Miguel Ángel Contreras Rodríguez

Expediente 1180/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1180/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Contreras Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con la primera parte del referido artículo 20, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, 1 "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .IV Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;..." 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b6 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días siguientes. 3. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 4. Documentos originales. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Miguel Ángel Contreras Rodríguez, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial, atento a su contenido con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y toda vez que el proveído por el que se desechó la demanda de amparo causa ejecutoria en esta misma data, devuélvase a la parte quejosa los documentos que anexó a su escrito de demanda; previa copia certificada de los mismos y recibo que se deje en autos, autorizando para tal efecto a la persona que nombra. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE AL JUZGADO, NO OBSTANTE EL AVISO FIJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TALES EFECTOS, EL CONTENIDO DE DICHO AUTO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Contreras Rodríguez, por su propio derecho, contra actos de María Deyanira Hurtado Escamilla, Notaria Publica número 34, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1180/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que el quejoso reclama de María Deyanira Hurtado Escamilla, Notaria Publica número 34, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán, en cuanto autoridad responsable ordenadora, lo siguiente:  La nulidad de todo lo actuado dentro de la prosecución de la tramitación extrajudicial del juicio sucesorio intestamentario a bienes de su finado padre Rogelio Contreras Cano, tramitado por Ma. Hermelinda Cano Cardona y/o María Cano Cardona;  La nulidad de la tramitación extrajudicial que se hizo mediante escritura pública número 24074, volumen 120, de ocho de marzo de dos mil veintiuno; y,  La nulidad de la cesión de derechos que se hizo mediante acta destacada fuera de protocolo número 2018, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que realizó Ma. Hermelinda Cano Cardona y/o María Cano Cardona, en favor de Joel Oropeza Miranda. En tanto, al Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado y Administrador de Rentas del municipio de Ario de Rosales, Michoacán, en cuanto autoridades ejecutoras, les reclama, al primero, la inscripción de la escritura pública 24272, volumen 1125, que elaboró la Notaria Pública número 34; y al segundo, la inscripción del traslado de dominio a favor de Joel Oropeza Miranda, respecto del predio que se encontraba inscrito a bienes de su progenitor Rogelio Contreras Cano; ambos actos derivados de la prosecución del trámite extrajudicial del juicio sucesorio que se tramitó ante aquélla fedataria pública. 3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo . De dichos artículos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes : "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado ". Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio Por lo cual, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Recordemos que los actos reclamados en la demanda de amparo devienen de un procedimiento extrajudicial, tramitado ante la Notaria Pública número 34, con ejercicio y residencia en esta ciudad, respecto de la sucesión intestamentaria a bienes de Rogelio Contreras Cano, de quien el quejoso refiere ser hijo. Ahora bien, el procedimiento sucesorio extrajudicial se contempla en la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, que en su artículo 152 establece la facultad de los notarios para tramitar sucesiones en las que no haya controversia, cuyos herederos sean mayores de edad, menores emancipados o personas jurídicas; asimismo, dicho numeral dispones que en caso de oposición, por quien crea tener derecho, de hacerlo valer en los términos que previene el Código de Procedimientos Civiles . En cuanto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis número 364/2016, determinó que el Notario Público es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley a fin de darles autenticidad; se trata de un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. Sostuvo que la función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Por lo que, que generalmente las actuaciones dentro de los procedimientos sucesorios no son constitutivos de derechos y obligaciones, sino que son meramente declarativos, ya que se limitan a esclarecer una situación preexistente. En cuanto a dichos procedimientos sucesorios tramitados ante los Notarios Públicos, bien sea testamentario o intestamentario, la Sala determinó que dicho fedatario: a) No establece una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente da fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cuius y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y el albacea, ya sea entre ellos o con terceras personas. b) No emite unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones. c) No establece nuevas situaciones jurídicas. Por lo anterior concluyó, que los notarios públicos no pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando lleven a cabo trámites sucesorios extrajudiciales, puesto que en dichos procesos no se afecta ningún derecho, sino que únicamente se da fe de ciertas situaciones jurídicas; y que si alguno de los intervinientes o un tercero siente que hay una vulneración a su esfera jurídica, deberá promover el procedimiento ante la autoridad judicial competente. En esa línea, se tiene que el acto que se reclama de la Notaria Publica número 34, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán, no puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que no establece una relación de supra subordinación respecto de los particulares, ni emite unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones; tampoco establece nuevas situaciones jurídicas, sino que su intervención únicamente es dar fe del planteamiento que formuló la promovente del procedimiento. Virtud a lo anterior, en el caso no estamos en presencia de un acto que implique una relación en la que la fedataria pública de forma unilateral y con imperio afecte la esfera jurídica del quejoso, y que por ello sus actuaciones puedan ser combatibles a través del amparo. Se aplica a lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se acuerda. Misma suerte corren los actos que reclama del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado y Administrador de Rentas del municipio de Ario de Rosales, Michoacán, ya que a estas les atribuye actos ejecutivos derivados de la prosecución del trámite extrajudicial del juicio sucesorio tramitado por la Notaria Pública a que se ha hecho mención. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que Federico Bustos España, gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a Sofía Vázquez Gerardo, por no acreditar estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria que da fe, Maira Flor López Valencia.

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