Miguel Ángel Carpio Alarcón

Expediente 349/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
349/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Carpio Alarcón
  • Magistrado de la PRIMERA Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que remitió el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; así como los tres discos ópticos que remitió el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Unidad de la Piedad, Michoacán, como complemento de sus informes, se ordena su devolución. Respecto de los discos ópticos se ordena su desglose de los autos, y en su lugar se deje la certificación correspondiente. Sin que sea necesario que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, acuse recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Circunstancia que no sucede con el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Unidad de la Piedad, Michoacán, pues reside fuera de esta ciudad, por lo que se le solicita el acuse de recibo respectivo. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, turnado a este órgano jurisdiccional el treinta del mismo mes y año, Miguel Ángel Carpio Alarcón solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma demanda narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos; 66.1, 66.2, 66.3 y 67.1, inciso i), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por razón de turno correspondió a este juzgado el conocimiento del asunto, por lo que, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, registrándose con el número 349/2022. Previos los trámites de ley, el trece de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridad, cuya ejecución tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: ( La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del toca XI-20/2022 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 4/2022, número único de caso 1007-2021-35307 que se instruye al quejoso Miguel Ángel Carpio Alarcón. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán: ( La ejecución material del auto de vinculación a proceso. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, toda vez que así lo reconocieron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias del toca penal XI-20/2022 con las cuales se formó un tomo de pruebas por separado, y discos compactos que las responsables acompañaron a sus informes, respectivamente; medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Robustece lo anterior, la tesis jurisprudencial, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, hizo valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez que refiere que los actos reclamados a las autoridades responsables son inexistentes. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en el considerando anterior, se tuvo como cierto el acto reclamado. Sentado lo anterior, al no advertirse que las partes hayan hecho valer diversa causa de improcedencia del juicio de amparo, ni esta juzgadora advierte de oficio su configuración, en consecuencia, procede el estudio de legalidad y constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el procedimiento de origen, para mejor comprensión del asunto. 1.- Dentro de la causa penal 4/2022, el diez de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, fue diferida señalándose para su reanudación las nueve horas del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la sala de oralidad número dos, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en La Piedad, Michoacán. 2. El veinticuatro de enero de la presente anualidad, la Fiscalía formuló imputación en contra de Miguel Ángel Carpio Alarcón -aquí quejoso- por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado en agravio de M.S.G.J. 3.- En la misma fecha, el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica, por lo que siendo las doce horas con dieciséis minutos de ese día, se dictó auto de vinculación a proceso a Miguel Ángel Carpio Alarcón, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, ilícito previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, inciso b), c) y d), fracción II, inciso a), todos de la Ley General para Prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro, en agravio de M.S.G.J., imponiéndosele como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que dure el proceso. Asimismo, se le concedió el plazo de tres días a partir de esa fecha, para que el imputado fuera recluido de manera voluntaria en el centro penitenciario de La Piedad, Michoacán. 4. La defensa del imputado interpuso recurso de apelación en contra del referido auto de vinculación; medio de impugnación en el que expusieron los agravios que estimaron pertinentes. 5. Sin embargo, con fecha dos de febrero de dos mil veintidós, a petición del Agente del Ministerio Público Investigador, se llevó a cabo la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión. En ella, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, señaló que el imputado incumplió con la medida cautelar impuesta y por ende, decretó la sustracción de la acción de la justicia. Como consecuencia, ante el incumplimiento de la medida cautelar impuesta al imputado, a las nueve horas con quince minutos de ese día, se dictó orden de aprehensión a Miguel Ángel Carpio Alarcón; y por consiguiente se decretó la suspensión del proceso; en el entendido de que una vez cumplimentada la orden de aprehensión, se levantaría la suspensión decretada y se continuaría con el proceso. 7. En seguimiento al recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, con fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo admitió a trámite, y ordenó registrarlo bajo el número XI-20/2022, ordenando el dictado de la resolución correspondiente. 8. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado responsable emitió un acuerdo que literalmente dice: "INTERRUPCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2022. Dada cuanta con el recurso de apelación XI-20/2022, interpuesto por los defensores privados del imputado Miguel Ángel Carpio Alarcón, contra la resolución que decretó auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de 24 de enero de 2022; emitidos en la causa penal 4/2022, por el juez de control región La Piedad; y, conforme a los registros enviados a esta alzada, consta que: El 24 de enero de 2022, el juez de control región La Piedad emitió auto de vinculación a proceso a Miguel Ángel Carpio Alarcón por el delito de secuestro, en agravio de MSGJ. Esa misma fecha impuso al imputado medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió al imputado el término de 3 tres días contados a partir de ese mismo día, para que el imputado sea recluido de manera voluntaria en el centro penitenciario de La Piedad; en el entendido que de no hacerlo, la fiscalía pueda solicitar diverso medio para ello. Mediante escrito de 27 de enero de 2022, la defensa interpuso recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar. En audiencia de 2 de febrero de 2022, el juez de control región La Piedad, declaró sustraído de la acción de la justicia al imputado Miguel Ángel Carpio Alarcón; y por consiguiente, decretó la suspensión del proceso. El 9 de febrero de 2022, la fiscalía dio contestación a los agravios expresados por la defensa. El 25 de febrero de 2022, se ordenó remitir los registros correspondientes para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto. La suspensión decretada por el juez natural, en términos del artículo 331-I cnpp, conlleva -por la unidad del proceso- la interrupción del procedimiento de apelación (sustanciación y resolución) en curso en esta sala y hasta en tanto subsista la causa que la motivó, como estatuye el número 332 y 333 cnpp. Infórmese el contenido de este proveído al departamento de gestión del nuevo sistema de justicia penal para que con fundamento en el artículo 82, 85 y 86 cnpp, notifique a las partes; y al juez de control región La Piedad para su conocimiento. Por lo expuesto y fundado lo acordó y firma Alejandro González Gómez, magistrado de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado". Determinación que constituye el acto reclamado dentro del presente juicio de amparo. SEXTO. Síntesis y análisis de los conceptos de violación. Para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que debe imperar en toda sentencia de amparo, no es necesario transcribir los conceptos de violación, pues tales principios únicamente vinculan a este órgano de control constitucional a dar respuesta a todos los planteamientos de legalidad o constitucionalidad hechos en la demanda de amparo. Sin embargo, tampoco existe impedimento para sintetizarlos de la siguiente manera. a. El auto de vinculación a proceso carece de los lineamientos constitucionales que norman el proceder de la autoridad responsable, al realizar una valoración incorrecta del material probatorio que obra en el sumario. b. De conformidad con los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para