Miguel Angel Cruz Garcia

Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
461/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Miguel Angel Cruz Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de catorce de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 461/2021-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Miguel Ángel Cruz García, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y, remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Miguel Ángel Cruz García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida por Miguel Ángel Cruz García, con el número de juicio de amparo indirecto 461/2021; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente: "PRIMERO. Precise la denominación correcta de las siguientes autoridades señaladas como responsables: "4. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL, CON SEDE EN PUEBLA. Abog. Enrique López Criollo." (.) "JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ORAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN LA REGIÓN CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, PUEBLA, Abog. Isai López Rivas." Ya que es un hecho notorio para el suscrito juzgador Federal, que los abogados que refiere (Enrique López Criollo e Isaí López Rivas) no ostentan el cargo señalado por el quejoso en su escrito de demanda; por tanto, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta y el nombre completo del servidor público señalado como responsable [.] SEGUNDO. Esclarezca cuáles son los actos reclamados a la autoridad responsable 16. JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, CON SEDE EN CIUDAD JUDICIAL PUEBLA. [.]". Una vez que el referido quejoso desahogó la vista en cuestión, mediante ocurso recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de mayo del año que transcurre, en auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó la ratificación de dicho escrito, mediante el cual, llevó a cabo tal desahogo y, se desistió del señalamiento inicial realizado respecto de las autoridades: "4. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal, con sede en Puebla. Enrique López Criollo." (.) "8. Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial en la Región Centro con sede en Puebla, Puebla, Isai López Rivas. (.) y, 16. Juez Sexto de lo Familiar de este Distrito Judicial de Puebla, con sede en Ciudad Judicial Puebla.". En razón de lo anterior, en comparecencia del quejoso ante el suscrito juzgador, el tres de junio del presente año, ratificó el contenido y la firma que fue plasmada en el ocurso de desahogo de la prevención, por lo que en proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda de amparo, promovida por el quejoso Miguel Ángel Cruz García, por cuanto hace al acto de autoridad relativo al inicio de alguna carpeta de investigación en su contra, al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que por lo que ve al resto de los actos reclamados consistentes en: la orden de aprehensión, reaprehensión, detención, comparecencia, presentación, así como su ejecución, se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; no se tuvo a las potestades identificadas con los dígitos 4. 8. y 16., señaladas como responsables, debido al desistimiento expreso del peticionario de amparo; en otro aspecto, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintiocho de junio del año en curso, se difirió la audiencia constitucional, para las nueve horas con veintiséis minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado fuera de audiencia constitucional, el seis de julio de dos mil veintiuno, se declararon inexistentes a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda, con la siguiente denominación: "8. Jefe de Causa del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula (Kenia Salgado Covarrubias), 12. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), y 19. Titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas. Lo anterior, en atención a que el quejoso Miguel Ángel Cruz García no desahogó la vista otorgada en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, respecto de las razones de quince y dieciséis de junio del año en curso, asentadas por los actuarios de esta adscripción, en las que hicieron constar la imposibilidad para notificar los oficios P-461-8, y P-461-19, derivados del auto admisorio de catorce de junio de la anualidad que transcurre, dirigidos a las autoridades 8 y 19 señaladas con antelación, al no existir con esa denominación; ni tampoco realizó pronunciamiento alguno, en relación a lo informado por la Juez de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Ana Alicia Ponce Frías), al rendir su respectivo informe justificado, respecto de la diversa autoridad señalada como responsable: 12. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez). En ese tenor, tales autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente" TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Miguel Ángel Cruz García, reclama: 1. Las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, comparecencia, presentación, emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. CUARTO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega. (fojas 75 y 76) 2 Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla (Blanca Laura Ollivier Palacios), por conducto de su homólogo Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla (Mario Cortés Aldama). Niega. (foja 73) 3 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal, con sede en Puebla (Daniel Iván Cruz Luna), por conducto de la Jueza de Control Ana Alicia Ponce Frías. Niega. (foja 