Miguel Ángel David Hernández Tiburcio

Expediente 926/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
926/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel David Hernández Tiburcio

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con el 356 Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21, de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original exhibido por la parte quejosa en su escrito de demanda, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el referido documento correrá la misma suerte que este expediente. Finalmente, debido a que en la secretaría de este Juzgado se encuentran las copias del escrito de demanda, y con el presente proveído queda firme la resolución que la tuvo por no presentada, en consecuencia, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte promovente +++, el proveído de doce de noviembre del año en curso, toda vez que en el domicilio que señaló, esto es, Centro de Reinserción Social, Congregación La Toma, municipio de Amatlán, Veracruz, no la conocen ni aparece como persona privada de su libertad. En tales condiciones, ante la manifiesta imposibilidad del actuario de poder llevar a cabo la notificación encomendada, hágase por lista la notificación de dicho auto, del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, hasta en tanto la parte promovente señale nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Córdoba, Veracruz, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, y anexo que acompaña, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 337/2021 (orden 1462/2021), derivado del presente juicio de amparo; en consecuencia se tiene por notificada la promovente Ignacia Tiburcio Cruz del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; dese de baja la comunicación oficial en cita haciendo las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE 2.0), sin que haya necesidad de ordenar el acuse de recibo, en razón de que el referido sistema expide dicha constancia al momento del envío. Por otra parte, agréguese el escrito signado por la promovente Ignacia Tiburcio Cruz, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de veinticinco de octubre del año en curso, en el cual se le requirió para el efecto de que en el término de cinco días cumpliera con lo siguiente: (.) ÚNICO. De la lectura integral de la demanda se advierte que Ignacia Tiburcio Cruz señala que promueve amparo en representación de su hijo mayor de edad, Miguel Ángel David Hernández Tiburcio, y para tal efecto anexó copia certificada del acta de nacimiento expedida a su nombre, sin embargo, con dicha documental únicamente acredita la fecha de registro de su nacimiento, más no así la representación que ostenta. Por tanto, dentro del plazo que se otorga, deberá exhibir las constancias con las que acredite su personalidad, esto es, la calidad de representante del directo quejoso, ya que reclama diversas órdenes, atribuidas a diversos jueces y fiscales, y su ejecución, y se estima que tales actos no se ubican en los supuestos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, en los cuales cualquier persona puede promover en representación del quejoso. (.) Ahora, del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibe el acta de nacimiento a nombre de Miguel Ángel David Hernández Tiburcio, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social, Congregación La Toma, municipio de Amatlán, Veracruz, sin embargo, con dicha documental únicamente acredita que es la progenitora de Miguel Ángel David Hernández Tiburcio, no así la calidad de representante del directo quejoso, ya que el acto que reclama de los jueces y fiscales que señala como responsables,es la emisión de cita, orden de comparecencia, orden de aprehensión y emisión de orden de cateo, atribuidos y su ejecución, las cuales no se ubican en los supuestos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, que permiten a cualquier persona promover en representación del quejoso; por tanto, no se tiene por cumplida la prevención realizada en el indicado proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. En el entendido de que el plazo de cinco días concedido a la promovente, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio que se provee, y se reanuda el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo.

  3. Principal

    ...Por tanto, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues han restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. En atención a la certificación de cuenta, en el sentido de que existen documentos originales exhibidos por la quejosa al presentar su demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere para que comparezca ante este juzgado a recibirlo en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído; apercibido que de no comparecer en el término concedido, dicha constancia será destruida. Por otro lado, por cuanto hace al billete de depósito número N872865, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., por la cantidad de $812.31 (ochocientos doce pesos, treinta y un centavos, moneda nacional), a favor de la quejosa, Flor Cadena Rosas, dígase que una vez que transcurra el término de los seis meses a que hace alusión el numeral 156 de la Ley de Amparo, la referida parte quejosa tendrá el término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, para solicitar la devolución de la garantía; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el segundo de los artículos citados. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas relativas al expediente 956/2016-VII, que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    Notifíquese a la parte promovente en los términos indicados

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