emitir un auto de vinculación a proceso, es necesario que se especifiquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito, especificando con ello las condiciones en que se despliega la conducta delictiva atribuida en contra del quejoso. c. De conformidad con las disposiciones legales antes referidas, todo auto de vinculación a proceso debe contener los elementos que conforman el cuerpo del delito que se imputa y en consecuencia proceder a su análisis; esto es, si de acuerdo con el material probatorio que existe en autos a consideración del órgano jurisdiccional es suficiente y apto para colmar los elementos de delito, así como la probable responsabilidad del imputado aquí quejoso en su comisión; situaciones las anteriores que la autoridad responsable omitió realizar al dictar el auto de vinculación que se reclama, aunado a que dictó una resolución carente de fundamentación y motivación trasgrediendo en su perjuicio sus derechos fundamentales previstos en el citado artículo 19 Constitucional. c. La fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obliga al Juez de Control a realizar un razonamiento lógico jurídico de la situación que guardan los imputados con respecto a su posible participación en un hecho delictuoso y relacionarlos con los datos de prueba aportados por la Fiscalía, a fin de establecer si existen o no, elementos suficientes para vincular a proceso al imputado, lo que fue inobservado por el Juez de control al emitir el auto de vinculación que se reclama, por las razones siguientes. -Los datos probatorios consistentes en las llamadas realizadas de forma esporádica, sin reconocer quienes o que decían del activo, y sobre todo, llamadas que se cruzaron con el imputado, fueron valoradas de manera desproporcionada en favor de la Fiscalía sin razón y sobre todo por un hecho de total confusión en la autoridad apelada. - El juzgador de origen refiere que causa convicción presuncional para acreditar la participación del imputado en la comisión del hecho ilícito, las llamadas realizadas por el citado imputado y el número a donde se exigió el rescate, situación que fue alimentada por la Fiscalía de manera confusa y errónea, sin tomar en cuenta que el número del sujeto activo nunca tuvo comunicación directa con el aquí quejoso. d. Si bien es cierto que en esa etapa probatoria no se requiere la comprobación plena del material probatorio, lo cierto es, que por lo menos el Juez responsable debió valorar un cierto grado de participación del quejoso, lo cual no aconteció, pues del material indiciario no se cuenta con un mínimo grado de sospecha acerca de la participación del imputado aquí quejoso, como lo refiere el juzgador; pues por lo menos dicho resolutor debió explicar en el auto de vinculación a proceso, de qué manera el imputado tuvo participación en el delito que se le atribuye. e. Del estudio efectuado al auto de vinculación a proceso, se aprecia que no se llenan los extremos de la sana crítica atinente a un correcto estudio lógico del material probatorio que obra en la causa penal de origen, pues se está en presencia de un falso razonamiento que el a quo pretende justificar bajo la potestad otorgada. Los conceptos de violación sintetizados devienen inoperantes, toda vez que ninguno de ellos se encuentra dirigido a combatir el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán -acto reclamado en el presente sumario constitucional-, a través del cual interrumpió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del aquí quejoso en contra del auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, pues como quedó de manifiesto únicamente vierte argumentos tendentes a combatir el citado auto de vinculación a proceso. Es decir, de la lectura de los anteriores conceptos de violación en contraste con los agravios expuestos por el quejoso en el recurso de apelación que hizo valer ante la Sala responsable, se aprecia que se limitó a transcribir en la presente demanda de amparo, las mismas desavenencias que planteó ante la autoridad responsable. Agravios que tal y como se advierte de autos no han sido analizados por el Magistrado responsable atento al auto de interrupción del recurso de apelación que aquí se combate. Sin embargo, aún y cuando el quejoso no controvierte en forma directa los motivos y fundamentos en que se sustenta el acto reclamado (auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós) , en suplencia de la queja deficiente en beneficio del procesado, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las razones que motivaron a la sala responsable a interrumpir el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de vinculación a proceso, aún ante una suplencia total en ese aspecto, sin que ello implique subrogarse en el papel de defensor. Lo anterior, de conformidad con las razones que informa la tesis de jurisprudencia 1a. CCI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. PERMITE A LAS PARTES ENCONTRARSE EN UN PLANO DE IGUALDAD Y HACER EFECTIVO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el artículo 79 de la Ley de Amparo se acogen distintos supuestos que el legislador, en ejercicio de su libertad configurativa, consideró que requerían especial protección, ya sea por la calidad de la persona o por el grupo al que pertenecen (menores de edad), la materia de que se trata (penal, agraria, laboral), porque su posición en el proceso involucra una concreta debilidad o vulnerabilidad (una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa), o bien se afecten ciertas instituciones (el orden y desarrollo de la familia). Así, con la suplencia de la queja se pretende que, a causa de una deficiente argumentación jurídica, no se produzca una violación mayor dejándose a la persona en estado de indefensión, dadas las particulares condiciones en las que se encuentra. Asimismo, la lógica de la suplencia de la queja deficiente implica la protección a ciertos supuestos concretos y específicos: el legislador ha estimado adecuado atemperar los tecnicismos del juicio de amparo para lograr una eficaz protección de los derechos humanos violados y sus garantías, al considerar que, por una serie de circunstancias de carácter histórico, social y/o jurídico, en esos supuestos se requiere especial protección. En definitiva, los supuestos de suplencia de la queja que prevé el artículo 79 aludido se caracterizan por presentar posiciones asimétricas entre las partes, y, en consecuencia, se asume que una de ellas cuenta con menores recursos (ya sea educativos, sociales, económicos o de cualquiera otra índole) ocasionándose una disparidad que repercute en su derecho de acceso a la justicia. Ante tal disparidad, la suplencia de la queja funciona como un mecanismo que permite a las partes encontrarse en un plano de igualdad y hacer efectivo lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional. Bajo el anterior panorama, se estima ajustada a derecho la determinación que tomó el Magistrado responsable en el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós -materia de reclamo en la presente instancia constitucional-, en el sentido de interrumpir el recurso de apelación interpuesto por el imputado -aquí quejoso- en contra del auto de vinculación a proceso de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por las razones que enseguida se explican. Los artículos 331 y 332 del Código Nacional de Procedimientos Penales, textualmente disponen: "Artículo 331. Suspensión del proceso El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando: I. Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; III. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o IV. En los demás casos que la ley señale". "Artículo 332. Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión A solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el Juez de control podrá decretar la reapertura del mismo cuando cese la causa que haya motivado la suspensión". De los anteriores numerales transcritos se desprende que uno de los supuestos en los que procede la suspensión del proceso penal, es cuando se decrete la sustracción del imputado a la acción de la Justicia. Que el Juez de Control puede decretar la reapertura de dicho procedimiento cuando cese la causa que lo motivó; esto, a solicitud del Agente del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso penal. Así, la suspensión del proceso evita que cualquier gobernado sujeto a un proceso penal, sea juzgado en su ausencia, es decir, que se siga el proceso que se le instruye sin que éste se encuentre presente y se le prive de la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Lo anterior, tomando en consideración que por la naturaleza de los procesos penales no es posible la sustitución o representación del acusado, lo que implica la obligación de comparecer personalmente en el proceso, de ahí que no se puede desconocer la necesidad de la existencia de una figura como la suspensión del procedimiento, que constituye un caso de excepción al principio asegurador de la continuidad del procedimiento penal, suficiente y jurídicamente justificado, toda vez que salvaguarda el derecho constitucional que le asiste a todo acusado para poder aportar pruebas, a que se desahoguen y valoren conforme a derecho y a que se le dé la oportunidad de formular alegatos. Dichas consideraciones encuentran sustento en la tesis jurisprudencial P. XXV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. EL ARTÍCULO 477, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LA PREVÉ CUANDO EL ACUSADO SE SUSTRAE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, NO CONCULCA LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO LEGAL TUTELADA POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. La suspensión del procedimiento penal con motivo de la sustracción del acusado de la acción de la justicia, prevista en el artículo 477, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no viola la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, relativa a las formalidades esenciales del procedimiento o debido proceso legal. Ello es así, porque la suspensión evita que cualquier gobernado, sujeto a un proceso penal, sea juzgado en ausencia, es decir, que se siga el proceso que se le instruye sin estar presente y se le prive de la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Ahora bien, teniendo en cuenta que por la naturaleza de los procesos penales no es posible la sustitución o representación del acusado, lo que implica la obligación de comparecer personalmente en el proceso, no puede desconocerse la necesidad de la existencia de una figura como la suspensión del procedimiento, que constituye un caso de excepción al principio asegurador de la continuidad del procedimiento penal, suficiente y jurídicamente justificado, toda vez que salvaguarda el derecho constitucional que le asiste a todo acusado para poder aportar pruebas, a que se desahoguen y valoren conforme a derecho y a que se le dé la oportunidad de formular alegatos. Bajo ese mismo panorama el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, resolvió el incidente de suspensión en revisión 625/2004, en el que explicó que no se debe pasar por alto que el procedimiento penal está conformado por un conjunto de actos y fases que deben observar todos los sujetos de la relación jurídico-procesal que intervienen en él; por consiguiente, es evidente que la sustracción del justiciable impide su continuación, al existir imposibilidad jurídica para concretar los actos de defensa previstos en la ley. Considerar lo contrario implicaría desde luego, la reanudación del proceso por todas sus fases, lo cual no es jurídicamente posible, pues la relación jurídico-procesal no estaría integrada, precisamente por la ausencia del indiciado. En el caso particular, el quejoso Miguel Ángel Carpio Alarcón compareció a solicitar la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consiste en el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó interrumpir el recurso de apelación interpuesto por citado impetrante de amparo, en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós dentro de la causa penal 4/2022 instruida en su contra por el delito de secuestro en agravio de M.S.G.J. Interrupción que sustentó en la suspensión del proceso penal decretada por el Juez natural en términos del artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, el Magistrado responsable, consideró que la suspensión (por unidad del proceso), conlleva a la interrupción del recurso de apelación en cuanto a su substanciación y resolución, la cual permanecería de esa manera hasta en tanto subsista la causa que lo motivó, en términos de los diversos numerales 332 y 333 del citado cuerpo normativo. Determinación que como ya se adelantó se encuentra ajustada a derecho, en tanto que, de las constancias que obran en autos, se evidencia que desde el dos de febrero de dos mil veintidós, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, declaró sustraído de la acción de la justicia a Miguel Ángel Carpio Alarcón, al haber incumplido con la medida cautelar impuesta; y como consecuencia, dictó orden de aprehensión en su contra y decretó la suspensión del proceso, en el entendido de que, una vez cumplimentado dicho mandato, se levantaría la suspensión del proceso y se continuaría con el mismo. Bajo ese contexto, y de acuerdo con las consideraciones legales antes expuestas, la suspensión del proceso penal tiene como finalidad salvaguardar el derecho constitucional que le asiste al quejoso para poder aportar pruebas, a que se desahoguen y valoren conforme a derecho y a que se le dé la oportunidad de formular alegatos, en tanto que el procedimiento penal está conformado por un conjunto de actos y fases que deben observar todos los sujetos de la relación jurídico-procesal que intervienen en él. Por tanto, es evidente que la sustracción de Miguel Ángel Carpio Alarcón de la acción de la justica impide que el proceso penal instruido en su contra continúe en todas sus etapas, incluidos desde luego los medios de defensa que la ley prevé, como el recurso de apelación que hizo valer en contra del auto de vinculación a proceso; pues considerar que el Magistrado responsable debe continuar con la substanciación y resolución del citado medio de defensa ordinario, sería tanto, como ordenar la reanudación del procedimiento por todas sus fases, lo cual como ya lo sostuvo el tribunal pleno, no es jurídicamente posible, en tanto que la relación jurídico-procesal no estaría integrada, precisamente por la ausencia del quejoso. Sin que ello implique una violación a los derechos fundamentales del quejoso como el de garantía de audiencia, pues precisamente es lo que se protege con la suspensión del procedimiento. En tales condiciones, al no prosperar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, ni aún suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región La Piedad, Michoacán, dado que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia directa de lo resuelto en la determinación impugnada. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Carpio Alarcón, contra los actos reclamados que quedaron precisados en el considerando segundo de la presente sentencia; y, por las razones expresadas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables.Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy veintiuno de julio de dos mil veintidós, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ENGROSE VEINTIUNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, turnado a este órgano jurisdiccional el treinta del mismo mes y año, Miguel Ángel Carpio Alarcón solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma demanda narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos; 66.1, 66.2, 66.3 y 67.1, inciso i), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por razón de turno correspondió a este juzgado el conocimiento del asunto, por lo que, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, registrándose con el número 349/2022. Previos los trámites de ley, el trece de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridad, cuya ejecución tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: ( La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del toca XI-20/2022 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 4/2022, número único de caso 1007-2021-35307 que se instruye al quejoso Miguel Ángel Carpio Alarcón. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán: ( La ejecución material del auto de vinculación a proceso. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, toda vez que así lo reconocieron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias del toca penal XI-20/2022 con las cuales se formó un tomo de pruebas por separado, y discos compactos que las responsables acompañaron a sus informes, respectivamente; medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Robustece lo anterior, la tesis jurisprudencial, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, hizo valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez que refiere que los actos reclamados a las autoridades responsables son inexistentes. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en el considerando anterior, se tuvo como cierto el acto reclamado. Sentado lo anterior, al no advertirse que las partes hayan hecho valer diversa causa de improcedencia del juicio de amparo, ni esta juzgadora advierte de oficio su configuración, en consecuencia, procede el estudio de legalidad y constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el procedimiento de origen, para mejor comprensión del asunto. 1.- Dentro de la causa penal 4/2022, el diez de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, fue diferida señalándose para su reanudación las nueve horas del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la sala de oralidad número dos, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en La Piedad, Michoacán. 