Miguel Ángel Colin Villalobos

Expediente 482/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
482/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/06/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Colin Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, mediante el cual acusa recibo del oficio 14698/2018, del índice de este juzgado, por medio del cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 482/2018, y a su vez informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, archívese este cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 482/2018 como asunto totalmente concluido. Por lo anterior, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declarado este juzgado incompetente para conocer del presente asunto, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Hugo Israel Colin Villalobos en su carácter de defensor particular de Miguel Ángel López Cabrera y/o Miguel Ángel Barbarino López Cabrera contra actos del Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad y otra autoridad. AL RESPECTO, SE ACUERDA: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 482/2018. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, del contenido íntegro de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la sentencia de tres de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca Penal 22/2018, por el Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, que ordena la reposición del procedimiento dentro de la causa penal 167/2012, y sus acumuladas del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama. En este sentido, este juzgador Federal considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 de la Ley de Amparo, y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece que los Tribunales Unitarios conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra otros tribunales de la misma naturaleza, que no constituyan sentencias definitivas, y que será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera o en su defecto, el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. De lo antes expuesto, se colige que el acto reclamado consistente en la sentencia de tres de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca Penal 22/2018, por el Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, que ordena la reposición del procedimiento dentro de la causa penal 167/2012, y sus acumuladas del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama; no tiene la naturaleza jurídica de sentencia definitiva, ni de resolución que ponga fin al juicio, por no encontrarse en los supuestos del artículo 170 de la Ley de Amparo; por tanto, el conocimiento del presente asunto corresponde a otro Tribunal Unitario de la misma naturaleza, y que en el caso, será competente otro Tribunal Unitario. Sin que haya lugar a tener en consideración, a efecto de determinar la competencia del presente asunto, el hecho de que el quejoso se encuentre privado de su libertad en Villa de Aldama, Veracruz, ya que los preceptos legales antes trascritos son precisos, por lo que resulta innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar dicha competencia, ya que donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 14/2012 (10a.), que por contradicción de tesis, sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo I, Página 79, cuyo rubro y texto establecen: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador. Cabe precisar que la tesis citada, no obstante que fue emitida con anterioridad a la Ley de Amparo en vigor, no contraviene lo dispuesto por su artículo sexto transitorio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia anteriormente transcrita, al reclamarse en la demanda de amparo una resolución emitida por el Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, se declina competencia a favor del Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, en turno. Por tanto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, remítanse al Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, en turno, los autos del presente juicio de amparo 482/2018; así como, los ocho juegos de copias simples de la demanda de amparo que fueron anexadas para correr traslado a las partes. Con copia de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leisy Yuselmy Caballero Chuc y Adriana Valencia Flores, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con el registro número 131400 y 163378, asimismo, por autorizados con las restricciones que impone el citado precepto a Ruth Elozabeth Valderrama Malagón, Martín García Rangel y José Ignacio Muvine González quienes no cuentan con el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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