Miguel Ángel Chalé Chuc

Expediente 1287/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1287/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Secretario de Seguridad Pública del Estado
  • Miguel Ángel Chalé Chuc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con un anexo que acompaña, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se desprende que la misma se encuentra en vías de cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con un anexo que acompaña, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se desprende que la misma se encuentra en vías de cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, en los términos señalados en la considerando sexto de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, esto es: "1. Dar contestación en forma congruente, exhaustiva y completa a la petición formulada mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil veintitrés, debiendo fundar y motivar su determinación. 2. Hecho lo anterior, deberán hacer del conocimiento del solicitante del amparo, el acuerdo recaído a su escrito de mérito, a fin de que esté en aptitud de ejercitar sus derechos, de estimarlo pertinente; lo anterior, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés.********************Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.********************Por otra parte, vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada el cuatro de octubre pasado del año en curso, en el presente juicio de amparo.********************Por ende, con apoyo en los artículos 356 del Código Federal de Procedimientos Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en relación al artículo 81, inciso e), del propio ordenamiento, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo AMPARÓ y PROTEGIÓ al aquí quejoso ******************** HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. ********************Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados.********************Apercibida que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución.********************Notifíquese por lista. ********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.********************

  4. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con nueve minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 1287/2023-VII, promovido por Miguel Ángel Chale Chuc, por su propio derecho, contra un acto del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la responsable y se vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniere. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental, instrumental de actuaciones y presunciones legales y humanas ofertadas por la parte quejosa. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por emitidas las alegaciones de cuenta; con lo que se cierra esta etapa de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 1287/2023-VII. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este órgano de control constitucional, Miguel Ángel Chale Chuc, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir en la falta de contestación a su ocurso presentado el siete de junio de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Previo requerimiento, por proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la citada demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el expediente 1287/2023-VII; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza omisiva y, por ende, carece de ejecución material; por tanto, para fincar la competencia para conocer de él, debe estarse al lugar de residencia de la autoridad ordenadora, que en la especie tiene su sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Es aplicable al caso, la tesis que a la letra dice: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." , resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: - La falta de contestación a su ocurso presentado el siete de junio de dos mil veintitrés. TERCERO. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en un acto omisivo, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de la demanda de amparo, pues se trata de una omisión en el actuar de la autoridad responsable, respecto de la cual la parte quejosa desconoce los motivos y razones que ésta tiene para proceder en ese sentido; de ahí que el amparo pueda promoverse en el momento en que la peticionaria de amparo estime que la citada responsable viola en su perjuicio sus derechos públicos subjetivos. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del titular de dicha dependencia, al rendir su informe con justificación, admitió la existencia del acto reclamado; por tanto, debe tenerse por cierto el acto que de dicha responsable se reclama. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Estudio de fondo. Al no haber hecho valer las partes alguna causa de improcedencia, ni advertirse de manera oficiosa alguna que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos de violación expuestos, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello, acorde a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." En ese sentido, debe decirse que es fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa. Como se adelantó, de la interpretación integral de la demanda se obtiene que, en el caso, se reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la falta de respuesta a la petición de la parte quejosa, contenida en el escrito presentado el siete de junio de dos mil veintitrés; acto que combate por considerarlo violatorio a sus derechos tutelados por el artículo 8° Constitucional, entre otros. Ahora bien, el artículo 8° de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la trascripción anterior se advierte que los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición, al que debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirija y deberá hacerla del conocimiento en breve término al peticionario. En relación a aquel derecho fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no basta que la autoridad a quien se eleva la petición, dé respuesta a aquélla y la notifique al solicitante, sino que además, debe verse satisfecho efectivamente tal derecho, de manera que la respuesta que recaiga debe ser congruente con lo planteado, pues solo así, materialmente se da cabal atención a la solicitud del gobernado, ya que admitirlo de otro modo equivaldría a permitir que una simple atención formal de lo solicitado, se tome como respuesta, aun cuando no aborde la cuestión formulada, evadiendo el requerimiento instado. Pero sin que lo anterior implique que la respuesta dada deba ser favorable a la petición del requirente, sino solamente, que se dé contestación a lo efectivamente planteado. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXXIV, tercera parte, Sexta Época, página 49, que prevé: "PETICIÓN, DERECHO DE. Aunque la garantía constitucional de petición sea tal que no libre a los particulares de las exigencias de la legislación secundaria en cada caso, la verdad es que ocurre también que a pesar de ello las autoridades, conforme al artículo 8o. constitucional estén siempre obligadas a respetar el derecho de petición cuando el mismo se ejercite por escrito, de modo pacífico y respetuoso, y que por obra de esa garantía a toda petición del particular debe recaer acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido el escrito de solicitud, acuerdo que deberá ser congruente con lo pedido y debiendo la respectiva autoridad hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Con la circunstancia de que si por demora suya, la responsable se viere obligada a dictar su acuerdo respectivo con mayor premura, ello no es obstáculo para que se cumpla con la repetida garantía." De lo anterior se colige que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la garantía a favor de los gobernados, consistente en que los funcionarios y empleados públicos deberán acordar las solicitudes que les hicieren, siempre y cuando sean por escrito, de manera pacífica y respetuosa, haciéndoselas saber en breve término. En la especie, se comprobó que el siete de junio de dos mil veintitrés, se recibió el escrito signado por Miguel Ángel Chale Chuc, según obra en el sello de recepción del señalado ocurso, a través del cual solicitó el pago de un fondo de retiro. Una vez sentado lo anterior, y entrando al estudio de los datos de convicción que obran en el sumario, los cuales tienen la validez que les confieren los numerales 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se advierte que la autoridad responsable, el siete de junio de dos mil veintitrés, recibió el escrito que le fue presentado por la parte quejosa, sin que en autos se justifique que, hasta el día en que se celebró la audiencia constitucional, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, hubiese dado contestación al referido ocurso, haciéndole saber al peticionario, el acuerdo recaído al mismo. Máxime, que han transcurrido aproximadamente cuatro meses desde que el escrito fue presentado, sin que se haya obtenido respuesta alguna al respecto por parte de la responsable. En esas condiciones, se arriba al convencimiento de que el proceder de la responsable resulta violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, por lo que lo procedente en el caso es concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos precisados en el considerando siguiente. SEXTO. PRECISIÓN DE LOS EFECTOS PARA LOS QUE SE CONCEDE EL AMPARO. El artículo 77, fracción II, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter omisivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho reclamado y cumplir, por su parte, lo que aquél exija. En el caso, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, deberá realizar lo siguiente: Dar contestación en forma congruente, exhaustiva y completa a la petición formulada mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil veintitrés, debiendo fundar y motivar su determinación. Hecho lo anterior, deberán hacer del conocimiento del solicitante del amparo, el acuerdo recaído a su escrito de mérito, a fin de que esté en aptitud de ejercitar sus derechos, de estimarlo pertinente. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, tomo II, página 1672, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Chale Chuc, contra el acto que reclamó del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y para los efectos precisados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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