2. El veinticuatro de enero de la presente anualidad, la Fiscalía formuló imputación en contra de Miguel Ángel Carpio Alarcón -aquí quejoso- por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado en agravio de M.S.G.J. 3.- En la misma fecha, el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica, por lo que siendo las doce horas con dieciséis minutos de ese día, se dictó auto de vinculación a proceso a Miguel Ángel Carpio Alarcón, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, ilícito previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, inciso b), c) y d), fracción II, inciso a), todos de la Ley General para Prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro, en agravio de M.S.G.J., imponiéndosele como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que dure el proceso. Asimismo, se le concedió el plazo de tres días a partir de esa fecha, para que el imputado fuera recluido de manera voluntaria en el centro penitenciario de La Piedad, Michoacán. 4. La defensa del imputado interpuso recurso de apelación en contra del referido auto de vinculación; medio de impugnación en el que expusieron los agravios que estimaron pertinentes. 5. Sin embargo, con fecha dos de febrero de dos mil veintidós, a petición del Agente del Ministerio Público Investigador, se llevó a cabo la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión. En ella, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, señaló que el imputado incumplió con la medida cautelar impuesta y por ende, decretó la sustracción de la acción de la justicia. Como consecuencia, ante el incumplimiento de la medida cautelar impuesta al imputado, a las nueve horas con quince minutos de ese día, se dictó orden de aprehensión a Miguel Ángel Carpio Alarcón; y por consiguiente se decretó la suspensión del proceso; en el entendido de que una vez cumplimentada la orden de aprehensión, se levantaría la suspensión decretada y se continuaría con el proceso. 7. En seguimiento al recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, con fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo admitió a trámite, y ordenó registrarlo bajo el número XI-20/2022, ordenando el dictado de la resolución correspondiente. 8. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado responsable emitió un acuerdo que literalmente dice: "INTERRUPCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2022. Dada cuanta con el recurso de apelación XI-20/2022, interpuesto por los defensores privados del imputado Miguel Ángel Carpio Alarcón, contra la resolución que decretó auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de 24 de enero de 2022; emitidos en la causa penal 4/2022, por el juez de control región La Piedad; y, conforme a los registros enviados a esta alzada, consta que: El 24 de enero de 2022, el juez de control región La Piedad emitió auto de vinculación a proceso a Miguel Ángel Carpio Alarcón por el delito de secuestro, en agravio de MSGJ. Esa misma fecha impuso al imputado medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió al imputado el término de 3 tres días contados a partir de ese mismo día, para que el imputado sea recluido de manera voluntaria en el centro penitenciario de La Piedad; en el entendido que de no hacerlo, la fiscalía pueda solicitar diverso medio para ello. Mediante escrito de 27 de enero de 2022, la defensa interpuso recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar. En audiencia de 2 de febrero de 2022, el juez de control región La Piedad, declaró sustraído de la acción de la justicia al imputado Miguel Ángel Carpio Alarcón; y por consiguiente, decretó la suspensión del proceso. El 9 de febrero de 2022, la fiscalía dio contestación a los agravios expresados por la defensa. El 25 de febrero de 2022, se ordenó remitir los registros correspondientes para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto. La suspensión decretada por el juez natural, en términos del artículo 331-I cnpp, conlleva -por la unidad del proceso- la interrupción del procedimiento de apelación (sustanciación y resolución) en curso en esta sala y hasta en tanto subsista la causa que la motivó, como estatuye el número 332 y 333 cnpp. Infórmese el contenido de este proveído al departamento de gestión del nuevo sistema de justicia penal para que con fundamento en el artículo 82, 85 y 86 cnpp, notifique a las partes; y al juez de control región La Piedad para su conocimiento. Por lo expuesto y fundado lo acordó y firma Alejandro González Gómez, magistrado de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado". Determinación que constituye el acto reclamado dentro del presente juicio de amparo. SEXTO. Síntesis y análisis de los conceptos de violación. Para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que debe imperar en toda sentencia de amparo, no es necesario transcribir los conceptos de violación, pues tales principios únicamente vinculan a este órgano de control constitucional a dar respuesta a todos los planteamientos de legalidad o constitucionalidad hechos en la demanda de amparo. Sin embargo, tampoco existe impedimento para sintetizarlos de la siguiente manera. a. El auto de vinculación a proceso carece de los lineamientos constitucionales que norman el proceder de la autoridad responsable, al realizar una valoración incorrecta del material probatorio que obra en el sumario. b. De conformidad con los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para emitir un auto de vinculación a proceso, es necesario que se especifiquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito, especificando con ello las condiciones en que se despliega la conducta delictiva atribuida en contra del quejoso. c. De conformidad con las disposiciones legales antes referidas, todo auto de vinculación a proceso debe contener los elementos que conforman el cuerpo del delito que se imputa y en consecuencia proceder a su análisis; esto es, si de acuerdo con el material probatorio que existe en autos a consideración del órgano jurisdiccional es suficiente y apto para colmar los elementos de delito, así como la probable responsabilidad del imputado aquí quejoso en su comisión; situaciones las anteriores que la autoridad responsable omitió realizar al dictar el auto de vinculación que se reclama, aunado a que dictó una resolución carente de fundamentación y motivación trasgrediendo en su perjuicio sus derechos fundamentales previstos en el citado artículo 19 Constitucional. c. La fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obliga al Juez de Control a realizar un razonamiento lógico jurídico de la situación que guardan los imputados con respecto a su posible participación en un hecho delictuoso y relacionarlos con los datos de prueba aportados por la Fiscalía, a fin de establecer si existen o no, elementos suficientes para vincular a proceso al imputado, lo que fue inobservado por el Juez de control al emitir el auto de vinculación que se reclama, por las razones siguientes. -Los datos probatorios consistentes en las llamadas realizadas de forma esporádica, sin reconocer quienes o que decían del activo, y sobre todo, llamadas que se cruzaron con el imputado, fueron valoradas de manera desproporcionada en favor de la Fiscalía sin razón y sobre todo por un hecho de total confusión en la autoridad apelada. - El juzgador de origen refiere que causa convicción presuncional para acreditar la participación del imputado en la comisión del hecho ilícito, las llamadas realizadas por el citado imputado y el número a donde se exigió el rescate, situación que fue alimentada por la Fiscalía de manera confusa y errónea, sin tomar en cuenta que el número del sujeto activo nunca tuvo comunicación directa con el aquí quejoso. d. Si bien es cierto que en esa etapa probatoria no se requiere la comprobación plena del material probatorio, lo cierto es, que por lo menos el Juez responsable debió valorar un cierto grado de participación del quejoso, lo cual no aconteció, pues del material indiciario no se cuenta con un mínimo grado de sospecha acerca de la participación del imputado aquí quejoso, como lo refiere el juzgador; pues por lo menos dicho resolutor debió explicar en el auto de vinculación a proceso, de qué manera el imputado tuvo participación en el delito que se le atribuye. e. Del estudio efectuado al auto de vinculación a proceso, se aprecia que no se llenan los extremos de la sana crítica atinente a un correcto estudio lógico del material probatorio que obra en la causa penal de origen, pues se está en presencia de un falso razonamiento que el a quo pretende justificar bajo la potestad otorgada. Los conceptos de violación sintetizados devienen inoperantes, toda vez que ninguno de ellos se encuentra dirigido a combatir el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán -acto reclamado en el presente sumario constitucional-, a través del cual interrumpió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del aquí quejoso en contra del auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, pues como quedó de manifiesto únicamente vierte argumentos tendentes a combatir el citado auto de vinculación a proceso. Es decir, de la lectura de los anteriores conceptos de violación en contraste con los agravios expuestos por el quejoso en el recurso de apelación que hizo valer ante la Sala responsable, se aprecia que se limitó a transcribir en la presente demanda de amparo, las mismas desavenencias que planteó ante la autoridad responsable. Agravios que tal y como se advierte de autos no han sido analizados por el Magistrado responsable atento al auto de interrupción del recurso de apelación que aquí se combate. Sin embargo, aún y cuando el quejoso no controvierte en forma directa los motivos y fundamentos en que se sustenta el acto reclamado (auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós) , en suplencia de la queja deficiente en beneficio del procesado, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las razones que motivaron a la sala responsable a interrumpir el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de vinculación a proceso, aún ante una suplencia total en ese aspecto, sin que ello implique subrogarse en el papel de defensor. Lo anterior, de conformidad con las razones que informa la tesis de jurisprudencia 1a. CCI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. PERMITE A LAS PARTES ENCONTRARSE EN UN PLANO DE IGUALDAD Y HACER EFECTIVO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el artículo 79 de la Ley de Amparo se acogen distintos supuestos que el legislador, en ejercicio de su libertad configurativa, consideró que requerían especial protección, ya sea por la calidad de la persona o por el grupo al que pertenecen (menores de edad), la materia de que se trata (penal, agraria, laboral), porque su posición en el proceso involucra una concreta debilidad o vulnerabilidad (una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa), o bien se afecten ciertas instituciones (el orden y desarrollo de la familia). Así, con la suplencia de la queja se pretende que, a causa de una deficiente argumentación jurídica, no se produzca una violación mayor dejándose a la persona en estado de indefensión, dadas las particulares condiciones en las que se encuentra. Asimismo, la lógica de la suplencia de la queja deficiente implica la protección a ciertos supuestos concretos y específicos: el legislador ha estimado adecuado atemperar los tecnicismos del juicio de amparo para lograr una eficaz protección de los derechos humanos violados y sus garantías, al considerar que, por una serie de circunstancias de carácter histórico, social y/o jurídico, en esos supuestos se requiere especial protección. En definitiva, los supuestos de suplencia de la queja que prevé el artículo 79 aludido se caracterizan por presentar posiciones asimétricas entre las partes, y, en consecuencia, se asume que una de ellas cuenta con menores recursos (ya sea educativos, sociales, económicos o de cualquiera otra índole) ocasionándose una disparidad que repercute en su derecho de acceso a la justicia. Ante tal disparidad, la suplencia de la queja funciona como un mecanismo que permite a las partes encontrarse en un plano de igualdad y hacer efectivo lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional. Bajo el anterior panorama, se estima ajustada a derecho la determinación que tomó el Magistrado responsable en el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós -materia de reclamo en la presente instancia constitucional-, en el sentido de interrumpir el recurso de apelación interpuesto por el imputado -aquí quejoso- en contra del auto de vinculación a proceso de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por las razones que enseguida se explican. Los artículos 331 y 332 del Código Nacional de Procedimientos Penales, textualmente disponen: "Artículo 331. Suspensión del proceso El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando: I. Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; III. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o IV. En los demás casos que la ley señale". "Artículo 332. Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión A solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el Juez de control podrá decretar la reapertura del mismo cuando cese la causa que haya motivado la suspensión". De los anteriores numerales transcritos se desprende que uno de los supuestos en los que procede la suspensión del proceso penal, es cuando se decrete la sustracción del imputado a la acción de la Justicia. Que el Juez de Control puede decretar la reapertura de dicho procedimiento cuando cese la causa que lo motivó; esto, a solicitud del Agente del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso penal. Así, la suspensión del proceso evita que cualquier gobernado sujeto a un proceso penal, sea juzgado en su ausencia, es decir, que se siga el proceso que se le instruye sin que éste se encuentre presente y se le prive de la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Lo anterior, tomando en consideración que por la naturaleza de los procesos penales no es posible la sustitución o representación del acusado, lo que implica la obligación de comparecer personalmente en el proceso, de ahí que no se puede desconocer la necesidad de la existencia de una figura como la suspensión del procedimiento, que constituye un caso de excepción al principio asegurador de la continuidad del procedimiento penal, suficiente y jurídicamente justificado, toda vez que salvaguarda el derecho constitucional que le asiste a todo acusado para poder aportar pruebas, a que se desahoguen y valoren conforme a derecho y a que se le dé la oportunidad de formular alegatos. Dichas consideraciones encuentran sustento en la tesis jurisprudencial P. XXV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. EL ARTÍCULO 477, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LA PREVÉ CUANDO EL ACUSADO SE SUSTRAE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, NO CONCULCA LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO LEGAL TUTELADA POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. La suspensión del procedimiento penal con motivo de la sustracción del acusado de la acción de la justicia, prevista en el artículo 477, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no viola la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, relativa a las formalidades esenciales del procedimiento o debido proceso legal. Ello es así, porque la suspensión evita que cualquier gobernado, sujeto a un proceso penal, sea juzgado en ausencia, es decir, que se siga el proceso que se le instruye sin estar presente y se le prive de la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Ahora bien, teniendo en cuenta que por la naturaleza de los procesos penales no es posible la sustitución o representación del acusado, lo que implica la obligación de comparecer personalmente en el proceso, no puede desconocerse la necesidad de la existencia de una figura como la suspensión del procedimiento, que constituye un caso de excepción al principio asegurador de la continuidad del procedimiento penal, suficiente y jurídicamente justificado, toda vez que salvaguarda el derecho constitucional que le asiste a todo acusado para poder aportar pruebas, a que se desahoguen y valoren conforme a derecho y a que se le dé la oportunidad de formular alegatos. Bajo ese mismo panorama el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, resolvió el incidente de suspensión en revisión 625/2004, en el que explicó que no se debe pasar por alto que el procedimiento penal está conformado por un conjunto de actos y fases que deben observar todos los sujetos de la relación jurídico-procesal que intervienen en él; por consiguiente, es evidente que la sustracción del justiciable impide su continuación, al existir imposibilidad jurídica para concretar los actos de defensa previstos en la ley. Considerar lo contrario implicaría desde luego, la reanudación del proceso por todas sus fases, lo cual no es jurídicamente posible, pues la relación jurídico-procesal no estaría integrada, precisamente por la ausencia del indiciado. En el caso particular, el quejoso Miguel Ángel Carpio Alarcón compareció a solicitar la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consiste en el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó interrumpir el recurso de apelación interpuesto por citado impetrante de amparo, en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós dentro de la causa penal 4/2022 instruida en su contra por el delito de secuestro en agravio de M.S.G.J. Interrupción que sustentó en la suspensión