67) 4 Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), por conducto de la Jueza de Control Ana Alicia Ponce Frías. Niega. (foja 67) 5 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), por conducto de la Jueza de Control Ana Alicia Ponce Frías. Niega. (foja 67) 6 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Idalia Arciniega Arias), por conducto de la Jueza de Control Ana Alicia Ponce Frías. Niega. (foja 67) 7 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Hernández), por conducto de la Jueza de Control Ana Alicia Ponce Frías. Niega. (foja 67) 9 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), por conducto de la Jueza de Control Ana Alicia Ponce Frías. Niega. (foja 67) 10 Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla (Rosa Gisela Barranco Baños), por conducto de su homólogo Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla (Mario Cortés Aldama). Niega. (foja 73) 11 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), por conducto de la Jueza de Control Ana Alicia Ponce Frías. Niega. (foja 67) 13 Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Rosalba Elena Zárate Herrera), por conducto de la Jueza de Control Ana Alicia Ponce Frías. Niega. (foja 67) 14 Fiscal General del Estado de Puebla, a través de su representante. Niega (foja 91) 15 Fiscal de Investigación Metropolitana, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (foja 78) 16 Director de Atención a mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla -en su denominación correcta. Niega (foja 68) 17 Director General de la Policía Estatal Preventiva de Puebla. Niega (foja 80) 18 Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla. Niega (foja 79) 20 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, Mesa de Trámite Cinco -en su denominación correcta-. Niega (foja 69) 21 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, Mesa Cuatro -en su denominación correcta-. Niega (foja 62) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Miguel Ángel Cruz García, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial que antecede, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído, feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, para que precisara la denominación correcta de las autoridades responsables que señaló como: "8. Jefe de Causa del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula (Kenia Salgado Covarrubias), 12. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez); y, 19. Titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla"; sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en el citado acuerdo y se tienen por inexistentes a dichas autoridades, ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que en proveídos de diecisiete y dieciocho de junio del año en curso, se tuvieron por recibidas las razones levantadas por los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, de quince y dieciséis del mes y año en curso, por medio de las cuales, hicieron constar la imposibilidad que tuvieron para notificar los oficios P-461-8, y P-461-19, derivados del auto admisorio de catorce de junio de la anualidad que transcurre, a las autoridades responsables 8. Jefe de Causa del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula (Kenia Salgado Covarrubias), y 19. Titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, toda vez que les fue informado por el personal que los atendió al constituirse en dichas dependencias, que las denominaciones de dichas autoridades no existen. Así mismo, en el referido auto de dieciocho de los corrientes, se tuvo a la Juez de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Ana Alicia Ponce Frías), rindiendo su respectivo informe justificado, e informando a este órgano jurisdiccional, que la diversa autoridad 12. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), por razones adversas, actualmente ya no labora en la institución de que se trata. En virtud de lo anterior, en autos de diecisiete y dieciocho de junio del año que transcurre, tuvo por inexistentes a las mencionadas autoridades responsables. Ante tales condiciones, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso Miguel Ángel Cruz García, en el presente juicio, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, regularícese el procedimiento y dese vista al referido agraviado directo por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, para que precise la denominación correcta de las autoridades responsables: 8. Jefe de Causa del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula (Kenia Salgado Covarrubias), 12. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), y 19. Titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin que este órgano jurisdiccional este en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda, o bien, manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibido que de no hacerlo, se tendrán por inexistentes dichas potestades; mientras tanto, suspéndase desde este momento toda comunicación oficial con las mismas. En ese orden, como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, se encuentran señaladas las diez horas con cuatro minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional; sin embargo, para dar margen a lo anterior y fin de integrar debidamente el presente sumario constitucional, procede diferir anticipadamente, la audiencia constitucional, señalándose las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese por lista a la parte quejosa -por así solicitarlo en su escrito inicial de demanda-.

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