Miguel Angel Ceballos Y Ceballos
Expediente 697/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Angel Ceballos Y Ceballos
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.
- Principal
MESA VI. Agréguese a estos autos, el alegato ministerial 451/2017 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, con sede en esta ciudad de Mérida, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea el presente juicio de amparo; sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintiocho de junio de la presente anualidad. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia, expídase la copia solicitada, en el momento procesal oportuno.
- Principal
MESA VI.Agréguese a los presentes autos, el oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/2105/2017 suscrito por el Fiscal Investigador Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y un anexo que acompaña, con el cual justifica la legalidad de su actuar. Es de manifiesto que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "La resolución emitida con fecha quince de mayo del año en curso, en la carpeta de investigación número 1695/M3/2014, por medio del cual determinó negar la declaración de prescripción de los hechos a que se refiere la citada carpeta y la extinción de la acción penal persecutoria y de la responsabilidad penal en caso de existir porque no existe ni existió" En el caso, a criterio de quien resuelve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando, aun subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto alguno, porque ha dejado de existir su objeto o materia, de manera que sus efectos -que no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso- no se actualizarán, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que se emitió originalmente, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional dicho acto, jurídicamente resultaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimaba violado, siendo nugatoria la finalidad del juicio de amparo, consistente en reparar tales violaciones a través del fallo protector. Es ilustrativo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que analiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII de la abrogada Ley de Amparo, de igual contenido al previsto en el diverso 61, fracción XXII, de la vigente, y cuyo contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el invocado precepto legal, toda vez que en la carpeta de investigación de origen, si bien subsiste el acto reclamado consistente en la resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete, en la que negó la prescripción de la acción penal solicitada a su favor por el aquí justiciable, en virtud de que faltaban diligencias por desahogarse, lo cierto es que emitió una nueva resolución de fecha veintidós de junio de la presente anualidad, determinando el no ejercicio de la acción penal a favor del impetrante del amparo, lo que origina una modificación en el entorno jurídico de dicho acto reclamado, que torna material y jurídicamente imposible que el referido acto surta efectos jurídicos, y por tanto, que sea susceptible de ser reparado a través de esta instancia constitucional. Circunstancia que se corrobora con las constancias que la responsable anexó a su oficio de cuenta, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Debe concluirse que pese a la subsistencia del acto reclamado, éste ya no puede surtir efecto legal o material alguno, porque su objeto o materia ha dejado de existir, dado el cambio en el entorno jurídico del que deriva, es decir, en virtud de la nueva determinación que decretó el no ejercicio de la acción penal a favor del impetrante del amparo. Ello, porque como se sostuvo con antelación, los efectos de ese acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que la propia autoridad manifestó que emitió una nueva resolución decretando el no ejercicio de la acción penal, y ello provoca que la posible afectación que irroga a la quejosa, deja de surtir efectos sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, y por tanto, no es susceptible de reparación mediante una eventual concesión de amparo. Por consiguiente, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado al Fiscal Investigador Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. A lo que, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.
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