del proceso penal decretada por el Juez natural en términos del artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, el Magistrado responsable, consideró que la suspensión (por unidad del proceso), conlleva a la interrupción del recurso de apelación en cuanto a su substanciación y resolución, la cual permanecería de esa manera hasta en tanto subsista la causa que lo motivó, en términos de los diversos numerales 332 y 333 del citado cuerpo normativo. Determinación que como ya se adelantó se encuentra ajustada a derecho, en tanto que, de las constancias que obran en autos, se evidencia que desde el dos de febrero de dos mil veintidós, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, declaró sustraído de la acción de la justicia a Miguel Ángel Carpio Alarcón, al haber incumplido con la medida cautelar impuesta; y como consecuencia, dictó orden de aprehensión en su contra y decretó la suspensión del proceso, en el entendido de que, una vez cumplimentado dicho mandato, se levantaría la suspensión del proceso y se continuaría con el mismo. Bajo ese contexto, y de acuerdo con las consideraciones legales antes expuestas, la suspensión del proceso penal tiene como finalidad salvaguardar el derecho constitucional que le asiste al quejoso para poder aportar pruebas, a que se desahoguen y valoren conforme a derecho y a que se le dé la oportunidad de formular alegatos, en tanto que el procedimiento penal está conformado por un conjunto de actos y fases que deben observar todos los sujetos de la relación jurídico-procesal que intervienen en él. Por tanto, es evidente que la sustracción de Miguel Ángel Carpio Alarcón de la acción de la justica impide que el proceso penal instruido en su contra continúe en todas sus etapas, incluidos desde luego los medios de defensa que la ley prevé, como el recurso de apelación que hizo valer en contra del auto de vinculación a proceso; pues considerar que el Magistrado responsable debe continuar con la substanciación y resolución del citado medio de defensa ordinario, sería tanto, como ordenar la reanudación del procedimiento por todas sus fases, lo cual como ya lo sostuvo el tribunal pleno, no es jurídicamente posible, en tanto que la relación jurídico-procesal no estaría integrada, precisamente por la ausencia del quejoso. Sin que ello implique una violación a los derechos fundamentales del quejoso como el de garantía de audiencia, pues precisamente es lo que se protege con la suspensión del procedimiento. En tales condiciones, al no prosperar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, ni aún suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región La Piedad, Michoacán, dado que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia directa de lo resuelto en la determinación impugnada. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Carpio Alarcón, contra los actos reclamados que quedaron precisados en el considerando segundo de la presente sentencia; y, por las razones expresadas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables.Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy veintiuno de julio de dos mil veintidós, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA ASESORA JURÍDICA DE LOS TERCEROS INTERESADOS LA DETERMINACIÓN DE ENGROSE VEINTIUNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, turnado a este órgano jurisdiccional el treinta del mismo mes y año, Miguel Ángel Carpio Alarcón solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma demanda narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos; 66.1, 66.2, 66.3 y 67.1, inciso i), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por razón de turno correspondió a este juzgado el conocimiento del asunto, por lo que, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, registrándose con el número 349/2022. Previos los trámites de ley, el trece de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridad, cuya ejecución tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: ( La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del toca XI-20/2022 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 4/2022, número único de caso 1007-2021-35307 que se instruye al quejoso Miguel Ángel Carpio Alarcón. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán: ( La ejecución material del auto de vinculación a proceso. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, toda vez que así lo reconocieron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias del toca penal XI-20/2022 con las cuales se formó un tomo de pruebas por separado, y discos compactos que las responsables acompañaron a sus informes, respectivamente; medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Robustece lo anterior, la tesis jurisprudencial, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, hizo valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez que refiere que los actos reclamados a las autoridades responsables son inexistentes. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en el considerando anterior, se tuvo como cierto el acto reclamado. Sentado lo anterior, al no advertirse que las partes hayan hecho valer diversa causa de improcedencia del juicio de amparo, ni esta juzgadora advierte de oficio su configuración, en consecuencia, procede el estudio de legalidad y constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el procedimiento de origen, para mejor comprensión del asunto. 1.- Dentro de la causa penal 4/2022, el diez de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, fue diferida señalándose para su reanudación las nueve horas del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la sala de oralidad número dos, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en La Piedad, Michoacán. 2. El veinticuatro de enero de la presente anualidad, la Fiscalía formuló imputación en contra de Miguel Ángel Carpio Alarcón -aquí quejoso- por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado en agravio de M.S.G.J. 3.- En la misma fecha, el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica, por lo que siendo las doce horas con dieciséis minutos de ese día, se dictó auto de vinculación a proceso a Miguel Ángel Carpio Alarcón, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, ilícito previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, inciso b), c) y d), fracción II, inciso a), todos de la Ley General para Prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro, en agravio de M.S.G.J., imponiéndosele como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que dure el proceso. Asimismo, se le concedió el plazo de tres días a partir de esa fecha, para que el imputado fuera recluido de manera voluntaria en el centro penitenciario de La Piedad, Michoacán. 4. La defensa del imputado interpuso recurso de apelación en contra del referido auto de vinculación; medio de impugnación en el que expusieron los agravios que estimaron pertinentes. 5. Sin embargo, con fecha dos de febrero de dos mil veintidós, a petición del Agente del Ministerio Público Investigador, se llevó a cabo la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión. En ella, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, señaló que el imputado incumplió con la medida cautelar impuesta y por ende, decretó la sustracción de la acción de la justicia. Como consecuencia, ante el incumplimiento de la medida cautelar impuesta al imputado, a las nueve horas con quince minutos de ese día, se dictó orden de aprehensión a Miguel Ángel Carpio Alarcón; y por consiguiente se decretó la suspensión del proceso; en el entendido de que una vez cumplimentada la orden de aprehensión, se levantaría la suspensión decretada y se continuaría con el proceso. 7. En seguimiento al recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, con fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo admitió a trámite, y ordenó registrarlo bajo el número XI-20/2022, ordenando el dictado de la resolución correspondiente. 8. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado responsable emitió un acuerdo que literalmente dice: "INTERRUPCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2022. Dada cuanta con el recurso de apelación XI-20/2022, interpuesto por los defensores privados del imputado Miguel Ángel Carpio Alarcón, contra la resolución que decretó auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de 24 de enero de 2022; emitidos en la causa penal 4/2022, por el juez de control región La Piedad; y, conforme a los registros enviados a esta alzada, consta que: El 24 de enero de 2022, el juez de control región La Piedad emitió auto de vinculación a proceso a Miguel Ángel Carpio Alarcón por el delito de secuestro, en agravio de MSGJ. Esa misma fecha impuso al imputado medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió al imputado el término de 3 tres días contados a partir de ese mismo día, para que el imputado sea recluido de manera voluntaria en el centro penitenciario de La Piedad; en el entendido que de no hacerlo, la fiscalía pueda solicitar diverso medio para ello. Mediante escrito de 27 de enero de 2022, la defensa interpuso recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar. En audiencia de 2 de febrero de 2022, el juez de control región La Piedad, declaró sustraído de la acción de la justicia al imputado Miguel Ángel Carpio Alarcón; y por consiguiente, decretó la suspensión del proceso. El 9 de febrero de 2022, la fiscalía dio contestación a los agravios expresados por la defensa. El 25 de febrero de 2022, se ordenó remitir los registros correspondientes para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto. La suspensión decretada por el juez natural, en términos del artículo 331-I cnpp, conlleva -por la unidad del proceso- la interrupción del procedimiento de apelación (sustanciación y resolución) en curso en esta sala y hasta en tanto subsista la causa que la motivó, como estatuye el número 332 y 333 cnpp. Infórmese el contenido de este proveído al departamento de gestión del nuevo sistema de justicia penal para que con fundamento en el artículo 82, 85 y 86 cnpp, notifique a las partes; y al juez de control región La Piedad para su conocimiento. Por lo expuesto y fundado lo acordó y firma Alejandro González Gómez, magistrado de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado". Determinación que constituye el acto reclamado dentro del presente juicio de amparo. SEXTO. Síntesis y análisis de los conceptos de violación. Para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que debe imperar en toda sentencia de amparo, no es necesario transcribir los conceptos de violación, pues tales principios únicamente vinculan a este órgano de control constitucional a dar respuesta a todos los planteamientos de legalidad o constitucionalidad hechos en la demanda de amparo. Sin embargo, tampoco existe impedimento para sintetizarlos de la siguiente manera. a. El auto de vinculación a proceso carece de los lineamientos constitucionales que norman el proceder de la autoridad responsable, al realizar una valoración incorrecta del material probatorio que obra en el sumario. b. De conformidad con los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para emitir un auto de vinculación a proceso, es necesario que se especifiquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito, especificando con ello las condiciones en que se despliega la conducta delictiva atribuida en contra del quejoso. c. De conformidad con las disposiciones legales antes referidas, todo auto de vinculación a proceso debe contener los elementos que conforman el cuerpo del delito que se imputa y en consecuencia proceder a su análisis; esto es, si de acuerdo con el material probatorio que existe en autos a consideración del órgano jurisdiccional es suficiente y apto para colmar los elementos de delito, así como la probable responsabilidad del imputado aquí quejoso en su comisión; situaciones las anteriores que la autoridad responsable omitió realizar al dictar el auto de vinculación que se reclama, aunado a que dictó una resolución carente de fundamentación y motivación trasgrediendo en su perjuicio sus derechos fundamentales previstos en el citado artículo 19 Constitucional. c. La fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obliga al Juez de Control a realizar un razonamiento lógico jurídico de la situación que guardan los imputados con respecto a su posible participación en un hecho delictuoso y relacionarlos con los datos de prueba aportados por la Fiscalía, a fin de establecer si existen o no, elementos suficientes para vincular a proceso al imputado, lo que fue inobservado por el Juez de control al emitir el auto de vinculación que se reclama, por las razones siguientes. -Los datos probatorios consistentes en las llamadas realizadas de forma esporádica, sin reconocer quienes o que decían del activo, y sobre todo, llamadas que se cruzaron con el imputado, fueron valoradas de manera desproporcionada en favor de la Fiscalía sin razón y sobre todo por un hecho de total confusión en la autoridad apelada. - El juzgador de origen refiere que causa convicción presuncional para acreditar la participación del imputado en la comisión del hecho ilícito, las llamadas realizadas por el citado imputado y el número a donde se exigió el rescate, situación que fue alimentada por la Fiscalía de manera confusa y errónea, sin tomar en cuenta que el número del sujeto activo nunca tuvo comunicación directa con el aquí quejoso. d. Si bien es cierto que en esa etapa probatoria no se requiere la comprobación plena del material probatorio, lo cierto es, que por lo menos el Juez responsable debió valorar un cierto grado de participación del quejoso, lo cual no aconteció, pues del material indiciario no se cuenta con un mínimo grado de sospecha acerca de la participación del imputado aquí quejoso, como lo refiere el juzgador; pues por lo menos dicho resolutor debió explicar en el auto de vinculación a proceso, de qué manera el imputado tuvo participación en el delito que se le atribuye. e. Del estudio efectuado al auto de vinculación a proceso, se aprecia que no se llenan los extremos de la sana crítica atinente a un correcto estudio lógico del material probatorio que obra en la causa penal de origen, pues se está en presencia de un falso razonamiento que el a quo pretende justificar bajo la potestad otorgada. Los conceptos de violación sintetizados devienen inoperantes, toda vez que ninguno de ellos se encuentra dirigido a combatir el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán -acto reclamado en el presente sumario constitucional-, a través del cual interrumpió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del aquí quejoso en contra del auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, pues como quedó de manifiesto únicamente vierte argumentos tendentes a combatir el citado auto de vinculación a proceso. Es decir, de la lectura de los anteriores conceptos de violación en contraste con los agravios expuestos por el quejoso en el recurso de apelación que hizo valer ante la Sala responsable, se aprecia que se limitó a transcribir en la presente demanda de amparo, las mismas desavenencias que planteó ante la autoridad responsable. Agravios que tal y como se advierte de autos no han sido analizados por el Magistrado responsable atento al auto de interrupción del recurso de apelación que aquí se combate. Sin embargo, aún y cuando el quejoso no controvierte en forma directa los motivos y fundamentos en que se sustenta el acto reclamado (auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós) , en suplencia de la queja deficiente en beneficio del procesado, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las razones que motivaron a la sala responsable a interrumpir el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de vinculación a proceso, aún ante una suplencia total en ese aspecto, sin que ello implique subrogarse en el papel de defensor. Lo anterior, de conformidad con las razones que informa la tesis de jurisprudencia 1a. CCI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. PERMITE A LAS PARTES ENCONTRARSE EN UN PLANO DE IGUALDAD Y HACER EFECTIVO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el artículo 79 de la Ley de Amparo se acogen distintos supuestos que el legislador, en ejercicio de su libertad configurativa, consideró que requerían especial protección, ya sea por la calidad de la persona o por el grupo al que pertenecen (menores de edad), la materia de que se trata (penal, agraria, laboral), porque su posición en el proceso involucra una concreta debilidad o vulnerabilidad (una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa), o bien se afecten ciertas instituciones (el orden y desarrollo de la familia). Así, con la suplencia de la queja se pretende que, a causa de una deficiente argumentación jurídica, no se produzca una violación mayor dejándose a la persona en estado de indefensión, dadas las particulares condiciones en las que se encuentra. Asimismo, la lógica de la suplencia de la queja deficiente implica la protección a ciertos supuestos concretos y específicos: el legislador ha estimado adecuado atemperar los tecnicismos del juicio de amparo para lograr una eficaz protección de los derechos humanos violados y sus garantías, al considerar que, por una serie de circunstancias de carácter histórico, social y/o jurídico, en esos supuestos se requiere especial protección. En definitiva, los supuestos de suplencia de la queja que prevé el artículo 79 aludido se caracterizan por presentar posiciones asimétricas entre las partes, y, en consecuencia, se asume que una de ellas cuenta con menores recursos (ya sea educativos, sociales, económicos o de cualquiera otra índole) ocasionándose una disparidad que repercute en su derecho de acceso a la justicia. Ante tal disparidad, la suplencia de la queja funciona como un mecanismo que permite a las partes encontrarse en un plano de igualdad y hacer efectivo lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional. Bajo el anterior panorama, se estima ajustada a derecho la determinación que tomó el Magistrado responsable en el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós -materia de reclamo en la presente instancia constitucional-, en el sentido de interrumpir el recurso de apelación interpuesto por el imputado -aquí quejoso- en contra del auto de vinculación a proceso de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por las razones que enseguida se explican. Los artículos 331 y 332 del Código Nacional de Procedimientos Penales, textualmente disponen: "Artículo 331. Suspensión del proceso El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando: I. Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; III. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o IV. En los demás casos que la ley señale". "Artículo 332. Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión A solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el Juez de control podrá decretar la reapertura del mismo cuando cese la causa que haya motivado la suspensión". De los anteriores numerales transcritos se desprende que uno de los supuestos en los que procede la suspensión del proceso penal, es cuando se decrete la sustracción del imputado a la acción de la Justicia. Que el Juez de Control puede decretar la reapertura de dicho procedimiento cuando cese la causa que lo motivó; esto, a solicitud del Agente del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso penal. Así, la suspensión del proceso evita que cualquier gobernado sujeto a un proceso penal, sea juzgado en su ausencia, es decir, que se siga el proceso que se le instruye sin que éste se encuentre presente y se le prive de la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Lo anterior, tomando en consideración que por la naturaleza de los procesos penales no es posible la sustitución o representación del acusado, lo que implica la obligación de comparecer personalmente en el proceso, de ahí que no se puede desconocer la necesidad de la existencia de una figura como la suspensión del procedimiento, que constituye un caso de excepción al principio asegurador de la continuidad del procedimiento penal, suficiente y jurídicamente justificado, toda vez que salvaguarda el derecho constitucional que le asiste a todo acusado para poder aportar pruebas, a que se desahoguen y valoren conforme a derecho y a que se le dé la oportunidad de formular alegatos. Dichas consideraciones encuentran sustento en la tesis jurisprudencial P. XXV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. EL ARTÍCULO 477, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LA PREVÉ CUANDO EL ACUSADO SE SUSTRAE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, NO CONCULCA LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO LEGAL TUTELADA POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. La suspensión del procedimiento penal con motivo de la sustracción del acusado de la acción de la justicia, prevista en el artículo 477, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no viola la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, relativa a las formalidades esenciales del procedimiento o debido proceso legal. Ello es así, porque la suspensión evita que cualquier gobernado, sujeto a un proceso penal, sea juzgado en ausencia, es decir, que se siga el proceso que se le instruye sin estar presente y se le prive de la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Ahora bien, teniendo en cuenta que por la naturaleza de los procesos penales no es posible la sustitución o representación del acusado, lo que implica la obligación de comparecer personalmente en el proceso, no puede desconocerse la necesidad de la existencia de una figura como la suspensión del procedimiento, que constituye un caso de excepción al principio asegurador de la continuidad del procedimiento penal, suficiente y jurídicamente justificado, toda vez que salvaguarda el derecho constitucional que le asiste a todo acusado para poder aportar pruebas, a que se desahoguen y valoren conforme a derecho y a que se le dé la oportunidad de formular alegatos. Bajo ese mismo panorama el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, resolvió el incidente de suspensión en revisión 625/2004, en el que explicó que no se debe pasar por alto que el procedimiento penal está conformado por un conjunto de actos y fases que deben observar todos los sujetos de la relación jurídico-procesal que intervienen en él; por consiguiente, es evidente que la sustracción del justiciable impide su continuación, al existir imposibilidad jurídica para concretar los actos de defensa previstos en la ley. Considerar lo contrario implicaría desde luego, la reanudación del proceso por todas sus fases, lo cual no es jurídicamente posible, pues la relación jurídico-procesal no estaría integrada, precisamente por la ausencia del indiciado. En el caso particular, el quejoso Miguel Ángel Carpio Alarcón compareció a solicitar la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consiste en el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó interrumpir el recurso de apelación interpuesto por citado impetrante de amparo, en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós dentro de la causa penal 4/2022 instruida en su contra por el delito de secuestro en agravio de M.S.G.J. Interrupción que sustentó en la suspensión del proceso penal decretada por el Juez natural en términos del artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, el Magistrado responsable, consideró que la suspensión (por unidad del proceso), conlleva a la interrupción del recurso de apelación en cuanto a su substanciación y resolución, la cual permanecería de esa manera hasta en tanto subsista la causa que lo motivó, en términos de los diversos numerales 332 y 333 del citado cuerpo normativo. Determinación que como ya se adelantó se encuentra ajustada a derecho, en tanto que, de las constancias que obran en autos, se evidencia que desde el dos de febrero de dos mil veintidós, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región La Piedad, Michoacán, declaró sustraído de la acción de la justicia a Miguel Ángel Carpio Alarcón, al haber incumplido con la medida cautelar impuesta; y como consecuencia, dictó orden de aprehensión en su contra y decretó la suspensión del proceso, en el entendido de que, una vez cumplimentado dicho mandato, se levantaría la suspensión del proceso y se continuaría con el mismo. Bajo ese contexto, y de acuerdo con las consideraciones legales antes expuestas, la suspensión del proceso penal tiene como finalidad salvaguardar el derecho constitucional que le asiste al quejoso para poder aportar pruebas, a que se desahoguen y valoren conforme a derecho y a que se le dé la oportunidad de formular alegatos, en tanto que el procedimiento penal está conformado por un conjunto de actos y fases que deben observar todos los sujetos de la relación jurídico-procesal que intervienen en él. Por tanto, es evidente que la sustracción de Miguel Ángel Carpio Alarcón de la acción de la justica impide que el proceso penal instruido en su contra continúe en todas sus etapas, incluidos desde luego los medios de defensa que la ley prevé, como el recurso de apelación que hizo valer en contra del auto de vinculación a proceso; pues considerar que el Magistrado responsable debe continuar con la substanciación y resolución del citado medio de defensa ordinario, sería tanto, como ordenar la reanudación del procedimiento por todas sus fases, lo cual como ya lo sostuvo el tribunal pleno, no es jurídicamente posible, en tanto que la relación jurídico-procesal no estaría integrada, precisamente por la ausencia del quejoso. Sin que ello implique una violación a los derechos fundamentales del quejoso como el de garantía de audiencia, pues precisamente es lo que se protege con la suspensión del procedimiento. En tales condiciones, al no prosperar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, ni aún suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región La Piedad, Michoacán, dado que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia directa de lo resuelto en la determinación impugnada. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Carpio Alarcón, contra los actos reclamados que quedaron precisados en el considerando segundo de la presente sentencia; y, por las razones expresadas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables.Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy veintiuno de julio de dos mil veintidós, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.

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