Miguel Angel Colli Xool

Expediente 1673/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1673/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Colli Xool

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintisiete de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEYÓ en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se determina que, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, no se tramitó incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del Acuerdo General antes mencionado, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Ilse Alpuche Aguilar, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexo que adjunta, mediante el cual rinde su informe justificado; sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que el veintisiete de los cursantes, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito del quejoso Miguel Ángel Collí Xool, por medio del cual pretende ampliar su demanda de amparo, en contra del nuevo acto que reclama a las autoridades responsables Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y Fiscal Investigador adscrito a la Agencia doce del Ministerio Público, con sede en Tekax, Yucatán, que hace consistir en: "El acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, con fecha de notificación de veinte de julio del año en curso, emitida por el Fiscal Investigador en turno de la Unidad de Investigación de Tekax, Yucatán, en el cual niega la práctica de datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos en la carpeta de investigación NSJ/1338/12/2013, y no ser la autoridad facultada para su pronunciamiento." En tal virtud, se procede a proveer en relación con la ampliación demanda y de su lectura integral, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano dicha ampliación, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa reclama del Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de la Fiscal Investigador adscrito a la Agencia doce del Ministerio Público, con sede en Tekax, Yucatán, la resolución de once de julio del año en curso dictada en la carpeta de investigación NSJ/1338/12/2013, en la cual se negó la práctica de datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos, en la referida carpeta de investigación. En ese sentido, del análisis del escrito ampliatorio, se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Se afirma lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual, los actos reclamados, puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto es así, pues la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la resolución de once de julio del año en curso dictada en la carpeta de investigación NSJ/1338/12/2013, en la cual se negó la práctica de datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos, en la mencionada carpeta de investigación; actos que puede impugnar en sede ordinaria, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el recurso previsto en el numeral 258 de dicho ordenamiento jurídico. Tales preceptos jurídicos establecen como un derecho de las partes, la posibilidad de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones, negligencias o actuaciones que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Asimismo, que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse ante el Juez de Control. En cuyo caso, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Ahora bien, no obstante que tal numeral no establece expresamente la procedencia del recurso contra actuaciones o decisiones del Ministerio Público en su labor investigadora, lo cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido que en términos del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales el Juez de Control puede revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, para estimar que si su actuación es ilegal, conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente. Máxime que la Sala en cuestión, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que una interpretación funcional y extensiva de las disposiciones normativas citadas, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea un Juez de Control que revise su legalidad. Así como que tal circunstancia, conduce que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 citado, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Igualmente, no se soslaya que la procedencia del recurso provenga de una interpretación adicional de los preceptos normativos invocados, ya que ésta proviene del Máximo Tribunal Constitucional, quien ha determinado, al resolver la contradicción de tesis aludida, que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el medio de defensa aludido. Sustenta lo anterior, las tesis jurisprudenciales 27/2018 y 28/2018, de la Décima Época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendientes de publicación en el Semanario Judicial de la Federación: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En consecuencia, al actualizarse las hipótesis de improcedencia antes ponderadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación demanda de amparo. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que, en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la ampliación demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otra parte, vistos el estado que guardan los presentes autos, así como las constancias que acompañó el citado quejoso a su ocurso de cuenta, de los que se advierte que el once de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable se pronunció respecto a los memoriales de los cuales la parte quejosa adolece en su escrito de demanda de amparo, de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en los que solicitó la práctica de un dictamen en materia de grafoscopía en la carpeta de investigación NSJ/1338/12/2013, el cual señaló que le fue notificado el veinte de los cursantes. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclamó del Fiscal General del Estado, la omisión de dar respuesta a los mencionados escritos. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que, con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a los escritos de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en los cuales solicitó la práctica de un dictamen en materia de grafoscopía en la carpeta de investigación NSJ/1338/12/2013. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el quejoso adjuntó a su ocurso de cuenta, se desprende que el once de julio de dos mil veintidós, se pronunció respecto de los ocursos de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el cual la Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Tekax, Yucatán, no accedió a lo instado por el hoy quejoso en sus citados memoriales, en virtud de que las pruebas periciales que solicita no resultan idóneas ni útiles para el esclarecimiento de los hechos, por las razones expuestas en la misma resolución, dictada en la carpeta de investigación NSJ/1338/12/2013 de su índice, mismo que le fue notificado al hoy quejoso, el veinte de los corrientes, según expuso en su escrito que ahora se acuerda. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida al Fiscal responsable, pues se pronunció a los ocursos de la parte quejosa de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa en su escrito de demanda, reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no dio contestación a sus escritos de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, lo que en el caso se subsana con lo acordado en proveído de once de julio de dos mil veintidós. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, a quince de julio de dos mil veintidós. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta, se advierte que aún no se ha llevado a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada Carolina Vargas Barrientos, por lo que no se encuentra integrado en su totalidad este expediente; por tal motivo, difiérase la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que sea el caso realizar pronunciamiento alguno respecto al emplazamiento de la tercero interesada, ya que en proveído de once de julio de dos mil veintidós, se giró un exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, gire sus instrucciones a quien corresponda llevar a cabo el emplazamiento de la tercero interesada Carolina Vargas Barrientos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

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