Social, por medio del cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin insubsistente el oficio SSP/01/07604/2014 de nueve de junio de dos mil catorce, emitido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. - Ordenó que el aquí quejoso Miguel Ángel Colchero Méndez o Miguel Ángel Colchado Méndez, fuera trasladado del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, al diverso Centro de Reinserción Social de Puebla. Por otra parte, mediante oficio 001529 de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, el encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, informó a esta autoridad que en dicha fecha el aquí quejoso egresó de dicha institución penitenciaria para ser trasladado el diverso Centro de Reinserción Social de Puebla (foja 222). Igualmente, dicha autoridad remitió copia certificada del acta de recepción y entrega de reo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en la que consta que el aquí quejoso ingresó al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, en dicha data (foja 225 vuelta). Información anterior que fue reiterada mediante oficio SSP/07/012031/2016 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla (fojas 230 a 236), y por el Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, mediante oficio 7204/2016 de catorce de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 237 a 242). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a los autos los oficios signados por el Director General de Centros de Reinserción social del Estado de Puebla, Encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director del Centro de Reinserción Social de Puebla y Consejero Jurídico del Gobernador y anexos, visto su contenido, téngase a las referidas autoridades manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido de los oficios de cuenta y anexos dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo"
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos los oficios signados por el Director General de Centros de Reinserción social del Estado de Puebla, Encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director del Centro de Reinserción Social de Puebla y Consejero Jurídico del Gobernador y anexos, visto su contenido, téngase a las referidas autoridades manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido de los oficios de cuenta y anexos dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-206/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales de dicho juicio; en consecuencia, acúsese recibo, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo y, agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Se revoca el fallo recurrido. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el considerando que antecede, la Justicia de la Unión ampara y protege a MIGUEL ÁNGEL COLCHERO MÉNDEZ o MIGUEL ÁNGEL COLCHADO MÉNDEZ, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución." Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales (y remítasele copia fotostática de la misma, para que se imponga de sus alcances), cuyos efectos son: "Por tanto, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que se restituya al quejoso el goce de los derechos constitucionales que fueron transgredidos en su perjuicio y se dejen las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de la existencia del acto reclamado, es decir, para el efecto de que se deje insubsistente el oficio SSP/01/0760472014 de nueve de junio de dos mil catorce, emitido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado responsable, en el que se autorizó el traslado del quejoso al Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, y continúe con la compurgación de su pena en el lugar en que se encontraba (Centro de Reinserción Social de ¨Puebla), con lo cual quedará cumplida esta sentencia constitucional. Ello con independencia, de que en caso de que las autoridades administrativas consideren que se trata de un interno con características especiales como puede ser su alta peligrosidad, o que su reinserción social deja de evolucionar de manera positiva; dichas circunstancias pueden hacerlas del conocimiento del juez de ejecución quien se encuentra a cargo del cumplimiento de las condenas impuestas, para así lograr su intervención y valorar la situación en concreto respecto a la necesidad de trasladarlo. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla y al Director del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, pues su constitucionalidad se hizo depender del acto ordenador, al no habérseles reclamado por vicios propios. Cabe reiterar que la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, de forma alguna implica que la autoridad no pueda de manera eventual trasladar al quejoso a algún otro Centro de Reinserción Social, distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente (juez de ejecución), en la inteligencia de que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la constitución, vigente a partir del diecinueve de junio de dos mil once, la atribución para resolver sobre la ejecución de las penas, lo que incluye, entre otros aspectos, el traslado de sentenciados, es propia y exclusiva de la autoridad judicial. " Así mismo, con fundamento el artículo 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico Gobernador del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden. Para dar margen a lo anterior, dicho superior jerárquico podrá decretar las medidas necesarias y hacer uso de todos los medios que tenga a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a su subalterno. Se apercibe a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico) que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se les concedió, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las mencionadas autoridades que, en caso de ser omisas al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse las multas con las que se les apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por otro lado, dígase a las autoridades requeridas, que incurren en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y último párrafo y 269 de la Ley de Amparo.
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