Miguel Ángel de la Torre Pérez

Expediente 422/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
422/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel de la Torre Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintitrés. 1. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto de once de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 4. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio suscrito por el actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo 83/2023, de su índice, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, ya que se impugna la indebida conclusión de la queja con número de expediente CNDH/2/2022/981/Q, la cual se resolvió en definitiva el trece de diciembre de dos mil veintidós, en la que se determinó que no se contaban con elementos que acrediten los hechos motivo de la queja, por lo que en términos del artículo 125, fracción II, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procedió a concluir ese expediente, no obstante, se le orientó para que se constituyera como coadyuvante del Ministerio Público dentro de las investigaciones que se han iniciado con motivo de los hechos y aporte los elementos de prueba que considere necesarios y consten en su poder para que la autoridad competente conforme a su mandato constitucional, determine lo conducente, ya que es la autoridad facultada para la investigación de los delitos, por lo que resulta competencia de un Juez de Distrito. Acúsese recibo. 2. Avocamiento y registro. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel de la Torre Pérez, por propio derecho, contra actos de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otra autoridad responsable. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 422/2023. 3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La indebida conclusión de la queja con número de expediente CNDH/2/2022/981/Q, la cual se resolvió en definitiva el trece de diciembre de dos mil veintidós, en la que se determinó que no se contaban con elementos que acrediten los hechos motivo de la queja, por lo que en términos del artículo 125, fracción II, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procedió a concluir ese expediente, no obstante, se le orientó para que se constituyera como coadyuvante del Ministerio Público dentro de las investigaciones que se han iniciado con motivo de los hechos y aporte los elementos de prueba que considere necesarios y consten en su poder para que la autoridad competente conforme a su mandato constitucional, determine lo conducente, ya que es la autoridad facultada para la investigación de los delitos. 4. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 5. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad, para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, emite una determinación que no crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas concretas. En el caso, el acto reclamado a las autoridades responsables consistente en la determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por medio de la cual determinó que no contaba con elementos que acreditaran el motivo de la queja identificada con el número CNDH/2/2022/981/Q, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que dicho fallo por sí mismo no crea ni extingue situaciones jurídicas, se explica. Pues bien, de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que las resoluciones emitidas por la Comisión nacional de los Derechos Humanos constituyen recomendaciones no vinculatorias, es decir, la autoridad a la que van dirigidas pueden cumplirlas o dejar de hacerlo; lo que permite concluir que no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular, por lo que no puede considerarse esa resolución como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 223, tomo VIII, diciembre de 1998 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 194951, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, POR NO SER UN ACTO DE AUTORIDAD. La resolución final que dicta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de quejas y denuncias que se formulan en contra de presuntas violaciones a los derechos humanos, no tiene la naturaleza de "acto de autoridad", ya que aunque se emita en el sentido de hacer recomendaciones, de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que no obliga a la autoridad administrativa contra la cual se dirige y, por ende, ésta puede cumplirla o dejar de hacerlo; luego, por sí misma no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular. Asimismo, por sus efectos y consecuencias, la resolución emitida por la comisión, en la que declara su incompetencia para conocer de una denuncia o queja, es equiparable a sus determinaciones finales, en razón de que, tácitamente, está concluyendo que no hará ninguna recomendación con base en los motivos y fundamentos jurídicos señalados en la propia declaración de incompetencia, que se dicte aun antes de llevar a cabo la investigación, por lo que tampoco puede considerarse esta otra resolución como un acto de autoridad. Por consiguiente, sobre el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1o., fracción I, de la misma, conforme a los cuales el amparo solamente procede en contra de actos de autoridad. ". Además, de la interpretación del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene a su cargo la tutela de los derechos humanos desde una perspectiva política y cuasi jurisdiccional; entonces, las determinaciones finales que emita en ese sentido no pueden analizarse mediante otro mecanismo de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, porque ello implicaría ejercer un medio de control sobre otro, en particular, uno jurisdiccional sobre uno no jurisdiccional. Por tanto, no es factible estudiar en el juicio de amparo la validez del resto de los procesos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden Constitucional frente a actos y normas que la hayan transgredido. Al respecto es aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible en la página 3757, tomo IV, noviembre de 2022 de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2025520, de rubro y texto siguientes: "QUEJA PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UNO DE SUS VISITADORES REGIONALES QUE DETERMINA DARLA POR CONCLUIDA AL NO ACREDITARSE LOS HECHOS QUE LA SUSTENTARON, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de un visitador regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que determinó que no existían elementos de prueba suficientes y aptos que acreditaran la existencia de los hechos de su queja por la presunta violación de derechos humanos, por lo que de conformidad con el artículo 94, fracción XII, de su reglamento interior se procedió a concluirla. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 102, apartado B y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución de uno de los visitadores regionales de dicha comisión estatal de derechos humanos en la que determina dar por concluida la queja presentada ante ese organismo por la presunta violación de derechos humanos, al no acreditarse los hechos que la sustentaron. Justificación: Ello, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 102, apartado B y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se aprecia de una interpretación extensiva de la tesis aislada P. XCVII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de lo resuelto en los amparos en revisión 448/2015 y 742/2015, por su Primera y Segunda Salas, respectivamente. En este sentido, si de la interpretación del artículo 102, apartado B, de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene a su cargo la tutela de los derechos humanos desde una perspectiva política y cuasi jurisdiccional; entonces, las determinaciones finales que emita en ese sentido no pueden analizarse mediante otro mecanismo, como lo es el juicio de amparo, porque ello implicaría ejercer un medio de control sobre otro, en particular, uno jurisdiccional sobre uno no jurisdiccional. Luego, de conformidad con el artículo 94, fracción XII, del Reglamento Interior de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, la resolución que determina que no se acreditaron los hechos reclamados es una forma de conclusión de los expedientes de queja. Por tanto, no es factible estudiar en el juicio de amparo la validez del resto de los procesos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de nuestra Constitución General frente a actos y normas que la hayan transgredido.". En esa medida es que como no existe un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y que en este caso el mismo no puede analizarse mediante otro mecanismo, como lo es el juicio constitucional, porque ello implicaría ejercer un medio de control sobre otro, en particular, uno jurisdiccional sobre uno no jurisdiccional; y que tal circunstancia es patente, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio por ser notoria y manifiesta. Finalmente, no pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Ello, pues, si bien, determina que el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia. 6. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5º, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que únicamente Marco Antonio Hernández Zaragoza gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MIGUEL ANGEL DE LA TORRE PEREZ, LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio suscrito por el actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo 83/2023, de su índice, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, ya que se impugna la indebida conclusión de la queja con número de expediente ***, la cual se resolvió en definitiva el trece de diciembre de dos mil veintidós, en la que se determinó que no se contaban con elementos que acrediten los hechos motivo de la queja, por lo que en términos del artículo 125, fracción II, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procedió a concluir ese expediente, no obstante, se le orientó para que se constituyera como coadyuvante del Ministerio Público dentro de las investigaciones que se han iniciado con motivo de los hechos y aporte los elementos de prueba que considere necesarios y consten en su poder para que la autoridad competente conforme a su mandato constitucional, determine lo conducente, ya que es la autoridad facultada para la investigación de los delitos, por lo que resulta competencia de un Juez de Distrito. Acúsese recibo. 2. Avocamiento y registro. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel de la Torre Pérez, por propio derecho, contra actos de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otra autoridad responsable. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 422/2023. 3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La indebida conclusión de la queja con número de expediente ***, la cual se resolvió en definitiva el trece de diciembre de dos mil veintidós, en la que se determinó que no se contaban con elementos que acrediten los hechos motivo de la queja, por lo que en términos del artículo 125, fracción II, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procedió a concluir ese expediente, no obstante, se le orientó para que se constituyera como coadyuvante del Ministerio Público dentro de las investigaciones que se han iniciado con motivo de los hechos y aporte los elementos de prueba que considere necesarios y consten en su poder para que la autoridad competente conforme a su mandato constitucional, determine lo conducente, ya que es la autoridad facultada para la investigación de los delitos. 4. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. .. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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