Miguel Ángel Arrieta Rivera
Expediente 173/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Ángel Arrieta Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución mediante el cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el tres de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívese este asunto como concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución mediante el cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el tres de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívese este asunto como concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 173/2023 promovido por*** contra actos de la 1. Fiscal Primera Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz, y otras autoridades; que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables en su denominación correcta Fiscales 1. Primera, 2. Segunda, 3. Tercera por sí y en representación de la Fiscalía 5. Quinta, 4. Cuarta por sí y en representación de la Fiscalía 6. Sexta, todas Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia; 7. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, y 9. Fiscal Segunda Orientadora de la Unidad de Atención Temprana, todos con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o reaprehensión y/o arresto y su ejecución. Por su parte, la Fiscal Tercera, en representación de la Fiscalía 5. Quinta, ambas Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto consistente en el oficio de investigación y/o inicio de carpeta de investigación. El quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En tales condiciones, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la 1. Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe de ley aceptó la existencia de la carpeta de investigación*** por el delito de violencia familiar, donde giró oficios para actos de investigación. Las autoridades responsables, Fiscales 2. Segunda, 3. Tercera, 4. Cuarta por sí y en representación de la Fiscalía 6. Sexta, todas Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia; y 9. Fiscal Segunda Orientadora de la Unidad de Atención Temprana, todos con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir sus informes justificados, omitieron pronunciarse en cuanto a los actos consistentes en el oficio de investigación y/o inicio de carpeta de investigación; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos. Por su parte, el 7. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, con residencia en Córdoba, Veracruz, negó la existencia del acto consistente en el oficio de investigación y/o inicio de carpeta de investigación; sin embargo, dado que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Policía actúa bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de su función investigadora, y debido a que en los párrafos que anteceden se tuvo como ciertos los actos reclamados atribuidos a dichos fiscales relativos al inicio de la indagatoria; por tanto, se tienen por ciertos dichos actos reclamados a aquella autoridad policial. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, este órgano de control constitucional estima que respecto de los actos consistentes en el oficio de investigación y/o inicio de carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción I, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen*** De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que reclama el peticionario de amparo es el oficio de investigación y/o inicio de carpeta de investigación. Ahora, es menester precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la participación del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo que se promueve en contra del oficio de investigación y/o inicio de carpeta de investigación, dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, no se advierte algún acto de molestia concreto que lo legitime a instar este juicio constitucional, pues incluso en el considerando tercero de este fallo se declaró la inexistencia de los actos reclamados tendentes a privar de la libertad al quejoso*** En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de radicación se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se*** ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por*** contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo y por los motivos expuestos en el tercero y quinto. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito firmado por el quejoso*** mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo respecto del acto reclamado de la Fiscal Primera Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral y Procuración de Justicia, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistente en la medida de protección relativa a la restricción de acercarse a la denunciada y al domicilio en donde habita con sus menores hijos, decretada en la carpeta de investigación*** sus consecuencias; al respecto se provee*** Disposición normativa de la que deriva que la ampliación de la demanda de amparo procede cuando concurran las siguientes condiciones*** Que el quejoso conozca de la existencia de nuevos actos, los que deben guardar estrecha relación con los reclamados inicialmente*** Que tal ampliación se haga dentro del término legal para ejercer la acción constitucional, el cual, de acuerdo al artículo 117 de la Ley de Amparo, es de quince días. En ese entendido, cabe señalar que un acto tiene "estrecha relación" con otro, para los efectos del artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando el segundo en el tiempo es consecuencia, en todo o en parte, del primero, es decir, que el señalado en la ampliación derive o se haya emitido en su totalidad o en parte, como consecuencia del reclamado en la demanda de amparo, modificando, ampliando o restringiendo total o parcialmente; cuando explica sus alcances o términos el primigeniamente reclamado; cuando permita su subsistencia, aunque fuere en un solo aspecto; o cuando la destrucción de uno suponga la destrucción del otro, en el todo o en cualquiera de sus partes. En todas estas hipótesis, la suerte del acto reclamado en la demanda original está en extremo unida a la del acto que se pretende ampliar. En el caso, el acto por el que se pretende ampliar no tiene estrecha vinculación con los reclamados en la demanda origen de este asunto, pues si bien se emitió dentro de la carpeta de investigación*** del índice de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral y Procuración de Justicia, con residencia en Córdoba, Veracruz, lo cierto es que guarda autonomía con los actos inicialmente reclamados, consistentes en*** En consecuencia, no se admite la ampliación de demanda, por no ser un acto que guarde estrecha relación con los reclamados en el presente asunto. En aras de garantizar el acceso a la justicia, se ordena solicitar a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que turne el escrito de cuenta como una demanda independiente, dejando en su lugar copia certificada del mismo, a efecto de que el Juez de Distrito en turno provea lo conducente respecto de su procedencia.
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