Miguel Ángel Cruz Alvizo

Expediente 289/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
289/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Cruz Alvizo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expuestos por el peticionario de amparo resultan ineficaces, sin que en el caso se advierta queja deficiente qué suplir. En efecto, el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal 53/2022 por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, en la que confirmó la diversa del Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, pronunciada en el cuadernillo administrativo 120/2020, derivado del proceso penal 576/2016, en la que se calificó de legal el traslado del quejoso ******, del centro de Reinserción Social Zona Sur, "Duport Ostion" de Coatzacoalcos, Veracruz, al Centro de Reinserción de Amatlán, de los Reyes, Veracruz. En los conceptos de violación primero y segundo, el quejoso manifiesta que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, porque calificó de legal el traslado, cuando aun no se había dictado la sentencia en el proceso penal. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, porque el traslado puede decretarse tanto a personas privadas la libertad que se encuentren procesadas, como a sentenciadas, como lo establece el artículo 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que dice. "..." Del precepto anterior se obtiene que tanto las personas sujetas a prisión preventiva como las sentenciadas, pueden ser trasladadas ya sea a un lugar más cercano de donde se está llevando su proceso, o de su domicilio, a excepción de los casos de delincuencia organizada o cuando se requieran medidas especiales de seguridad, pues en este supuesto pueden ser trasladados a centros de reinserción especiales. Así, el traslado puede decretarse en contra de personas privadas de su libertad, que aun se encuentren procesadas o sentenciadas, el cual puede ser emitido por autoridad administrativa o autorizado previamente por juez de control. De ahí que no asista razón al quejoso al manifestar que es ilegal el traslado porque aun no se dicta sentencia definitiva en el proceso penal. Al respecto, se invoca como apoyo la tesis (...) En los conceptos de violación tercero y cuarto, el impetrante manifiesta que la Sala responsable infringe el artículo 52 de la Ley Nación de Ejecución Penal, porque no existe dato de prueba que demuestre que el quejoso pertenezca a una célula de delincuencia organizada, que haya un riesgo objetivo para la integridad y la salud del quejoso, o que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Agrega que la Sala responsable indebidamente confirmó la calificación de legalidad de la orden de traslado, sin tomar en cuenta que el Director General de Prevención y Reinserción Social y la Directora del Centro del Reinserción del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, sólo se basan en la manifestación que hace un custodio penitenciario, Juan Carlos Pérez López, de que el quejoso es una persona de alta peligrosidad institucional; pero que ese custodio no tiene conocimientos psiquiátricos, para determinar una conducta criminal, porque sólo lo hizo para justificar el traslado de manera ilegal. Agrega que no existe dato de prueba, como algún estudio o informe por parte del personal de criminología, psicología o trabajo social, que demuestre que el quejoso sea una persona peligrosa, sino por el contrario, existen pruebas que demuestran que participa en diversos eventos encomendados a su reinserción. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz para conceder el amparo solicitado. Los párrafos octavo y noveno del artículo 18 constitucional; y los preceptos 50 al 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen(...) De los preceptos anteriores se obtiene que existen dos formas legales para que las autoridades competentes decreten el traslado de una persona privada de su libertad que se encuentre procesada o sentenciada. El primero, traslado voluntario, opera por petición de la persona privada de su libertad, pero no procederá cuando la persona se encuentre procesada o sentencia por delito de delincuencia organizada o que requiera de medidas especiales de seguridad. El segundo, traslado involuntario, se decreta a solicitud de la autoridad competente, pero otorgando garantía de audiencia a la persona privada de su libertad, pues debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, y contra dicha resolución procede el recurso de apelación. Finalmente, la última disposición normativa transcrita prevé el supuesto de excepción al traslado voluntario, el cual opera sin la garantía de previa audiencia, esto es, sin autorización previa del juez de control, quien lo hará en un plazo de cuarenta y ocho horas después de notificado el traslado. En este supuesto, la autoridad penitenciara podrá decretar el traslado por resolución administrativa cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad. II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En el asunto que nos ocupa, la Sala responsable confirmó la resolución que calificó de legal el traslado y consideró que el mismo resultaba legal, por tratarse de la excepción al traslado voluntario, al actualizarse los supuestos de las fracciones I y III del citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como se anticipó, resulta parcialmente fundado el concepto de violación en estudio, porque conforme a las constancias que fueron analizadas por la Sala responsable, no se actualiza el supuesto de la fracción I del citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativa a que el traslado sea porque la persona privada de la libertad se encuentre procesada por un hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada y que requiera medidas especiales de seguridad. Ello es así, pues en el oficio terminación 7207/2020 de seis de julio de dos mil veinte, signado por el Director General de Prevención y Reinserción Social de Xalapa, Veracruz, informó sobre el traslado del quejoso, Miguel Ángel Cruz Alvizo, a quien se instruía el proceso penal 576/2016, por el Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, por los delitos de feminicidio, pederastia y violencia familiar en su modalidad física (foja 44 del tomo I de pruebas). Esto es, al impetrante no se le instruye proceso por el delito de delincuencia organizada, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en la fracción I del citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, como se anticipó, ello resulta ineficaz para conceder el amparo solicitado, pues la Sala responsable también señaló que fue legal que se confirmara el traslado, al actualizarse el supuesto previsto en la fracción III del citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativa a que el traslado obedece al caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En efecto, el Tribunal de Alzada estimó actualizado dicho supuesto al analizar el acta del comité técnico de seis de julio de dos mil veinte (foja 38 del tomo I de pruebas), así como el perfil criminológico del procesado, Miguel Ángel Cruz Alviz, signado por Beatriz Almeida Maldonado, encargada del área de criminología del Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos, Veracruz (foja 49 del tomo I de pruebas). De dichos datos de prueba advirtió la importancia de prevenir la estancia del interno, que indicó pretende ejercer actos de control en dicho centro, pues del acta del comité técnico de seis de julio de dos mil veinte, advirtió que la persona privada de su libertad junto con otros internos, han desprendido conductas rebeldes, comportamiento inadecuado, como organizarse a grupos de células delictivas, para realizar actos de violencia en el interior del penal; lo anterior lo corroboró con el estudio clínico criminológico, del cual advirtió que el procesado presenta un alto grado de riesgo social e institucional; concluyó que esos aspectos ponen en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario, y que por tanto debía ser trasladado a otro de mayor seguridad. El quejoso sostiene que la Sala responsable indebidamente confirmó la calificación de legalidad de la orden de traslado, al tomar en cuenta la manifestación que hace un custodio penitenciario, Juan Carlos Pérez López, de que es una persona de alta peligrosidad institucional; sin embargo, ello es infundado, pues como se vio, la Sala lo que analizó fue el acta del comité técnico de seis de julio de dos mil veinte (foja 38 del tomo I de pruebas), así como el perfil criminológico del procesado Miguel Ángel Cruz Alviz, signado por Beatriz Almeida Maldonado, encargada del área de criminología del Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos, Veracruz (foja 49 del tomo I de pruebas); de los cuales advirtió que el procesado presenta un alto grado de riesgo social e institucional. Por otro lado, el peticionario de amparo señala que no existe dato de prueba estudio o informe, por parte del personal de criminología, psicología o trabajo social, que demuestre que sea una persona peligrosa; empero, obran en autos los datos de prueba de los que la Sala derivó que el procesado presenta un alto grado de riesgo social e institucional, como lo fue el acta de comité técnico y el estudio de criminología; de los que advirtió que el quejoso es una persona de alta peligrosidad institucional. Por tanto, al ser jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir, lo que procede es negar el amparo solicitado. Cobra aplicación la jurisprudencia (...) SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de radicación, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve. R E S U E L V E. ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a ***, contra el acto reclamado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada, electrónicamente al agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por oficio a la autoridad responsable

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, con un anexo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 209/2023 (orden 1547/2023), del índice de este juzgado; por tanto, se tiene por emplazada al presente juicio de amparo a la parte tercera interesada, víctima de identidad reservada representada por Elmer López López; dese de baja el referido exhorto, haciendo las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); acúsese recibo de estilo. Por otra parte, en atención a que de la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término concedido a la tercera interesada, para que señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés, por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, practíquensele la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el telegrama remitido por el tercero interesado, Said Milthon Marín Ortega, Fiscal Auxiliar Sexto de la Fiscal General del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 13297/2023 de nueve de junio del presente año, a través del cual se ordenó emplazarlo al presente juicio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene realizando manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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